El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, ha reconocido que este año y el próximo el crecimiento económico será “complicado”. El FMI dice que la economía se está enfriando y la CEPAL proyecta que en 2018 Ecuador crecerá en torno al 1,5%, lo que implica una notoria desaceleración respecto al crecimiento de 2,4% alcanzado en 2017. En CORDES proyectamos que el crecimiento de este año será de 1,3% y, al igual que otros analistas económicos (algunos de los cuales proyectan tasas menores), no descartamos que el Ecuador entre en una recesión.

¿Por qué la actividad económica se está desacelerando frente a 2017 (cuando un agresivo y oneroso endeudamiento permitió sostener el gasto público en alrededor del 38% del PIB e inyectar a la economía recursos frescos que dinamizaron el consumo privado)? El principal motivo, en una economía que sigue siendo muy dependiente del gasto público, es la fuerte contracción que se ha dado en el gasto de capital. Según información oficial compilada por el Observatorio de la Política Fiscal, entre enero y julio de este año, el gasto de inversión ejecutado por el Gobierno Central sumó $1.230 millones, es decir, $1.383 millones menos que en el mismo período de 2017. En relación al tamaño de la economía, ese ajuste roza el 1,5% del PIB. En términos porcentuales, en los primeros siete meses del año el gasto de inversión del Gobierno Central se contrajo 53% respecto a igual período de 2017.

Una caída de esa magnitud necesariamente tiene que afectar al nivel de actividad, más aún en un país en el que hace pocos años el sector público, liderado por el Gobierno Central, llegó a representar más de la mitad de la inversión total. Según las proyecciones oficiales contempladas en el Plan de Prosperidad 2018-2021, el gasto de capital del Presupuesto General del Estado volverá a reducirse en casi 1% del PIB en 2019, lo que hace previsible que las bajas tasas de crecimiento se extiendan al menos hasta el próximo año.

Sin embargo, la fuerte contracción en el gasto de inversión explica también la mayor parte de la caída del déficit fiscal: de $2.364 millones en los primeros siete meses de 2017 a $757 millones en igual período de este año (en ambos casos el déficit es mayor si no se cuentan como ingresos a los barriles de petróleo que se exportan para amortizar preventas de años anteriores). Considerando el insostenible tamaño que el Estado ecuatoriano adquirió durante el correísmo (y que mantuvo en el primer año de gestión de Moreno) y el desincentivo a la inversión privada que implica tener elevados déficits fiscales (los inversionistas temen que en cualquier momento el gobierno les aumentará los impuestos para achicar ese déficit), los recortes al gasto son medidas que van en la dirección adecuada. Con las cuentas fiscales en orden, se espera que las condiciones de financiamiento para el país mejoren y que el sector privado esté más dispuesto a invertir. En ese sentido, la desaceleración de la economía ecuatoriana es, lamentablemente, un paso ineludible para poder retomar un sendero de crecimiento sostenible, es decir, basado principalmente en la inversión privada.

No obstante, el recorte del gasto que se ha llevado adelante no garantiza mejores condiciones de financiamiento (expresadas a través de la evolución del riesgo país) ni el aumento de la inversión privada. Por un lado, los agentes económicos pueden percibir que ese ajuste no es de la magnitud necesaria. De hecho, hasta ahora el recorte se ha centrado en el gasto de capital y no se ha extendido, por ejemplo, al gasto en sueldos y salarios, que continúa creciendo. Es decir, los agentes pueden percibir que el Gobierno, pese a los últimos anuncios, no está realmente dispuesto a ordenar las cuentas públicas, lo que haría que los temores sobre un eventual aumento de impuestos (o dudas sobre la capacidad del Estado de honrar sus obligaciones) se mantengan. Si bien entre ambos países hay importantes diferencias (empezando porque el Ecuador está dolarizado y, por tanto, esos temores no se reflejan en devaluaciones de la moneda), cabe tomar en cuenta el caso de Argentina, donde el exceso de gradualismo parece estar pasando factura al gobierno de Mauricio Macri.

