Ecuador tiene 22 imputados por corrupción y 15 prófugos de la justicia

QUITO - ECUADOR (24/06/2019). La Asamblea Nacional y la Secretaría Anticorruoción en el marco de la ESTRATEGIA POR UN ECUADOR DE TRANSPARENCIA, se realiza la firma del convenio de Cooperación Interinstitucional por la transparencia. FOTOS API/CRISTINA VEGA.

El secretario Anticorrupción de Ecuador, Iván Granda, afirmó este lunes que en Ecuador «hay 22 personas que están siendo procesadas y privadas de la libertad por corrupción y otras 15 personas están prófugas«.

Así lo explicó durante la firma de un convenio para la lucha antisoborno y la creación de una Unidad de Integridad Ética Anticorrupción, en la que también ha participado la Asamblea Nacional (Parlamento) y que tuvo lugar en el Palacio Legislativo de Quito.

El objetivo de estos acuerdos, según aseveró Granda, es luchar contra la corrupción «dando a los operadores de justicia (jueces y fiscales) lo que ellos merecen para enfrentar este grave delito que afecta a toda la sociedad«.

Para lograr este objetivo, la Unidad estará compuesta por expertos en derecho penal, en administración y contratación pública, y contará con el apoyo de asesores nacionales y extranjeros.

Según el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista César Litardo, la lucha contra la corrupción en Ecuador incluye «la reforma al Código de la Democracia, para regular y transparentar el financiamiento de campañas, el fondo partidario y los aportes de compañías privadas» en los procesos de comicios.

Otra de las medidas anticorrupción es la reforma al Código Integral Penal para regular la figura del comiso (decomiso de bienes) sin que haya una sentencia en firme, la extinción de dominio a los acusados de corrupción y la recuperación de activos.

En esta misma línea, el secretario Anticorrupción explicó que, a través de esta reforma, se deben generar condiciones adecuadas para el operador de justicia que le permitan ordenar «medidas cautelares con el fin de evitar riesgos de fugas».

Para Litardo, también se debe analizar la Ley Anticorrupción, que regula la protección a denunciantes y establece el «derecho de repetición», que es el reintegro de valores que el Estado tenga que pagar por una condena, pero que pudieren ser efectivamente imputados a autoridades o exfuncionarios. EFE