La semana pasada cuatro bloques legislativos (Alianza País – Aliados, CREO, Bancada de Integración Nacional (BIN) y Bancada Acción Democrática Independiente) llegaron a un acuerdo que, en primera instancia, permitió designar a las nuevas autoridades en la Asamblea. Pero el acuerdo, si bien no es un compromiso formal de los bloques, también incluye al menos tres puntos que son muy relevantes para el desempeño de la economía ecuatoriana en el largo plazo: i) un pronunciamiento sobre la necesidad de llevar adelante una reforma laboral; ii) otro sobre la importancia de la institucionalidad en el manejo de la economía; y, iii) uno sobre la disposición de esos bloques para buscar alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Respecto a la reforma laboral, el pronunciamiento de los bloques que conforman el acuerdo coincidió con la carta pública al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional, suscrita por economistas e intelectuales de otras áreas, en la que se resalta la urgencia de una reforma de ese tipo para ayudar a millones de ecuatorianos que actualmente tienen empleos precarios a vincularse con el sector formal. Este mismo objetivo dicen perseguir los bloques legislativos. Sobre este punto, sin embargo, los asambleístas del acuerdo deben estar conscientes de que una reforma bien trabajada, es decir, que sea equitativa en lo social y eficiente en lo económico, como sugiere la carta abierta, generará voces de rechazo de sectores políticos y sindicatos que, representando sólo a un porcentaje minoritario de los trabajadores, se escudarán en el discurso de la “precarización del empleo” y un supuesto menoscabo a los derechos laborales. Es decir, una reforma que permita incentivar la contratación seguramente acarreará costos políticos que los bloques legislativos deben estar dispuestos a afrontar.

Lo mismo puede ocurrir con las necesarias reformas a la seguridad social. El IESS, según muestran las preocupantes cifras levantadas por la Mesa de Seguridad Social, atraviesa una situación crítica. El fondo de pensiones, en gran parte como consecuencia de medidas adoptadas en el anterior gobierno (eliminación del aporte estatal del 40% y reducción de los aportes al fondo de pensiones para atender las necesidades del fondo de salud) está disminuyendo año a año y, de continuar en esa tendencia, el pago de pensiones se ve seriamente amenazado. También el fondo de salud ha sufrido una importante afectación desde que se decidió ampliar la cobertura de los servicios a personas que no aportan al sistema. En ese contexto, las medidas que se tomen para que el IESS sea sostenible en el tiempo (que pueden ser, por ejemplo, aumentar paulatinamente la edad de jubilación o restringir la cobertura de los servicios de salud) también serán rechazadas por grupos (los mismos que se oponen a la reforma laboral) que no saben ver más allá del corto plazo y no piensan en las futuras generaciones o en el enorme costo fiscal y social que una quiebra del IESS implicaría.

Respecto a la institucionalidad necesaria para un manejo prudente y sostenible de la economía, el acuerdo entre los bloques, si llega a traducirse en un apoyo cierto a los cambios legales que se requieren para sentar las bases de esa institucionalidad, estaría reflejando una actitud patriótica y desprendida. Esto porque propiciar la existencia, por ejemplo, de un Banco Central independiente o de reglas macrofiscales que limiten el crecimiento del gasto público y el endeudamiento, implica que esos bloques no están considerando, por ejemplo, manipular las cifras de crecimiento que calcula el Banco Central o expandir irresponsablemente el gasto si se llega a dar una nueva situación de holgura en las cuentas fiscales. Considerando que entre los bloques o los asambleístas que se han adherido al acuerdo hay algunos con intención de llegar a la Presidencia, promover la existencia de instituciones económica sólidas es algo que merece destacarse.

En resumen, el acuerdo al que han llegado estos bloques legislativos es una noticia relevante para la economía (incluso otros temas que lucen más lejanos, como limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, pueden favorecer al desempeño económico, porque reducirían la incertidumbre sobre los nombramientos de las autoridades de control), más aún en el marco de un acuerdo con el FMI que demanda algunos cambios legales (también se espera una reforma tributaria). Sin embargo, el verdadero impacto de ese acuerdo se verá sólo cuando los bloques que forman parte de él apoyen en la Asamblea, dejando atrás los costos políticos o las voces de rechazo, cambios legales que son indispensables para mejorar el desempeño de la economía o evitar una crisis en la seguridad social. De ser así, estaremos presenciando un acuerdo legislativo que realmente tiene al futuro del país como su objetivo principal.

Desde hace algunos meses, distintos analistas locales, tanto de izquierda como de derecha, mencionan a Portugal como un ejemplo de lo que debería hacer el Ecuador para salir del estancamiento económico en el que se encuentra desde 2015 y mejorar sus indicadores laborales. Desde ambos espectros, que también coinciden en criticar el acuerdo que el Gobierno firmó con el FMI, aseguran que Portugal consiguió mejorar su desempeño económico alejándose de “las recetas” del organismo multilateral. Es decir, se sugiere que ese mejor desempeño se alcanzó por haber dejado atrás el ajuste fiscal que suele venir de la mano con los créditos del FMI. Se trata, sin embargo, de un discurso engañoso, pues no considera el esfuerzo fiscal que ha llevado adelante Portugal, país que, además, tiene otras ventajas de las que el Ecuador carece: condiciones de financiamiento favorables y un tipo de cambio real que se ha depreciado, lo que ha permitido un boom en el sector turístico.

En 2011 Portugal, después de que lo hicieran Grecia e Irlanda, pidió un rescate a la Unión Europea y al FMI. En 2009 y 2010, según cifras oficiales compiladas por el FMI, Portugal había registrado déficits fiscales (a nivel de Gobierno General) de 9,8% y 11,2% del PIB, respectivamente, que derivaron en elevadas necesidades de financiamiento y en un deterioro de las condiciones de las nuevas deudas. A esto se sumaba una pérdida de competitividad que afectaba al crecimiento de ese país (entre 2000 y 2010 el tipo de cambio real de Portugal, según el Banco Mundial, se apreció más de 7%). Entre 2010 y 2015 (el actual ministro de Hacienda de Portugal, Mário Centeno, al que los analistas locales consideran el mentor del “éxito” portugués, asumió su cargo el 26 de noviembre de ese año) el déficit fiscal de ese país se redujo en casi siete puntos del PIB, de 11,2% a 4,3%. En ese período la economía portuguesa se contrajo a una tasa promedio anual de -0,4%, si bien cabe señalar que en 2015 el crecimiento ya fue positivo: 1,8%