Por otro lado, en el caso puntual del Ecuador la situación fiscal no es el único –ni el principal– freno a la inversión privada. El país enfrenta un problema de competitividad que hace que otras economías sean más atractivas para los inversionistas y que exige otras medidas tanto o más costosas (desde lo político) que el ajuste fiscal, por ejemplo, flexibilizar el mercado laboral.

Si el recorte del gasto, que debe extenderse al gasto corriente, no está acompañado por medidas que permitan recuperar la competitividad del sector productivo, la desaceleración (y eventual recesión) de la economía ecuatoriana (y su consecuencia directa: los malos indicadores laborales) puede extenderse más allá de lo que el Gobierno prevé y derivar en los conflictos sociales que el mismo Gobierno quiere evitar.


El Presidente Lenín Moreno y dos de sus ministros anunciaron ayer un nuevo paquete de medidas económicas con las que el Gobierno busca, según un comunicado oficial, “garantizar una prosperidad compartida fundamentada en un manejo fiscal responsable y sostenible”. Si bien entre las medidas anunciadas hay algunas que apuntan en la dirección correcta, el paquete también muestra algunas debilidades y enfrenta importantes desafíos.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas, que fue aprobada en 2016 y buscaba “equilibrar” las cuentas fiscales por el lado de los ingresos, es decir, aumentando impuestos al sector privado, esta vez el Gobierno quiere “dar el ejemplo” recortando el gasto público y achicando el tamaño del Estado. En ese sentido, se ha anunciado que algunos ministerios e instituciones que forman parte del Gobierno Central serán eliminados (Ministerio de Justicia, SECOM, Instituto Espacial, entre otros) o fusionados (por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior con el de Industrias o el SRI con la Aduana), que se reducirá el gasto en viáticos y en seguridad de los ministros (quienes, junto con otros funcionarios de alta jerarquía deberán empezar a pagar por sus líneas de telefonía celular) y que se venderán 1.000 autos de la flota de vehículos estatales.

Respecto a esta intención de achicar el gasto público y el tamaño del Estado, medida evidentemente necesaria, conviene señalar, sin embargo, que este nuevo anuncio enfrenta un importante desafío en cuanto a su credibilidad. Cabe recordar que a inicios de abril de este año, es decir, hace menos de cinco meses, el mismo Presidente Moreno (con un equipo económico distinto) anunció otro paquete de medidas que incluía reducir en $1.000 millones los presupuestos anuales de las entidades de la Función Ejecutiva, eliminar ministerios, subsecretarías, viceministerios y coordinaciones generales, reducir a la mitad el número de asesores, bajar el gasto en viáticos, recortar el gasto en arriendos y suprimir empresas públicas.[1] Antes de eso, en septiembre de 2017 se anunció otro plan de austeridad con el que se esperaba recortar el gasto en $500 millones.[2] Pese a esos anuncios, la ejecución del Presupuesto del Estado ha seguido mostrando aumentos en el gasto corriente, incluido el de sueldos y salarios. En ese contexto, para tener confianza en las medidas de austeridad anunciadas ayer los agentes (inversionistas y prestamistas) seguramente esperarán ver avances concretos a medida que se ejecute el Presupuesto o cuando se presente la Proforma para 2019.

Aun cuando las medidas del Gobierno produzcan el ahorro esperado (se habla de $1.000 millones anuales en gasto corriente, pero esa cifra podría estar sobrestimada), ese ahorro puede ser insuficiente si se toma en cuenta que a partir de 2019 el Gobierno deberá volver a pagar el aporte de 40% para el fondo de pensiones del IESS, lo que significa un gasto anual en torno a $1.400 millones. Además, algunas medidas de compensación a los sectores populares que también se anunciaron ayer, como el aumento del Bono de Desarrollo Humano, generan una presión adicional en el gasto.

