Las estadísticas de mercado laboral que el INEC publicó esta mañana muestran que crear las condiciones adecuadas para la generación sostenible de nuevos puestos de empleo es el principal desafío que enfrenta el equipo económico.

Según el INEC, en junio de 2018 apenas el 38,9% de la Población Económicamente Activa (PEA, es decir, las personas que tienen un trabajo y aquellas que están dispuestas a trabajar) tenía un empleo adecuado. La tasa es 1,2 puntos menor que la registrada en junio del año pasado, si bien el INEC aclara que esa variación no es estadísticamente significativa (es decir, está dentro del margen de error de la encuesta). A la par, se registra un aumento (este sí estadísticamente significativo) en la tasa de “otro empleo no pleno”, que pasa de 24,3% en junio de 2017 a 26,5% en el mismo mes de este año. Según el INEC, en esta categoría están aquellas “personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales”. El subempleo (personas que trabajan menos que la jornada legal y/o reciben ingresos menores al salario mínimo pero están disponibles para trabajar más) se mostró relativamente estable (registró una variación no significativa en términos estadísticos de 20,5% a 19,4%) y finalmente el desempleo se mantuvo alrededor del 4%. Sin embargo, como hemos resaltado en informes anteriores, en el caso del Ecuador la tasa de desempleo no es un indicador relevante, ya que se refiere a las personas que están haciendo gestiones concretas para conseguir un trabajo pero, a la par, no generan ningún tipo de ingreso laboral (es decir, una persona que está buscando un trabajo y simultáneamente vende sánduches o jugos en la calle no es un desempleado sino un empleado inadecuado).

Otro dato relevante de la última publicación del INEC es el incremento de la informalidad (entendida como el porcentaje de empleados que trabajan en una empresa o un emprendimiento personal que no tiene RUC). Entre junio de 2017 e igual mes de este año el empleo en el sector informal trepó de 45% a 47,5%, la tasa más alta desde que se tiene información comparable (2007). Simultáneamente, el porcentaje de empleados que no tienen cobertura de seguro de ningún tipo subió de 56,6% a 58,2%.

El reporte del INEC también muestra que, contrario a lo que había ocurrido en los últimos años, cuando muchas personas que estaban en la inactividad (estudiantes, amas de casa, jubilados) pasaron a formar parte del mercado laboral (es decir, empezaron a trabajar o a buscar trabajo) para compensar la pérdida de empleo de otros miembros del hogar, entre junio de 2017 e igual mes de 2018 la PEA se redujo, pese a que en el mismo período siguió creciendo la población en edad de trabajar (personas de 15 años o más). Esto provocó una caída en las tasas de participación bruta (PEA/Población total) y global (PEA/Población en edad de trabajar). Esto podría estar reflejando un “efecto desaliento”, es decir, que algunas personas se cansaron de buscar trabajo y optaron por dejar de hacerlo. De hecho, entre junio de 2017 y junio de 2018 el porcentaje de los desempleados que llevaba buscando trabajo durante tres meses o más subió de 46,7% a 49,4%.

A nivel de ciudades, la que muestra los peores resultados es Quito, donde el empleo adecuado cayó de 63,1% a 59,1% (caída estadísticamente significativa). Simultáneamente, según el reporte de pobreza que el INEC publicó también esta mañana, en Quito la tasa de pobreza creció de 7,8% a 12,8% y la de pobreza extrema de 1,9% a 4,6%. Lo contrario ocurrió en Cuenca, donde el empleo adecuado mejoró y la pobreza se redujo. A nivel nacional la tasa de pobreza en junio de este año se ubicó en 24,5% y la de pobreza extrema en 9%. En ambos casos esas cifras representan incrementos en torno a un punto frente a junio del año pasado.

Las cifras del INEC muestran que el manejo económico de los últimos doce meses no ha sabido generar las condiciones para mejorar las pobres estadísticas del mercado laboral que el país arrastra desde el final de la bonanza petrolera. El ajuste en el gasto fiscal que se llevó a cabo en el primer semestre de este año (respecto a la primera mitad de 2017) puede estar explicando en parte los resultados de la última encuesta y, dado que aún hace falta ordenar las cuentas públicas, es probable que en los próximos meses se observe un mayor deterioro (de la mano con una desaceleración, ojalá corta, en la tasa de crecimiento de la economía). En ese contexto, toman más importancia las señales que el equipo económico envíe sobre su compromiso por lograr un crecimiento sostenible (ya no basado en el endeudamiento y el gasto público) y las medidas que se adopten para restar rigidez al mercado laboral (algo que el FMI también recomienda). Sólo así se puede esperar que la iniciativa privada compense la pérdida de empleos que se derivará del impostergable ajuste fiscal.

Según una noticia publicada esta mañana en el portal de CNBC[1], Bank of America Merril Lynch prevé que para el segundo trimestre de 2019 el precio del petróleo podría alcanzar los $90 por barril, como consecuencia de las sanciones que el gobierno de Donald Trump busca imponer sobre Irán. “El martes, Estados Unidos exigió que todos los países detuvieran las importaciones de crudo iraní desde principios de noviembre. La posición de línea dura de la administración Trump es parte de un impulso más amplio para tratar de aislar aún más a Teherán tanto política como económicamente”, dice la noticia, que también señala que el crudo WTI (que sirve como referencia para determinar el precio del petróleo ecuatoriano) se negociaba esta mañana en alrededor de $72 por barril.

Sin entrar en el análisis de las causas, un eventual aumento en el precio del petróleo hasta los $90 por barril constituiría indudablemente una buena noticia para el Gobierno ecuatoriano, que contaría con mayores ingresos petroleros para el Presupuesto General del Estado (PGE), podría pagar en un plazo menor las deudas que se acumularon en los últimos años con las empresas de prestación de servicios y debería destinar menos barriles para amortizar las preventas de petróleo. No obstante, el incremento del precio del crudo también puede derivar en una actitud “pasiva” frente al necesario ajuste que se debe llevar a cabo en el gasto público. Es decir, con mayores ingresos petroleros en el Presupuesto, el Gobierno podría registrar, incluso antes de 2021 y sin demasiado esfuerzo por el lado del gasto, un equilibrio primario, según exige la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” que fue aprobada por la Asamblea y que aún puede ser vetada por el Ejecutivo.

