El acuerdo preliminar que el Gobierno alcanzó con el FMI constituye la decisión de política económica más importante de los últimos años. Si bien ese acuerdo, en caso de ratificarse, no garantiza que el Ecuador vaya a dejar atrás la complicada situación económica que atraviesa, es un paso adelante por al menos tres motivos: i) parece marcar una ruptura definitiva con el irresponsable y dispendioso manejo económico de los últimos años; ii) mejora notablemente el perfil del nuevo financiamiento externo y otorga cierto oxígeno a las reservas del Banco Central cuando los mercados internacionales se mostraban muy poco dispuestos a seguir prestando dinero al Ecuador (muestra de lo cual son las condiciones de la última emisión de bonos soberanos); y, iii) compromete al Gobierno a tomar medidas, tal vez políticamente costosas, pero necesarias para recuperar los equilibrios fundamentales de la economía y retomar una senda de crecimiento sostenible que, a su vez, permita mejorar los indicadores del mercado laboral.

Respecto a ese tercer punto, la comunicación del Gobierno con la sociedad debe ser clara y balanceada. Es decir, si bien es comprensible que el Ejecutivo procure destacar los beneficios que el acuerdo puede traer consigo, también es importante comunicar adecuadamente los retos que la corrección de los desequilibrios implica, a fin de no levantar falsas expectativas sobre una recuperación inmediata. En ese sentido, en una entrevista publicada el domingo pasado en El Comercio[1], la gerente del Banco Central, Verónica Artola, envía algunos mensajes contradictorios y otros que pueden resultar demasiado optimistas para una economía que claramente enfrenta desafíos complejos.

La gerente del Banco Central dice, por ejemplo (y así lo destaca el diario en su titular), que “el crédito se puede expandir este año” y que el equipo económico está trabajando en ese sentido. En realidad, el crédito de los bancos al sector privado creció de manera importante tanto en 2017 como en 2018: en el primer año lo hizo al 20,7% anual y en el segundo al 11,1%. Los depósitos, mientras tanto, crecieron 7% en 2017 y 2,1% en 2018. Esta diferencia tan notoria entre el crecimiento de los depósitos y el de la cartera de créditos fue posible porque en 2016, en medio de la contracción de la economía, los bancos enfrentaron una caída importante en la demanda de crédito y acumularon mucha liquidez (lo que también se debió a la expansión monetaria ocasionada por los préstamos otorgados al Gobierno de entonces por el mismo Banco Central). En la actualidad, sin embargo, la liquidez del sistema de bancos privados está nuevamente en niveles prudentes y no puede seguir bajando al ritmo que lo hizo el año pasado. De manera que, contrario a una expansión crediticia, este año lo esperable es que los bancos moderen el ritmo de entrega de préstamos, a fin de ir igualando la tasa de crecimiento de los créditos con la de los depósitos, para la que no se espera un gran repunte pese al acuerdo con el FMI. Si bien el crecimiento de los depósitos en los últimos años ha estado determinado en gran medida por el ingreso al país de dólares procedentes de nueva deuda externa (y, en su momento, también por la liquidez creada por el Banco Central) y el acuerdo con el Fondo mejora el perfil de ese endeudamiento, resulta difícil pensar que el acceso neto a financiamiento externo en 2019 sea mayor que en los años previos. (También el crédito otorgado por las cooperativas creció de manera explosiva el año pasado y tampoco parece prudente seguir impulsando ese dinamismo).

En otra parte de la entrevista, cuando le preguntan sobre la situación de la economía ecuatoriana previo al acuerdo, la gerente del Banco Central contesta: “Hemos tenido crecimiento los últimos trimestres. Desaceleración o recesión, no hay”. Los boletines de cuentas nacionales de los últimos trimestres, en efecto, no muestran tasas de variación negativas, sin embargo, las cifras del mismo BCE sí dan cuenta de una clara desaceleración: según ese organismo la economía ecuatoriana creció 2,4% en 2017 y en 2018, de acuerdo con las últimas proyecciones oficiales, lo habría hecho al 1,1%, es decir, la tasa se redujo a menos de la mitad. Para 2019 la proyección de 1,4% (que ya es bastante más optimista que la del FMI) muy probablemente deba ser revisada a la baja, como consecuencia de las medidas de corrección fiscal en las que el Gobierno debe seguir avanzando para restablecer uno de los equilibrios básicos de la economía (el otro desequilibrio importante es el externo, generado por la pérdida de competitividad).

Un punto al que se refiere la gerente del Banco Central y que conviene destacar es la necesidad de que esa institución sea independiente, cosa que claramente no ha ocurrido en los últimos años, no sólo por el uso de prestamista que le dio el Gobierno anterior (debilitando las bases de la dolarización), sino también por el discurso oficialista que el Central mantiene hasta ahora (basta revisar su cuenta oficial de Twitter, donde se reproducen mensajes de distintas entidades del Gobierno, incluso si no son sobre temas económicos). Esa independencia es fundamental para que el Banco Central pueda ser un “tercero confiable”, que brinde al Gobierno y a los agentes en general cifras y proyecciones de crecimiento que no generen dudas (como lo han hecho en los últimos años) y cuyo discurso tenga un sustento técnico y esté libre de presiones políticas. Mientras tanto, al menos sería recomendable que el frente económico, del que el Central forma parte, dé una explicación clara y objetiva sobre los esfuerzos que en un primer momento la sociedad ecuatoriana deberá hacer para sanear la economía y poder ver el futuro con renovado optimismo.

 

[1] Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/entrevista-credito-bancario-fmi-acuerdo.html

El Gobierno ha anunciado esta tarde a través de un comunicado de prensa que “representantes y técnicos del FMI y de los demás organismos internacionales se encuentran manteniendo reuniones de trabajo con las principales autoridades del país con la intención de profundizar el diálogo para alcanzar un apoyo financiero integral”. A su vez, la cuenta de Twitter del FMI ha reproducido declaraciones de Gerry Rice, vocero del organismo, según quien “las autoridades ecuatorianas y el FMI acordaron profundizar el diálogo con el objetivo de trabajar hacia un posible acuerdo financiero respaldado por el FMI como socio estratégico”.

Este potencial acuerdo con el FMI que el Gobierno ecuatoriano ahora está negociando formalmente es, considerando las actuales condiciones económicas del Ecuador, un paso fundamental, pero no suficiente, para evitar que el país entre en una grave situación, no sólo fiscal, sino principalmente de iliquidez. En ese sentido, los fondos que provengan de un acuerdo con el FMI no deben servir únicamente para cubrir una parte de las necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE), sino principalmente para alimentar las reservas internacionales del Banco Central, que pese a que la economía ecuatoriana está dolarizada, cumplen un rol importante.

De hecho, es necesario recalcar que el Banco Central del Ecuador es el agente de pagos al exterior no sólo del sector público, sino también del privado. Por ejemplo, el pago de una importación que hace una empresa privada pasa por el Banco Central (y consume reservas internacionales), salvo que esa empresa o su banco comercial utilicen fondos depositados en el exterior para pagar esa operación. Por lo tanto, si las reservas internacionales llegaran a estar por debajo de su mínimo operativo, el país (sector público y privado) podría entrar en cesación de pagos con el resto del mundo. Hace pocos días las reservas internacionales, que sólo aumentan cuando entra dinero del exterior, recibieron algo de “oxígeno”, pero a costa de una emisión de bonos con una tasa de interés sumamente alta (10,75% anual). Un acuerdo con el FMI, que podría venir acompañado de mayores préstamos de otros organismos multilaterales (de hecho, algunos de ellos ya han manifestado su disposición a trabajar de manera más cercana con el Gobierno), significaría un alivio de más largo plazo y en condiciones menos onerosas para las reservas internacionales.

