Quito (EFE).- Mujeres, en su gran mayoría sometidas a violencia física y sicológica, prácticas discriminatorias, xenofobia, abuso sexual y explotación infantil, siguen siendo objeto de una vieja relación de poder en el trabajo doméstico en Ecuador, gran cuenta pendiente para Gobierno y organismos internacionales.
Así lo pone de relieve un informe titulado «Situación del Trabajo Remunerado del Hogar (TRH) en Ecuador«, presentado esta semana en Quito en un foro celebrado en el Banco Central de la nación, con la intervención de expertas, organizaciones, gremios y entidades estatales.
«En las relaciones de poder dentro del ámbito privado no solo están las de pareja o familiares», denunció la directora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Ibeth Orellana, para quien la situación de las personas en TRH sigue siendo «el tema pendiente en política pública».
Ecuador aprobó hace un año una Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género y lanzado una cruzada contra las agresiones machistas, pero la esfera de lo privado, en la que se desarrolla la actividad del trabajo doméstico, sigue siendo ese espacio laboral ambiguo donde se cometen abusos, que en su gran mayoría quedan impunes, de acuerdo al informe.
El estudio resalta que existe en Ecuador una disparidad entre las trabajadoras que contabilizan los censos oficiales, unas 220.000, y las que registra el Ministerio de Trabajo, que suman apenas 60.000.
«Esto significa también brechas en el cumplimiento de contratos, acceso a la seguridad social, pago de jubilación, vacaciones, cumplimiento de jornadas laborales, sueldo básico», explicó a Efe Alexandra Moncada, directora de Care en Ecuador, la ONG que elaboró el informe.
También subraya que el 92 por ciento de este trabajo -95 a nivel regional- es realizado por mujeres y gran parte de ellas empezaron siendo niñas, entre 6 y 12 años.
En las modalidades de «puertas adentro», es decir, como empleadas internas del hogar, es donde se producen mayores irregularidades sobre horarios y remuneración, precarización y bajo reconocimiento social, lo que se considera como la primera manifestación de violencia por parte de los empleadores.
Otra de las cuestiones sobre las que arroja luz la investigación son los escalofriantes testimonios que dan cuenta de la persistencia en Ecuador «de unas prácticas semifeudales, colonialistas de mirar al trabajo remunerado del hogar como no trabajo», indica Moncada.
El estudio apunta además situaciones de trata y explotación y normalización del trabajo infantil.
«Niñas pequeñas de comunidades indígenas o rurales son llevadas a las ciudades sin documentos, sin información, y se las mantiene en las casas haciendo prácticamente labores de servidumbre», denuncia.
Entre los casos más extremos de agresión y violencia física apunta que las niñas y adolescentes «se encuentran más expuestas» y que la mayoría de los casos nunca fueron denunciados porque tuvieron lugar cuando las mujeres eran muy jóvenes, o su desprotección se enmarcó en el aislamiento social y familiar.
Apartado propio merecen las migrantes colombianas y venezolanas en situación de movilidad, marcadas por particularidades que las colocan en mayor situación de vulnerabilidad, siendo extorsionadas o remuneradas con sueldos arbitrarios, llegando a 100 dólares al mes (la ley obliga un mínimo de 386 dólares).
Lenny Quiroz, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines (UNTHA) y trabajadora doméstica, lamentó que las inspecciones laborales aún no son efectivas y que desconocen la legislación o el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Ecuador en 2013.
«En el imaginario social el TRH es opción solo de las mujeres y la alta concentración de migrantes, de mujeres de bajo nivel educativo, jóvenes, adolescentes, indígenas o afrodescendientes, nos muestra ese conjunto de desigualdades cruzadas y factores de riesgo», subrayó la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Bibiana Aído.
La exministra española de Igualdad consideró que a partir de la situación de estas trabajadoras, se puede «deshebrar ese ovillo de violencia estructural en el mundo del trabajo» y advierte que «es uno de los grandes temas globales a afrontar».
Sostiene que debe vertebrar el debate de cara a la presumible aprobación del Convenio 190 de la OIT el próximo año, a la luz de que «sabemos que no existe una norma jurídica internacional que trate de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y establezca una definición y ámbito para la acción». EFE (I)
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