Con un nuevo retraso respecto a lo establecido en el calendario de publicaciones, el Banco Central dio a conocer el martes 2 de julio los resultados de cuentas nacionales (crecimiento del PIB) y de balanza de pagos correspondientes al primer trimestre de 2019. El boletín de cuentas nacionales ratifica la previsible continuidad en la desaceleración de la actividad económica; de hecho, el crecimiento interanual de 0,6% podría ser incluso menor, si se toman en cuenta algunas inconsistencias entre distintas publicaciones del propio Banco Central. Por su parte, el boletín de balanza de pagos muestra un deterioro en el resultado de la cuenta corriente que, al igual que en los últimos años, fue compensado principalmente por la vía de mayor endeudamiento con el exterior.

Cuentas nacionales

Según el Banco Central, en el primer trimestre de 2019, respecto a igual período de 2018, la economía ecuatoriana creció 0,6%, continuando con la desaceleración que inició en el último trimestre de 2017. A nivel de componentes del PIB por el enfoque del gasto, el mejor resultado lo presentan las exportaciones, cuyo crecimiento interanual fue, según el Central, de 3,5%, la tasa más alta desde finales de 2016. Ese resultado es consistente con el crecimiento de 4,2% que las exportaciones de bienes, medidas en volumen, registraron en el primer trimestre (impulsadas por las exportaciones petroleras, que crecieron 6,6%, mientras que las no petroleras se contrajeron 0,2%).

Por el contrario, la formación bruta de capital fijo (FBKF, que se refiere a la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo) se contrajo, 2,3% en el primer trimestre, siempre en términos interanuales. En este caso, se trató de la primera caída desde el -5,4% registrado en el último trimestre de 2016. Esta nueva caída en la FBKF se explicaría por la contracción de 20% en términos reales[1]  que presentó la FBKF del sector público, que a su vez se explica en su totalidad por una menor inversión del Gobierno Central (Presupuesto del Estado). No obstante, la caída de 2,3% en la FBKF total también supone un crecimiento de la inversión privada, del cual no disponemos de información para contrastar.

En cuanto al consumo de los hogares, el principal componente del PIB por el enfoque del gasto, el resultado del primer trimestre (crecimiento interanual de 1%) también refleja una marcada desaceleración, ya que en 2017 el consumo privado creció casi 4% (si bien frente a un mal año como fue 2016) y en 2018 creció casi 3%.  Esa desaceleración va de la mano con el ajuste fiscal (que ha incluido una reducción en la nómina del sector público) y con el deterioro de los indicadores laborales que el INEC reportó para el primer trimestre de este año. Algo similar pasó con el consumo del gobierno general, cuyo crecimiento interanual en el primer trimestre de 2019 fue de apenas 0,3%, muy por debajo de las tasas en torno al 3% observadas en 2017 y 2018. La corrección fiscal acordada entre el Gobierno y el FMI demandan no sólo un ajuste en el gasto de inversión, sino también en el gasto corriente, que incluye intereses, sueldos y salarios, transferencias corrientes y compra de bienes y servicios de consumo. Este último rubro sigue mostrando aumentos, por lo que es esperable un ajuste también en ese gasto y, por tanto, resultados negativos en el gasto de consumo del gobierno general, seguramente para la segunda mitad del año.

El resultado más llamativo del último reporte de cuentas nacionales, y que podría alterar la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto, es el de las importaciones. Según el Banco Central, las importaciones (de bienes y servicios) crecieron en el primer trimestre de este año apenas 0,7% frente a igual período de 2018. Ese resultado, sin embargo, no luce consistente con otras publicaciones de la misma institución. Según los reportes de balanza comercial, en el primer trimestre de 2019 las importaciones de bienes, medidas en volumen, crecieron 6,1% frente al mismo período de 2018, empujadas por las importaciones de bienes de consumo y de combustibles y lubricantes. Si las importaciones de bienes crecieron más de 6%, ¿cómo se explica que las importaciones totales lo hayan hecho a menos del 1%? Para eso debería haberse registrado un desplome en las importaciones de servicios, sin embargo, según el último boletín de balanza de pagos, eso no pasó. De hecho, las importaciones de servicios, en valores nominales, crecieron 4,5% (muy por encima del 1,9% de las exportaciones de servicios). Es más, según el mismo Banco Central, las importaciones de bienes crecieron más que las exportaciones (ambas medidas en volumen) y lo mismo ocurrió con los servicios (en este caso en valores nominales). No se entiende, por tanto, por qué en las cuentas nacionales las exportaciones totales (bienes y servicios) tienen una tasa de crecimiento cinco veces mayor que la de las importaciones. Si el resultado de las importaciones hubiera sido mayor (manteniendo todo lo demás constante), la tasa de crecimiento del PIB habría sido más baja que el 0,6% calculado por el Banco Central. Esperamos que la institución oficial pueda aclarar estas dudas.

En cuanto al desempeño de las distintas actividades económicas, el boletín de cuentas nacionales del primer trimestre de este año registra una caída interanual de 3,3% en el sector de la construcción, consistente con la caída en la FBKF, y también un resultado negativo (-0,7%) para el sector comercial, lo que va de la mano con la desaceleración del consumo privado; esa desaceleración también se refleja en un modesto crecimiento de apenas 1,8% en el sector de hoteles y restaurantes. A nivel de sectores el peor resultado lo presenta la refinación de petróleo (-28,2%), mientras que acuicultura y pesca de camarón registra un crecimiento de 12,2%. También los servicios financieros habrían registrado en el primer trimestre de 2019 un desempeño destacable (4,3% de crecimiento), pese a la desaceleración en la cartera de créditos. En cambio, el sector industrial creció apenas 0,9% en el primer trimestre de 2019, resultado similar al observado a lo largo de 2018.

 

Balanza de pagos

En cuanto a las cuentas externas del país, el boletín de balanza de pagos que publicó también ayer el Banco Central muestra un deterioro en el resultado de la cuenta corriente, cuyo déficit pasó de $79 millones en el primer trimestre de 2018 a $262 millones en igual período de 2019. Esto a su vez se explica principalmente por una reducción en el superávit comercial (de $284 a $58 millones) y una profundización en el déficit de la balanza de renta, donde se contabilizan los intereses que el país debe pagar por las onerosas emisiones de bonos llevadas a cabo en los últimos años. Según la información del Central, en el primer trimestre de este año la renta pagada por “inversión de cartera” sumó $312 millones, es decir, $117 millones más que en igual período de 2018. Si bien el resultado de las transferencias corrientes mejoró (en parte porque aumentaron los envíos de dinero de los ecuatorianos residentes en el exterior y también porque el gobierno hizo menos transferencias al resto del mundo), eso no bastó para evitar el deterioro ya mencionado en la cuenta corriente.