Por otro lado, si bien en 2018 el déficit del PGE mostró una reducción importante frente a 2017, este resultado se explica por un aumento transitorio de los ingresos tributarios (en buena parte gracias a la remisión) y un recorte importante en el gasto de capital. El gasto corriente, mientras tanto, siguió creciendo y este año podría hacerlo incluso en mayor medida, ya que el Gobierno tiene que volver a pagar el aporte del 40% para el fondo de pensiones del IESS y también asumir las obligaciones derivadas de la Ley Amazónica. En ese sentido, un acuerdo con el FMI podría empujar al Gobierno a mostrarse más decidido en un ajuste fiscal, que además no debería limitarse al Gobierno Central, sino extenderse al resto del sector público (gobiernos seccionales, empresas públicas y seguridad social), donde también ha habido despilfarro. Si bien el ajuste es impopular y recesivo en un primer momento, luce ineludible: como muestra de las enormes necesidades de financiamiento del fisco: los depósitos del Tesoro en el Banco Central, que también habían aumentado gracias a la emisión de bonos, cayeron de $1.663 millones a $481 millones apenas entre el 31 de enero y el 1 de febrero.

También debe quedar claro, sin embargo, que en las actuales condiciones económicas poner las cuentas fiscales en orden (lo que, junto con un acuerdo con el FMI puede ayudar a bajar el riesgo país) no es suficiente para que la economía repunte. El desafío principal, para atraer inversión privada y restar presión a la balanza de pagos (y a las reservas), es recuperar competitividad. En ese contexto, resulta alentador que el vocero del FMI señale que el potencial acuerdo –entre otros objetivos, como “proteger a los pobres y más vulnerables, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción y fortalecer las bases de la dolarización”– buscará “impulsar la competitividad y la creación de empleo”.

Un acuerdo con el FMI es, insistimos, un paso fundamental pero no suficiente. En primer lugar, como resulta obvio, el Ecuador deberá cumplir los compromisos que asuma en ese acuerdo para tener acceso a los desembolsos (cabe recordar que el país tiene una larga historia de cartas de intención firmadas con el FMI que finalmente no se cumplieron). Ignorar los compromisos y romper el acuerdo afectaría de manera notoria la imagen del país en el exterior y complicaría aún más el acceso a financiamiento externo. Pero, sobre todo, una vez que las reservas internacionales, gracias a los desembolsos de los multilaterales, estén en una situación más holgada, es imprescindible que se tomen las medidas que permitan recuperar competitividad, para así fomentar las fuentes “sanas” de dólares a la economía (exportaciones e inversión extranjera) y, de ese modo, ir superando la perniciosa dependencia hacia el endeudamiento externo que se generó desde el gobierno anterior.

Las cifras del mercado laboral que publicó ayer el INEC muestran un nuevo deterioro en los indicadores. De todos los resultados a nivel nacional que se presentan, conviene destacar dos: la caída del empleo adecuado y el aumento de la informalidad, que de hecho parecen ser las dos caras de una misma moneda.

El INEC define a los empleados adecuados como las personas que perciben ingresos no menores al salario mínimo y trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana, o aquellas que, trabajando menos horas (pero ganando al menos el mínimo), no desean trabajar más. En diciembre de 2017 los empleados adecuados representaban el 42,3% de la Población Económicamente Activa (PEA, que se refiere a todas las personas de 15 años o más que trabajan o están buscando trabajo); en diciembre de 2018 esa tasa se redujo a 40,6%. Esa tasa fue la segunda más baja para un mes de diciembre desde que se tiene información comparable (2007), superando sólo al 39,2% de diciembre de 2009.

A su vez, el porcentaje del total de empleados (ya sea adecuados o inadecuados) que trabajan en el sector informal (es decir, personas que trabajan en empresas o emprendimientos personales que no tienen RUC) se ubicó en diciembre de 2018 en 46,2%, dos puntos porcentuales más que un año atrás. La tasa de informalidad del mes pasado es la más alta para un mes de diciembre desde que se tiene información comparable. Cabe mencionar que tanto la caída del empleo adecuado como el alza de la informalidad son estadísticamente significativas.

Hay algunos otros puntos que conviene señalar:

– Si bien el subempleo (personas que trabajan menos horas de las que quisieran y ganan menos que el salario mínimo, o que trabajan menos de la jornada legal y quisieran trabajar más, sin importar cuánto ganen) cayó de 19,8% a 16,5% de la PEA entre diciembre de 2017 e igual mes de 2018, en el mismo período el “otro empleo no pleno” (personas que trabajan menos que la jornada legal y ganan menos que el mínimo, pero no quieren o pueden trabajar más) subió de 24,1% a 28,8%. Es decir, el empleo inadecuado total (que incluye al subempleo, el otro empleo no pleno y el empleo no remunerado, que no mostró una variación significativa) siguió subiendo.

– La tasa de desempleo cayó de 4,6% a 3,7% de la PEA, pero, como hemos insistido en informes anteriores, en el caso del Ecuador la tasa de desempleo es irrelevante porque excluye a todas las personas que durante la semana de referencia de la encuesta percibieron cualquier tipo de ingreso laboral.

– La tasa de participación global (PEA / Población en Edad de Trabajar) se redujo en dos puntos porcentuales, de 67,7% a 65,6%, lo que podría estar indicando un “efecto desaliento”, es decir, que algunas personas se cansaron de buscar trabajo y, por tanto, salieron de la PEA.

– Dentro del total del empleo asalariado, la participación del sector público se redujo de 18,8% a 16,7% entre diciembre de 2017 e igual mes de 2018; como contracara, el peso del sector privado subió de 81,2% a 83,3%. Dada la caída del empleo adecuado mencionada previamente, esa mayor participación del sector privado no refleja necesariamente una mayor demanda de trabajadores por parte de las empresas.

Pero volviendo a los dos puntos que, en nuestra opinión, destacan en el último informe del INEC, tanto la caída del empleo adecuado, como el aumento de la informalidad constituyen un llamado de atención claro al Gobierno para tomar medidas que permitan impulsar la contratación de nuevos trabajadores. El hecho de que apenas 4 de cada diez personas que trabajan lo hagan en condiciones adecuadas y que la informalidad esté en niveles récord debe llevar a las autoridades a impulsar las reformas que permitan flexibilizar el mercado laboral, lo que podría ayudar no sólo a que un porcentaje mayor de trabajadores se vinculen al sector formal, sino también a recuperar la competitividad del sector productivo. Lamentablemente, las medidas adoptadas en ese sentido han sido pocas (para sectores puntuales) y, por el contrario, se ha seguido aprobando alzas sin sustento en el salario básico unificado. Al respecto, otro dato del reporte del INEC muestra que esa medida favorece sólo a unos pocos y perjudica a una mayoría: entre diciembre de 2017 e igual mes de 2018, pese a que el SBU subió de 375 a 386 dólares y la inflación apenas superó el 0%, el ingreso promedio de los trabajadores, medido en dólares constantes, se redujo.