La experiencia del decenio anterior, en el que se registró un aumento desbordado e insostenible del gasto público, y la crítica situación en que el gobierno de Rafael Correa dejó las cuentas fiscales deberían servir como experiencia para no repetir los mismos errores. Es decir, si los pronósticos de Bank of America Merril Lynch se cumplen, el Gobierno debe vencer la tentación de volver a postergar el ajuste del gasto (como ya lo hizo durante el primer año de gestión, a costa de un agresivo y oneroso endeudamiento), dándose por satisfecho con registrar un equilibrio primario en el PGE. Es por eso que las reglas que la Ley estipula para el “período de estabilización fiscal” no deben limitarse al resultado primario del Presupuesto (la diferencia entre ingresos y gastos, dejando de lado el pago de intereses), sino incorporar también un compromiso específico, creíble y verificable de recorte del gasto (por ejemplo, una meta mínima de recorte para cada año, sin importar lo que ocurra con los ingresos). De esta forma, el Gobierno, puntualmente el ministro de Economía y Finanzas, también tendría argumentos adicionales para hacer frente a las presiones –muy probablemente provenientes del mismo Gobierno– que con toda seguridad recibirá para no ajustar el gasto porque el precio del petróleo ha vuelto a estar alto.

De hecho, ahora que el mismo Gobierno ha propuesto restablecer los fondos de estabilización, es fundamental que estos ahorros empiecen a constituirse antes de que finalice el “período de estabilización fiscal”, de preferencia en 2019. La constitución de estos fondos no sólo servirá para dejar atrás el carácter procíclico que tuvo la política fiscal del anterior gobierno, sino también para enviar a los agentes económicos una señal contundente sobre el compromiso del Gobierno para encauzar a las finanzas públicas en un sendero ordenado y sostenible.

Los datos históricos muestran claramente que el precio del petróleo (y de otros commodities) es cíclico, es decir, que a los períodos de precios altos les siguen inevitablemente otros de precios bajos. El Gobierno debe tener eso presente para no conformarse con tener un equilibrio primario que puede convertirse nuevamente en un déficit (y, por tanto, demandar nuevo endeudamiento) cuando el precio del petróleo (que ya está en niveles altos) vuelva a caer por algún motivo. En ese sentido, el Gobierno debe aprovechar su capacidad de veto para mejorar las reglas macrofiscales incluidas en la ley recientemente aprobada.

[1] Ver: https://www.cnbc.com/2018/06/28/iran-sanctions-could-soon-push-oil-prices-above-90-a-barrel-boaml-sa.html

Una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha aprobado los reglamentos para seleccionar a las primeras autoridades de la Procuraduría General del Estado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), el Presidente Lenín Moreno debe enviar ternas de candidatos para cada uno de esos cargos.

En materia económica, si bien la SCPM tiene un papel importante para combatir los monopolios y fomentar la competencia (sin que eso signifique perseguir a los empresarios ni inmiscuirse en el normal desempeño de las actividades comerciales y productivas, como lo hizo cuando Pedro Páez dirigía esa institución), el rol que jugará quien encabece la SEPS será determinante para regular adecuadamente al sector de cooperativas de ahorro y crédito, que ya representa una cuarta parte del sistema financiero nacional. Este sector registró un explosivo crecimiento en el número de instituciones entre 2007 y 2012 (pasando de alrededor de 550 a más de 1.000), pero en los últimos años ha sufrido la liquidación, fusión o absorción de alrededor de 300 cooperativas, dejando en evidencia la vulnerabilidad y el inadecuado control por parte de la SEPS, institución creada específicamente con ese fin.

En realidad, durante el anterior gobierno y los primeros meses del actual las autoridades encargadas de controlar a las cooperativas parecían más preocupadas por ocultar las debilidades del sector que por combatirlas. Una muestra patente (y patética) de eso fue la intención, incluida en la primera versión del proyecto de “Ley de Reactivación Económica” que se aprobó a finales de 2017, de permitir que las cooperativas de todos los segmentos no presentaran balances por dos años, lo que habría vulnerado gravemente los derechos de los socios y depositantes del sector (finalmente se aprobó esa “concesión” sólo para las cooperativas más pequeñas, para las que ya desde antes no se tiene información disponible al público).

De hecho, una buena parte de la normativa que se ha emitido en los últimos años para las cooperativas de ahorro y crédito se muestra laxa frente a la que rige a los bancos y también frente a los estándares internacionales de prudencia financiera. Por ejemplo, las cooperativas tienen un plazo más extenso que los bancos para registrar como morosa a la cartera que presenta problemas de cobro (por tanto, los indicadores de morosidad de las cooperativas no son comparables con los de los bancos). Las autoridades también han concedido a las cooperativas, especialmente a las más pequeñas, plazos imprudentemente largos para cubrir con provisiones el 100% de su cartera problemática. Además, la normativa permite que una cooperativa sana que absorbe a una con problemas provisione la cartera improductiva de esta última en un plazo de hasta diez años.

A esto se suma un seguro de depósitos que no cubre por igual a los depositantes de las cooperativas de los distintos segmentos (los depositantes de las instituciones más pequeñas están menos cubiertos), un fondo de liquidez al que sólo están aportando las cooperativas más grandes e incluso plazos más laxos para las cooperativas más pequeñas para alcanzar un nivel mínimo de solvencia patrimonial (patrimonio técnico / activos ponderados por riesgo).[1]

En este contexto, y considerando que los millones de socios y depositantes del sistema de cooperativas[2] pertenecen en su gran mayoría a sectores vulnerables, es importante que la terna que el Presidente Moreno envíe para designar al nuevo superintendente de Economía Popular y Solidaria esté compuesta por personas que entienden el sector y conocen las mejores prácticas de regulación y prudencia financiera. Su prioridad, al fin y al cabo, no debe ser seguir fomentando un crecimiento desordenado del sector, sino procurar que los problemas que puedan presentar algunas cooperativas no contaminen a las demás y conseguir, en el mediano plazo, un sistema sano y sostenible en beneficio de sus socios.