Ese déficit no derivó en un resultado negativo de la balanza de pagos global gracias al superávit alcanzado en la cuenta financiera ($1.015 millones). No obstante, nuevamente ese superávit se explica principalmente por el ingreso de dólares procedentes de nueva deuda con el exterior (cabe recordar que en enero hubo una emisión por $1.000 millones, a lo que se suman nuevos créditos con multilaterales y otras operaciones de deuda externa). Mientras tanto, la inversión extranjera directa sumó apenas $133 millones en los primeros tres meses de este año, casi $200 millones menos que en igual período de 2018. Esta caída pone en evidencia la necesidad de llevar adelante las reformas (principalmente en el campo laboral, pero también en cuanto a tramitología) que permitan atraer más inversión al país, a lo que también contribuiría promover la actividad minera ambientalmente sustentable (tema al que nos referiremos en una próxima columna).

El resultado de la balanza de pagos global en el primer trimestre de 2019 fue un superávit de $637 millones, casi cuatro veces menor que el saldo positivo de $2.422 millones registrado en igual período de 2018 (si bien ese resultado se explica en gran parte por la emisión de $3.000 millones en bonos soberanos que se hizo a inicios del año pasado). Pero más allá de que el resultado siga siendo positivo, el análisis de los componentes de la balanza de pagos deja en evidencia la necesidad de tomar medidas que fomenten el ingreso de divisas ya sea por mayores exportaciones o una mayor inversión extranjera directa, para lo cual es indispensable que el sector productivo (sobre todo el que produce transables) recupere en algo la competitividad perdida en los últimos años, tanto por el fortalecimiento del dólar como por medidas de política económica que elevaron los costos de producción.

 

[1] Para calcular la variación real de la FBKF pública se usó el mismo deflactor de la FBKF total que consta en las cuentas nacionales.

 

La operación de reperfilamiento de un tramo de la deuda externa que ha llevado a cabo el Ministerio de Economía y Finanzas es, en nuestra opinión, una operación atinada por el alivio que genera para las cuentas fiscales y la balanza de pagos en 2020. Si bien el interés al que están sujetos los nuevos bonos sigue siendo alto e implica, por tanto, un elevado costo financiero para los próximos años, el haber extendido en nueve años el plazo de amortización reduce la incertidumbre sobre el futuro inmediato de las cuentas fiscales y externas del Ecuador y abre la posibilidad para mejorar las condiciones de otros tramos de la deuda externa del sector público.

La operación tuvo dos partes. Primero, a inicios de la semana pasada, Ecuador emitió bonos 2029 por $1.125 millones. En realidad, fue una reapertura de la emisión que se hizo en enero ($1.000 millones), pero el interés en esta nueva emisión se redujo de 10,75% a 9,85%. Posteriormente, con esos recursos el país recompró el 78% de los $1.500 millones de bonos 2020 que se emitieron en 2015 y cuyo capital debía amortizarse en marzo del próximo año. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la operación también generó una reducción en el saldo de la deuda externa, ya que mientras la emisión de los nuevos bonos 2029 fue por $1.125 millones, el stock nominal de bonos 2020 que se recompró fue de $1.175 millones.

El comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas también señala: “De esta forma la presión sobre la caja fiscal se alivia y será posible canalizar recursos que se hubiesen dirigido al pago de deuda hacia el impulso de los proyectos de protección social, que son la prioridad del Gobierno Nacional”. Sobre este punto, la ventaja de haber postergado el vencimiento de la mayor parte de los bonos 2020 es que el Gobierno no debe obtener de otros sectores los recursos necesarios para hacer frente a esa obligación, sin embargo, eso tampoco puede significar elevar el gasto programado para 2020 en $1.175 millones, ya que eso afectaría al déficit fiscal (cabe recordar que el cálculo del déficit no toma en cuenta los créditos internos o externos que el fisco consigue ni tampoco los pagos de capital de la deuda pública) y a las metas acordadas con el FMI.

Tal vez incluso más importante que el alivio que esta operación genera a la caja fiscal, es que reduce la presión sobre la balanza de pagos. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, en los últimos años el Ecuador ha cubierto sus déficits en cuenta corriente no con fuentes “deseables” de divisas en la cuenta financiera, como podrían ser una importante inversión extranjera directa o el ingreso de capitales al sistema financiero, sino con nueva deuda externa. En ese contexto, y ante una cuenta corriente crecientemente deficitaria (el saldo negativo de 2018 fue de $1.358 millones, tres veces mayor que el de 2017), una amortización por $1.500 millones podría haber derivado en un déficit importante en la balanza de pagos global, con el consecuente impacto sobre las reservas internacionales y la reducción de la cantidad de dinero primario en la economía.

Ahora bien, el interés de 9,85% al que están sujetos los bonos recientemente emitidos sigue siendo muy alto e implica, por el monto emitido, pagos de interés por casi $111 millones anuales. Frente a nuestros países vecinos esa tasa es aún dos o incluso tres veces mayor. En ese contexto, el Gobierno debe seguir avanzando en el proceso de consolidación fiscal que, si bien en un primer momento tiene un impacto negativo en el nivel de actividad, puede ayudar a que la percepción de riesgo sobre el Ecuador siga mejorando (entre el 1 de enero de este año y la semana pasada el riesgo país del Ecuador se redujo de 826 a 580 puntos básicos, ayudado en buena parte por una recuperación en el precio internacional del petróleo, pero también por acciones del Gobierno, como el acuerdo con los multilaterales y la reducción del déficit fiscal, que han permitido mejorar la imagen del Ecuador).

En resumen, la operación de reperfilamiento de la deuda puede considerarse positiva, pero los retos pendientes siguen siendo muchos: por el lado fiscal, continuar avanzando en el ajuste de las cuentas públicas y, por el lado externo, reducir la dependencia de la balanza de pagos hacia el financiamiento externo. Esto implica tomar medidas para recuperar aunque sea parcialmente la competitividad externa (reforma laboral, reducción de tramitología), lo que, junto con acuerdos comerciales con socios relevantes, daría impulso a las exportaciones y, a la par, haría del Ecuador un país más atractivo para la inversión extranjera.

La semana pasada cuatro bloques legislativos (Alianza País – Aliados, CREO, Bancada de Integración Nacional (BIN) y Bancada Acción Democrática Independiente) llegaron a un acuerdo que, en primera instancia, permitió designar a las nuevas autoridades en la Asamblea. Pero el acuerdo, si bien no es un compromiso formal de los bloques, también incluye al menos tres puntos que son muy relevantes para el desempeño de la economía ecuatoriana en el largo plazo: i) un pronunciamiento sobre la necesidad de llevar adelante una reforma laboral; ii) otro sobre la importancia de la institucionalidad en el manejo de la economía; y, iii) uno sobre la disposición de esos bloques para buscar alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Respecto a la reforma laboral, el pronunciamiento de los bloques que conforman el acuerdo coincidió con la carta pública al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional, suscrita por economistas e intelectuales de otras áreas, en la que se resalta la urgencia de una reforma de ese tipo para ayudar a millones de ecuatorianos que actualmente tienen empleos precarios a vincularse con el sector formal. Este mismo objetivo dicen perseguir los bloques legislativos. Sobre este punto, sin embargo, los asambleístas del acuerdo deben estar conscientes de que una reforma bien trabajada, es decir, que sea equitativa en lo social y eficiente en lo económico, como sugiere la carta abierta, generará voces de rechazo de sectores políticos y sindicatos que, representando sólo a un porcentaje minoritario de los trabajadores, se escudarán en el discurso de la “precarización del empleo” y un supuesto menoscabo a los derechos laborales. Es decir, una reforma que permita incentivar la contratación seguramente acarreará costos políticos que los bloques legislativos deben estar dispuestos a afrontar.