Más allá de que esa caída del ingreso promedio, junto con el aumento de la informalidad y la reducción del empleo adecuado, podrían explicar el aumento de dos puntos en la pobreza por ingresos que se registró en el sector urbano (a nivel nacional se dio un aumento pero no fue estadísticamente significativo), lo cierto es que los últimos indicadores del mercado laboral deben servir para que el Gobierno se despabile en este tema.

Según las cifras publicadas ayer por el Banco Central (BCE), en el tercer trimestre de 2018 la economía ecuatoriana creció 1,4% respecto al mismo período de 2017. Este resultado supone un ligero repunte frente al crecimiento interanual de 1,2% registrado en el segundo trimestre (el resultado de ese trimestre fue revisado al alza frente al 0,9% publicado en el boletín anterior). Si bien las cifras publicadas son provisionales (es decir, están sujetas a correcciones en los boletines posteriores), conviene señalar algunas posibles inconsistencias.

Si se considera el PIB por el enfoque del gasto, el componente que más contribuyó al crecimiento interanual de 1,4% fue el consumo de los hogares, que habría crecido 2,6% en términos interanuales. Este resultado es igual al que el BCE ha estimado para el primer trimestre de 2018. No obstante, entre ambos períodos algunos factores que pueden condicionar el comportamiento del consumo privado mostraron cambios importantes. Por ejemplo, la cartera de crédito de los bancos redujo sensiblemente su tasa de crecimiento interanual: de 21% al cierre del primer trimestre a 13,8% al cierre del tercero. Las cifras del mercado laboral tampoco justificarían un desempeño positivo del consumo de los hogares, ya que en marzo de 2018 la tasa de empleo adecuado registró un alza (estadísticamente significativa) de 2,6 puntos porcentuales respecto a marzo de 2017 hasta ubicarse en 41,1% de la PEA, mientras que en septiembre el empleo adecuado no registró una variación estadísticamente significativa frente a igual mes de 2017 y la tasa fue de 39,6% de la PEA. Si bien la recaudación de IVA interno (que puede servir como proxy para medir el consumo) mostró en el tercer trimestre de 2018 un crecimiento interanual de 5,3% (frente a la caída de 1,1% registrada en el primero), aquí conviene hacer algunas acotaciones. La primera es que la mayor recaudación de IVA interno en el tercer trimestre se explica sobre todo por un inusual salto en agosto (9,6% interanual). De hecho, entre los primeros nueve meses de 2018 agosto fue el segundo (después de enero, cuando el IVA recaudado corresponde en gran medida a las ventas navideñas) con la mayor recaudación de IVA interno, cosa que no había ocurrido en los años anteriores. Por otro lado, las cifras del SRI muestran que las ventas gravadas con IVA 12% registraron en el tercer trimestre un crecimiento interanual nominal de 6,1%, muy similar al 6% registrado en el primer trimestre, mientras que el crecimiento de las ventas gravadas con IVA 0% pasaron de crecer 6,3% en el primer trimestre a 3,6% en el tercero (cabe destacar que tanto en el primer trimestre de 2018 como en el tercero la tasa anual de inflación rondó el -0,2%). Es posible, por tanto, que el crecimiento del consumo de los hogares estimado por el BCE para el tercer trimestre de 2018 esté sobrestimado.

Por otro lado, según el BCE en el tercer trimestre las importaciones moderaron sensiblemente su crecimiento interanual, que se ubicó en 3,9%, muy lejos de las tasas de dos dígitos de la segunda mitad de 2017 y también de los niveles en torno al 8% y 9% de los dos primeros trimestres de 2018. Contablemente, un menor crecimiento de las importaciones favorece al crecimiento del PIB, ya que implica un mejor desempeño de las “exportaciones netas” (exportaciones menos importaciones). Si bien las importaciones de bienes (medidas en volumen) moderaron su ritmo de crecimiento en el tercer trimestre, la desaceleración no fue tan marcada: esas importaciones crecieron 6,3% en el primer trimestre de 2018, 8,7% en el segundo y 5,2% en el tercero, siempre en términos interanuales. Respecto a las importaciones de servicios, las cifras de la balanza de pagos no muestran un deterioro en el tercer trimestre. Si el crecimiento interanual de las importaciones totales en el tercer trimestre es revisado al alza, entonces la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto debería revisarse a la baja.

Respecto a los demás componentes del PIB, el consumo del gobierno registró en el tercer trimestre un crecimiento interanual de 2,3%, que puede explicarse por el aumento en el gasto corriente (excluyendo intereses) de todo el sector público. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF, es decir, la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo) redujo su tasa de crecimiento a 1,6% (un punto menos que en el segundo trimestre y casi tres puntos menos que en el primero) y las exportaciones siguieron mostrando un pobre desempeño, con un crecimiento (en volumen) de apenas 1,1%. Los resultados de la FBKF y de las exportaciones reafirman la necesidad de llevar adelante medidas que permitan que el sector productivo nacional recupere competitividad a fin de fomentar las inversiones privadas y generar mejores condiciones para que las exportaciones ecuatorianas no petroleras ganen espacios en los mercados externos.

Finalmente, al analizar el crecimiento del PIB por el lado de las actividades económicas, llama la atención que los “otros elementos del PIB” (concepto que se refiere básicamente a los impuestos a los bienes y servicios) hayan contribuido con el 10% del crecimiento interanual de la economía, sólo por detrás del comercio, el transporte y el sector de “enseñanza y servicios sociales y de salud”, cuyo aporte de 0,3 puntos también llama la atención.

En resumen, el nuevo boletín de cuentas nacionales vuelve a generar algunas dudas. La magnitud de las correcciones en los boletines subsiguientes dirá si esas dudas estuvieron justificadas.

El Presidente Lenín Moreno, en su última cadena nacional, dijo que espera que este año la inversión privada ronde los $17.000 millones, lo que significaría un incremento de $4.000 millones “en relación al mejor año de la historia del Ecuador”. En un contexto de recorte del gasto público, puntualmente el gasto de capital, un repunte en la inversión privada ayudaría a moderar el impacto negativo del necesario ajuste fiscal sobre el nivel de actividad y, sobre todo, a generar trabajo y colocar a la economía ecuatoriana en una senda de crecimiento sostenible. Sin embargo, la cifra que maneja el Presidente Moreno debe ser tomada con pinzas, no sólo porque se trata de una proyección y no de un valor observado, sino también porque los factores que permitirían esperar un incremento sostenible de la inversión privada se siguen haciendo esperar. De hecho, el presunto aumento de la inversión en este año respondería en buena parte a factores coyunturales y no se traduciría en una mejora de los indicadores laborales. Otro motivo para manejar con cautela los montos de inversión que maneja el Presidente son las ya recurrentes inconsistencias en las cifras del Banco Central, institución encargada de cuantificar la inversión total de la economía.