 

[1] En nuestra página web está disponible un estudio que compara las estadísticas y los indicadores de las cooperativas de los segmentos 1 y 2 (las más grandes) frente a los de los bancos y también analiza la normativa vigente para el sector cooperativo. El estudio está en este link: http://cordes.org/images/publicaciones/otras/Informe-sobre-cooperativas-de-ahorro-y-crdito-07.05.2018.pdf

[2] Seis millones de socios, según la SEPS. Ver: http://www.seps.gob.ec/noticia-medio?en-2017-se-registra-crecimiento-de-economia-popular-y-solidaria

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó ayer, después de varios meses de retraso, los boletines de deuda pública (externa, interna y total) con información hasta abril. En una entrevista en Ecuavisa, el nuevo ministro, Richard Martínez, había anunciado esta decisión como una muestra de la transparencia en las cifras que quiere promover durante su gestión. Hasta antes de ayer los últimos boletines disponibles correspondían a enero. En estos, además, la deuda total se presentaba únicamente en el formato “consolidado”, que ha sido cuestionado tanto por la Contraloría General del Estado como por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos manuales, según el gobierno anterior y también los primeros ministros de Economía y Finanzas del actual, habían servido como base para esa consolidación. Cabe recordar que el método de consolidación del gobierno anterior sirvió para disfrazar la verdadera situación de la deuda pública, omitiendo la mayor parte de las obligaciones internas del Gobierno Central, incluso aquellas con instituciones públicas que manejan recursos privados, como el IESS o el Banco Central

Los nuevos boletines no sólo vuelven a incorporar la deuda agregada ($48.848 millones a abril, equivalentes al 47% del PIB), sino que también incluyen información adicional sobre operaciones que, por sentido común, constituyen una deuda para el Estado: ventas anticipadas de petróleo, Certificados de Tesorería (CETES, que son obligaciones de Finanzas a menos de un año), atrasos de ejercicios fiscales anteriores (deuda flotante), deudas a empresas de servicios petroleros, entre otros. Esta información permite tener una idea mucho más clara sobre la verdadera magnitud de la deuda pública del Ecuador, que, como se había advertido innumerables veces, hace mucho superó el 40% del PIB que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) establece como tope máximo. De hecho, según la información publicada por Finanzas, la suma de la deuda agregada más las “otras obligaciones” ronda los $59.000 millones. En esa cifra no se incluye el saldo de los pasivos contingentes, que también está detallado en el nuevo boletín ($3.116 millones).

Más allá de la autorización que la Contraloría ha dado para que este año el Gobierno se endeude hasta el monto de financiamiento contemplado en el Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado para 2018 (es decir, $8.254 millones, de los cuales ya se han conseguido más de $3.000 millones), el Gobierno sigue enfrentando un escenario complejo. En un número anterior de Cordes Opina dijimos que es urgente que el Fisco tenga acceso a nuevo financiamiento para no provocar graves impactos en toda la economía. Para esto, sin embargo, es indispensable que el Gobierno establezca un compromiso tangible en cuanto a metas de reducción del gasto público y del déficit fiscal. Al respecto, el nuevo ministro ha señalado que en su gestión se llevará a cabo una reducción del tamaño del Estado “gradual, pero muy disciplinada”, lo que ha sido recibido de manera favorable por los agentes económicos. De hecho, el índice de riesgo país, que había venido creciendo de manera sostenida en los últimos días de la breve gestión de María Elsa Viteri, acumula ya tres días consecutivos de caída (desde 748 puntos el lunes de esta semana, cuando se anunció la designación de Martínez, hasta 661 puntos ayer).

Sin embargo, para que esta tendencia continúe es necesario que el nuevo ministro anuncie, en un plazo corto, las medidas puntuales que se tomarán para reducir el gasto público, que en los últimos años ha superado en mucho a los ingresos, ocasionando déficits fiscales en torno al 7% del PIB. Al respecto, en su entrevista en Ecuavisa Martínez hizo otra declaración importante: que, al igual que en lo referente al saldo de la deuda pública, no puede haber divergencias en cuanto al monto del déficit del PGE. Cabe recordar que desde hace varios años el Observatorio de la Política Fiscal ha denunciado una subestimación en el déficit como consecuencia de una sobrestimación de los ingresos petroleros (se han venido contabilizando como ingreso a los barriles de crudo que se exportan para amortizar ventas anticipadas de años anteriores). Se entiende, entonces, que también habrá correcciones en las cifras del Presupuesto, manipuladas en anteriores gestiones.

Martínez ha dado señales positivas en sus primeros días al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, el reto que tiene por delante es grande: definir las partidas presupuestarias donde se recortará el gasto y presentar a la Asamblea un plan de estabilización fiscal que le permita tener acceso a más financiamiento. Pero esos recursos ya no pueden ser usados, como hicieron los ministros anteriores, para postergar el ajuste, sino para financiarlo.

Al cierre de abril, según el último Boletín Monetario Semanal publicado por el Banco Central, el saldo de los depósitos en la Cuenta del Tesoro Nacional (desde la que se realizan los pagos del Presupuesto General del Estado) era de $944 millones, es decir, casi $2.500 millones menos que al cierre de enero, cuando la emisión de bonos soberanos por $3.000 millones dio un respiro a las arcas fiscales. Las fuertes oscilaciones en los depósitos de la Cuenta del Tesoro (que se observan en el gráfico) reflejan la dependencia que el gobierno anterior y el actual han desarrollado hacia la deuda: los depósitos del Tesoro suben cuando se colocan bonos soberanos (en marzo y mayo de 2015, en julio, septiembre y diciembre de 2016, en enero, mayo y octubre de 2017 y en enero de 2018) y “se consumen” en pocas semanas. De hecho, el bajo saldo registrado al cierre del mes pasado se dio pese a que cada abril el SRI recauda (y transfiere al Tesoro) el Impuesto a la Renta que pagan las empresas, es decir, se trata de un mes de altos ingresos para el fisco.