Lo mismo puede ocurrir con las necesarias reformas a la seguridad social. El IESS, según muestran las preocupantes cifras levantadas por la Mesa de Seguridad Social, atraviesa una situación crítica. El fondo de pensiones, en gran parte como consecuencia de medidas adoptadas en el anterior gobierno (eliminación del aporte estatal del 40% y reducción de los aportes al fondo de pensiones para atender las necesidades del fondo de salud) está disminuyendo año a año y, de continuar en esa tendencia, el pago de pensiones se ve seriamente amenazado. También el fondo de salud ha sufrido una importante afectación desde que se decidió ampliar la cobertura de los servicios a personas que no aportan al sistema. En ese contexto, las medidas que se tomen para que el IESS sea sostenible en el tiempo (que pueden ser, por ejemplo, aumentar paulatinamente la edad de jubilación o restringir la cobertura de los servicios de salud) también serán rechazadas por grupos (los mismos que se oponen a la reforma laboral) que no saben ver más allá del corto plazo y no piensan en las futuras generaciones o en el enorme costo fiscal y social que una quiebra del IESS implicaría.

Respecto a la institucionalidad necesaria para un manejo prudente y sostenible de la economía, el acuerdo entre los bloques, si llega a traducirse en un apoyo cierto a los cambios legales que se requieren para sentar las bases de esa institucionalidad, estaría reflejando una actitud patriótica y desprendida. Esto porque propiciar la existencia, por ejemplo, de un Banco Central independiente o de reglas macrofiscales que limiten el crecimiento del gasto público y el endeudamiento, implica que esos bloques no están considerando, por ejemplo, manipular las cifras de crecimiento que calcula el Banco Central o expandir irresponsablemente el gasto si se llega a dar una nueva situación de holgura en las cuentas fiscales. Considerando que entre los bloques o los asambleístas que se han adherido al acuerdo hay algunos con intención de llegar a la Presidencia, promover la existencia de instituciones económica sólidas es algo que merece destacarse.

En resumen, el acuerdo al que han llegado estos bloques legislativos es una noticia relevante para la economía (incluso otros temas que lucen más lejanos, como limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, pueden favorecer al desempeño económico, porque reducirían la incertidumbre sobre los nombramientos de las autoridades de control), más aún en el marco de un acuerdo con el FMI que demanda algunos cambios legales (también se espera una reforma tributaria). Sin embargo, el verdadero impacto de ese acuerdo se verá sólo cuando los bloques que forman parte de él apoyen en la Asamblea, dejando atrás los costos políticos o las voces de rechazo, cambios legales que son indispensables para mejorar el desempeño de la economía o evitar una crisis en la seguridad social. De ser así, estaremos presenciando un acuerdo legislativo que realmente tiene al futuro del país como su objetivo principal.

Desde hace algunos meses, distintos analistas locales, tanto de izquierda como de derecha, mencionan a Portugal como un ejemplo de lo que debería hacer el Ecuador para salir del estancamiento económico en el que se encuentra desde 2015 y mejorar sus indicadores laborales. Desde ambos espectros, que también coinciden en criticar el acuerdo que el Gobierno firmó con el FMI, aseguran que Portugal consiguió mejorar su desempeño económico alejándose de “las recetas” del organismo multilateral. Es decir, se sugiere que ese mejor desempeño se alcanzó por haber dejado atrás el ajuste fiscal que suele venir de la mano con los créditos del FMI. Se trata, sin embargo, de un discurso engañoso, pues no considera el esfuerzo fiscal que ha llevado adelante Portugal, país que, además, tiene otras ventajas de las que el Ecuador carece: condiciones de financiamiento favorables y un tipo de cambio real que se ha depreciado, lo que ha permitido un boom en el sector turístico.

En 2011 Portugal, después de que lo hicieran Grecia e Irlanda, pidió un rescate a la Unión Europea y al FMI. En 2009 y 2010, según cifras oficiales compiladas por el FMI, Portugal había registrado déficits fiscales (a nivel de Gobierno General) de 9,8% y 11,2% del PIB, respectivamente, que derivaron en elevadas necesidades de financiamiento y en un deterioro de las condiciones de las nuevas deudas. A esto se sumaba una pérdida de competitividad que afectaba al crecimiento de ese país (entre 2000 y 2010 el tipo de cambio real de Portugal, según el Banco Mundial, se apreció más de 7%). Entre 2010 y 2015 (el actual ministro de Hacienda de Portugal, Mário Centeno, al que los analistas locales consideran el mentor del “éxito” portugués, asumió su cargo el 26 de noviembre de ese año) el déficit fiscal de ese país se redujo en casi siete puntos del PIB, de 11,2% a 4,3%. En ese período la economía portuguesa se contrajo a una tasa promedio anual de -0,4%, si bien cabe señalar que en 2015 el crecimiento ya fue positivo: 1,8%

Esa última tasa no es muy inferior al 2,3% anual observado entre 2016 y 2018, durante la gestión de Centeno, en la que, además, el déficit fiscal continuó reduciéndose: de 4,3% del PIB en 2015 a 0,7% en 2018[1]. Cabe señalar, por otro lado, que en los últimos años los ingresos tributarios de Portugal se han mantenido en torno al 25% del PIB (lo que echa abajo el discurso según el cual en ese país se fomentó el crecimiento con reducciones impositivas), pero ha cambiado ligeramente su composición: los impuestos indirectos (a la producción y a las importaciones) pasaron del 14,5% del PIB en 2015 al 15,1% en 2018, mientras que los impuestos directos (a los ingresos, la riqueza, al capital, etc.) redujeron su participación del 10,9% al 10% del PIB. Respecto a los impuestos indirectos, también conviene señalar que el IVA, cuya tasa se elevó del 19% al 21% en 2005 y del 21% al 23% en 2010, no se ha reducido, a diferencia de lo que proponen algunos analistas locales para el caso ecuatoriano. Por el lado del gasto, que entre 2015 y 2018 se redujo de 48,1% a 43,9% del PIB, destacan los recortes en intereses (de 4,6% a 3,5% del PIB), beneficios sociales (del 19,3% al 18,3%) y en transferencias de capital (de 1,9% a 0,9%).