De hecho, según las previsiones de crecimiento para 2018 y 2019, tardíamente publicadas por el Banco Central, este año la Formación Bruta de Capital Fijo total (FBKF), es decir, la inversión física que tradicionalmente ha estado concentrada en construcción y en adquisición de maquinaria y equipo, crecerá apenas 0,3% frente a 2017. No obstante, el mismo Banco Central, según su último boletín de cuentas nacionales trimestrales, estima que en la primera mitad del año la FBKF creció 3,2% en términos interanuales. Por lo tanto, para llegar a un crecimiento de apenas 0,3% en el año completo, la inversión debería contraerse 2,6% en la segunda mitad de 2018 frente a igual período de 2017. ¿El Presidente Moreno sabe de ese pesimismo del Banco Central respecto a la inversión en el segundo semestre?

Por otro lado, si bien las previsiones oficiales no permiten discriminar entre inversión pública y privada, el modesto crecimiento de 0,3% proyectado para la FBKF total en 2018, y que el Central espera que se repita el próximo año, no es consistente con un incremento en la inversión privada como el que menciona el Presidente. En dólares corrientes el Central espera que este año la FBKF sume $26.739 millones, es decir, apenas $243 millones más que en 2017. Si la inversión privada creciera en $4.000 millones, entonces la inversión de todo el sector público debería caer en casi $3.800 millones. Si bien en este año la variable de ajuste fiscal ha sido precisamente el gasto de capital, el recorte no ha sido de esa magnitud. Hasta agosto (es decir, transcurridas las dos terceras partes del año), según las últimas cifras del mismo Central, la FBKF del sector público se redujo en $1.735 millones respecto a los primeros ocho meses de 2017. Cabe recordar, además, que el primer trimestre del año pasado fue, en medio de la campaña electoral, un período excepcionalmente expansivo en el gasto de capital del sector público, lo que significa que en la comparación de los últimos meses de 2018 con los últimos de 2017 debería observarse una caída menos pronunciada.

Más allá de esas inconsistencias entre el optimismo del Presidente y lo que proyecta el Central, también conviene analizar qué factores podrían explicar un eventual aumento (aunque sea moderado) de la inversión privada en 2018. Más allá de un leve repunte en la construcción, en lo que va del año las importaciones de bienes de capital, que forman parte de la FBKF, han crecido de manera importante. En el acumulado de enero a septiembre, frente a igual período de 2017, esas importaciones crecieron 17,3% medidas en volumen. Ese crecimiento se explica sobre todo por un aumento de 31,3% en las importaciones de equipos de transporte, que estuvieron represadas durante el período de salvaguardias y cupos de importación y cuyo impacto en el mercado laboral es acotado. Además, en los primeros nueve meses de 2018 esas importaciones ya alcanzaron el mismo volumen que en igual periodo de 2014 (antes de las medidas de control), por tanto, es difícil esperar que las importaciones de equipos de transporte en particular o de bienes de capital en general mantengan el ritmo de crecimiento mostrado en lo que va de 2018.

Finalmente, si bien la Ley de Fomento Productivo incluye incentivos para la inversión privada, los impactos de esta ley (que sigue sin ser reglamentada) probablemente sean modestos mientras la pérdida de competitividad del Ecuador (reflejada en un tipo de cambio real fuertemente apreciado) siga sin enfrentarse. En ese sentido, aun en el lejano escenario de que los desequilibrios fiscales se corrigieran del todo, la pérdida de competitividad, que exige medidas estructurales para empezar a revertirla, seguirá siendo un factor que desaliente la inversión privada y, por tanto, la generación de empleo. Si bien es esperable que un Presidente quiera presentar al país un panorama alentador, es más importante que conozca (y busque soluciones) a los factores que pueden tornar el optimismo en desencanto.

Hoy, 19 de noviembre de 2018, al momento de redactar esta columna, el precio del WTI, que es el petróleo en base al cual se determina el precio del crudo ecuatoriano, rondaba los $56 por barril, es decir, $13 menos que hace un mes. Si se toma en cuenta que en lo que va del año el “castigo” al crudo ecuatoriano –es decir, la diferencia en el precio por la menor calidad del petróleo nacional respecto al WTI– ha sido de cinco dólares por barril, entonces el precio de exportación promedio del crudo nacional estaría alrededor de $51 por barril, muy por debajo de los $58,3 contemplados en la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2019. Si bien el mercado petrolero es altamente volátil y en cuestión de semanas el escenario puede ser muy distinto, la caída en el precio del petróleo registrada en los últimos días (junto con un nivel de producción que, para alcanzar los supuestos de la Proforma, debería ser 9% mayor al registrado en lo que va de 2018) incrementa la posibilidad de que los ingresos petroleros estimados por el Gobierno para 2019 ($2.672 millones, incluyendo los $820 millones que corresponden a la amortización de ventas anticipadas de petróleo de años anteriores y que, por tanto, no generan un ingreso efectivo de recursos a la caja fiscal) estén sobrestimados.

No se trata, en realidad, del único ingreso que estaría sobrestimado en la Proforma. Lo mismo puede ocurrir con los ingresos tributarios, para los cuales el Gobierno espera un crecimiento de casi 3% si se los compara, no con el PGE codificado (que muestra varias inconsistencias), sino con el monto que efectivamente se recaudaría en 2018 ($14.840 millones, según las últimas proyecciones del Observatorio de la Política Fiscal). En esta comparación, los impuestos que más crecerían en 2019 serían el IVA, que depende principalmente del nivel de actividad, y el Impuesto a la Salida de Divisas, que está definido sobre todo por el desempeño de las importaciones. Sin embargo, para 2019, en un contexto de estrechez fiscal, dólar fuerte y un sistema bancario que deberá moderar el ritmo de entrega de créditos, es previsible un estancamiento en la actividad; a su vez, con un bajo nivel de reservas internacionales, no es descartable que las importaciones moderen sensiblemente su ritmo de crecimiento o incluso se contraigan.

La probabilidad de que los ingresos petroleros y tributarios (por no mencionar los $1.000 millones de “otras concesiones”) estén sobrestimados incrementa la presión que el Gobierno tiene para conseguir el financiamiento necesario para cubrir el déficit fiscal (que puede ser mayor a los $3.655 millones estimados en la Proforma) y las amortizaciones de la deuda. En este contexto, sin embargo, entran en juego otros factores. Por un lado, a nivel interno se ve una menor disposición de los actores públicos y privados para seguir financiando al fisco. De hecho, entre diciembre de 2017 y septiembre de este año el saldo de la deuda interna ha caído en más de $900 millones, es decir, no se han renovado obligaciones del Estado por ese monto. Por otro lado, el contexto internacional complica seriamente las opciones de financiamiento en el exterior: el aumento de tasas en EE.UU. eleva los costos para las economías emergentes, a lo que se suma un mayor riesgo país, que en los últimos días, para el caso del Ecuador, se ubicó por encima de 700 puntos básicos y podría seguir subiendo si el precio del petróleo sigue bajando.

Esto se torna aún más preocupante si se toma en cuenta que en la Proforma para 2019 el propio Gobierno ha reconocido que, de los $8.166 millones en los que estima sus necesidades de financiamiento (y que también podrían ser mayores), $4.616 millones todavía no tienen una fuente identificada.