Esa última tasa no es muy inferior al 2,3% anual observado entre 2016 y 2018, durante la gestión de Centeno, en la que, además, el déficit fiscal continuó reduciéndose: de 4,3% del PIB en 2015 a 0,7% en 2018[1]. Cabe señalar, por otro lado, que en los últimos años los ingresos tributarios de Portugal se han mantenido en torno al 25% del PIB (lo que echa abajo el discurso según el cual en ese país se fomentó el crecimiento con reducciones impositivas), pero ha cambiado ligeramente su composición: los impuestos indirectos (a la producción y a las importaciones) pasaron del 14,5% del PIB en 2015 al 15,1% en 2018, mientras que los impuestos directos (a los ingresos, la riqueza, al capital, etc.) redujeron su participación del 10,9% al 10% del PIB. Respecto a los impuestos indirectos, también conviene señalar que el IVA, cuya tasa se elevó del 19% al 21% en 2005 y del 21% al 23% en 2010, no se ha reducido, a diferencia de lo que proponen algunos analistas locales para el caso ecuatoriano. Por el lado del gasto, que entre 2015 y 2018 se redujo de 48,1% a 43,9% del PIB, destacan los recortes en intereses (de 4,6% a 3,5% del PIB), beneficios sociales (del 19,3% al 18,3%) y en transferencias de capital (de 1,9% a 0,9%).

También se menciona, como un ejemplo que Ecuador debería seguir, que Portugal precanceló su crédito con el FMI. En efecto, saldó esa deuda a finales del año pasado, pero el punto importante es que lo hizo porque tenía opciones de financiamiento más baratas. De hecho, una nota de la agencia EFE al respecto señala: “Centeno explicó que el préstamo otorgado por el FMI -con un interés del 4,3%- era «caro» comparado con las tasas a las que se financia actualmente Portugal en los mercados de deuda”[2]. Claramente esa no es la situación del Ecuador. Por otro lado, cabe preguntarse qué rendimientos se le habrían exigido a Portugal si no llevaba adelante el fuerte ajuste fiscal que empezó en 2011 y continuó durante la gestión de Centeno.

Finalmente, las mejores tasas de crecimiento en Portugal (y la consecuente caída del desempleo) responden en gran medida al boom del sector turístico. Según el Banco de Portugal, las exportaciones de turismo de ese país pasaron de representar el 4,2% del PIB en 2010 al 8,4% en 2018[3]. A esto, además de un deterioro en las condiciones para el turismo en el norte de África que benefició a Portugal, contribuyó también la recuperación de la competitividad, expresada en una depreciación del tipo de cambio real cercana al 3% entre 2015 y 2018.

En conclusión, más allá de que Portugal ha continuado ajustando sus cuentas públicas en los últimos años, no se puede decir que la recuperación en las tasas de crecimiento de ese país se dio por “abandonar las recetas” del FMI. Cualquier análisis económico medianamente serio debe considerar también la fuerte reducción del déficit fiscal que se dio a partir de 2011 y que permitió, por un lado, mejorar las condiciones de financiamiento para Portugal y, por otro, ir recuperando competitividad a costa de un sacrificio de la sociedad en su conjunto (incluso con reducciones salariales en el sector público).[4] Querer poner a ese país como ejemplo de lo que supuestamente debería hacer el Ecuador, sin considerar la historia completa y los factores que diferencian a ambas naciones (Portugal también tiene un prestamista de última instancia), carece de sustento. En realidad, el caso de Portugal demuestra, una vez más, que poner en orden las finanzas públicas es un paso inevitable para alcanzar un crecimiento sostenible y que para una situación como la que enfrenta el Ecuador no existen recetas mágicas y sin sacrificios.

 

[1] Ver: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18273.ashx

[2] Ver: https://www.efe.com/efe/portugal-en-espanol/portada/portugal-liquido-los-4-700-millones-de-deuda-que-le-quedaban-con-el-fmi/50001001-3838435

[3] Ver: https://www.publico.pt/2018/12/18/economia/noticia/turismo-vai-continuar-crescer-acima-economia-portuguesa-1855065

[4] Ver: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/andres-malamud-para-argentina-es-imposible-aplicar-nid2242067

Según las cifras que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre marzo de 2018 e igual mes de este año la tasa de empleo adecuado (que corresponde a las personas que trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana y tienen ingresos no menores al salario mínimo o que, cumpliendo con la condición de los ingresos, trabajan menos de 40 horas porque no quieren trabajar más) pasó de 41,1% a 37,9% de la población económicamente activa (PEA) a nivel nacional. En valores absolutos esa reducción significó una destrucción de 260.000 empleos adecuados en un año. Esa dinámica, que va de la mano con la desaceleración económica derivada de la corrección fiscal y el desequilibrio externo (la pérdida de competitividad que hace que las importaciones de bienes y servicios crezcan mucho más que las exportaciones) se dio tanto en las zonas urbanas del país como en las rurales. En las primeras la tasa de empleo adecuado cayó de 50,1% a 47%, mientras que a nivel rural la tasa pasó de 23,1% a 20,2%, siempre entre marzo de 2018 e igual mes de 2019.

A nivel nacional, la caída del empleo adecuado tuvo como contracara al aumento del empleo inadecuado, que en marzo de 2019 representó ya el 56,9% de la PEA. Puntualmente el crecimiento del empleo inadecuado se explica por un aumento en el “otro empleo no pleno” (es decir, personas que ganan menos que el salario mínimo y trabajan menos que la jornada legal pero no tienen deseos o disponibilidad de trabajar más), mientras que el subempleo y el empleo no remunerado no mostraron variaciones estadísticamente significativas. Tampoco la informalidad (entendida como el porcentaje de las personas con empleo que trabajan en una empresa o emprendimiento personal que no tiene RUC) mostró una variación estadísticamente significativa (es decir, se mantuvo relativamente estable entre marzo de 2018 y marzo de 2019). Pero esto está lejos de ser una buena noticia, ya que ese indicador, que pone en evidencia la dificultad de muchos trabajadores para vincularse con el sector formal, se mantiene en niveles apenas inferiores al 50% del total de las personas con algún tipo de empleo.

En el mismo sentido, el mes pasado apenas el 29,2% de las personas con empleo estaban afiliadas al IESS, a las que se podría sumar el 12,2% con otros seguros (seguro campesino, ISSFA, ISSPOL, seguros privados, entre otros). Eso implica que el 58,6% de los empleados no están cubiertos por ningún tipo de seguro, lo que los deja en una situación muy vulnerable ante la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad grave. Al igual que la elevada informalidad (que en la definición del INEC no incluye a todos los trabajadores informales, ya que también puede haber casos de personas que trabajan en empresas con RUC pero que no están registrados en la nómina), el bajo porcentaje de trabajadores con cobertura de la seguridad social deja en evidencia la necesidad de revisar la normativa laboral, a fin de facilitar la vinculación de los trabajadores a empresas formales. Más aun en un contexto, como el actual, en el que la corrección de la situación fiscal demanda el recorte de puestos de trabajo en el sector público.