Sin tomar en cuenta las amortizaciones de la deuda pública, es decir, considerando sólo lo que se conoce como gastos “sobre la línea”, el Presupuesto General del Estado aprobado para 2018 contempla gastos por $26.000 millones[1]. En otras palabras, el gasto mensual promedio del Presupuesto ronda los $2.200 millones (obviamente hay meses con gastos mayores, como diciembre, por el pago del décimo tercero), a lo que habría que sumar las amortizaciones programadas para este año (como referencia, en 2017 las amortizaciones de deuda externa, sin considerar preventas de petróleo, sumaron $2.400 millones; las amortizaciones de deuda interna sumaron $4.600, pero estas operaciones se suelen renovar). El saldo de $944 millones en la Cuenta del Tesoro es, entonces, a todas luces insuficiente para afrontar los gastos del Presupuesto. De hecho, sólo el gasto corriente ronda los $1.500 millones mensuales.

En este contexto, el informe de Contraloría según el cual la relación deuda / PIB ya superó el tope legal del 40% abre un escenario muy complejo no sólo para el Gobierno, sino para la economía en general. Cabe recordar que, como consecuencia del manejo económico que se ha llevado adelante en los últimos once años, la economía en su conjunto desarrolló una dependencia hacia el gasto público, que en 2017 representó poco menos del 40% del PIB. Si se corta en seco el acceso a nueva deuda pública, no sólo el Gobierno sufrirá las consecuencias, sino también todas aquellas empresas que le proporcionan bienes o servicios e incluso quienes sean proveedores de esas empresas. Es decir, esto provocaría problemas en la cadena de pagos que podrían también afectar al sector financiero (cabe recordar que en 2015, cuando el Gobierno acumuló atrasos por más de $2.000 millones, los depósitos en los bancos cayeron 13%).

Es importante, por lo tanto, que el Gobierno pueda acceder a nuevo financiamiento en un plazo relativamente corto. Esto no significa, y aquí queremos ser enfáticos, que en CORDES defendamos el dispendioso manejo económico que ha mantenido la actual administración (prácticamente igual al de la administración anterior), ni que consideremos que el Gobierno debe mantener el actual ritmo de gasto. Creemos, y así lo hemos dicho muchas veces, que para tener finanzas públicas sostenibles es imprescindible recortar el gasto a un ritmo mayor que el que se ha anunciado en el último programa económico. La consecuencia de no hacerlo puede ser un ajuste desordenado con costos sociales y económicos mucho mayores. En ese sentido, para aprobar el acceso a más financiamiento (ya sea elevando el techo legal o aprobando operaciones puntuales), la Asamblea debe exigir al Gobierno compromisos claros y estrictos de recorte del gasto público, a fin de que los recursos procedentes de esa nueva deuda (que no se pueden destinar a gasto corriente) no “se consuman” en cuestión de semanas, como hemos visto en los últimos años. El Gobierno debe tener claro que la mayor parte del ordenamiento de las cuentas fiscales debe venir por una reducción de los egresos y no por un aumento de los ingresos a través de veladas alzas impositivas al sector privado (aunque éste también deberá poner de parte). Pero debemos estar conscientes de que “asfixiar” al Gobierno cortándole el acceso a nuevo financiamiento puede traer graves consecuencias para la sociedad en su conjunto.

 

[1]  Tampoco se toman en cuenta los gastos para la importación de derivados de petróleo, contemplados en la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD).

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo que presentó esta mañana el INEC muestran una recuperación en los principales indicadores del mercado laboral: la tasa de empleo adecuado pasó de 38,5% en marzo de 2017 a 41,1% en marzo de 2018 y la tasa de subempleo se redujo de 21,4% a 18,3% en el mismo período[1]. En ambos casos la variación es estadísticamente significativa. Si bien esta mejora es, sin dudas, una noticia positiva, creemos que para ponderarla adecuadamente hay que tomar en cuenta tres factores que la explican, al menos en parte.

El primer aspecto se refiere al período con el que nos estamos comparando. En marzo de 2017 los indicadores laborales presentaban resultados críticos. En ese mes la tasa de empleo adecuado (38,5%) fue la más baja para un mes de marzo desde que se tiene información comparable. Si, en cambio, tomamos en cuenta la tasa de empleo adecuado de marzo de 2014 (45,5%), la de marzo de este año es casi cuatro puntos y medio menor. Lo contrario sucedió con el subempleo: en marzo de 2017 la tasa alcanzó un nivel récord de 21,4% y la tasa actual (18,3%) sigue siendo significativamente mayor que la registrada antes del inicio de la recesión económica (12,6% en marzo de 2014). Cabe recordar que el empleo adecuado se refiere a las personas que trabajan la jornada legal de 40 horas semanales y perciben ingresos no menores al salario básico unificado (SBU) o que, teniendo ingresos no menores al SBU trabajan menos que la jornada legal pero no quieren o no están disponibles para trabajar más. El subempleo, en tanto, se refiere a las personas que perciben ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajan menos de la jornada legal y tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar más.

Otro factor que hay que tomar en cuenta es qué actividades impulsaron la recuperación del empleo adecuado. Según el INEC, la cantidad de personas con un empleo adecuado aumentó en alrededor de 240.000 entre marzo de 2017 e igual mes de 2018. Los sectores que más contribuyeron a ese crecimiento fueron la industria manufacturera (con 90.000 empleos adecuados nuevos, según las cifras oficiales) y el comercio (con casi 60.000 empleos adecuados nuevos). Al analizar el desempeño de ambas actividades en base a la información de cuentas nacionales que publica el Banco Central, se encuentra que ambas están muy estrechamente correlacionadas con el consumo privado[2]. Es decir, su dinamismo se explica en buena parte por la recuperación del consumo de los hogares. Ahora bien: ¿qué tan sostenible es esa recuperación? Las cifras de 2017 parecen mostrar que el consumo privado se recuperó gracias a la inyección a la economía de recursos procedentes del agresivo endeudamiento público. Cabe recordar que entre marzo de 2017 e igual mes de 2018 el Gobierno consiguió más de $8.000 millones por concepto de nueva deuda externa. Si ese fue el factor predominante en el repunte del consumo (y, por tanto, en la demanda laboral de las empresas comerciales y manufactureras), entonces el aumento en el número de empleos adecuados podría detenerse o incluso revertirse si ese financiamiento se corta[3].