En ese contexto, es indispensable y urgente que el Gobierno inicie un acercamiento formal al FMI para llegar a un acuerdo que permita, por un lado, obtener financiamiento de esa institución (en condiciones de tasas y plazos mucho más favorables que las que se han conseguido en los últimos años en los mercados internacionales o en los préstamos otorgados por China) y, por otro, ayude a generar una mayor confianza a nivel internacional hacia el Ecuador, lo que permitiría, en el mejor de los casos, ayudar a bajar el riesgo país y abrir nuevas opciones de financiamiento. Obviamente, un acuerdo con el FMI demanda, por parte del Gobierno, la toma de decisiones que pueden resultar políticamente costosas y que no se limitan al campo fiscal, sino que también podrían incluir correcciones estructurales para ayudar a recuperar la competitividad del sector productivo. El Gobierno, sin embargo, debe saber que, más temprano que tarde, esas medidas son necesarias para que la economía ecuatoriana pueda volver a encontrar una senda de crecimiento sostenible. Además, también debe tener claro que, con el actual contexto internacional, otros países seguramente estarán evaluando la opción de acercarse al FMI y, si no hay una decisión rápida, el Ecuador podría quedar último en la fila. Finalmente, dadas las dificultades de financiamiento señaladas en párrafos anteriores, el acercamiento al FMI puede ser la única opción que el Gobierno tenga para mantener el gradualismo (si bien éste debe ser más decidido) y evitar un ajuste de shock.

En las últimas semanas se había generado mucha expectativa sobre la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2019 que el Ejecutivo enviaría a la Asamblea Nacional y que finalmente se remitió el pasado miércoles. Se trata, a fin de cuentas, de la primera proforma elaborada por un equipo económico que ha señalado varias veces la importancia de la austeridad en el manejo de los recursos públicos y la necesidad de ir recortando gradualmente el gasto para reducir las necesidades de financiamiento. Si bien respecto al recorte en el gasto la proforma muestra algunos avances, estos son insuficientes, más aún si se considera que las proyecciones de ingresos en las que se basa la misma proforma pueden ser demasiado optimistas.

En el comunicado de prensa que acompañó a la presentación de la proforma para 2019 , el Gobierno señala que “la masa salarial en su integralidad evidencia una reducción de $70 millones” frente a 2018. De hecho, según el detalle que se incluye en el mismo comunicado, el gasto corriente en sueldos y salarios pasaría de $9.569 millones en 2018 a $9.498 millones en 2019. Al respecto, conviene señalar que el gasto en sueldos y salarios del PGE tiene un crecimiento inercial de entre 2% y 3% cada año. Es decir, aun si no se contrata a nuevos funcionarios ese gasto crece por los aumentos salariales derivados de ascensos en sectores como Policía, Defensa, Educación, etc. Por tanto, esa leve reducción de 0,7% en el gasto de sueldos y salarios sí implica un recorte en la nómina. No obstante, creemos que ese recorte debería haber sido mayor, ya que incluso si se considera el PIB nominal de $113.097 millones proyectado por el Gobierno para 2019 (y que puede estar sobrestimado), ese gasto aún representaría el 8,4% del PIB.

Respecto a los bienes y servicios de consumo, el Gobierno espera una “reducción significativa” de 14% (de $2.754 millones en 2018 a $2.379 millones en 2019). No obstante, el gasto ejecutado hasta septiembre de este año por concepto de bienes y servicios de consumo es de $1.540 millones y el Observatorio de la Política Fiscal (OPF) proyecta que podría llegar a los $2.230 millones al finalizar el año. Por tanto, los $2.379 millones presupuestados para 2019, lejos de representar una “reducción significativa”, incluso podrían significar un aumento frente al gasto real de 2018. Algo similar ocurre con el gasto por concepto del Plan Anual de Inversiones: el Gobierno planea reducirlo de $4.156 millones en 2018 a $3.315 millones en 2019. No obstante, según las proyecciones del OPF este año la inversión directamente ejecutada por el Gobierno (es decir, excluyendo las transferencias de capital a los GADs) podría rondar los $3.400 millones, muy por debajo de los $4.156 millones contemplados en el Presupuesto codificado.

Respecto a la inversión, conviene señalar otro punto. Según las proyecciones del Gobierno el gasto en personal para inversión pasaría de $440 millones en 2018 a $466 millones en 2019, lo que representa una contradicción: si, según las proyecciones oficiales, en 2019 el Gobierno ejecutaría menos inversión que en 2018, ¿por qué aumenta el gasto en personal para inversión en casi 6%?

Según la proforma, el gasto total en 2019 será de $26.017 millones, $900 millones más que en el PGE codificado de 2018. Ese aumento se explica principalmente por la reincorporación del aporte estatal del 40% para el fondo de pensiones del IESS ($1.240 millones) y, en menor medida, por la entrada en vigencia de la Ley Amazónica ($278 millones) y un aumento en las transferencias a los GADs ($540 millones). No obstante, como se ha señalado en los párrafos anteriores, el gasto que realmente se ejecute al finalizar 2018 puede ser bastante menor que el contemplado en el Presupuesto codificado (salvo en el caso del gasto en intereses, para el que el Presupuesto codificado incluye un valor claramente subestimado de $2.292 millones), por lo que el aumento del gasto total entre 2018 y 2019 podría ser mayor que los $900 millones que considera el Gobierno. Esto deja en claro la necesidad de hacer un recorte más profundo en el gasto del próximo año, puntualmente el gasto corriente.

Respecto a los ingresos, el Gobierno espera que los tributarios alcancen los $15.224 millones en 2019, es decir, 1,1% más que los $15.064 millones que espera que este año lleguen a la caja fiscal. Esa expectativa de un mayor ingreso tributario en 2019 está directamente relacionada con la proyección de crecimiento económico que el Gobierno maneja para el próximo año. Según el comunicado de prensa, la proforma 2019 contempla un crecimiento de 1,43% que, si bien es bajo, en nuestra opinión aún es optimista. De hecho, en CORDES creemos que el crecimiento económico del próximo año será menor que el de 2018 (estimado en 1,1% – 1,2% según Proforma 2019: recortes insuficientes en el gasto y optimismo en los ingresos Artículo de opinión sobre hechos coyunturales de la economía ecuatoriana las últimas declaraciones de la gerente del Banco Central). Tres motivos principales nos llevan a pensar esto: i) una previsible ralentización en la entrega de créditos por parte de los bancos (en 2018 la tasa de crecimiento de la cartera de créditos ha superado por mucho a la de los depósitos); ii) un también previsible fortalecimiento del dólar como consecuencia del aumento de las tasas de la Reserva Federal de EE.UU. (lo que afectará a la ya golpeada competitividad del sector productivo nacional y no permite proyectar un repunte en las exportaciones no petroleras medidas en volumen); y, iii) el propio ajuste en el gasto que proyecta el Gobierno y que puede ser mayor al esperado si escasean las fuentes de financiamiento, tema sobre el que haremos un breve comentario más adelante. En ese contexto, si el crecimiento económico en 2019 es menor al contemplado en la proforma, es esperable que los ingresos tributarios también sean más bajos.

