Qué grande resulta la palabra y que pequeños los que la utilizan. Todo el mundo la tiene a flor de labios, la usan continuamente, se escudan en estas cinco letras. Ah, la ética. Mis actos se rigen bajo esas normas, yo nunca haría nada reñido con ella, mi conciencia me lo impide, las pruebas de mi honorabilidad están a la vista. Tanto así que soy perfectamente competente para liderar, para organizar una marcha, la de los honestos, y los que no marchan conmigo, quién sabe qué serán. Deshonestos, sapos, pillos, corruptos. Allá ellos, acá estamos los limpios. Puras palabrerías.
El Presidente Correa ha desatado una polémica sobre el papel de la Asamblea Nacional en la fiscalización del Estado. Primero, envió una carta a Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea, quejándose por excesivos pedidos de fiscalización de los asambleístas contra los ministros del Ejecutivo. Cordero respondió que los asambleístas actuaban en ejercicio de la ley. En la siguiente sabatina, Correa ordenó sus ministros, so pena de destitución, que no contesten pedidos de información de asambleístas, salvo que provengan de Cordero. En todo este debate, que parecería tan banal justo antes de arrancar la campaña electoral —¿cortina de humo? — y coincide con el destape de varios escándalos de corrupción en el gobierno, analicemos qué dicen la Constitución y la ley.
En un país como Ecuador, se sabe que empezó una campaña política, cuando se empiezan a hacer ofrecimientos absurdos y poco realistas. En los últimos días hemos visto a varios de los candidatos para la presidencia en las elecciones del próximo febrero «coincidir» en que es necesario elevar el bono de desarrollo humano.
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