También se muestra insuficiente la medida en torno al precio de los combustibles. Semanas después de haber planteado el debate sobre ese tema, finalmente el Gobierno decidió aumentar sólo el precio de la gasolina Súper a $2,98 por galón, lo que implica un alza en torno al 30%. Con esta medida el Gobierno espera lograr un ahorro entre $100 y $150 millones anuales, lo que es poco frente a un gasto anual en subsidios a los combustibles, también según cifras oficiales, de $3.000 millones. De hecho, si bien no se tiene un estudio sobre la elasticidad en el consumo de gasolinas, es esperable que, ante el nuevo precio, una parte de los consumidores de Súper la reemplacen por Extra o Ecopaís, gasolinas cuyo precio por galón ya estaba más subsidiado. Si muchas personas se cambian a las gasolinas más baratas, el impacto fiscal del aumento del precio de la Súper puede ser nulo o mínimo. Además, se estaría fomentando el consumo de un combustible que es más dañino para el medio ambiente. Si bien el Presidente anunció el inicio de un proceso de diálogo para tratar a profundidad el tema de los subsidios, no hay motivos para ser demasiado optimistas sobre la posibilidad de que la sociedad ecuatoriana en su conjunto (es decir, incluyendo a los sectores históricamente opuestos al aumento en el precio de los combustibles y con más capacidad de movilización en las calles) en algún momento esté dispuesta a focalizar adecuadamente esos subsidios, sobre cuya regresividad parece haber un consenso.

Finalmente, el nuevo paquete de medidas, que parece haber privilegiado lo político sobre lo económico, también se muestra débil si el Gobierno en algún momento tiene la intención de acercarse al FMI para obtener financiamiento barato y de largo plazo. Con el antecedente de las condiciones negociadas con Argentina, el organismo multilateral seguramente exigirá al Ecuador un ajuste mayor en lo fiscal y también otras reformas –por ejemplo, en el campo laboral–, que habría sido bueno que sean propuestas por iniciativa del propio Gobierno como parte del paquete anunciado ayer.

Las proyecciones oficiales que dio a conocer el ministro de Economía y Finanzas apuntan a una paulatina reducción del déficit fiscal, lo que, de concretarse, derivará en menores necesidades de financiamiento. En este punto, sin embargo, conviene recordar que uno de los argumentos de Fitch Ratings para haber bajado la calificación de la deuda ecuatoriana es la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cubrir sus necesidades de financiamiento en los dos próximos años (en 2020, de hecho, vence una emisión de bonos por $1.500 millones). Ante esa incertidumbre, que probablemente es compartida por otros actores del sistema financiero internacional, habría sido deseable que el paquete anunciado ayer, que al menos apunta en la dirección correcta en cuanto a lo fiscal, se muestre más decidido.

 

[1] Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/medidas-plan-economico-leninmoreno-ecuador.html

[2] Ver: https://www.expreso.ec/economia/economia-austeridad-plan-ecuador-leninmoreno-MA1714349

 

El 29 de marzo de este año, en un comunicado de prensa con un tono mucho más político que técnico, el Banco Central aseguraba: “Ecuador creció 3% en 2017 y confirma el dinamismo de su economía”. Ayer por la tarde, el Central publicó un nuevo comunicado de prensa, esta vez con un título bastante más parco: “El BCE actualiza la cifra de crecimiento de la economía en el 2017”. La nueva tasa es de 2,4%, lo que implica la mayor corrección de los últimos años[1].

Dado que el resultado de 2016 también fue revisado, pero al alza (de -1,6% a -1,2%), el Banco Central podría aducir que sus estimaciones sobre el tamaño de la economía en 2017 no sufrieron grandes modificaciones. Es decir, según los cálculos anteriores, en 2017 el PIB nominal del Ecuador sumó $103.057 millones y ahora se lo estima en $104.296 millones, lo que implica una variación de 1,2%. Sin embargo, si se revisan los resultados a nivel de los distintos componentes del PIB, algunas correcciones  en las tasas de crecimiento son muy llamativas.