También se menciona, como un ejemplo que Ecuador debería seguir, que Portugal precanceló su crédito con el FMI. En efecto, saldó esa deuda a finales del año pasado, pero el punto importante es que lo hizo porque tenía opciones de financiamiento más baratas. De hecho, una nota de la agencia EFE al respecto señala: “Centeno explicó que el préstamo otorgado por el FMI -con un interés del 4,3%- era «caro» comparado con las tasas a las que se financia actualmente Portugal en los mercados de deuda”[2]. Claramente esa no es la situación del Ecuador. Por otro lado, cabe preguntarse qué rendimientos se le habrían exigido a Portugal si no llevaba adelante el fuerte ajuste fiscal que empezó en 2011 y continuó durante la gestión de Centeno.

Finalmente, las mejores tasas de crecimiento en Portugal (y la consecuente caída del desempleo) responden en gran medida al boom del sector turístico. Según el Banco de Portugal, las exportaciones de turismo de ese país pasaron de representar el 4,2% del PIB en 2010 al 8,4% en 2018[3]. A esto, además de un deterioro en las condiciones para el turismo en el norte de África que benefició a Portugal, contribuyó también la recuperación de la competitividad, expresada en una depreciación del tipo de cambio real cercana al 3% entre 2015 y 2018.

En conclusión, más allá de que Portugal ha continuado ajustando sus cuentas públicas en los últimos años, no se puede decir que la recuperación en las tasas de crecimiento de ese país se dio por “abandonar las recetas” del FMI. Cualquier análisis económico medianamente serio debe considerar también la fuerte reducción del déficit fiscal que se dio a partir de 2011 y que permitió, por un lado, mejorar las condiciones de financiamiento para Portugal y, por otro, ir recuperando competitividad a costa de un sacrificio de la sociedad en su conjunto (incluso con reducciones salariales en el sector público).[4] Querer poner a ese país como ejemplo de lo que supuestamente debería hacer el Ecuador, sin considerar la historia completa y los factores que diferencian a ambas naciones (Portugal también tiene un prestamista de última instancia), carece de sustento. En realidad, el caso de Portugal demuestra, una vez más, que poner en orden las finanzas públicas es un paso inevitable para alcanzar un crecimiento sostenible y que para una situación como la que enfrenta el Ecuador no existen recetas mágicas y sin sacrificios.

 

[1] Ver: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18273.ashx

[2] Ver: https://www.efe.com/efe/portugal-en-espanol/portada/portugal-liquido-los-4-700-millones-de-deuda-que-le-quedaban-con-el-fmi/50001001-3838435

[3] Ver: https://www.publico.pt/2018/12/18/economia/noticia/turismo-vai-continuar-crescer-acima-economia-portuguesa-1855065

[4] Ver: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/andres-malamud-para-argentina-es-imposible-aplicar-nid2242067

Según las cifras que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre marzo de 2018 e igual mes de este año la tasa de empleo adecuado (que corresponde a las personas que trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana y tienen ingresos no menores al salario mínimo o que, cumpliendo con la condición de los ingresos, trabajan menos de 40 horas porque no quieren trabajar más) pasó de 41,1% a 37,9% de la población económicamente activa (PEA) a nivel nacional. En valores absolutos esa reducción significó una destrucción de 260.000 empleos adecuados en un año. Esa dinámica, que va de la mano con la desaceleración económica derivada de la corrección fiscal y el desequilibrio externo (la pérdida de competitividad que hace que las importaciones de bienes y servicios crezcan mucho más que las exportaciones) se dio tanto en las zonas urbanas del país como en las rurales. En las primeras la tasa de empleo adecuado cayó de 50,1% a 47%, mientras que a nivel rural la tasa pasó de 23,1% a 20,2%, siempre entre marzo de 2018 e igual mes de 2019.

A nivel nacional, la caída del empleo adecuado tuvo como contracara al aumento del empleo inadecuado, que en marzo de 2019 representó ya el 56,9% de la PEA. Puntualmente el crecimiento del empleo inadecuado se explica por un aumento en el “otro empleo no pleno” (es decir, personas que ganan menos que el salario mínimo y trabajan menos que la jornada legal pero no tienen deseos o disponibilidad de trabajar más), mientras que el subempleo y el empleo no remunerado no mostraron variaciones estadísticamente significativas. Tampoco la informalidad (entendida como el porcentaje de las personas con empleo que trabajan en una empresa o emprendimiento personal que no tiene RUC) mostró una variación estadísticamente significativa (es decir, se mantuvo relativamente estable entre marzo de 2018 y marzo de 2019). Pero esto está lejos de ser una buena noticia, ya que ese indicador, que pone en evidencia la dificultad de muchos trabajadores para vincularse con el sector formal, se mantiene en niveles apenas inferiores al 50% del total de las personas con algún tipo de empleo.

En el mismo sentido, el mes pasado apenas el 29,2% de las personas con empleo estaban afiliadas al IESS, a las que se podría sumar el 12,2% con otros seguros (seguro campesino, ISSFA, ISSPOL, seguros privados, entre otros). Eso implica que el 58,6% de los empleados no están cubiertos por ningún tipo de seguro, lo que los deja en una situación muy vulnerable ante la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad grave. Al igual que la elevada informalidad (que en la definición del INEC no incluye a todos los trabajadores informales, ya que también puede haber casos de personas que trabajan en empresas con RUC pero que no están registrados en la nómina), el bajo porcentaje de trabajadores con cobertura de la seguridad social deja en evidencia la necesidad de revisar la normativa laboral, a fin de facilitar la vinculación de los trabajadores a empresas formales. Más aun en un contexto, como el actual, en el que la corrección de la situación fiscal demanda el recorte de puestos de trabajo en el sector público.

Esa reducción en la nómina pública, que ha sido señalada por autoridades oficiales y se registra también en las cifras de ejecución del Presupuesto General del Estado, puede ser un motivo para explicar el incremento del desempleo en Quito, que pasa de 7,1% a 9,7% de la PEA de la ciudad. Las otras cuatro ciudades para las cuales el INEC presenta información detallada (Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato) no muestran un aumento en el desempleo, que a nivel nacional (urbano y rural) se mantiene en torno al 4,5% de la PEA.

Finalmente, el reporte del INEC muestra que el ingreso promedio de los trabajadores (expresado en dólares de diciembre de 2007) cayó en más del 6% entre marzo de 2018 e igual mes de este año. Tomando en cuenta que la tasa de inflación anual de marzo fue de -0,1%, ese deterioro en el poder adquisitivo de los salarios no se puede adjudicar a un aumento en los precios al consumidor. La explicación, entonces, parece estar en la disposición de los trabajadores para aceptar un sueldo más bajo, ante la evidente dificultad para encontrar empleo. Si bien una reducción en el salario promedio puede ayudar a que el país vaya recuperando algo de la competitividad perdida (siempre y cuando los empresarios no quieran “apropiarse” de ese margen aumentando sus ganancias), ese proceso debería estar acompañado por una flexibilización de la normativa laboral que permita que los trabajadores (algunos de ellos con jornadas parciales o contratos a plazo fijo, por ejemplo) puedan asegurar derechos mínimos (afiliación al IESS o salario mínimo por hora) vinculándose a empresas del sector formal.