Finalmente, si bien es destacable que, según las cifras oficiales, el crecimiento del empleo adecuado en el último año responde enteramente a la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado (por el contrario, el número de empleos adecuados en el sector público habría caído), también hay que tomar en cuenta que casi una tercera parte del crecimiento en el número total de empleados adecuados se explica por un aumento en el empleo adecuado informal (es decir, personas que trabajan 40 horas a la semana y ganan más que el SBU, pero trabajan en una empresa o en un emprendimiento personal que no tiene RUC). De hecho, la participación de los informales en el total de empleados adecuados pasó de 14,5% en marzo de 2017 a 15,4% en igual mes de 2018. Esto va de la mano con el aumento en el porcentaje de empleados adecuados que no tienen un seguro (ni del IESS ni privado).

En conclusión, si bien la recuperación de los principales indicadores del mercado laboral en el último año es un hecho positivo, todavía no se puede asegurar que el repunte del empleo adecuado y la caída del subempleo se vayan a mantener en los próximos meses. Ese es justamente el principal desafío del nuevo programa económico: asegurar un flujo permanente de inversión privada que permita sostener la creación de nuevos empleos.

 

[1] La tasa de desempleo se mantuvo en 4,4%, aunque, como hemos sostenido en anteriores columnas sobre este tema, en el caso del Ecuador la tasa de desempleo (que no incluye a quienes hacen trabajos de subsistencia mientras encuentran algo mejor) no es relevante.

[2] En ambos casos, usando datos trimestrales de crecimiento, la correlación con el consumo privado es alta y estadísticamente significativa. Un tercer sector que aportó mucho al aumento en el número de empleos adecuados fue el de hoteles y restaurantes, que, por intuición, también parecería depender en gran medida del consumo privado, pero en este caso la correlación es baja.

[3] En su última columna, Abelardo Pachano explica las posibles consecuencias del informe de Contraloría sobre la deuda pública. Ver: http://www.elcomercio.com/opinion/columnista-abelardopachano-inquietudes-nacionales-deudapublica.html

 

Al igual que otros analistas económicos independientes, desde Cordes hemos advertido varias veces sobre la crítica situación que enfrentan las finanzas públicas del Ecuador. Estas advertencias, lamentablemente, han sido descalificadas de manera recurrente por parte de quienes han estado al frente del área económica tanto en el anterior gobierno como en el actual. Así, a quienes hemos expuesto nuestras preocupaciones sobre el manejo económico y sobre los riesgos que implica tanto para el nivel de actividad como para el sostenimiento de la dolarización, se nos ha tildado de “analistas de oposición”. Dos mensajes publicados en la cuenta de Twitter de Carlos de la Torre cuando aún era ministro de Economía y Finanzas son un buen resumen de ese comportamiento, que tuvo en el expresidente Correa a su máximo exponente. El primero, de finales de 2017, decía: “Supuestos analistas económicos promueven, sobre fundamentos falsos, desconfianza sobre la economía ecuatoriana.” El segundo, de inicios de este año, iba un poco más allá: “No sé qué es lo que más afecta a nuestra economía, o la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar, o las expectativas negativas de las personas y empresas generadas por el temor que se alimenta de los falsos análisis económicos utilizados como herramienta política”.

Resulta irónico, por decir lo menos, que el mismo De la Torre advierta ahora, en entrevistas con distintos medios, sobre la “crítica” situación fiscal[1] e incluso sobre la posibilidad de un colapso de la dolarización[2]. También el actual secretario de la Política, Miguel Carvajal, ha reconocido que “no hay plata”, que el Gobierno enfrenta grandes dificultades para llegar a fin de mes y que el déficit fiscal es abultado[3]. En el caso de De la Torre, sus últimas declaraciones no sólo contradicen todo lo que había sostenido hasta hace pocas semanas (cuando seguía siendo ministro y destacaba los supuestos éxitos de su gestión), sino que en ellas se deslinda a sí mismo de cualquier responsabilidad por la difícil situación que atraviesa el país, pese a haber estado al frente de la economía durante nueve meses. Además, insiste en las mismas medidas con las que hasta ahora se ha postergado el ajuste fiscal: más endeudamiento, mantener impuestos que claramente afectan al nivel de actividad, como el Impuesto a la Salida de Divisas o el anticipo del Impuesto a la Renta, e incrementar aranceles sin importar los efectos de ese incremento sobre el bolsillo de los consumidores y el nivel de actividad.

A la luz de los resultados de los últimos años, esas propuestas deberían ser desechadas por el Gobierno, que está próximo a presentar un nuevo plan económico. En realidad, a diferencia del “programa” improvisado, disperso e ineficiente (tanto así que el mismo Gobierno lo tiene que reemplazar a menos de cuatro meses de haber sido aprobado) que se preparó mientras De la Torre era ministro, el nuevo debería ser integral y basarse en un diagnóstico acertado de la situación económica. Al respecto, Augusto de la Torre, miembro de la Junta Directiva de Cordes, ha publicado un bosquejo de lo que debería incluir ese plan[4]. Una de las medidas propuestas, evidentemente, es recortar el gasto público, principalmente el del Gobierno Central.

Al respecto, un reciente documento de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) pone de manifiesto el desproporcionado tamaño que adquirió el Estado en los últimos años. Según Senplades, a febrero de este año el Ejecutivo estaba conformado por 133 instituciones: Presidencia y Vicepresidencia de la República, tres secretarías nacionales (Senplades, Secom y Secretaría de Gestión de la Política), 23 ministerios, 4 secretarías (Senescyt, Secretaría del Agua, Secretaría de Gestión de Riesgos y Secretaría de Inteligencia), 12 agencias de regulación y control, 10 institutos de promoción (incluyendo el de Donación y Transplante de Órganos y el de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales), 13 institutos de investigación (entre ellos el Instituto Espacial Ecuatoriano y el Instituto Antártico Ecuatoriano), 11 servicios (incluyendo el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito), 7 secretarías técnicas (como la del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales o la de Límites Internos), dos direcciones, 3 agencias de regulación y control, 22 empresas públicas (incluyendo Yachay, Santa Bárbara y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas), cinco instituciones de la banca pública, cinco consejos nacionales para la igualdad (de Género, Intergeneracional, de Movilidad Humana, entre otros) y otras instituciones, como el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares.