La más notoria se registra en la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF, concepto que se refiere a la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo). Según los resultados publicados en marzo (y ratificados en el boletín de cuentas trimestrales publicado en junio), la FBKF se contrajo 0,5% en 2017, sin embargo, ahora el Banco Central dice en su comunicado de prensa que ese componente del PIB creció 11,7% el año pasado y que, gracias a ese notorio repunte, contribuyó en 2,6 puntos porcentuales al crecimiento de la economía en su conjunto. Aquí hay varios puntos que merecen ser señalados. El primero, que muestra un preocupante desliz técnico en la publicación del Central, es que se incluyó dentro de la FBKF a la variación de existencias, es decir, los inventarios que acumulan (o reducen) las empresas y que se conciben como un componente de la inversión total, pero no puntualmente de la FBKF, ya que no implican acumulación de capital para el largo plazo. De hecho, en comunicados anteriores el mismo Banco Central ha señalado: “La inversión de un país, de acuerdo a la Contabilidad Nacional, corresponde a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y la Variación de Existencias.” Si se revisan los boletines en Excel que acompañan al comunicado de prensa, se puede constatar que la mayor parte del repunte de 11,7% (y del aporte de 2,6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB) que según el Banco Central corresponde a la FBKF, en realidad se explica por un notorio aumento en los inventarios. En 2017 la FBKF creció, según las cifras del mismo Central, 5,3% y no 11,7% y su aporte al crecimiento de la economía fue de 1,2 puntos y no de 2,6. La diferencia en el aporte (1,4 puntos) corresponde a la variación de existencias, es decir, a los inventarios que los empresarios habrían acumulado en 2017 (y que no van a seguir acumulando indefinidamente). Al respecto, también conviene señalar que en mayo de este año CORDES publicó en Carta Económica una nota con dudas sobre los resultados de la variación de existencias[2] (que, pese a ser un componente marginal del PIB, fue en 2017 el segundo con el mayor aporte al crecimiento de la economía en su conjunto, detrás del consumo de los hogares) y esas dudas fueron enviadas al Banco Central, que nunca las absolvió.

Por otra parte, incluso dejando de lado el crecimiento de 11,7% en la FBKF y tomando en cuenta el de 5,3% (que es el correcto), llama la atención la magnitud de la corrección respecto al resultado que se manejaba hasta hace poco (-0,5%). Los cuestionamientos aumentan si se considera que, según el mismo Central, entre 2016 y 2017 la FBKF del sector público no financiero se contrajo 16% en términos reales y que el sector de la construcción lo hizo en 4,4%. ¿La FBKF privada creció tanto como para compensar el desplome en la pública, que en 2016 representaba el 45% de la FBKF total? ¿La inversión en maquinaria y equipo fue tan grande que compensó la caída de la construcción?

Otra corrección importante en las cifras del Central se da en el consumo de los hogares, cuyo crecimiento en 2017 pasó de 4,9% a 3,7%, es decir, el resultado del principal componente del PIB sufrió una corrección equivalente al 25% del valor original (en parte porque la caída del consumo en 2016 no habría sido tan pronunciada como se pensaba). Si se analizan los resultados a nivel de industria, también saltan a la vista algunas correcciones frente a los resultados que se manejaban hasta ahora: transporte (de 4,4% a 0,1%), correo y comunicaciones (de 6,7% a 1,1%), servicios financieros (de 10,9% a 6,3%), refinación de petróleo (de 1,6% a 9,5%), entre otras.

En el comunicado de prensa de ayer, el Banco Central dice que el nuevo crecimiento del PIB en 2017 (publicado siete meses después de que terminara ese año[3]) “se obtiene una vez que las principales fuentes públicas y privadas han enviado su información actualizada y completa con una mayor desagregación, más cobertura, reprocesos de cifras, datos de balances anuales de empresas públicas y privadas, análisis de estadísticas espejo de comercio exterior, resultados de encuestas enviados por entidades oficiales, entre otros”. Lo cierto es que más allá de esa explicación, que se lee como una justificación, la magnitud de las últimas correcciones no sólo habla mal de la forma en que el Central procesa las cuentas nacionales (desde CORDES hemos planteado nuestras dudas a los resultados a partir de 2015), sino que también resta validez a esas estadísticas como insumos para la política pública. ¿Tiene el mismo sentido fomentar la inversión si ésta se contrajo 0,5% que si ésta creció 5,3% (o 11,7% según el comunicado de prensa del Central)? Evidentemente no. ¿Y qué sectores necesitan más incentivos si los resultados cambian tanto?