Esa reducción en la nómina pública, que ha sido señalada por autoridades oficiales y se registra también en las cifras de ejecución del Presupuesto General del Estado, puede ser un motivo para explicar el incremento del desempleo en Quito, que pasa de 7,1% a 9,7% de la PEA de la ciudad. Las otras cuatro ciudades para las cuales el INEC presenta información detallada (Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato) no muestran un aumento en el desempleo, que a nivel nacional (urbano y rural) se mantiene en torno al 4,5% de la PEA.

Finalmente, el reporte del INEC muestra que el ingreso promedio de los trabajadores (expresado en dólares de diciembre de 2007) cayó en más del 6% entre marzo de 2018 e igual mes de este año. Tomando en cuenta que la tasa de inflación anual de marzo fue de -0,1%, ese deterioro en el poder adquisitivo de los salarios no se puede adjudicar a un aumento en los precios al consumidor. La explicación, entonces, parece estar en la disposición de los trabajadores para aceptar un sueldo más bajo, ante la evidente dificultad para encontrar empleo. Si bien una reducción en el salario promedio puede ayudar a que el país vaya recuperando algo de la competitividad perdida (siempre y cuando los empresarios no quieran “apropiarse” de ese margen aumentando sus ganancias), ese proceso debería estar acompañado por una flexibilización de la normativa laboral que permita que los trabajadores (algunos de ellos con jornadas parciales o contratos a plazo fijo, por ejemplo) puedan asegurar derechos mínimos (afiliación al IESS o salario mínimo por hora) vinculándose a empresas del sector formal.

El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó esta mañana dos boletines muy relevantes para conocer el estado de la economía ecuatoriana: el de cuentas nacionales (crecimiento del PIB) y el de balanza de pagos, ambos con información hasta el último trimestre de 2018. El primero muestra la inevitable desaceleración de la economía en el contexto de la corrección del déficit fiscal y el otro deja en evidencia la magnitud del desequilibrio externo que afronta el país.

Según el boletín de cuentas nacionales, en el último trimestre de 2018 la economía ecuatoriana registró un crecimiento de 0,8% frente a igual período de 2017. Con este resultado, el más bajo desde finales de 2016, el crecimiento durante todo el año pasado fue de 1,4%, un punto porcentual menos que en 2017. Esta desaceleración se refleja en casi todos los componentes del PIB por el enfoque del gasto (Gráfico 1). Por su peso en la economía, destaca la desaceleración del consumo de los hogares, cuyo crecimiento bajó de 3,7% en 2017 a 2,7% en 2018. Otros componentes del PIB que redujeron sensiblemente su tasa de crecimiento fueron la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF, que se refiere a la inversión física, principalmente en construcción y en maquinaria y equipo) y las importaciones. En el caso de la FBKF la tasa de crecimiento pasó de 5,3% en 2017 a 2,1% en 2018, lo que en buena parte se explica por el fuerte ajuste en el gasto de capital que llevó adelante el Gobierno Central el año pasado. En el caso de las importaciones (de bienes y servicios), la tasa de crecimiento habría caído a la mitad: de 12,2% en 2017 a 5,8% en 2018. Según el BCE, en el último trimestre del año pasado las importaciones (medidas en volumen) crecieron apenas 2,5%. Este dato llama la atención ya que, según el mismo Central, en el último trimestre del año pasado las importaciones sólo de bienes crecieron (también en volumen) 12,9%, es decir, que para llegar a la baja tasa presentada para las importaciones totales se tendría que haber producido un desplome en las importaciones de servicios. Cabe recordar que las cifras que el Central publicó ayer son provisionales, por lo que se pueden dar revisiones en los próximos boletines (de hecho, esa ha sido la costumbre en los últimos años). En todo caso, si el crecimiento de las importaciones en 2018 termina siendo mayor al reportado inicialmente por el Central (y todos los demás componentes no muestran cambios), entonces el crecimiento de la economía en su conjunto habría sido incluso menor, ya que contablemente un alto crecimiento de las importaciones (que afecta a las exportaciones netas) impacta negativamente en el resultado del PIB global.

Por el enfoque del gasto, el único componente del PIB que registró en 2018 un mejor resultado que en 2017 fueron las exportaciones (también de bienes y servicios). No obstante, se trata de una mejora marginal (de 0,7% a 0,9%) que deja en evidencia el estancamiento que las ventas al exterior registran desde 2015, como consecuencia de la pérdida de competitividad externa del país, reflejada en una apreciación del tipo de cambio real. Esa pérdida de competitividad es, a su vez, la que explica los resultados de la cuenta corriente que analizaremos más adelante.

En cuanto al desempeño de las distintas actividades económicas, la mayoría registró en 2018 un peor resultado que en 2017. El caso más notorio es el de la refinación de petróleo, que pasó de un crecimiento de 9,5% a una caída de 10% (Gráfico 2). Manufactura, comercio, hoteles y restaurantes, agricultura, entre otras, mostraron una desaceleración. Ocurrió lo mismo con los servicios financieros y para este año se podría esperar una nueva desaceleración, ya que en 2018 la tasa de crecimiento de los créditos fue mucho mayor que la de los depósitos y eso no puede mantenerse así indefinidamente. Una excepción es el sector de la construcción, que venía mostrando variaciones negativas desde 2015, pero que en 2018 alcanzó un leve crecimiento de 0,6% pese al ajuste en el gasto de inversión del Gobierno Central que mencionamos previamente. Entre las actividades que no están detalladas en el gráfico, conviene señalar el crecimiento de casi 9% en acuicultura y pesca de camarón. Finalmente, el sector de enseñanza y servicios sociales y de salud registró, según el Banco Central, un crecimiento de 4,3% que resulta llamativo.

Respecto a las cuentas nacionales conviene señalar otro punto. Según el BCE, en 2018 el PIB, en dólares corrientes, sumó $108.398 millones. En el informe sobre la economía ecuatoriana que publicó hace poco el FMI (en el marco del acuerdo firmado con el Gobierno) esa institución estima que el PIB nominal del año pasado fue de $106.289 millones, es decir, $2.000 millones menos. Se trata de una diferencia importante que las autoridades del BCE deberían aclarar.

