SANTIAGO, Chile (AP) — Lissette, de 11 años, fue enviada por su madre a la residencia de protección estatal chilena porque decía que era violenta y difícil. Sin embargo, la iniciativa materna terminó en tragedia: la niña murió asfixiada por su vómito cuando una de sus cuidadoras se sentó sobre su espalda para intentar contener lo que describieron como una crisis de agresividad.
Ante los ojos de la entonces directora de la institución que supervisa la red de hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, Lissette murió porque era conflictiva, no porque su cuidadora fuera incapaz de controlarla y prestarle primeros auxilios.
Seis meses después de la muerte de la niña, el Sename -que atiende a 104.000 niños por año y tiene el mandato de brindarles protección y tratamiento psiquiátrico- está bajo el escrutinio público tras conocerse que el de Lissete no fue un caso aislado.
A mediados de este año, el gobierno dijo que 185 menores habían muerto en los últimos 11 años, pero en medio de presiones de legisladores para conocer la cifra real tras el fallecimiento de Lissette, el Sename admitió que el número era mucho mayor: 865 niños y adolescentes.
El servicio de atención a menores ya había recibido críticas en años anteriores, aunque nada pasó, en parte porque algunos reportes sobre lo que ocurría al interior nunca se hicieron públicos.
En 2013, por ejemplo, la jueza de familia Mónica Jeldrés redactó un informe sobre la situación del Sename y denunció falta de atención médica, explotación sexual y consumo de drogas como marihuana, aunque un juez superior le prohibió publicarlo.
«Como sociedad y como Estado le hemos fallado a estos jóvenes y niños vulnerables», admitió recientemente la presidenta Michelle Bachelet, quien anunció un aporte extraordinario de 3,7 millones de dólares para mejorar los hogares del Sename.
El caso de Lissete, dijo, «representa una tragedia y una vergüenza para nuestra sociedad».
El hecho de que las muertes hayan pasado casi desapercibidas ante el gobierno, la sociedad y la prensa ha hecho que algunos duden que el Sename pueda cumplir sus objetivos.
«Esta institución debe desaparecer para dar paso a una estructura pública que sí reconozca las responsabilidades que asumió el Estado», dijo René Saffirio, el diputado oficialista que abanderó desde el Congreso una exigencia de conocer qué sucede dentro de los hogares del Sename.
Julio y Carla —de 21 y 16 años— escaparon cada uno de media docena de centros del Sename y ahora viven con otro chico a escasas tres cuadras del palacio de gobierno de La Moneda, en Santiago. Es un basural con ratas y perros callejeros, pero ellos los adoptaron porque aseguran que los animales les dan afecto y calor cuando los abrazan en las noches invernales.
En entrevista con AP, Julio dijo que las peleas eran frecuentes entre los chicos del Sename, pero que él tuvo suerte, pues fue acogido por un grupo que lo protegió.
«Cuando llegué los vi a todos machucados (golpeados), con la boca cosida. A todos les habían pegado, ese recuerdo era brígido (duro)», recordó.
La muerte de Lissette detonó un efecto dominó: 11 días después de que se publicó la noticia, la entonces directora nacional del Sename, Marcela Labraña, renunció. El país se sensibilizó ante el tema: una comisión parlamentaria investigó el caso y algunos funcionarios fueron removidos de sus cargos. La última fue Javiera Blanco, ministra de Justicia y responsable de supervisar el sistema de atención infantil y de otros servicios donde también enfrentó graves situaciones.
Labraña, directora del Sename cuando Lissette murió, incomodó a la opinión pública al expresar que la pequeña sufría «estrés producto de un abuso sexual intrafamiliar» y que ésta se descompensó porque su familia no la visitaba. Un periodista le preguntó a Labraña si creía que la niña había muerto de pena y la autoridad respondió dos veces que sí.
El Departamento de Medicina Criminalística Forense de la policía de investigaciones señaló que la niña consumía antidepresivos, antipsicóticos y medicamentos para regular su bipolaridad. «Lissette no era una niña sana» y «esta vez la crisis era predecible», fueron algunas notas del documento.
La noche en que Lissette murió, su cuidadora y una compañera estaban solas en la residencia. Al ver que no reaccionaba buscaron a los bomberos y llamaron a una ambulancia. Días después, el examen policial aclaró que la niña pudo haberse salvado con maniobras de reanimación oportunas, pero sus cuidadoras no las conocían.
El informe forense policial sobre el deceso señaló que Lissette sufrió una broncoaspiración de vómito y asfixia posicional —ocasionada por el peso de un adulto sobre su espalda— antes del paro cardiorrespiratorio que la mató.
Lissette pasó más de la mitad de su vida en residencias del Sename. Su madre, Juana Poblete, no podía cuidarla y al cumplir cinco años la internó por primera vez. «Ingresó por violencia intrafamiliar», dijo la mujer que vive en una casa de madera en Til Til, una comuna agrícola en las afueras de Santiago, a The Associated Press. «Su papá la maltrataba y dos veces trató de suicidarla (matarla)».
Un fiscal está ahora a cargo de investigar las muertes en las casas del Sename, incluida la de Lissette.
Una de las cuidadoras que estuvo con Lissette cuando murió reconoció en declaraciones al programa Contacto de Canal 13 que no tiene conocimientos de primeros auxilios. «Capaz que la perjudiqué; capaz, no sé», dijo.
(I)