En vista de esta situación, esperamos que el nuevo equipo económico, que se ha mostrado comprometido con la transparencia, solicite una auditoría internacional a las estadísticas de cuentas nacionales, para que los empresarios, los hacedores de política pública y la ciudadanía en general sepamos con certeza cuál ha sido el desempeño de la economía en los últimos años.

 

[1] Entre el primer resultado anual publicado en base a las cuentas nacionales trimestrales y el primero proveniente de las cuentas anuales (este resultado puede volver a revisarse hasta tener una cifra definitiva, recién después de dos años).

[2] Ver: http://cordes.org/images/publicaciones/otras/Nota-VDE.pdf

[3] El 27 de julio los agentes económicos en EE.UU. ya conocían la tasa oficial de crecimiento de la economía para el segundo trimestre de este año.

 

El 22 de octubre de 2016, durante uno de sus “enlaces ciudadanos”, el entonces presidente Rafael Correa dedicó varios minutos a comentar las estadísticas del mercado laboral que el INEC había publicado esa semana. Más allá de la falaz interpretación que dio a las cifras (asegurando que la economía había “creado empleos”, cuando se trataba en su totalidad de trabajos no adecuados), Correa también reprendió públicamente a los funcionarios del INEC. Dijo: “Esta semana salieron las cifras de desempleo. En verdad hay buenas noticias, pero la prensa sacó unos titulares para deprimirnos, tengo que reconocer que con el entusiasta apoyo de los propios tecnócratas del INEC, porque ¡qué manera de presentar las cifras! La respuesta es que ‘este es el formato’. ¡Qué formato, señores! Esto no traduce la realidad.” Y más adelante insistió: “Los medios de comunicación, con ayuda de los tecnócratas del INEC, nos ponen todo lo negativo”.

En los últimos días se ha dado una situación similar: la semana pasada el INEC, que ha tenido cuatro directores en los últimos dos años, publicó las cifras del mercado laboral correspondientes a junio de 2018 (que muestran un escenario muy poco alentador) y desde el Gobierno, principalmente el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, salieron a cuestionarlas. Según Ledesma, las cifras del INEC no tienen relación con las datos que maneja su Ministerio ni con el número de afiliados al IESS. “Nos causa extrañeza –dijo Ledesma–. Hemos pedido las explicaciones. Nos han dicho (…) que estadísticamente no es lo que se ha interpretado. Yo como todos los ecuatorianos interpreté como a simple lectura señala esa estadística y se han perdido empleos, lo cual sí suena extraño”[1].

Según el último reporte del INEC, la tasa de empleo adecuado de junio de este año se ubicó en 38,9% de la PEA frente al 40,1% registrado en igual mes de 2017. En base a esta variación se publicaron notas de prensa y análisis que aseguran que en los últimos meses se han destruido decenas de miles de puestos de empleo. Esos análisis no consideran que, según el INEC, la caída en la tasa de empleo adecuado no es estadísticamente significativa, es decir, que se trata de una variación que se ubica dentro de los márgenes de error de la encuesta. Para que esto quede más claro conviene detallar los “intervalos de confianza” que se publican junto al reporte con los principales resultados. Así, para junio de 2017 la tasa de empleo adecuado publicada fue de 40,1%, pero los intervalos de confianza, es decir, los límites dentro de los cuales se podría ubicar la tasa (ninguna encuesta es 100% exacta), iban de 38,8% a 41,4%. Del mismo modo, la tasa de empleo adecuado de junio de este año (38,9%) podría ubicarse entre un límite inferior de 37,9% y un máximo de 40%. Dado que entre 38,8% (el límite mínimo de junio de 2017) y 40% (el límite máximo de junio de este año) los intervalos de confianza de ambos meses tienen puntos de coincidencia, no se puede asegurar que el empleo adecuado se deterioró. A eso se refiere el INEC al decir que la caída no es estadísticamente significativa.