El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó esta mañana dos boletines muy relevantes para conocer el estado de la economía ecuatoriana: el de cuentas nacionales (crecimiento del PIB) y el de balanza de pagos, ambos con información hasta el último trimestre de 2018. El primero muestra la inevitable desaceleración de la economía en el contexto de la corrección del déficit fiscal y el otro deja en evidencia la magnitud del desequilibrio externo que afronta el país.

Según el boletín de cuentas nacionales, en el último trimestre de 2018 la economía ecuatoriana registró un crecimiento de 0,8% frente a igual período de 2017. Con este resultado, el más bajo desde finales de 2016, el crecimiento durante todo el año pasado fue de 1,4%, un punto porcentual menos que en 2017. Esta desaceleración se refleja en casi todos los componentes del PIB por el enfoque del gasto (Gráfico 1). Por su peso en la economía, destaca la desaceleración del consumo de los hogares, cuyo crecimiento bajó de 3,7% en 2017 a 2,7% en 2018. Otros componentes del PIB que redujeron sensiblemente su tasa de crecimiento fueron la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF, que se refiere a la inversión física, principalmente en construcción y en maquinaria y equipo) y las importaciones. En el caso de la FBKF la tasa de crecimiento pasó de 5,3% en 2017 a 2,1% en 2018, lo que en buena parte se explica por el fuerte ajuste en el gasto de capital que llevó adelante el Gobierno Central el año pasado. En el caso de las importaciones (de bienes y servicios), la tasa de crecimiento habría caído a la mitad: de 12,2% en 2017 a 5,8% en 2018. Según el BCE, en el último trimestre del año pasado las importaciones (medidas en volumen) crecieron apenas 2,5%. Este dato llama la atención ya que, según el mismo Central, en el último trimestre del año pasado las importaciones sólo de bienes crecieron (también en volumen) 12,9%, es decir, que para llegar a la baja tasa presentada para las importaciones totales se tendría que haber producido un desplome en las importaciones de servicios. Cabe recordar que las cifras que el Central publicó ayer son provisionales, por lo que se pueden dar revisiones en los próximos boletines (de hecho, esa ha sido la costumbre en los últimos años). En todo caso, si el crecimiento de las importaciones en 2018 termina siendo mayor al reportado inicialmente por el Central (y todos los demás componentes no muestran cambios), entonces el crecimiento de la economía en su conjunto habría sido incluso menor, ya que contablemente un alto crecimiento de las importaciones (que afecta a las exportaciones netas) impacta negativamente en el resultado del PIB global.

Por el enfoque del gasto, el único componente del PIB que registró en 2018 un mejor resultado que en 2017 fueron las exportaciones (también de bienes y servicios). No obstante, se trata de una mejora marginal (de 0,7% a 0,9%) que deja en evidencia el estancamiento que las ventas al exterior registran desde 2015, como consecuencia de la pérdida de competitividad externa del país, reflejada en una apreciación del tipo de cambio real. Esa pérdida de competitividad es, a su vez, la que explica los resultados de la cuenta corriente que analizaremos más adelante.

En cuanto al desempeño de las distintas actividades económicas, la mayoría registró en 2018 un peor resultado que en 2017. El caso más notorio es el de la refinación de petróleo, que pasó de un crecimiento de 9,5% a una caída de 10% (Gráfico 2). Manufactura, comercio, hoteles y restaurantes, agricultura, entre otras, mostraron una desaceleración. Ocurrió lo mismo con los servicios financieros y para este año se podría esperar una nueva desaceleración, ya que en 2018 la tasa de crecimiento de los créditos fue mucho mayor que la de los depósitos y eso no puede mantenerse así indefinidamente. Una excepción es el sector de la construcción, que venía mostrando variaciones negativas desde 2015, pero que en 2018 alcanzó un leve crecimiento de 0,6% pese al ajuste en el gasto de inversión del Gobierno Central que mencionamos previamente. Entre las actividades que no están detalladas en el gráfico, conviene señalar el crecimiento de casi 9% en acuicultura y pesca de camarón. Finalmente, el sector de enseñanza y servicios sociales y de salud registró, según el Banco Central, un crecimiento de 4,3% que resulta llamativo.

Respecto a las cuentas nacionales conviene señalar otro punto. Según el BCE, en 2018 el PIB, en dólares corrientes, sumó $108.398 millones. En el informe sobre la economía ecuatoriana que publicó hace poco el FMI (en el marco del acuerdo firmado con el Gobierno) esa institución estima que el PIB nominal del año pasado fue de $106.289 millones, es decir, $2.000 millones menos. Se trata de una diferencia importante que las autoridades del BCE deberían aclarar.

En cuanto a la balanza de pagos el dato más relevante es el déficit de $1.358 millones que la cuenta corriente registró en 2018. Se trata de un déficit tres veces mayor que el observado en 2017 (Tabla 1) y se explica por la pérdida de competitividad externa que mencionamos previamente y que implica un encarecimiento de los productos (bienes y servicios) ecuatorianos frente a los de nuestros socios comerciales. Esa pérdida de competitividad, que impulsa las importaciones a la vez que dificulta las exportaciones, es hoy por hoy el principal desequilibrio de la economía ecuatoriana, incluso por delante del desequilibrio fiscal, ya que tratándose de un país dolarizado (sin moneda propia) es muy difícil de corregir. En ese sentido, las reformas que permitan devolver competitividad al sector productivo (como una reforma laboral o la eliminación de tramitología) son urgentes. Más allá del crecimiento de las importaciones, otro factor que explica el mayor déficit en la cuenta corriente es el aumento en los intereses que se pagan al exterior por concepto de los bonos soberanos emitidos en los últimos años (contemplado en la línea “renta pagada”); esos intereses aumentaron en cerca de $500 millones.

Por el lado de la cuenta financiera conviene resaltar, como una noticia positiva, el crecimiento en la inversión extranjera directa, que pasó de $618 millones en 2017 a $1.401 millones en 2018. Si bien en relación al PIB aún se trata de un monto modesto (apenas superior al 1%), el discurso menos hostil hacia el sector empresarial y, ojalá, una estabilidad en las reglas del juego (seguridad jurídica) podrían hacer que esa tendencia de crecimiento se mantenga. No obstante, también para eso va a ser importante avanzar en las reformas que mejoren la competitividad del Ecuador frente a los países vecinos.

En conclusión, el boletín de cuentas nacionales (principalmente las cifras del último trimestre del año, cuando el crecimiento interanual fue de apenas 0,8%) anticipa lo que puede ser 2019, en el contexto de un ajuste fiscal que debe continuar este año y que difícilmente se vea compensado por una mayor inversión privada. Respecto a la balanza de pagos, el déficit en la cuenta corriente (más de la mitad del cual se generó en el último trimestre) debe mover a las autoridades a avanzar de manera más rápida en las reformas que permitan recuperar en algo la competitividad perdida en los últimos años. En 2018 ese déficit en cuenta corriente se vio compensado por un superávit en la cuenta de capital y financiera, pero ese superávit, más allá del crecimiento de la IED, se explica principalmente por acceso a nueva deuda y esa dependencia hacia el financiamiento externo como generador de divisas no es sostenible.