Esta enorme maraña institucional da lugar a la existencia simultánea, por ejemplo, del Servicio de Contratación de Obras Públicas (SECOB) y el Servicio de Contratación Pública (SERCOP), que no son lo mismo y en 2017 en conjunto gastaron más de $600 millones. En el sector eléctrico ocurre algo parecido: además del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, están otras instituciones adscritas o dependientes del mismo: la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, el Operador Nacional de Electricidad, la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). Difícil pensar que entre estas instituciones no haya una superposición de roles (lo mismo que en el sector del agua, que tiene una secretaría, una agencia de regulación y control y una empresa pública). Además, cada institución implica un gasto permanente en oficinas, servicios básicos, vehículos y, obviamente, personal. Por ejemplo, el Instituto Espacial Ecuatoriano, a febrero de este año, tenía 127 funcionarios, entre ellos decenas de “especialistas geomáticos” y nueve choferes. A la misma fecha Senplades tenía 757 funcionarios, entre ellos más de 50 choferes.

La necesidad de recortar el gasto no responde sólo a las dificultades que el Gobierno enfrenta para llegar a fin de mes, como ha reconocido Carvajal, sino también al hecho de que un principio básico de buen gobierno es administrar con eficiencia los dineros públicos. En ese contexto, la utilidad de muchas de las entidades que componen la Función Ejecutiva es al menos cuestionable. Si el Ejecutivo avanza en una optimización de su estructura, ese proceso no debe limitarse, como ya sucedió con los desaparecidos ministerios coordinadores o puede ocurrir con la SENAIN, a la eliminación meramente formal de algunas instituciones inútiles, mientras sus funcionarios son absorbidos por otra entidad. El Presidente y su equipo deben saber que el recorte del gasto no es un capricho de “la derecha” o de los “neoliberales”, sino un requisito a estas alturas ya ineludible para empezar a corregir el abultado déficit, que puede derivar en una crisis fiscal de proporciones (con un costo social mucho mayor que el de un ajuste ordenado) y, adicionalmente, genera nerviosismo entre los inversionistas privados que temen que en cualquier momento ese déficit pueda derivar en una moratoria del pago de la deuda o un incremento impositivo (en el sentido de una mayor presión tributaria, no en el de una corrección de la estructura tributaria actual, como propone Augusto de la Torre, compensando la eliminación de los impuestos más distorsivos por el aumento de otros que lo son menos).

Evidentemente, el nuevo programa económico no puede limitarse al recorte del gasto fiscal sin enfrentar otros problemas como el de la pérdida de competitividad o la dependencia de la economía en su conjunto hacia el sector público, pero la necesidad de ese recorte tampoco puede seguir siendo soslayada. En este sentido, es importante que la ministra María Elsa Viteri, quien no se ha mostrado muy convencida sobre la necesidad de reducir el gasto, esté al tanto de la enorme cantidad de instituciones que componen actualmente la Función Ejecutiva (y del espacio que, por tanto, tiene para hacer un primer recorte) y que, contrario a lo que hizo su antecesor, que contrató $8.000 millones de deuda externa en nueve meses de gestión, lleve adelante las medidas que se esperan de un ministro de Economía y Finanzas y no busque postergar el ajuste endeudando cada vez más al país.

 

[1] Ver: http://www.expreso.ec/economia/economia-finanzas-entrevistas-deudas-gobierno-MX2088358

[2]  Ver: https://lahora.com.ec/noticia/1102145050/la-caja-fiscal-esta-en-niveles-mas-bajos-de-lo-que-deberia-el-exministro-de-la-torre-da-sus-razones-de-su-salida

[3]  Ver: http://www.teleamazonas.com/2018/03/miguel-carvajal-senalo-que-la-situacion-economica-del-pais-es-grave/

[4]  Ver: http://www.mediato.com.ec/opinion/adelatorre-programa-economico/

Hace pocos días, según una nota publicada en el diario público El Telégrafo, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, criticó al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). La nota señala: “Campana agregó que el ISD no es solo una barrera para la salida de capitales sino que también es visto como un freno a la inversión privada directa. ‘Por eso estamos proponiendo que para nuevas inversiones no se aplique el 5% del ISD’”[1]. La propuesta de Campana, muy similar a lo que analistas y representantes del sector empresarial han venido sosteniendo desde hace varios años, puede encontrar, sin embargo, una barrera importante en el mismo gobierno, puntualmente en la nueva ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri.

De hecho, mientras Viteri estuvo al frente del Ministerio de Finanzas en el gobierno de Rafael Correa, cargo que ejerció entre septiembre de 2008 y abril de 2010, la tasa del ISD aumentó dos veces: de 0,5% a 1% en diciembre de 2008 y de 1% a 2% en diciembre de 2009. Se entiende que, en su papel de ministra de Finanzas, Viteri al menos avaló esos incrementos (si no fue directamente quien los propuso) en uno de los impuestos más distorsivos de la estructura tributaria vigente. Pero esa no fue la única modificación tributaria perniciosa que se dio mientras Viteri era una de las cabezas del equipo económico. También en diciembre de 2009, el anticipo del Impuesto a la Renta se convirtió, en la práctica, en un impuesto mínimo. Según un análisis sobre la evolución normativa del anticipo del Impuesto a la Renta en Ecuador, publicado en la revista de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), “con la promulgación de la Ley S/N publicada en el Suplemento del Registro Oficial 94, el 23 de diciembre de 2009, se dio un nuevo hito en la concepción del cálculo y pago del anticipo mínimo de Impuesto a la Renta, toda vez que en esta norma se considera que dicho pago se convierte en pago mínimo y definitivo en el Impuesto a la Renta.” De hecho, en esa norma, aprobada mientras Viteri estaba al frente de Finanzas, se limitaron las opciones de devolución, exoneración o reducción de ese anticipo, que ha ocasionado serios problemas de liquidez a muchas empresas. ¿No ha propuesto el propio Lenín Moreno medidas para limitar el impacto del anticipo del Impuesto a la Renta sobre varias empresas? ¿Nadie en su entorno le comentó que mientras Viteri fue ministra de Finanzas en el gobierno anterior ese anticipo se convirtió en un impuesto mínimo?