Obviamente, esto está lejos de ser una buena noticia. Aun asumiendo que el empleo adecuado no se deterioró sino que se mantuvo estable, una tasa en torno al 40% de la PEA muestra claramente las dificultades que los ecuatorianos enfrentan para conseguir un empleo con condiciones mínimas de ingresos y horas trabajadas. Pero una autoridad oficial, mucho más si se trata del ministro de Trabajo, debería saber interpretar correctamente las cifras oficiales antes de salir a cuestionarlas, lo que de por sí implica una reprimenda a los funcionarios del INEC. Y hay un agravante: usuarios de redes sociales, e incluso asambleístas y algunos medios de comunicación aseguran que tras los cuestionamientos a las cifras del INEC se habría separado a su director, lo que, de confirmarse, significaría un nuevo golpe a la independencia de esa institución e incluso a la credibilidad de sus futuras publicaciones. Suponiendo que el próximo reporte muestre una mejora en las estadísticas (lo que es difícil de prever, considerando la desaceleración que necesariamente sufrirá la economía como consecuencia del impostergable ajuste en el gasto fiscal), ¿qué confianza podrían tener los agentes en esos resultados si el reporte anterior no sólo generó críticas de las autoridades sino que también habría provocado la salida del director del INEC?

Uno de los pasos importantes que ha dado el Gobierno a raíz del último cambio en el equipo económico, y así lo ha destacado incluso el FMI, ha sido su disposición a transparentar la verdadera situación de la economía, particularmente las cuentas fiscales (deuda, déficit, etc.). En ese contexto, las críticas a las cifras del INEC o, mucho peor, la eventual salida de su director como motivo de esas críticas, envían una muy mala señal sobre el verdadero compromiso del Gobierno con la transparencia. La difícil situación del mercado laboral no se soluciona cuestionando las cifras que dejan en evidencia esa realidad, sino tomando medidas (algunas políticamente costosas, como la flexibilización laboral) que generen los incentivos para que las empresas empiecen a crear, en cantidades importantes, los empleos que a todas luces están faltando.

 

[1] Ver: http://www.expreso.ec/economia/cifras-empleo-ecuador-iess-inec-IA2288785

Las estadísticas de mercado laboral que el INEC publicó esta mañana muestran que crear las condiciones adecuadas para la generación sostenible de nuevos puestos de empleo es el principal desafío que enfrenta el equipo económico.

Según el INEC, en junio de 2018 apenas el 38,9% de la Población Económicamente Activa (PEA, es decir, las personas que tienen un trabajo y aquellas que están dispuestas a trabajar) tenía un empleo adecuado. La tasa es 1,2 puntos menor que la registrada en junio del año pasado, si bien el INEC aclara que esa variación no es estadísticamente significativa (es decir, está dentro del margen de error de la encuesta). A la par, se registra un aumento (este sí estadísticamente significativo) en la tasa de “otro empleo no pleno”, que pasa de 24,3% en junio de 2017 a 26,5% en el mismo mes de este año. Según el INEC, en esta categoría están aquellas “personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales”. El subempleo (personas que trabajan menos que la jornada legal y/o reciben ingresos menores al salario mínimo pero están disponibles para trabajar más) se mostró relativamente estable (registró una variación no significativa en términos estadísticos de 20,5% a 19,4%) y finalmente el desempleo se mantuvo alrededor del 4%. Sin embargo, como hemos resaltado en informes anteriores, en el caso del Ecuador la tasa de desempleo no es un indicador relevante, ya que se refiere a las personas que están haciendo gestiones concretas para conseguir un trabajo pero, a la par, no generan ningún tipo de ingreso laboral (es decir, una persona que está buscando un trabajo y simultáneamente vende sánduches o jugos en la calle no es un desempleado sino un empleado inadecuado).