 

El acuerdo preliminar que el Gobierno alcanzó con el FMI constituye la decisión de política económica más importante de los últimos años. Si bien ese acuerdo, en caso de ratificarse, no garantiza que el Ecuador vaya a dejar atrás la complicada situación económica que atraviesa, es un paso adelante por al menos tres motivos: i) parece marcar una ruptura definitiva con el irresponsable y dispendioso manejo económico de los últimos años; ii) mejora notablemente el perfil del nuevo financiamiento externo y otorga cierto oxígeno a las reservas del Banco Central cuando los mercados internacionales se mostraban muy poco dispuestos a seguir prestando dinero al Ecuador (muestra de lo cual son las condiciones de la última emisión de bonos soberanos); y, iii) compromete al Gobierno a tomar medidas, tal vez políticamente costosas, pero necesarias para recuperar los equilibrios fundamentales de la economía y retomar una senda de crecimiento sostenible que, a su vez, permita mejorar los indicadores del mercado laboral.

Respecto a ese tercer punto, la comunicación del Gobierno con la sociedad debe ser clara y balanceada. Es decir, si bien es comprensible que el Ejecutivo procure destacar los beneficios que el acuerdo puede traer consigo, también es importante comunicar adecuadamente los retos que la corrección de los desequilibrios implica, a fin de no levantar falsas expectativas sobre una recuperación inmediata. En ese sentido, en una entrevista publicada el domingo pasado en El Comercio[1], la gerente del Banco Central, Verónica Artola, envía algunos mensajes contradictorios y otros que pueden resultar demasiado optimistas para una economía que claramente enfrenta desafíos complejos.

La gerente del Banco Central dice, por ejemplo (y así lo destaca el diario en su titular), que “el crédito se puede expandir este año” y que el equipo económico está trabajando en ese sentido. En realidad, el crédito de los bancos al sector privado creció de manera importante tanto en 2017 como en 2018: en el primer año lo hizo al 20,7% anual y en el segundo al 11,1%. Los depósitos, mientras tanto, crecieron 7% en 2017 y 2,1% en 2018. Esta diferencia tan notoria entre el crecimiento de los depósitos y el de la cartera de créditos fue posible porque en 2016, en medio de la contracción de la economía, los bancos enfrentaron una caída importante en la demanda de crédito y acumularon mucha liquidez (lo que también se debió a la expansión monetaria ocasionada por los préstamos otorgados al Gobierno de entonces por el mismo Banco Central). En la actualidad, sin embargo, la liquidez del sistema de bancos privados está nuevamente en niveles prudentes y no puede seguir bajando al ritmo que lo hizo el año pasado. De manera que, contrario a una expansión crediticia, este año lo esperable es que los bancos moderen el ritmo de entrega de préstamos, a fin de ir igualando la tasa de crecimiento de los créditos con la de los depósitos, para la que no se espera un gran repunte pese al acuerdo con el FMI. Si bien el crecimiento de los depósitos en los últimos años ha estado determinado en gran medida por el ingreso al país de dólares procedentes de nueva deuda externa (y, en su momento, también por la liquidez creada por el Banco Central) y el acuerdo con el Fondo mejora el perfil de ese endeudamiento, resulta difícil pensar que el acceso neto a financiamiento externo en 2019 sea mayor que en los años previos. (También el crédito otorgado por las cooperativas creció de manera explosiva el año pasado y tampoco parece prudente seguir impulsando ese dinamismo).

En otra parte de la entrevista, cuando le preguntan sobre la situación de la economía ecuatoriana previo al acuerdo, la gerente del Banco Central contesta: “Hemos tenido crecimiento los últimos trimestres. Desaceleración o recesión, no hay”. Los boletines de cuentas nacionales de los últimos trimestres, en efecto, no muestran tasas de variación negativas, sin embargo, las cifras del mismo BCE sí dan cuenta de una clara desaceleración: según ese organismo la economía ecuatoriana creció 2,4% en 2017 y en 2018, de acuerdo con las últimas proyecciones oficiales, lo habría hecho al 1,1%, es decir, la tasa se redujo a menos de la mitad. Para 2019 la proyección de 1,4% (que ya es bastante más optimista que la del FMI) muy probablemente deba ser revisada a la baja, como consecuencia de las medidas de corrección fiscal en las que el Gobierno debe seguir avanzando para restablecer uno de los equilibrios básicos de la economía (el otro desequilibrio importante es el externo, generado por la pérdida de competitividad).

Un punto al que se refiere la gerente del Banco Central y que conviene destacar es la necesidad de que esa institución sea independiente, cosa que claramente no ha ocurrido en los últimos años, no sólo por el uso de prestamista que le dio el Gobierno anterior (debilitando las bases de la dolarización), sino también por el discurso oficialista que el Central mantiene hasta ahora (basta revisar su cuenta oficial de Twitter, donde se reproducen mensajes de distintas entidades del Gobierno, incluso si no son sobre temas económicos). Esa independencia es fundamental para que el Banco Central pueda ser un “tercero confiable”, que brinde al Gobierno y a los agentes en general cifras y proyecciones de crecimiento que no generen dudas (como lo han hecho en los últimos años) y cuyo discurso tenga un sustento técnico y esté libre de presiones políticas. Mientras tanto, al menos sería recomendable que el frente económico, del que el Central forma parte, dé una explicación clara y objetiva sobre los esfuerzos que en un primer momento la sociedad ecuatoriana deberá hacer para sanear la economía y poder ver el futuro con renovado optimismo.

 

[1] Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/entrevista-credito-bancario-fmi-acuerdo.html

El Gobierno ha anunciado esta tarde a través de un comunicado de prensa que “representantes y técnicos del FMI y de los demás organismos internacionales se encuentran manteniendo reuniones de trabajo con las principales autoridades del país con la intención de profundizar el diálogo para alcanzar un apoyo financiero integral”. A su vez, la cuenta de Twitter del FMI ha reproducido declaraciones de Gerry Rice, vocero del organismo, según quien “las autoridades ecuatorianas y el FMI acordaron profundizar el diálogo con el objetivo de trabajar hacia un posible acuerdo financiero respaldado por el FMI como socio estratégico”.

Este potencial acuerdo con el FMI que el Gobierno ecuatoriano ahora está negociando formalmente es, considerando las actuales condiciones económicas del Ecuador, un paso fundamental, pero no suficiente, para evitar que el país entre en una grave situación, no sólo fiscal, sino principalmente de iliquidez. En ese sentido, los fondos que provengan de un acuerdo con el FMI no deben servir únicamente para cubrir una parte de las necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE), sino principalmente para alimentar las reservas internacionales del Banco Central, que pese a que la economía ecuatoriana está dolarizada, cumplen un rol importante.