En cuanto a los ingresos petroleros, la proforma se basa en un aumento en la producción de crudo (que, de hecho, explicaría en buena parte el crecimiento previsto para la economía en su conjunto) y en un precio de referencia de $58,3 por barril, muy superior al precio de $41,9 contemplado en el PGE de 2018. Respecto a la producción, cabe recordar que entre enero y agosto de 2018 respecto a igual período de 2017 la producción promedio diaria de crudo cayó en 3% y, por tanto, el primer desafío del sector, antes de incrementar la producción, es detener la caída (de hecho, entre 2016 y 2017 también se registró una disminución). Si bien se espera una mayor explotación en el ITT, también hay que considerar el posible declive en la producción en los campos maduros. Respecto al precio, el valor contemplado en la proforma no luce descabellado (entre enero y agosto de este año el precio promedio de exportación del crudo ecuatoriano fue de $61,3 por barril) pero sí hubiera sido deseable que se establezca un precio más conservador. No sólo considerando la histórica volatilidad del mercado petrolero y los riesgos que entraña una profundización de la guerra comercial entre China y EE.UU., sino también la necesidad de que el país ahorre al menos una parte de los ingresos que genera la explotación de un recurso no renovable. En ese sentido, considerar un precio del petróleo ecuatoriano de $58,3 por barril contradice la voluntad de ahorro que el mismo Gobierno mostró al haber restablecido, en la Ley de Fomento Productivo, los fondos de estabilización.

Finalmente, el Gobierno también espera recibir en 2019 $1.000 millones por concepto de “concesiones”. Al respecto no contamos con la información suficiente para hacer un análisis detallado, pero en principio, tomando en cuenta el antecedente de presupuestos de años anteriores (en los que se incluyó ingresos por posibles ventas de activos estatales que nunca se concretaron), el Gobierno podría haberse mostrado más cauto en ese rubro.

Con el escenario de ingresos y gastos descrito, el Gobierno espera llegar en 2019 a un déficit global de $3.655 millones y a un déficit primario (sin considerar el pago de intereses) de $290 millones. Incluso con este escenario, que podría deteriorarse si el fisco no recibe los ingresos estimados en la proforma, las necesidades de financiamiento serán de $8.166 millones, es decir, $300 millones menos que lo estimado en el Presupuesto codificado para 2018. Al respecto, conviene señalar, por un lado, la reducción que se ha registrado en el saldo de la deuda pública interna en lo que va del año y que anticipa una menor disposición de los actores locales para seguir financiando al fisco y, por otro lado, el endurecimiento del crédito para las economías emergentes en general (y para el Ecuador y algunos otros países en particular) en los mercados internacionales. En ese contexto de posible estrechez financiera, es deseable que el Gobierno se acerque al FMI para avanzar en un programa de financiamiento de mediano plazo que permita cubrir una parte importante de la brecha de 2019 y, a la vez, lleve al Ejecutivo a ser más decidido en algunas acciones en las que hasta ahora se muestra demasiado tímido (recorte del gasto, revisión de subsidios, reforma laboral, etc.).

Finalmente, más allá de las críticas a una proforma que muestra recortes insuficientes en el gasto y, a primera vista, un excesivo optimismo en los ingresos, es necesario que el esfuerzo para ordenar las cuentas públicas no recaiga únicamente sobre el Gobierno Central (que es el que está cubierto en el PGE), sino que se extienda también al resto del sector público, principalmente gobiernos seccionales y empresas públicas.


En una entrevista publicada esta mañana en diario Expreso[1], la gerente del Banco Central, Verónica Artola, dice que espera que este año la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana sea de 1,9% o 1,8%. Si bien Artola señala que no se trata de la proyección oficial (que hasta hoy, 11 de octubre, sigue sin publicarse[2]), al tratarse de una cifra mencionada por la gerente de la entidad encargada de calcular y publicar las cuentas nacionales así como de elaborar las proyecciones de crecimiento que sirven de insumo para la proforma del Presupuesto General del Estado, conviene analizarlas.

Según el último boletín de cuentas nacionales trimestrales publicado por el mismo Banco Central, en el primer semestre del año la economía ecuatoriana acumuló un crecimiento de 1,3% frente a igual período de 2017. Por lo tanto, para llegar al 1,8% o 1,9% que menciona Artola el crecimiento interanual de la segunda mitad del año debería estar entre 2,3% y 2,5%, es decir, prácticamente el doble que la tasa publicada para la primera mitad. No obstante, las propias cifras oficiales muestran una marcada desaceleración de la economía, ya que el crecimiento interanual de los dos últimos trimestres de 2017 bordeó el 3%, mientras que el del primer trimestre de este año se redujo a 1,6% y el del segundo trimestre fue de apenas 0,9%. En ese contexto, un crecimiento interanual de 2,3% o 2,5% en la segunda mitad del año (para llegar a un crecimiento de 1,8% o 1,9% en el año completo) implicaría una reactivación que otros indicadores no anticipan.

Por ejemplo, en la segunda mitad del año se espera que la entrega de créditos por parte de los bancos privados, que ha venido creciendo a una tasa mucho mayor que los depósitos, se desacelere, afectando al nivel de actividad. De hecho, entre julio y septiembre de 2018 la cartera bruta de los bancos, según información de Asobanca, registró un crecimiento interanual promedio de 14,4%, bastante menor a la tasa promedio de 20,5% observada entre enero y junio. Asimismo, el Índice de Confianza del Consumidor que calcula el propio Banco Central no anticipa un repunte en el consumo privado, ya que el índice de agosto (último disponible) es menor que el registrado al cierre del primer semestre, es decir, los consumidores estarían más proclives a moderar sus gastos. Por su parte, la contracción de la inversión pública (y la falta de compensación con una mayor inversión privada), que Artola acertadamente menciona como el principal factor para explicar la desaceleración de la economía en su conjunto, se ha mantenido en lo que va del segundo semestre. Sólo por el lado del comercio exterior en julio y agosto (última información disponible) se registra un mejor desempeño de las exportaciones, particularmente las petroleras, frente al crecimiento observado en la primera mitad del año. Sin embargo, también las importaciones (que contablemente afectan de manera negativa al PIB) registraron en el período julio-agosto de 2018 un crecimiento interanual (en volumen) ligeramente superior al observado en el primer semestre.

Cuando el periodista de Expreso le pregunta a la gerente del Banco Central en qué basa su proyección de crecimiento de 1,9% o 1,8%, ella, resaltando que se trata de “una proyección muy básica” y no de la cifra oficial, contesta: “Siempre en el último trimestre se aceleran mucho las compras, sobre todo en noviembre y diciembre”. Eso es verdad, sin embargo, se trata de un fenómeno estacional, es decir, ese aumento en las ventas se repite en los últimos meses de todos los años y, por lo tanto, si se hace una comparación interanual no sirve para explicar el repunte en la tasa de crecimiento que hace falta para llegar a una cifra cercana al 2% en el año completo, como la que Artola prevé.

Más allá de que esa previsión “personal” de crecimiento de la gerente del Banco Central luce demasiado optimista (a menos que el Banco Central, en el próximo boletín de cuentas nacionales, haga una notoria corrección al alza de las cifras del primer semestre), el problema de fondo es la falta de proyecciones oficiales a menos de tres meses de que concluya el año. En la entrevista con Expreso Artola justifica esa demora en los retrasos de otras instituciones en la entrega de información. Lo cierto es que cuando finalmente se publiquen las proyecciones oficiales para este año, estas ya van a resultar totalmente inútiles e intrascendentes para los agentes económicos. Ojalá al momento de publicar esas tardías proyecciones, el Banco Central también publique las de 2019.