Otro dato relevante de la última publicación del INEC es el incremento de la informalidad (entendida como el porcentaje de empleados que trabajan en una empresa o un emprendimiento personal que no tiene RUC). Entre junio de 2017 e igual mes de este año el empleo en el sector informal trepó de 45% a 47,5%, la tasa más alta desde que se tiene información comparable (2007). Simultáneamente, el porcentaje de empleados que no tienen cobertura de seguro de ningún tipo subió de 56,6% a 58,2%.

El reporte del INEC también muestra que, contrario a lo que había ocurrido en los últimos años, cuando muchas personas que estaban en la inactividad (estudiantes, amas de casa, jubilados) pasaron a formar parte del mercado laboral (es decir, empezaron a trabajar o a buscar trabajo) para compensar la pérdida de empleo de otros miembros del hogar, entre junio de 2017 e igual mes de 2018 la PEA se redujo, pese a que en el mismo período siguió creciendo la población en edad de trabajar (personas de 15 años o más). Esto provocó una caída en las tasas de participación bruta (PEA/Población total) y global (PEA/Población en edad de trabajar). Esto podría estar reflejando un “efecto desaliento”, es decir, que algunas personas se cansaron de buscar trabajo y optaron por dejar de hacerlo. De hecho, entre junio de 2017 y junio de 2018 el porcentaje de los desempleados que llevaba buscando trabajo durante tres meses o más subió de 46,7% a 49,4%.

A nivel de ciudades, la que muestra los peores resultados es Quito, donde el empleo adecuado cayó de 63,1% a 59,1% (caída estadísticamente significativa). Simultáneamente, según el reporte de pobreza que el INEC publicó también esta mañana, en Quito la tasa de pobreza creció de 7,8% a 12,8% y la de pobreza extrema de 1,9% a 4,6%. Lo contrario ocurrió en Cuenca, donde el empleo adecuado mejoró y la pobreza se redujo. A nivel nacional la tasa de pobreza en junio de este año se ubicó en 24,5% y la de pobreza extrema en 9%. En ambos casos esas cifras representan incrementos en torno a un punto frente a junio del año pasado.

Las cifras del INEC muestran que el manejo económico de los últimos doce meses no ha sabido generar las condiciones para mejorar las pobres estadísticas del mercado laboral que el país arrastra desde el final de la bonanza petrolera. El ajuste en el gasto fiscal que se llevó a cabo en el primer semestre de este año (respecto a la primera mitad de 2017) puede estar explicando en parte los resultados de la última encuesta y, dado que aún hace falta ordenar las cuentas públicas, es probable que en los próximos meses se observe un mayor deterioro (de la mano con una desaceleración, ojalá corta, en la tasa de crecimiento de la economía). En ese contexto, toman más importancia las señales que el equipo económico envíe sobre su compromiso por lograr un crecimiento sostenible (ya no basado en el endeudamiento y el gasto público) y las medidas que se adopten para restar rigidez al mercado laboral (algo que el FMI también recomienda). Sólo así se puede esperar que la iniciativa privada compense la pérdida de empleos que se derivará del impostergable ajuste fiscal.

Según una noticia publicada esta mañana en el portal de CNBC[1], Bank of America Merril Lynch prevé que para el segundo trimestre de 2019 el precio del petróleo podría alcanzar los $90 por barril, como consecuencia de las sanciones que el gobierno de Donald Trump busca imponer sobre Irán. “El martes, Estados Unidos exigió que todos los países detuvieran las importaciones de crudo iraní desde principios de noviembre. La posición de línea dura de la administración Trump es parte de un impulso más amplio para tratar de aislar aún más a Teherán tanto política como económicamente”, dice la noticia, que también señala que el crudo WTI (que sirve como referencia para determinar el precio del petróleo ecuatoriano) se negociaba esta mañana en alrededor de $72 por barril.