De hecho, es necesario recalcar que el Banco Central del Ecuador es el agente de pagos al exterior no sólo del sector público, sino también del privado. Por ejemplo, el pago de una importación que hace una empresa privada pasa por el Banco Central (y consume reservas internacionales), salvo que esa empresa o su banco comercial utilicen fondos depositados en el exterior para pagar esa operación. Por lo tanto, si las reservas internacionales llegaran a estar por debajo de su mínimo operativo, el país (sector público y privado) podría entrar en cesación de pagos con el resto del mundo. Hace pocos días las reservas internacionales, que sólo aumentan cuando entra dinero del exterior, recibieron algo de “oxígeno”, pero a costa de una emisión de bonos con una tasa de interés sumamente alta (10,75% anual). Un acuerdo con el FMI, que podría venir acompañado de mayores préstamos de otros organismos multilaterales (de hecho, algunos de ellos ya han manifestado su disposición a trabajar de manera más cercana con el Gobierno), significaría un alivio de más largo plazo y en condiciones menos onerosas para las reservas internacionales.

Por otro lado, si bien en 2018 el déficit del PGE mostró una reducción importante frente a 2017, este resultado se explica por un aumento transitorio de los ingresos tributarios (en buena parte gracias a la remisión) y un recorte importante en el gasto de capital. El gasto corriente, mientras tanto, siguió creciendo y este año podría hacerlo incluso en mayor medida, ya que el Gobierno tiene que volver a pagar el aporte del 40% para el fondo de pensiones del IESS y también asumir las obligaciones derivadas de la Ley Amazónica. En ese sentido, un acuerdo con el FMI podría empujar al Gobierno a mostrarse más decidido en un ajuste fiscal, que además no debería limitarse al Gobierno Central, sino extenderse al resto del sector público (gobiernos seccionales, empresas públicas y seguridad social), donde también ha habido despilfarro. Si bien el ajuste es impopular y recesivo en un primer momento, luce ineludible: como muestra de las enormes necesidades de financiamiento del fisco: los depósitos del Tesoro en el Banco Central, que también habían aumentado gracias a la emisión de bonos, cayeron de $1.663 millones a $481 millones apenas entre el 31 de enero y el 1 de febrero.

También debe quedar claro, sin embargo, que en las actuales condiciones económicas poner las cuentas fiscales en orden (lo que, junto con un acuerdo con el FMI puede ayudar a bajar el riesgo país) no es suficiente para que la economía repunte. El desafío principal, para atraer inversión privada y restar presión a la balanza de pagos (y a las reservas), es recuperar competitividad. En ese contexto, resulta alentador que el vocero del FMI señale que el potencial acuerdo –entre otros objetivos, como “proteger a los pobres y más vulnerables, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción y fortalecer las bases de la dolarización”– buscará “impulsar la competitividad y la creación de empleo”.

Un acuerdo con el FMI es, insistimos, un paso fundamental pero no suficiente. En primer lugar, como resulta obvio, el Ecuador deberá cumplir los compromisos que asuma en ese acuerdo para tener acceso a los desembolsos (cabe recordar que el país tiene una larga historia de cartas de intención firmadas con el FMI que finalmente no se cumplieron). Ignorar los compromisos y romper el acuerdo afectaría de manera notoria la imagen del país en el exterior y complicaría aún más el acceso a financiamiento externo. Pero, sobre todo, una vez que las reservas internacionales, gracias a los desembolsos de los multilaterales, estén en una situación más holgada, es imprescindible que se tomen las medidas que permitan recuperar competitividad, para así fomentar las fuentes “sanas” de dólares a la economía (exportaciones e inversión extranjera) y, de ese modo, ir superando la perniciosa dependencia hacia el endeudamiento externo que se generó desde el gobierno anterior.

Las cifras del mercado laboral que publicó ayer el INEC muestran un nuevo deterioro en los indicadores. De todos los resultados a nivel nacional que se presentan, conviene destacar dos: la caída del empleo adecuado y el aumento de la informalidad, que de hecho parecen ser las dos caras de una misma moneda.

El INEC define a los empleados adecuados como las personas que perciben ingresos no menores al salario mínimo y trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana, o aquellas que, trabajando menos horas (pero ganando al menos el mínimo), no desean trabajar más. En diciembre de 2017 los empleados adecuados representaban el 42,3% de la Población Económicamente Activa (PEA, que se refiere a todas las personas de 15 años o más que trabajan o están buscando trabajo); en diciembre de 2018 esa tasa se redujo a 40,6%. Esa tasa fue la segunda más baja para un mes de diciembre desde que se tiene información comparable (2007), superando sólo al 39,2% de diciembre de 2009.

A su vez, el porcentaje del total de empleados (ya sea adecuados o inadecuados) que trabajan en el sector informal (es decir, personas que trabajan en empresas o emprendimientos personales que no tienen RUC) se ubicó en diciembre de 2018 en 46,2%, dos puntos porcentuales más que un año atrás. La tasa de informalidad del mes pasado es la más alta para un mes de diciembre desde que se tiene información comparable. Cabe mencionar que tanto la caída del empleo adecuado como el alza de la informalidad son estadísticamente significativas.

Hay algunos otros puntos que conviene señalar:

– Si bien el subempleo (personas que trabajan menos horas de las que quisieran y ganan menos que el salario mínimo, o que trabajan menos de la jornada legal y quisieran trabajar más, sin importar cuánto ganen) cayó de 19,8% a 16,5% de la PEA entre diciembre de 2017 e igual mes de 2018, en el mismo período el “otro empleo no pleno” (personas que trabajan menos que la jornada legal y ganan menos que el mínimo, pero no quieren o pueden trabajar más) subió de 24,1% a 28,8%. Es decir, el empleo inadecuado total (que incluye al subempleo, el otro empleo no pleno y el empleo no remunerado, que no mostró una variación significativa) siguió subiendo.

– La tasa de desempleo cayó de 4,6% a 3,7% de la PEA, pero, como hemos insistido en informes anteriores, en el caso del Ecuador la tasa de desempleo es irrelevante porque excluye a todas las personas que durante la semana de referencia de la encuesta percibieron cualquier tipo de ingreso laboral.

– La tasa de participación global (PEA / Población en Edad de Trabajar) se redujo en dos puntos porcentuales, de 67,7% a 65,6%, lo que podría estar indicando un “efecto desaliento”, es decir, que algunas personas se cansaron de buscar trabajo y, por tanto, salieron de la PEA.

– Dentro del total del empleo asalariado, la participación del sector público se redujo de 18,8% a 16,7% entre diciembre de 2017 e igual mes de 2018; como contracara, el peso del sector privado subió de 81,2% a 83,3%. Dada la caída del empleo adecuado mencionada previamente, esa mayor participación del sector privado no refleja necesariamente una mayor demanda de trabajadores por parte de las empresas.