En cuanto a la balanza de pagos el dato más relevante es el déficit de $1.358 millones que la cuenta corriente registró en 2018. Se trata de un déficit tres veces mayor que el observado en 2017 (Tabla 1) y se explica por la pérdida de competitividad externa que mencionamos previamente y que implica un encarecimiento de los productos (bienes y servicios) ecuatorianos frente a los de nuestros socios comerciales. Esa pérdida de competitividad, que impulsa las importaciones a la vez que dificulta las exportaciones, es hoy por hoy el principal desequilibrio de la economía ecuatoriana, incluso por delante del desequilibrio fiscal, ya que tratándose de un país dolarizado (sin moneda propia) es muy difícil de corregir. En ese sentido, las reformas que permitan devolver competitividad al sector productivo (como una reforma laboral o la eliminación de tramitología) son urgentes. Más allá del crecimiento de las importaciones, otro factor que explica el mayor déficit en la cuenta corriente es el aumento en los intereses que se pagan al exterior por concepto de los bonos soberanos emitidos en los últimos años (contemplado en la línea “renta pagada”); esos intereses aumentaron en cerca de $500 millones.

Por el lado de la cuenta financiera conviene resaltar, como una noticia positiva, el crecimiento en la inversión extranjera directa, que pasó de $618 millones en 2017 a $1.401 millones en 2018. Si bien en relación al PIB aún se trata de un monto modesto (apenas superior al 1%), el discurso menos hostil hacia el sector empresarial y, ojalá, una estabilidad en las reglas del juego (seguridad jurídica) podrían hacer que esa tendencia de crecimiento se mantenga. No obstante, también para eso va a ser importante avanzar en las reformas que mejoren la competitividad del Ecuador frente a los países vecinos.

En conclusión, el boletín de cuentas nacionales (principalmente las cifras del último trimestre del año, cuando el crecimiento interanual fue de apenas 0,8%) anticipa lo que puede ser 2019, en el contexto de un ajuste fiscal que debe continuar este año y que difícilmente se vea compensado por una mayor inversión privada. Respecto a la balanza de pagos, el déficit en la cuenta corriente (más de la mitad del cual se generó en el último trimestre) debe mover a las autoridades a avanzar de manera más rápida en las reformas que permitan recuperar en algo la competitividad perdida en los últimos años. En 2018 ese déficit en cuenta corriente se vio compensado por un superávit en la cuenta de capital y financiera, pero ese superávit, más allá del crecimiento de la IED, se explica principalmente por acceso a nueva deuda y esa dependencia hacia el financiamiento externo como generador de divisas no es sostenible.

 

El acuerdo preliminar que el Gobierno alcanzó con el FMI constituye la decisión de política económica más importante de los últimos años. Si bien ese acuerdo, en caso de ratificarse, no garantiza que el Ecuador vaya a dejar atrás la complicada situación económica que atraviesa, es un paso adelante por al menos tres motivos: i) parece marcar una ruptura definitiva con el irresponsable y dispendioso manejo económico de los últimos años; ii) mejora notablemente el perfil del nuevo financiamiento externo y otorga cierto oxígeno a las reservas del Banco Central cuando los mercados internacionales se mostraban muy poco dispuestos a seguir prestando dinero al Ecuador (muestra de lo cual son las condiciones de la última emisión de bonos soberanos); y, iii) compromete al Gobierno a tomar medidas, tal vez políticamente costosas, pero necesarias para recuperar los equilibrios fundamentales de la economía y retomar una senda de crecimiento sostenible que, a su vez, permita mejorar los indicadores del mercado laboral.

Respecto a ese tercer punto, la comunicación del Gobierno con la sociedad debe ser clara y balanceada. Es decir, si bien es comprensible que el Ejecutivo procure destacar los beneficios que el acuerdo puede traer consigo, también es importante comunicar adecuadamente los retos que la corrección de los desequilibrios implica, a fin de no levantar falsas expectativas sobre una recuperación inmediata. En ese sentido, en una entrevista publicada el domingo pasado en El Comercio[1], la gerente del Banco Central, Verónica Artola, envía algunos mensajes contradictorios y otros que pueden resultar demasiado optimistas para una economía que claramente enfrenta desafíos complejos.

La gerente del Banco Central dice, por ejemplo (y así lo destaca el diario en su titular), que “el crédito se puede expandir este año” y que el equipo económico está trabajando en ese sentido. En realidad, el crédito de los bancos al sector privado creció de manera importante tanto en 2017 como en 2018: en el primer año lo hizo al 20,7% anual y en el segundo al 11,1%. Los depósitos, mientras tanto, crecieron 7% en 2017 y 2,1% en 2018. Esta diferencia tan notoria entre el crecimiento de los depósitos y el de la cartera de créditos fue posible porque en 2016, en medio de la contracción de la economía, los bancos enfrentaron una caída importante en la demanda de crédito y acumularon mucha liquidez (lo que también se debió a la expansión monetaria ocasionada por los préstamos otorgados al Gobierno de entonces por el mismo Banco Central). En la actualidad, sin embargo, la liquidez del sistema de bancos privados está nuevamente en niveles prudentes y no puede seguir bajando al ritmo que lo hizo el año pasado. De manera que, contrario a una expansión crediticia, este año lo esperable es que los bancos moderen el ritmo de entrega de préstamos, a fin de ir igualando la tasa de crecimiento de los créditos con la de los depósitos, para la que no se espera un gran repunte pese al acuerdo con el FMI. Si bien el crecimiento de los depósitos en los últimos años ha estado determinado en gran medida por el ingreso al país de dólares procedentes de nueva deuda externa (y, en su momento, también por la liquidez creada por el Banco Central) y el acuerdo con el Fondo mejora el perfil de ese endeudamiento, resulta difícil pensar que el acceso neto a financiamiento externo en 2019 sea mayor que en los años previos. (También el crédito otorgado por las cooperativas creció de manera explosiva el año pasado y tampoco parece prudente seguir impulsando ese dinamismo).

En otra parte de la entrevista, cuando le preguntan sobre la situación de la economía ecuatoriana previo al acuerdo, la gerente del Banco Central contesta: “Hemos tenido crecimiento los últimos trimestres. Desaceleración o recesión, no hay”. Los boletines de cuentas nacionales de los últimos trimestres, en efecto, no muestran tasas de variación negativas, sin embargo, las cifras del mismo BCE sí dan cuenta de una clara desaceleración: según ese organismo la economía ecuatoriana creció 2,4% en 2017 y en 2018, de acuerdo con las últimas proyecciones oficiales, lo habría hecho al 1,1%, es decir, la tasa se redujo a menos de la mitad. Para 2019 la proyección de 1,4% (que ya es bastante más optimista que la del FMI) muy probablemente deba ser revisada a la baja, como consecuencia de las medidas de corrección fiscal en las que el Gobierno debe seguir avanzando para restablecer uno de los equilibrios básicos de la economía (el otro desequilibrio importante es el externo, generado por la pérdida de competitividad).