Con la designación de Viteri como nueva ministra de Economía y Finanzas, muchos analistas han recordado que fue precisamente en la anterior gestión de Viteri cuando el país entró en default en un tramo de la deuda externa que una comisión conformada por el Gobierno de Correa había calificado como ilegítima. Y que luego Viteri encabezó la operación de recompra de los bonos Global 2012 y 2030 a un precio mucho menor al nominal, cuando los mercados pensaban que Ecuador no iba a honrar esas obligaciones. Esa jugada, como incluso lo reconoció el anterior ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, provocó que las condiciones de las siguientes emisiones fueran mucho más onerosas para el Ecuador que para otros países de la región, lo que ha derivado en el pago de miles de millones de dólares por concepto de intereses. Y seguramente eso también recordarán los mercados en caso de que el Ecuador, como es muy probable, vuelva a emitir bonos soberanos en los próximos meses.

Pero como hemos visto en este breve análisis, durante la anterior gestión de Viteri al frente de Finanzas también se dieron cambios tributarios que terminaron ocasionando un serio daño al sector real de la economía. A lo que se debe sumar que en su anterior gestión aumentó el gasto público y que, pese a que desde mediados de 2009 se empezó a recuperar el precio del petróleo (que había caído transitoriamente como consecuencia de la crisis financiera internacional), no se generó ningún mecanismo de ahorro para reemplazar a los fondos cuyos recursos habían pasado a formar parte del Presupuesto del Estado.

Evidentemente, aún no se conoce cuáles serán las medidas que emprenderá Viteri para tratar de sacar al país de la complicada situación económica que enfrenta (salvo que ella piense, como su antecesor, que la economía ya entró en un proceso de recuperación sostenible), pero las medidas que el Gobierno anterior tomó mientras ella estaba al frente del equipo económico no sólo hacen tener pocas esperanzas respecto a una verdadera voluntad por corregir los actuales desequilibrios, sino que también dejan en evidencia la falta de coordinación al interior del actual gobierno.

 

[1] Ver: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/campana-critico-tributo-a-la-salida-de-divisas

Según el registro de entradas y salidas internacionales que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2013, último año en que la economía de Venezuela registró una tasa de crecimiento positiva (1,3%, según el FMI), 101.643 venezolanos ingresaron al Ecuador y 101.142 registraron luego su salida. Es decir, en ese año, según las estadísticas de migración, 501 venezolanos se establecieron en el Ecuador. En 2014, cuando la caída del precio del petróleo hizo que la crisis que se había ido gestando a lo largo de los años de chavismo (por su dispendiosa política fiscal, su permanente acoso al sector privado y su manejo discrecional y corrupto del acceso a divisas, entre otros factores) finalmente se manifestara en una contracción del PIB cercana al 4%, el número de venezolanos que decidieron quedarse en Ecuador aumentó a 3.112. A medida que la crisis en Venezuela se profundizaba, el número de los ciudadanos de ese país que venían a establecerse en Ecuador fue creciendo: 9.650 en 2015, 23.611 en 2016 (siempre según los registros del INEC) y 61.138 en 2017 (según una nota publicada la semana pasada en El Comercio y que cita como fuente al Ministerio del Interior).

El notorio aumento en el número de venezolanos que, escapando de la violencia, la escasez y el desplome de la actividad en su país, han llegado al Ecuador en busca de mejores oportunidades ha empezado a generar, sin embargo, algunas reacciones de rechazo. Un comentario que se escucha cada vez con mayor frecuencia se refiere a la “amenaza” o la “competencia desleal” que los venezolanos representan para los ecuatorianos que están buscando un trabajo. Ese comentario sugiere que las dificultades que enfrentan muchos ecuatorianos para conseguir un empleo adecuado se debe en parte a la presencia en el país de miles de venezolanos, quienes estarían dispuestos a hacer un mismo trabajo por un ingreso menor.

En realidad, el deterioro del mercado laboral en el Ecuador (que se traduce en las dificultades para encontrar un trabajo) empezó mucho antes de que se registrara el masivo ingreso de venezolanos al país, según lo muestran las propias cifras oficiales. A lo largo de 2015, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del mismo INEC, la población económicamente activa (PEA), concepto que engloba a quienes trabajan (ya sea en condiciones adecuadas o inadecuadas) y a quienes están buscando un trabajo, aumentó en más de 300.000 personas (cabe recordar que en ese año apenas 9.650 venezolanos se establecieron en el Ecuador y que, además, no todos pasaron a formar parte del mercado laboral, por ejemplo los niños). Ese significativo aumento de la PEA, sin embargo, no estuvo acompañado por un crecimiento similar en la demanda de empleados por parte de las empresas. Por el contrario, en ese año se registró una caída en el número de empleados adecuados (es decir, quienes ganan al menos el salario mínimo y trabajan la jornada legal de 40 horas, o trabajan menos horas pero no quieren trabajar más). Lo mismo ocurrió en 2016: creció fuertemente la PEA (a lo que la llegada de venezolanos contribuyó de manera reducida) y nuevamente se destruyeron puestos de empleo adecuados.

¿Es entonces el ingreso masivo de venezolanos al Ecuador, donde tienen acceso a una moneda estable[1] y donde la complicada situación económica no es equiparable a la crisis de su país, lo que está frustrando los deseos de cientos de miles de ecuatorianos por encontrar un empleo adecuado? ¿O es más bien el manejo económico que se aplicó durante el anterior gobierno, y continúa vigente en el actual, el que no genera los incentivos para que el sector privado invierta y cree nuevas plazas de trabajo? O, desde otra perspectiva: ¿si los miles de venezolanos que se han establecido en el Ecuador en los últimos años no hubieran podido hacerlo, los indicadores del mercado laboral fueran mejores? Con certeza, y basándonos en las cifras oficiales, podemos decir que no, que los indicadores a diciembre de 2017 seguirían siendo igualmente pobres (con apenas algo más del 40% de la PEA con un empleo adecuado).