Pero volviendo a los dos puntos que, en nuestra opinión, destacan en el último informe del INEC, tanto la caída del empleo adecuado, como el aumento de la informalidad constituyen un llamado de atención claro al Gobierno para tomar medidas que permitan impulsar la contratación de nuevos trabajadores. El hecho de que apenas 4 de cada diez personas que trabajan lo hagan en condiciones adecuadas y que la informalidad esté en niveles récord debe llevar a las autoridades a impulsar las reformas que permitan flexibilizar el mercado laboral, lo que podría ayudar no sólo a que un porcentaje mayor de trabajadores se vinculen al sector formal, sino también a recuperar la competitividad del sector productivo. Lamentablemente, las medidas adoptadas en ese sentido han sido pocas (para sectores puntuales) y, por el contrario, se ha seguido aprobando alzas sin sustento en el salario básico unificado. Al respecto, otro dato del reporte del INEC muestra que esa medida favorece sólo a unos pocos y perjudica a una mayoría: entre diciembre de 2017 e igual mes de 2018, pese a que el SBU subió de 375 a 386 dólares y la inflación apenas superó el 0%, el ingreso promedio de los trabajadores, medido en dólares constantes, se redujo.

Más allá de que esa caída del ingreso promedio, junto con el aumento de la informalidad y la reducción del empleo adecuado, podrían explicar el aumento de dos puntos en la pobreza por ingresos que se registró en el sector urbano (a nivel nacional se dio un aumento pero no fue estadísticamente significativo), lo cierto es que los últimos indicadores del mercado laboral deben servir para que el Gobierno se despabile en este tema.

Según las cifras publicadas ayer por el Banco Central (BCE), en el tercer trimestre de 2018 la economía ecuatoriana creció 1,4% respecto al mismo período de 2017. Este resultado supone un ligero repunte frente al crecimiento interanual de 1,2% registrado en el segundo trimestre (el resultado de ese trimestre fue revisado al alza frente al 0,9% publicado en el boletín anterior). Si bien las cifras publicadas son provisionales (es decir, están sujetas a correcciones en los boletines posteriores), conviene señalar algunas posibles inconsistencias.

Si se considera el PIB por el enfoque del gasto, el componente que más contribuyó al crecimiento interanual de 1,4% fue el consumo de los hogares, que habría crecido 2,6% en términos interanuales. Este resultado es igual al que el BCE ha estimado para el primer trimestre de 2018. No obstante, entre ambos períodos algunos factores que pueden condicionar el comportamiento del consumo privado mostraron cambios importantes. Por ejemplo, la cartera de crédito de los bancos redujo sensiblemente su tasa de crecimiento interanual: de 21% al cierre del primer trimestre a 13,8% al cierre del tercero. Las cifras del mercado laboral tampoco justificarían un desempeño positivo del consumo de los hogares, ya que en marzo de 2018 la tasa de empleo adecuado registró un alza (estadísticamente significativa) de 2,6 puntos porcentuales respecto a marzo de 2017 hasta ubicarse en 41,1% de la PEA, mientras que en septiembre el empleo adecuado no registró una variación estadísticamente significativa frente a igual mes de 2017 y la tasa fue de 39,6% de la PEA. Si bien la recaudación de IVA interno (que puede servir como proxy para medir el consumo) mostró en el tercer trimestre de 2018 un crecimiento interanual de 5,3% (frente a la caída de 1,1% registrada en el primero), aquí conviene hacer algunas acotaciones. La primera es que la mayor recaudación de IVA interno en el tercer trimestre se explica sobre todo por un inusual salto en agosto (9,6% interanual). De hecho, entre los primeros nueve meses de 2018 agosto fue el segundo (después de enero, cuando el IVA recaudado corresponde en gran medida a las ventas navideñas) con la mayor recaudación de IVA interno, cosa que no había ocurrido en los años anteriores. Por otro lado, las cifras del SRI muestran que las ventas gravadas con IVA 12% registraron en el tercer trimestre un crecimiento interanual nominal de 6,1%, muy similar al 6% registrado en el primer trimestre, mientras que el crecimiento de las ventas gravadas con IVA 0% pasaron de crecer 6,3% en el primer trimestre a 3,6% en el tercero (cabe destacar que tanto en el primer trimestre de 2018 como en el tercero la tasa anual de inflación rondó el -0,2%). Es posible, por tanto, que el crecimiento del consumo de los hogares estimado por el BCE para el tercer trimestre de 2018 esté sobrestimado.

Por otro lado, según el BCE en el tercer trimestre las importaciones moderaron sensiblemente su crecimiento interanual, que se ubicó en 3,9%, muy lejos de las tasas de dos dígitos de la segunda mitad de 2017 y también de los niveles en torno al 8% y 9% de los dos primeros trimestres de 2018. Contablemente, un menor crecimiento de las importaciones favorece al crecimiento del PIB, ya que implica un mejor desempeño de las “exportaciones netas” (exportaciones menos importaciones). Si bien las importaciones de bienes (medidas en volumen) moderaron su ritmo de crecimiento en el tercer trimestre, la desaceleración no fue tan marcada: esas importaciones crecieron 6,3% en el primer trimestre de 2018, 8,7% en el segundo y 5,2% en el tercero, siempre en términos interanuales. Respecto a las importaciones de servicios, las cifras de la balanza de pagos no muestran un deterioro en el tercer trimestre. Si el crecimiento interanual de las importaciones totales en el tercer trimestre es revisado al alza, entonces la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto debería revisarse a la baja.

Respecto a los demás componentes del PIB, el consumo del gobierno registró en el tercer trimestre un crecimiento interanual de 2,3%, que puede explicarse por el aumento en el gasto corriente (excluyendo intereses) de todo el sector público. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF, es decir, la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo) redujo su tasa de crecimiento a 1,6% (un punto menos que en el segundo trimestre y casi tres puntos menos que en el primero) y las exportaciones siguieron mostrando un pobre desempeño, con un crecimiento (en volumen) de apenas 1,1%. Los resultados de la FBKF y de las exportaciones reafirman la necesidad de llevar adelante medidas que permitan que el sector productivo nacional recupere competitividad a fin de fomentar las inversiones privadas y generar mejores condiciones para que las exportaciones ecuatorianas no petroleras ganen espacios en los mercados externos.

Finalmente, al analizar el crecimiento del PIB por el lado de las actividades económicas, llama la atención que los “otros elementos del PIB” (concepto que se refiere básicamente a los impuestos a los bienes y servicios) hayan contribuido con el 10% del crecimiento interanual de la economía, sólo por detrás del comercio, el transporte y el sector de “enseñanza y servicios sociales y de salud”, cuyo aporte de 0,3 puntos también llama la atención.

En resumen, el nuevo boletín de cuentas nacionales vuelve a generar algunas dudas. La magnitud de las correcciones en los boletines subsiguientes dirá si esas dudas estuvieron justificadas.