 

[1] Ver: https://www.expreso.ec/economia/entrevista-veronicaartola-economia-finanzas-ecuador-BE2413517

[2] Hasta el cierre de esta edición de Cordes Opina, en la sección de Previsiones Macroeconómicas Anuales de la página web del BCE (https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/PIB/indice.htm) seguía saliendo este mensaje: “De acuerdo al calendario de publicaciones económicas del Banco Central del Ecuador, la difusión de la Previsión de crecimiento para el año 2018, estaba programada para el mes de mayo. Debido a los impactos en la economía de las propuestas de política económica planteadas mediante la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que está siendo discutida en la Asamblea Nacional, el BCE se encuentra a la espera de la aprobación de la misma para poder incluir sus impactos en las distintas variables macroeconómicas. En vista de lo anterior, informamos a la ciudadanía que la publicación de la Previsión Macroeconómica se postergará hasta contar con la aprobación de la Ley.”

Según el informe de cuentas nacionales trimestrales publicado esta mañana por el Banco Central, la economía ecuatoriana creció 0,9% en el segundo trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017. La tasa de crecimiento interanual del primer trimestre fue corregida a la baja de 1,9% a 1,6%. Es decir, si bien se trata de cifras preliminares, en la primera mitad de 2018 la economía ecuatoriana habría crecido 1,3% respecto al primer semestre de 2017. Estos resultados muestran una clara desaceleración del nivel de actividad, ya que según el mismo Banco Central en 2017 (cifras también sujetas a revisión) el crecimiento económico fue de 2,4%, habiendo alcanzado las tasas interanuales más altas justamente al final del año: 2,9% en el tercer trimestre y 2,8% en el cuarto (Gráfico 1).

El 0,9% de crecimiento interanual del segundo trimestre de 2018 (la tasa más baja desde las registradas a lo largo de 2016, año en que la economía ecuatoriana se contrajo) responde fundamentalmente a una desaceleración en la demanda interna, que creció 3,3% frente al segundo trimestre de 2017, muy lejos de las tasas en torno al 6% registradas en los últimos tres trimestres de ese año y también por debajo del 3,9% observado en el primer trimestre del presente. Según el Banco Central, el consumo de los hogares creció 3,3% en el segundo trimestre, con lo que acumuló un crecimiento de 2,9% en la primera mitad del año respecto a igual período de 2017. Por su parte, la formación bruta de capital fijo (FBKF, la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo) habría crecido 2,4% en el segundo trimestre, acumulando un crecimiento interanual de 3,2% en el primer semestre, pese al desplome que muestra el gasto en inversión del Gobierno Central. En lo referente al gasto de consumo del Gobierno General (que incluye también a los gobiernos seccionales y los fondos de la seguridad social), el Banco Central registra para el segundo trimestre de 2018 un crecimiento interanual de 3,9%, muy superior al 1,2% reportado para el primer trimestre.

Las exportaciones de bienes y servicios, en tanto, muestran una sensible desaceleración, al pasar de una ya modesta tasa de crecimiento interanual de 1,3% en el primer trimestre de este año a una de apenas 0,2% en el segundo (la tasa más baja desde inicios de 2016). Por el contrario, las importaciones, si bien se muestran menos dinámicas que en 2017, registraron en el segundo trimestre de este año un crecimiento interanual de 8,6%, acumulando un aumento de 9,1% en el primer semestre.

A nivel de industrias, diez de las dieciocho que se detallan en el boletín de cuentas nacionales registraron en el segundo trimestre de este año una tasa de crecimiento interanual menor a la observada en el primero y en doce de las dieciocho el crecimiento del segundo trimestre fue menor que el registrado a lo largo de 2017. Entre estas actividades están agricultura, petróleo y minas (que acumula seis caídas interanuales consecutivas), refinación de petróleo (que se habría desplomado 36% en el segundo trimestre), manufactura, comercio, servicios financieros y alojamiento y servicios de comida. Por el contrario, entre las industrias cuyo crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2018 fue mayor que el registrado a lo largo de 2017 están construcción (que el año pasado se contrajo 4,4% y en el segundo trimestre de este año registró un modesto crecimiento de 1,1%), transporte, administración pública y “enseñanza y servicios sociales y de salud”, que habría registrado un notorio crecimiento interanual de 5,7% en el segundo trimestre.

El uso del modo condicional (que bien podría extenderse a todo el texto) no es casual, sino que responde a las dudas que, lamentablemente, siguen generando las estadísticas del Banco Central. Más allá de que la tasa de crecimiento para 2017 fue corregida (nuevamente a la baja, como ya viene siendo casi una costumbre en las estadísticas de cuentas nacionales) de 3% a 2,4% en el informe de cuentas anuales que se publicó a finales de julio, la presentación de las cuentas trimestrales (que ahora coinciden con el crecimiento anual corregido) muestra la magnitud de las revisiones que el Banco Central llevó a cabo en las estimaciones trimestrales del PIB, tanto por el enfoque del gasto como por el del valor agregado.

Así, por ejemplo, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2017 se corrigió de 2,7% a 1,7%, una corrección equivalente al 37% del valor originalmente publicado. La tasa del segundo trimestre del año pasado pasó de 3% a 2,1% y en los dos siguientes trimestres, si bien en magnitudes menores, también se registran correcciones, siempre a la baja (Gráfico 2). En algunos elementos puntuales del PIB las correcciones son incluso más pronunciadas: en el consumo de los hogares los cambios en los resultados de los dos primeros trimestres del año pasado rondan los 2 puntos porcentuales, mientras que en las importaciones (cuyo valor no debería sufrir grandes cambios), la tasa de crecimiento del último trimestre de 2017 se corrigió de 6,9% a 11,8%. Pero el elemento del PIB por el enfoque del gasto que sufrió las mayores modificaciones fue la FBKF, que hasta el boletín anterior registraba tasas de crecimiento que promediaban el -0,5% en los cuatro trimestres de 2017 y que ahora muestra, para el mismo período, crecimientos en torno al 5,3%.

Por el lado de las industrias se ve algo similar. En refinación de petróleo, por ejemplo, la tasa de crecimiento del segundo trimestre de 2017 se corrigió de -0,9% a 18,9% y en el primer trimestre de este año se dio una corrección también importante: de 3,1% (positivo) a -7,7% (negativo). En otras industrias como acuicultura, suministro de electricidad y agua, transporte, correo y comunicaciones y servicios financieros también se observan modificaciones muy notorias. Incluso en los “otros elementos del PIB”, que se refieren básicamente a impuestos sobre bienes y servicios (IVA, aranceles, entre otros) y, por tanto, deberían registrar cifras cercanas a las definitivas desde el primer momento, las correcciones son enormes: en los dos últimos trimestres de 2017 las tasas de crecimiento interanual de ese componente del PIB se corrigieron en más de 30 (TREINTA) puntos porcentuales.

La incertidumbre sobre las estadísticas ahora se extiende, además, a las de la balanza de pagos, que también han sufrido grandes modificaciones en algunos de sus elementos. Por ejemplo, según el boletín de balanza de pagos publicado a finales de junio, en el primer trimestre de este año el componente “moneda y depósitos” de la cuenta financiera registró un valor de $333 millones (positivo), pero según el nuevo boletín, publicado ayer, el valor revisado es de -$605 millones (negativo). ¿Cómo se explica una corrección de casi $940 millones?