Un punto al que se refiere la gerente del Banco Central y que conviene destacar es la necesidad de que esa institución sea independiente, cosa que claramente no ha ocurrido en los últimos años, no sólo por el uso de prestamista que le dio el Gobierno anterior (debilitando las bases de la dolarización), sino también por el discurso oficialista que el Central mantiene hasta ahora (basta revisar su cuenta oficial de Twitter, donde se reproducen mensajes de distintas entidades del Gobierno, incluso si no son sobre temas económicos). Esa independencia es fundamental para que el Banco Central pueda ser un “tercero confiable”, que brinde al Gobierno y a los agentes en general cifras y proyecciones de crecimiento que no generen dudas (como lo han hecho en los últimos años) y cuyo discurso tenga un sustento técnico y esté libre de presiones políticas. Mientras tanto, al menos sería recomendable que el frente económico, del que el Central forma parte, dé una explicación clara y objetiva sobre los esfuerzos que en un primer momento la sociedad ecuatoriana deberá hacer para sanear la economía y poder ver el futuro con renovado optimismo.

 

[1] Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/entrevista-credito-bancario-fmi-acuerdo.html

El Gobierno ha anunciado esta tarde a través de un comunicado de prensa que “representantes y técnicos del FMI y de los demás organismos internacionales se encuentran manteniendo reuniones de trabajo con las principales autoridades del país con la intención de profundizar el diálogo para alcanzar un apoyo financiero integral”. A su vez, la cuenta de Twitter del FMI ha reproducido declaraciones de Gerry Rice, vocero del organismo, según quien “las autoridades ecuatorianas y el FMI acordaron profundizar el diálogo con el objetivo de trabajar hacia un posible acuerdo financiero respaldado por el FMI como socio estratégico”.

Este potencial acuerdo con el FMI que el Gobierno ecuatoriano ahora está negociando formalmente es, considerando las actuales condiciones económicas del Ecuador, un paso fundamental, pero no suficiente, para evitar que el país entre en una grave situación, no sólo fiscal, sino principalmente de iliquidez. En ese sentido, los fondos que provengan de un acuerdo con el FMI no deben servir únicamente para cubrir una parte de las necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE), sino principalmente para alimentar las reservas internacionales del Banco Central, que pese a que la economía ecuatoriana está dolarizada, cumplen un rol importante.

De hecho, es necesario recalcar que el Banco Central del Ecuador es el agente de pagos al exterior no sólo del sector público, sino también del privado. Por ejemplo, el pago de una importación que hace una empresa privada pasa por el Banco Central (y consume reservas internacionales), salvo que esa empresa o su banco comercial utilicen fondos depositados en el exterior para pagar esa operación. Por lo tanto, si las reservas internacionales llegaran a estar por debajo de su mínimo operativo, el país (sector público y privado) podría entrar en cesación de pagos con el resto del mundo. Hace pocos días las reservas internacionales, que sólo aumentan cuando entra dinero del exterior, recibieron algo de “oxígeno”, pero a costa de una emisión de bonos con una tasa de interés sumamente alta (10,75% anual). Un acuerdo con el FMI, que podría venir acompañado de mayores préstamos de otros organismos multilaterales (de hecho, algunos de ellos ya han manifestado su disposición a trabajar de manera más cercana con el Gobierno), significaría un alivio de más largo plazo y en condiciones menos onerosas para las reservas internacionales.

Por otro lado, si bien en 2018 el déficit del PGE mostró una reducción importante frente a 2017, este resultado se explica por un aumento transitorio de los ingresos tributarios (en buena parte gracias a la remisión) y un recorte importante en el gasto de capital. El gasto corriente, mientras tanto, siguió creciendo y este año podría hacerlo incluso en mayor medida, ya que el Gobierno tiene que volver a pagar el aporte del 40% para el fondo de pensiones del IESS y también asumir las obligaciones derivadas de la Ley Amazónica. En ese sentido, un acuerdo con el FMI podría empujar al Gobierno a mostrarse más decidido en un ajuste fiscal, que además no debería limitarse al Gobierno Central, sino extenderse al resto del sector público (gobiernos seccionales, empresas públicas y seguridad social), donde también ha habido despilfarro. Si bien el ajuste es impopular y recesivo en un primer momento, luce ineludible: como muestra de las enormes necesidades de financiamiento del fisco: los depósitos del Tesoro en el Banco Central, que también habían aumentado gracias a la emisión de bonos, cayeron de $1.663 millones a $481 millones apenas entre el 31 de enero y el 1 de febrero.

También debe quedar claro, sin embargo, que en las actuales condiciones económicas poner las cuentas fiscales en orden (lo que, junto con un acuerdo con el FMI puede ayudar a bajar el riesgo país) no es suficiente para que la economía repunte. El desafío principal, para atraer inversión privada y restar presión a la balanza de pagos (y a las reservas), es recuperar competitividad. En ese contexto, resulta alentador que el vocero del FMI señale que el potencial acuerdo –entre otros objetivos, como “proteger a los pobres y más vulnerables, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción y fortalecer las bases de la dolarización”– buscará “impulsar la competitividad y la creación de empleo”.

Un acuerdo con el FMI es, insistimos, un paso fundamental pero no suficiente. En primer lugar, como resulta obvio, el Ecuador deberá cumplir los compromisos que asuma en ese acuerdo para tener acceso a los desembolsos (cabe recordar que el país tiene una larga historia de cartas de intención firmadas con el FMI que finalmente no se cumplieron). Ignorar los compromisos y romper el acuerdo afectaría de manera notoria la imagen del país en el exterior y complicaría aún más el acceso a financiamiento externo. Pero, sobre todo, una vez que las reservas internacionales, gracias a los desembolsos de los multilaterales, estén en una situación más holgada, es imprescindible que se tomen las medidas que permitan recuperar competitividad, para así fomentar las fuentes “sanas” de dólares a la economía (exportaciones e inversión extranjera) y, de ese modo, ir superando la perniciosa dependencia hacia el endeudamiento externo que se generó desde el gobierno anterior.

Las cifras del mercado laboral que publicó ayer el INEC muestran un nuevo deterioro en los indicadores. De todos los resultados a nivel nacional que se presentan, conviene destacar dos: la caída del empleo adecuado y el aumento de la informalidad, que de hecho parecen ser las dos caras de una misma moneda.