Pero eso tal vez no sea lo más importante. Sino que si el Ecuador –que tiene a cientos de miles de compatriotas viviendo en otros países (incluyendo Venezuela)– cerrara las puertas a los venezolanos, nos veríamos privados del enriquecimiento de ideas y costumbres que las migraciones traen consigo y, sobre todo, eso nos pintaría como un pueblo indolente, incapaz de solidarizarse con un país hermano que en épocas mejores fue el destino escogido por muchos ecuatorianos y que, en medio de una crisis generada enteramente por un gobierno incompetente y corrupto, tiene a millones de sus ciudadanos haciendo lo que sea para escapar[2], no sólo hacia el Ecuador, sino a muchos países de América Latina y el Caribe[3] (no a Cuba, evidentemente).

De modo que quienes se sienten comprensiblemente frustrados por no encontrar un trabajo, no deberían buscar en los inmigrantes venezolanos a los culpables de su situación, sino recordar a quienes, mediante una política económica errada y decisiones con un claro afán electoral (por ejemplo, en materia laboral), restaron –y siguen restando– incentivos al sector privado para que invierta y demande los servicios de más trabajadores, incluyendo los venezolanos.

 

[1] En 2017 la inflación en Venezuela habría superado el 2.400% y el FMI proyecta una tasa de 13.000% para 2018. Ver: https://elpais.com/economia/2018/01/25/actualidad/1516888617_768999.html

[2] Esta nota publicada en Mediato muestra el vía crucis que sufren los venezolanos por llegar al Ecuador: http://www.mediato.com.ec/ruta-venezolanos-ecuador/

[3] Ver: https://peru21.pe/mundo/exodo-venezuela-396323

El día de ayer el Sí obtuvo un contundente triunfo en la consulta popular que fue convocada por el Gobierno. El hecho de que esa opción haya obtenido al menos el 63% de los votos válidos en todas las preguntas de la consulta (incluyendo la de la reelección indefinida y la del Consejo de Participación Ciudadana) y que, en el promedio de las siete preguntas, haya obtenido el 68% parece mostrar la voluntad de una amplia mayoría de los ecuatorianos por empezar a recuperar la institucionalidad que fue devastada en los diez años y medio de gobierno de Rafael Correa. Este triunfo, sin embargo, si bien puede representar un espaldarazo para el gobierno del Presidente Lenín Moreno, no debe ser interpretado, como ya lo han señalado algunos analistas y actores políticos, como un cheque en blanco. Es decir, los resultados de la consulta no deben llevar al Presidente a pensar que el Ecuador está dispuesto a volver a tolerar abusos en materia institucional como los que llevó adelante el ex Presidente Correa, quien llegó a definirse a sí mismo como el jefe de todo el Estado ecuatoriano, incluyendo Justicia y Legislativo.

En materia económica, que es lo que nos compete, los resultados de la consulta popular por sí solos están lejos de generar la tan anhelada reactivación. Si bien la eliminación de la Ley de Plusvalía puede permitir, gracias a una menor incertidumbre por parte de los agentes, levantar en algo al alicaído sector de la construcción (que, según el Banco Central, hasta el tercer trimestre de 2017 –última información disponible– acumulaba ya nueve trimestres consecutivos de caídas), es necesario tener presente que la crisis de ese sector no responde exclusivamente a esa ley. En realidad, la construcción es el ejemplo más extremo de la dependencia que varias actividades y la economía en su conjunto generaron hacia el gasto público en los últimos diez años. Es decir, la construcción, que en los años de bonanza llegó a mostrar tasas de crecimiento superiores al 10%, alcanzó esos resultados como consecuencia principalmente de la masiva inyección a la economía de los recursos que eran manejados por el Estado (principalmente el Gobierno Central). Ya sea a través de la inversión pública o de la demanda privada (espoleada también por el irresponsable crecimiento del gasto en los años de altos precios del petróleo), la construcción experimentó una bonanza que se vino abajo cuando el gobierno se vio obligado a recortar su nivel de gasto (a lo que se sumó la incertidumbre generada por la Ley de Plusvalía). En menor medida, otras actividades, principalmente las no transables (es decir, aquellas cuyos productos no se pueden comerciar con el resto del mundo y que durante el boom alcanzaron buenos desempeños como consecuencia de una demanda interna que se mostraba boyante), generaron esa misma dependencia hacia el gasto público, dependencia que el actual manejo económico está lejos de desvanecer.

En ese sentido, una vez que el amplio triunfo del Sí en la consulta popular permite que los ecuatorianos miremos el futuro del país sin el peligro para el régimen democrático que implicaba la reelección indefinida y cuando tenemos al menos la esperanza de que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana transitorio sean personas honorables e independientes (al igual que las autoridades de control que lleguen a nombrar), el Gobierno debe, sin más dilaciones, formarse un diagnóstico acertado sobre la compleja situación económica que atraviesa el país y tomar medidas que realmente permitan enfrentarla. En ese sentido, cabe resaltar una vez más que los problemas de la economía no se limitan a la crisis fiscal, sino que también se refieren a la pérdida de competitividad y a un crecimiento que, además de no generar empleo, depende en gran medida del gasto público, que a su vez se ha venido financiando con nueva deuda.

Con la convocatoria a la consulta popular, el Gobierno dio un paso importante en el largo camino por la reinstauración institucional (siempre y cuando el Presidente no quiera copar el Consejo de Participación Ciudadana –y, por tanto, los organismos de control– con personas que respondan a sus designios). En materia económica, sin embargo, el manejo sigue siendo el mismo que en el gobierno anterior, prueba de lo cual son las emisiones de bonos soberanos por $7.500 millones en apenas ocho meses de gestión para poder mantener un gasto público que tarde o temprano, y ójala de maneraordenada y gradual, deberá ajustarse. En este sentido, esperamos que las acciones que el Presidente tome en beneficio del país también incluyan las necesarias correcciones en el manejo económico que permitan alcanzar un crecimiento sostenible y que genere fuentes de empleo.