La mayoría de víctimas de violencia machista no recibe apoyo al denunciar a agresor

Un grupo de mujeres ecuatorianas organiza un plantón contra la violencia de género este domingo, en Quito (Ecuador). Dos brutales casos de violencia machista en una semana, el de una violación grupal en Quito y un femicidio de una embarazada en plena calle en Ibarra y ante la Policía, han sacudido a la sociedad ecuatoriana y puesto de relieve la cara más agresiva de un fenómeno que aún goza de tolerancia social en Ecuador. EFE/ José Jácome

La falta de recursos y de apoyo del entorno, así como la dificultad de «romper el vínculo afectivo» de las mujeres paraguayas víctimas de la violencia machista, hace que una «gran mayoría» de ellas se retracte a las pocas horas de denunciar a su agresor, según explicaron a Efe dos expertas.

En lo que va de 2019 la Unidad Especializada de Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar de Asunción ha recibido más de un millar de denuncias de mujeres víctimas de violencia machista, aunque «un altísimo porcentaje» de ellas «se retracta en el mismo día», según indicó a EFE una de las fiscales de la Unidad, Liliana Zayas.

La fiscal explicó que, por eso «la urgencia de hacer diligencias en las primeras 24 horas», porque con frecuencia, «cuando cito a la víctima, me viene sin ningún rastro de violencia o si lo hay, niega el origen» de las heridas y la mujer «se posiciona como defensora de su agresor».

Esa situación se debe a «la dependencia emocional» que la víctima mantiene con su victimario, comentó a Efe una de las psicólogas forenses con las que cuenta la Unidad, Karina Pérez, quien añadió que también son factores importantes para que la mujer se retracte, «la falta de redes de apoyo» y el que cuenten con «recursos personales muy frágiles» para afrontar el proceso judicial.

«Esos factores hacen que la persona no pueda mantener lo que acaba de denunciar», dijo.

Añadió que, aunque «ese estado de violencia no depende de ella, ella cree que sí. Cree que es su responsabilidad y que, por volver con él y retractarse, él va a cambiar. No es así».

En ese sentido, Pérez advirtió que es necesaria una concienciación social para que la víctima no incurra en esos pensamientos tras denunciar, pero advirtió que esta «no está todavía instalada» en el país.

Además, subrayó que para prevenir que las víctimas se desdigan, aunque a pesar de ello la Fiscalía actúe de oficio, la víctima «necesita acompañamiento» durante todo el proceso judicial, que se puede alargar entre 2 y 3 años, un periodo durante el que «la persona no puede vivir en temor constante».

Por eso, abogó por la creación de una entidad que cuente con «equipos técnicos exclusivamente para el acompañamiento psicosocial de la persona», que deberían estar compuestos, «como mínimo», por un psicólogo y un trabajador social, además de por un abogado que «le vaya orientando y facilitando los procesos».

La psicóloga explicó que a las víctimas les resulta difícil romper el ciclo de violencia en el que viven, ya que «en la mayoría de los casos vienen (a denunciar) después de varios episodios» violentos.

«La relación de dominación y sumisión», relató, «hace que la víctima le vaya perdonando (a su agresor) una y otra vez» y que, «dentro de su esquema cognitivo, la persona justifica los hechos de violencia, hasta llegar al punto de culpabilizarse» por cada evento violento que sufre.

Situación que «se agranda» cuando las mujeres tienen hijos, apuntó.

No obstante, en algunos casos un punto de inflexión hace que acudan a denunciar a su agresor, «por motivos diversos», uno de los principales es «para evitar el sufrimiento de los hijos, o cuando estos son violentados también», contó Pérez.

También destacó que el apoyo del entorno «es fundamental» ya que en muchos casos «cuando escuchan a los familiares que les dan su apoyo» y les hacen ver la situación violenta en la que viven se animan a acudir a la Justicia.

Por su parte, la fiscal Zayas destacó que el hecho de que esas situaciones violentas lleguen al sistema penal «quiere decir que están fallando otras instituciones, específicamente las abocadas a la prevención», así como el sistema educativo.

«La única posible solución para este flagelo es reforzar la educación», enfocada en la «igualdad», advirtió.

Destacó la importancia de visibilizar el problema porque «las cifras hablan por si solas», ya que en 2019, según datos oficiales, se han producido 15 casos confirmados de feminicidio, aunque hay otros cuatro por confirmar.

Además, resaltó la importancia de denunciar, e indicó que en 2018 «cerramos con 13.000 denuncias y, no es que haya más casos, sino que se animan a denunciar más», celebró. EFE (I)

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