El INEC define a los empleados adecuados como las personas que perciben ingresos no menores al salario mínimo y trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana, o aquellas que, trabajando menos horas (pero ganando al menos el mínimo), no desean trabajar más. En diciembre de 2017 los empleados adecuados representaban el 42,3% de la Población Económicamente Activa (PEA, que se refiere a todas las personas de 15 años o más que trabajan o están buscando trabajo); en diciembre de 2018 esa tasa se redujo a 40,6%. Esa tasa fue la segunda más baja para un mes de diciembre desde que se tiene información comparable (2007), superando sólo al 39,2% de diciembre de 2009.

A su vez, el porcentaje del total de empleados (ya sea adecuados o inadecuados) que trabajan en el sector informal (es decir, personas que trabajan en empresas o emprendimientos personales que no tienen RUC) se ubicó en diciembre de 2018 en 46,2%, dos puntos porcentuales más que un año atrás. La tasa de informalidad del mes pasado es la más alta para un mes de diciembre desde que se tiene información comparable. Cabe mencionar que tanto la caída del empleo adecuado como el alza de la informalidad son estadísticamente significativas.

Hay algunos otros puntos que conviene señalar:

– Si bien el subempleo (personas que trabajan menos horas de las que quisieran y ganan menos que el salario mínimo, o que trabajan menos de la jornada legal y quisieran trabajar más, sin importar cuánto ganen) cayó de 19,8% a 16,5% de la PEA entre diciembre de 2017 e igual mes de 2018, en el mismo período el “otro empleo no pleno” (personas que trabajan menos que la jornada legal y ganan menos que el mínimo, pero no quieren o pueden trabajar más) subió de 24,1% a 28,8%. Es decir, el empleo inadecuado total (que incluye al subempleo, el otro empleo no pleno y el empleo no remunerado, que no mostró una variación significativa) siguió subiendo.

– La tasa de desempleo cayó de 4,6% a 3,7% de la PEA, pero, como hemos insistido en informes anteriores, en el caso del Ecuador la tasa de desempleo es irrelevante porque excluye a todas las personas que durante la semana de referencia de la encuesta percibieron cualquier tipo de ingreso laboral.

– La tasa de participación global (PEA / Población en Edad de Trabajar) se redujo en dos puntos porcentuales, de 67,7% a 65,6%, lo que podría estar indicando un “efecto desaliento”, es decir, que algunas personas se cansaron de buscar trabajo y, por tanto, salieron de la PEA.

– Dentro del total del empleo asalariado, la participación del sector público se redujo de 18,8% a 16,7% entre diciembre de 2017 e igual mes de 2018; como contracara, el peso del sector privado subió de 81,2% a 83,3%. Dada la caída del empleo adecuado mencionada previamente, esa mayor participación del sector privado no refleja necesariamente una mayor demanda de trabajadores por parte de las empresas.

Pero volviendo a los dos puntos que, en nuestra opinión, destacan en el último informe del INEC, tanto la caída del empleo adecuado, como el aumento de la informalidad constituyen un llamado de atención claro al Gobierno para tomar medidas que permitan impulsar la contratación de nuevos trabajadores. El hecho de que apenas 4 de cada diez personas que trabajan lo hagan en condiciones adecuadas y que la informalidad esté en niveles récord debe llevar a las autoridades a impulsar las reformas que permitan flexibilizar el mercado laboral, lo que podría ayudar no sólo a que un porcentaje mayor de trabajadores se vinculen al sector formal, sino también a recuperar la competitividad del sector productivo. Lamentablemente, las medidas adoptadas en ese sentido han sido pocas (para sectores puntuales) y, por el contrario, se ha seguido aprobando alzas sin sustento en el salario básico unificado. Al respecto, otro dato del reporte del INEC muestra que esa medida favorece sólo a unos pocos y perjudica a una mayoría: entre diciembre de 2017 e igual mes de 2018, pese a que el SBU subió de 375 a 386 dólares y la inflación apenas superó el 0%, el ingreso promedio de los trabajadores, medido en dólares constantes, se redujo.

Más allá de que esa caída del ingreso promedio, junto con el aumento de la informalidad y la reducción del empleo adecuado, podrían explicar el aumento de dos puntos en la pobreza por ingresos que se registró en el sector urbano (a nivel nacional se dio un aumento pero no fue estadísticamente significativo), lo cierto es que los últimos indicadores del mercado laboral deben servir para que el Gobierno se despabile en este tema.

Según las cifras publicadas ayer por el Banco Central (BCE), en el tercer trimestre de 2018 la economía ecuatoriana creció 1,4% respecto al mismo período de 2017. Este resultado supone un ligero repunte frente al crecimiento interanual de 1,2% registrado en el segundo trimestre (el resultado de ese trimestre fue revisado al alza frente al 0,9% publicado en el boletín anterior). Si bien las cifras publicadas son provisionales (es decir, están sujetas a correcciones en los boletines posteriores), conviene señalar algunas posibles inconsistencias.

Si se considera el PIB por el enfoque del gasto, el componente que más contribuyó al crecimiento interanual de 1,4% fue el consumo de los hogares, que habría crecido 2,6% en términos interanuales. Este resultado es igual al que el BCE ha estimado para el primer trimestre de 2018. No obstante, entre ambos períodos algunos factores que pueden condicionar el comportamiento del consumo privado mostraron cambios importantes. Por ejemplo, la cartera de crédito de los bancos redujo sensiblemente su tasa de crecimiento interanual: de 21% al cierre del primer trimestre a 13,8% al cierre del tercero. Las cifras del mercado laboral tampoco justificarían un desempeño positivo del consumo de los hogares, ya que en marzo de 2018 la tasa de empleo adecuado registró un alza (estadísticamente significativa) de 2,6 puntos porcentuales respecto a marzo de 2017 hasta ubicarse en 41,1% de la PEA, mientras que en septiembre el empleo adecuado no registró una variación estadísticamente significativa frente a igual mes de 2017 y la tasa fue de 39,6% de la PEA. Si bien la recaudación de IVA interno (que puede servir como proxy para medir el consumo) mostró en el tercer trimestre de 2018 un crecimiento interanual de 5,3% (frente a la caída de 1,1% registrada en el primero), aquí conviene hacer algunas acotaciones. La primera es que la mayor recaudación de IVA interno en el tercer trimestre se explica sobre todo por un inusual salto en agosto (9,6% interanual). De hecho, entre los primeros nueve meses de 2018 agosto fue el segundo (después de enero, cuando el IVA recaudado corresponde en gran medida a las ventas navideñas) con la mayor recaudación de IVA interno, cosa que no había ocurrido en los años anteriores. Por otro lado, las cifras del SRI muestran que las ventas gravadas con IVA 12% registraron en el tercer trimestre un crecimiento interanual nominal de 6,1%, muy similar al 6% registrado en el primer trimestre, mientras que el crecimiento de las ventas gravadas con IVA 0% pasaron de crecer 6,3% en el primer trimestre a 3,6% en el tercero (cabe destacar que tanto en el primer trimestre de 2018 como en el tercero la tasa anual de inflación rondó el -0,2%). Es posible, por tanto, que el crecimiento del consumo de los hogares estimado por el BCE para el tercer trimestre de 2018 esté sobrestimado.