Que la economía ecuatoriana, como consecuencia principalmente del sensible ajuste en el gasto de inversión, se está desacelerando no parece estar en duda (de hecho, otras cifras, como las recaudaciones de IVA interno o las del mercado laboral, sugieren lo mismo). En ese sentido, las estadísticas del Banco Central señalan, al menos, la tendencia correctamente. Sin embargo, la magnitud de las revisiones a las cifras previas vuelve a dejar en claro la necesidad de una revisión integral de las estadísticas de cuentas nacionales (y, al parecer, también de la balanza de pagos). Tal vez por la desconfianza en sus propias cifras es que hasta el cierre de esta edición de Cordes Opina el Banco Central seguía sin publicar las proyecciones de crecimiento para 2018.

Las reservas internacionales del Banco Central, según la información que esa entidad publicó el martes por la tarde, se redujeron en $275 millones la semana pasada hasta ubicarse en $2.311 millones. Se trata del nivel más bajo desde inicios de enero, mes en que el Gobierno concretó una nueva emisión de bonos soberanos, esa vez por $3.000 millones. Esa emisión (la tercera durante la gestión de Carlos de la Torre al frente del Ministerio de Economía y Finanzas) permitió aumentar el nivel de las reservas, que a finales de enero bordearon los $5.900 millones, y obviamente también le dio oxígeno a la cuenta del Tesoro Nacional, que había cerrado 2017 con un saldo apenas superior a los $100 millones.

En realidad, desde los últimos años del gobierno anterior, cuando la caída del precio del petróleo afectó a una de las principales fuentes de divisas para la economía ecuatoriana, el bajo nivel de las reservas internacionales –que durante varios períodos no alcanzaban para cubrir las reservas de los bancos privados en el Banco Central, como también está ocurriendo en la actualidad– fue “solventado” con la emisión de nueva deuda externa. De hecho, los picos en las reservas que se observan en el Gráfico 1 coinciden siempre con una nueva colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales, siempre en condiciones muy onerosas para el país (cabe recordar que por esas emisiones Ecuador llegó a pagar tasas cercanas al 11% cuando los bonos del Tesoro Americano a 10 años pagaban menos del 2%). Esas emisiones, y los controles a las importaciones que tuvieron un impacto negativo sobre el nivel de actividad, fueron las únicas “soluciones” que se les ocurrieron a las autoridades económicas de entonces.

Justamente una de esas autoridades, el ex ministro de Finanzas Fausto Herrera, ha comentado en su cuenta de Twitter el tema de las reservas. Dice Herrera: “Si no entran recursos esta semana las reservas internacionales 2310 mm, van en camino a ser las más bajas en 10 años, comparables a Abril y Mayo de 2016 pero la diferencia es que en esas fechas el petróleo estaba a 30 dólares, estábamos pagando a Occidental y tuvimos un terremoto”. Respecto al precio del petróleo, Herrera debería saber que el alza de los últimos meses no se ha traducido directamente en un aumento de las reservas (ni de los depósitos del Tesoro), ya que durante los años en que él estuvo a cargo de las finanzas públicas se concretaron muchas preventas de crudo que se siguen amortizando y se acumularon grandes deudas con las empresas petroleras privadas (muchas de ellas extranjeras) a las que ahora se tiene que pagar. Sobre el tema del terremoto, conviene aclarar que para que ese desastre hubiera afectado a las reservas tendría que haber provocado un aumento significativo en las importaciones o una caída de las exportaciones y que, además, esos movimientos no se hubieran visto compensados por créditos externos (porque las reservas internacionales se mueven sólo por operaciones con el exterior o, excepcionalmente, si se produce un retiro masivo de depósitos que no regresan al sistema financiero). Eso, evidentemente, no fue lo que pasó.[1]

Pero más allá del desconocimiento (o la mala fe) en el comentario de Herrera, llama la atención que una alta autoridad económica del gobierno anterior hable del bajo nivel de las reservas internacionales como si las medidas que ellos tomaron no tuvieran nada que ver en esta situación. Y lo cierto es que tienen mucho que ver.

En primer lugar, la pérdida de competitividad del Ecuador, que hace que los productos nacionales sean comparativamente más caros que los de los países con los que competimos, generando presiones sobre la balanza de pagos (y, por tanto, sobre las reservas), no se explica solamente por el fortalecimiento del dólar, sino también, y en buena parte, por medidas (tributarias, laborales, financieras) que incrementaron los costos locales.

En segundo lugar, cabe recordar que la inversión extranjera directa, que en otros países de la región constituye una fuente importante y permanente de divisas, se ubicó en los últimos años por debajo del 1% del PIB como consecuencia, sobre todo, de los constantes cambios en las reglas del juego y el mal ambiente de negocios que generó el gobierno anterior.

Pero principalmente los créditos del Banco Central a Finanzas que Herrera y las demás autoridades económicas de entonces promovieron para no reducir el gasto público en la medida necesaria y que llegaron a rondar los $6.000 millones, al constituir una inyección a la economía de dinero primario no respaldado en dólares, generaron, a través del crédito y el consumo, nuevas presiones sobre la balanza de pagos en un contexto de tipo de cambio real apreciado. Credit Suisse ha abordado este tema con detalle en sus informes sobre Ecuador.

Ahora bien, que los bajos niveles de las reservas internacionales sean en gran medida consecuencia de decisiones económicas adoptadas por las autoridades del gobierno anterior (de hecho, los intereses de las deudas contratadas en los últimos años también son un canal de salida de divisas), no exime de responsabilidad al gobierno actual. Si bien en los últimos meses se ha reducido el gasto público (puntualmente el de inversión), que también impulsa las importaciones, y por iniciativa del actual equipo económico se han cerrado las puertas para que el Banco Central siga financiando al fisco a través de una expansión de su balance, siguen pendientes las medidas que permitan devolver competitividad al sector productivo nacional y atraer inversión extranjera directa, lo que restaría presión a la balanza de pagos.[2]

En ese contexto, si bien una nueva operación de deuda externa se muestra inevitable para recomponer las reservas internacionales en el corto plazo, es importante que el Gobierno adopte las medidas (algunas de ellas políticamente costosas, como una corrección de las rigideces del mercado laboral) que permitan que en el mediano plazo las reservas ya no dependan tanto del financiamiento que se pueda seguir consiguiendo en el exterior. El Gobierno debe saber que, dadas las nuevas condiciones de los mercados internacionales -que dificultan el acceso a crédito a las economías emergentes (al respecto, la Reserva Federal acaba de subir nuevamente sus tasas) y el agresivo crecimiento de la deuda externa ecuatoriana en los últimos años, confiar en que va a haber demanda para nuevas emisiones (salvo que sea a tasas de usura) es una apuesta por demás arriesgada.

 

[1] Luego del terremoto, Ecuador recibió un crédito del FMI por $364 millones, justamente para afrontar posibles desequilibrios en la balanza de pagos. Por su parte, ni las importaciones ni las exportaciones registraron movimientos abruptos.

[2] Tampoco se avanzó en la magnitud necesaria en el recorte de los subsidios a los derivados de petróleo, lo que habría permitido reducir las importaciones de esos productos.