Por otro lado, según el BCE en el tercer trimestre las importaciones moderaron sensiblemente su crecimiento interanual, que se ubicó en 3,9%, muy lejos de las tasas de dos dígitos de la segunda mitad de 2017 y también de los niveles en torno al 8% y 9% de los dos primeros trimestres de 2018. Contablemente, un menor crecimiento de las importaciones favorece al crecimiento del PIB, ya que implica un mejor desempeño de las “exportaciones netas” (exportaciones menos importaciones). Si bien las importaciones de bienes (medidas en volumen) moderaron su ritmo de crecimiento en el tercer trimestre, la desaceleración no fue tan marcada: esas importaciones crecieron 6,3% en el primer trimestre de 2018, 8,7% en el segundo y 5,2% en el tercero, siempre en términos interanuales. Respecto a las importaciones de servicios, las cifras de la balanza de pagos no muestran un deterioro en el tercer trimestre. Si el crecimiento interanual de las importaciones totales en el tercer trimestre es revisado al alza, entonces la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto debería revisarse a la baja.

Respecto a los demás componentes del PIB, el consumo del gobierno registró en el tercer trimestre un crecimiento interanual de 2,3%, que puede explicarse por el aumento en el gasto corriente (excluyendo intereses) de todo el sector público. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF, es decir, la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo) redujo su tasa de crecimiento a 1,6% (un punto menos que en el segundo trimestre y casi tres puntos menos que en el primero) y las exportaciones siguieron mostrando un pobre desempeño, con un crecimiento (en volumen) de apenas 1,1%. Los resultados de la FBKF y de las exportaciones reafirman la necesidad de llevar adelante medidas que permitan que el sector productivo nacional recupere competitividad a fin de fomentar las inversiones privadas y generar mejores condiciones para que las exportaciones ecuatorianas no petroleras ganen espacios en los mercados externos.

Finalmente, al analizar el crecimiento del PIB por el lado de las actividades económicas, llama la atención que los “otros elementos del PIB” (concepto que se refiere básicamente a los impuestos a los bienes y servicios) hayan contribuido con el 10% del crecimiento interanual de la economía, sólo por detrás del comercio, el transporte y el sector de “enseñanza y servicios sociales y de salud”, cuyo aporte de 0,3 puntos también llama la atención.

En resumen, el nuevo boletín de cuentas nacionales vuelve a generar algunas dudas. La magnitud de las correcciones en los boletines subsiguientes dirá si esas dudas estuvieron justificadas.

El Presidente Lenín Moreno, en su última cadena nacional, dijo que espera que este año la inversión privada ronde los $17.000 millones, lo que significaría un incremento de $4.000 millones “en relación al mejor año de la historia del Ecuador”. En un contexto de recorte del gasto público, puntualmente el gasto de capital, un repunte en la inversión privada ayudaría a moderar el impacto negativo del necesario ajuste fiscal sobre el nivel de actividad y, sobre todo, a generar trabajo y colocar a la economía ecuatoriana en una senda de crecimiento sostenible. Sin embargo, la cifra que maneja el Presidente Moreno debe ser tomada con pinzas, no sólo porque se trata de una proyección y no de un valor observado, sino también porque los factores que permitirían esperar un incremento sostenible de la inversión privada se siguen haciendo esperar. De hecho, el presunto aumento de la inversión en este año respondería en buena parte a factores coyunturales y no se traduciría en una mejora de los indicadores laborales. Otro motivo para manejar con cautela los montos de inversión que maneja el Presidente son las ya recurrentes inconsistencias en las cifras del Banco Central, institución encargada de cuantificar la inversión total de la economía.

De hecho, según las previsiones de crecimiento para 2018 y 2019, tardíamente publicadas por el Banco Central, este año la Formación Bruta de Capital Fijo total (FBKF), es decir, la inversión física que tradicionalmente ha estado concentrada en construcción y en adquisición de maquinaria y equipo, crecerá apenas 0,3% frente a 2017. No obstante, el mismo Banco Central, según su último boletín de cuentas nacionales trimestrales, estima que en la primera mitad del año la FBKF creció 3,2% en términos interanuales. Por lo tanto, para llegar a un crecimiento de apenas 0,3% en el año completo, la inversión debería contraerse 2,6% en la segunda mitad de 2018 frente a igual período de 2017. ¿El Presidente Moreno sabe de ese pesimismo del Banco Central respecto a la inversión en el segundo semestre?

Por otro lado, si bien las previsiones oficiales no permiten discriminar entre inversión pública y privada, el modesto crecimiento de 0,3% proyectado para la FBKF total en 2018, y que el Central espera que se repita el próximo año, no es consistente con un incremento en la inversión privada como el que menciona el Presidente. En dólares corrientes el Central espera que este año la FBKF sume $26.739 millones, es decir, apenas $243 millones más que en 2017. Si la inversión privada creciera en $4.000 millones, entonces la inversión de todo el sector público debería caer en casi $3.800 millones. Si bien en este año la variable de ajuste fiscal ha sido precisamente el gasto de capital, el recorte no ha sido de esa magnitud. Hasta agosto (es decir, transcurridas las dos terceras partes del año), según las últimas cifras del mismo Central, la FBKF del sector público se redujo en $1.735 millones respecto a los primeros ocho meses de 2017. Cabe recordar, además, que el primer trimestre del año pasado fue, en medio de la campaña electoral, un período excepcionalmente expansivo en el gasto de capital del sector público, lo que significa que en la comparación de los últimos meses de 2018 con los últimos de 2017 debería observarse una caída menos pronunciada.

Más allá de esas inconsistencias entre el optimismo del Presidente y lo que proyecta el Central, también conviene analizar qué factores podrían explicar un eventual aumento (aunque sea moderado) de la inversión privada en 2018. Más allá de un leve repunte en la construcción, en lo que va del año las importaciones de bienes de capital, que forman parte de la FBKF, han crecido de manera importante. En el acumulado de enero a septiembre, frente a igual período de 2017, esas importaciones crecieron 17,3% medidas en volumen. Ese crecimiento se explica sobre todo por un aumento de 31,3% en las importaciones de equipos de transporte, que estuvieron represadas durante el período de salvaguardias y cupos de importación y cuyo impacto en el mercado laboral es acotado. Además, en los primeros nueve meses de 2018 esas importaciones ya alcanzaron el mismo volumen que en igual periodo de 2014 (antes de las medidas de control), por tanto, es difícil esperar que las importaciones de equipos de transporte en particular o de bienes de capital en general mantengan el ritmo de crecimiento mostrado en lo que va de 2018.

Finalmente, si bien la Ley de Fomento Productivo incluye incentivos para la inversión privada, los impactos de esta ley (que sigue sin ser reglamentada) probablemente sean modestos mientras la pérdida de competitividad del Ecuador (reflejada en un tipo de cambio real fuertemente apreciado) siga sin enfrentarse. En ese sentido, aun en el lejano escenario de que los desequilibrios fiscales se corrigieran del todo, la pérdida de competitividad, que exige medidas estructurales para empezar a revertirla, seguirá siendo un factor que desaliente la inversión privada y, por tanto, la generación de empleo. Si bien es esperable que un Presidente quiera presentar al país un panorama alentador, es más importante que conozca (y busque soluciones) a los factores que pueden tornar el optimismo en desencanto.

Hoy, 19 de noviembre de 2018, al momento de redactar esta columna, el precio del WTI, que es el petróleo en base al cual se determina el precio del crudo ecuatoriano, rondaba los $56 por barril, es decir, $13 menos que hace un mes. Si se toma en cuenta que en lo que va del año el “castigo” al crudo ecuatoriano –es decir, la diferencia en el precio por la menor calidad del petróleo nacional respecto al WTI– ha sido de cinco dólares por barril, entonces el precio de exportación promedio del crudo nacional estaría alrededor de $51 por barril, muy por debajo de los $58,3 contemplados en la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2019. Si bien el mercado petrolero es altamente volátil y en cuestión de semanas el escenario puede ser muy distinto, la caída en el precio del petróleo registrada en los últimos días (junto con un nivel de producción que, para alcanzar los supuestos de la Proforma, debería ser 9% mayor al registrado en lo que va de 2018) incrementa la posibilidad de que los ingresos petroleros estimados por el Gobierno para 2019 ($2.672 millones, incluyendo los $820 millones que corresponden a la amortización de ventas anticipadas de petróleo de años anteriores y que, por tanto, no generan un ingreso efectivo de recursos a la caja fiscal) estén sobrestimados.

No se trata, en realidad, del único ingreso que estaría sobrestimado en la Proforma. Lo mismo puede ocurrir con los ingresos tributarios, para los cuales el Gobierno espera un crecimiento de casi 3% si se los compara, no con el PGE codificado (que muestra varias inconsistencias), sino con el monto que efectivamente se recaudaría en 2018 ($14.840 millones, según las últimas proyecciones del Observatorio de la Política Fiscal). En esta comparación, los impuestos que más crecerían en 2019 serían el IVA, que depende principalmente del nivel de actividad, y el Impuesto a la Salida de Divisas, que está definido sobre todo por el desempeño de las importaciones. Sin embargo, para 2019, en un contexto de estrechez fiscal, dólar fuerte y un sistema bancario que deberá moderar el ritmo de entrega de créditos, es previsible un estancamiento en la actividad; a su vez, con un bajo nivel de reservas internacionales, no es descartable que las importaciones moderen sensiblemente su ritmo de crecimiento o incluso se contraigan.

La probabilidad de que los ingresos petroleros y tributarios (por no mencionar los $1.000 millones de “otras concesiones”) estén sobrestimados incrementa la presión que el Gobierno tiene para conseguir el financiamiento necesario para cubrir el déficit fiscal (que puede ser mayor a los $3.655 millones estimados en la Proforma) y las amortizaciones de la deuda. En este contexto, sin embargo, entran en juego otros factores. Por un lado, a nivel interno se ve una menor disposición de los actores públicos y privados para seguir financiando al fisco. De hecho, entre diciembre de 2017 y septiembre de este año el saldo de la deuda interna ha caído en más de $900 millones, es decir, no se han renovado obligaciones del Estado por ese monto. Por otro lado, el contexto internacional complica seriamente las opciones de financiamiento en el exterior: el aumento de tasas en EE.UU. eleva los costos para las economías emergentes, a lo que se suma un mayor riesgo país, que en los últimos días, para el caso del Ecuador, se ubicó por encima de 700 puntos básicos y podría seguir subiendo si el precio del petróleo sigue bajando.

Esto se torna aún más preocupante si se toma en cuenta que en la Proforma para 2019 el propio Gobierno ha reconocido que, de los $8.166 millones en los que estima sus necesidades de financiamiento (y que también podrían ser mayores), $4.616 millones todavía no tienen una fuente identificada.

En ese contexto, es indispensable y urgente que el Gobierno inicie un acercamiento formal al FMI para llegar a un acuerdo que permita, por un lado, obtener financiamiento de esa institución (en condiciones de tasas y plazos mucho más favorables que las que se han conseguido en los últimos años en los mercados internacionales o en los préstamos otorgados por China) y, por otro, ayude a generar una mayor confianza a nivel internacional hacia el Ecuador, lo que permitiría, en el mejor de los casos, ayudar a bajar el riesgo país y abrir nuevas opciones de financiamiento. Obviamente, un acuerdo con el FMI demanda, por parte del Gobierno, la toma de decisiones que pueden resultar políticamente costosas y que no se limitan al campo fiscal, sino que también podrían incluir correcciones estructurales para ayudar a recuperar la competitividad del sector productivo. El Gobierno, sin embargo, debe saber que, más temprano que tarde, esas medidas son necesarias para que la economía ecuatoriana pueda volver a encontrar una senda de crecimiento sostenible. Además, también debe tener claro que, con el actual contexto internacional, otros países seguramente estarán evaluando la opción de acercarse al FMI y, si no hay una decisión rápida, el Ecuador podría quedar último en la fila. Finalmente, dadas las dificultades de financiamiento señaladas en párrafos anteriores, el acercamiento al FMI puede ser la única opción que el Gobierno tenga para mantener el gradualismo (si bien éste debe ser más decidido) y evitar un ajuste de shock.