Sin entrar en el análisis de las causas, un eventual aumento en el precio del petróleo hasta los $90 por barril constituiría indudablemente una buena noticia para el Gobierno ecuatoriano, que contaría con mayores ingresos petroleros para el Presupuesto General del Estado (PGE), podría pagar en un plazo menor las deudas que se acumularon en los últimos años con las empresas de prestación de servicios y debería destinar menos barriles para amortizar las preventas de petróleo. No obstante, el incremento del precio del crudo también puede derivar en una actitud “pasiva” frente al necesario ajuste que se debe llevar a cabo en el gasto público. Es decir, con mayores ingresos petroleros en el Presupuesto, el Gobierno podría registrar, incluso antes de 2021 y sin demasiado esfuerzo por el lado del gasto, un equilibrio primario, según exige la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” que fue aprobada por la Asamblea y que aún puede ser vetada por el Ejecutivo.

La experiencia del decenio anterior, en el que se registró un aumento desbordado e insostenible del gasto público, y la crítica situación en que el gobierno de Rafael Correa dejó las cuentas fiscales deberían servir como experiencia para no repetir los mismos errores. Es decir, si los pronósticos de Bank of America Merril Lynch se cumplen, el Gobierno debe vencer la tentación de volver a postergar el ajuste del gasto (como ya lo hizo durante el primer año de gestión, a costa de un agresivo y oneroso endeudamiento), dándose por satisfecho con registrar un equilibrio primario en el PGE. Es por eso que las reglas que la Ley estipula para el “período de estabilización fiscal” no deben limitarse al resultado primario del Presupuesto (la diferencia entre ingresos y gastos, dejando de lado el pago de intereses), sino incorporar también un compromiso específico, creíble y verificable de recorte del gasto (por ejemplo, una meta mínima de recorte para cada año, sin importar lo que ocurra con los ingresos). De esta forma, el Gobierno, puntualmente el ministro de Economía y Finanzas, también tendría argumentos adicionales para hacer frente a las presiones –muy probablemente provenientes del mismo Gobierno– que con toda seguridad recibirá para no ajustar el gasto porque el precio del petróleo ha vuelto a estar alto.

De hecho, ahora que el mismo Gobierno ha propuesto restablecer los fondos de estabilización, es fundamental que estos ahorros empiecen a constituirse antes de que finalice el “período de estabilización fiscal”, de preferencia en 2019. La constitución de estos fondos no sólo servirá para dejar atrás el carácter procíclico que tuvo la política fiscal del anterior gobierno, sino también para enviar a los agentes económicos una señal contundente sobre el compromiso del Gobierno para encauzar a las finanzas públicas en un sendero ordenado y sostenible.

Los datos históricos muestran claramente que el precio del petróleo (y de otros commodities) es cíclico, es decir, que a los períodos de precios altos les siguen inevitablemente otros de precios bajos. El Gobierno debe tener eso presente para no conformarse con tener un equilibrio primario que puede convertirse nuevamente en un déficit (y, por tanto, demandar nuevo endeudamiento) cuando el precio del petróleo (que ya está en niveles altos) vuelva a caer por algún motivo. En ese sentido, el Gobierno debe aprovechar su capacidad de veto para mejorar las reglas macrofiscales incluidas en la ley recientemente aprobada.

[1] Ver: https://www.cnbc.com/2018/06/28/iran-sanctions-could-soon-push-oil-prices-above-90-a-barrel-boaml-sa.html

Una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha aprobado los reglamentos para seleccionar a las primeras autoridades de la Procuraduría General del Estado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), el Presidente Lenín Moreno debe enviar ternas de candidatos para cada uno de esos cargos.

En materia económica, si bien la SCPM tiene un papel importante para combatir los monopolios y fomentar la competencia (sin que eso signifique perseguir a los empresarios ni inmiscuirse en el normal desempeño de las actividades comerciales y productivas, como lo hizo cuando Pedro Páez dirigía esa institución), el rol que jugará quien encabece la SEPS será determinante para regular adecuadamente al sector de cooperativas de ahorro y crédito, que ya representa una cuarta parte del sistema financiero nacional. Este sector registró un explosivo crecimiento en el número de instituciones entre 2007 y 2012 (pasando de alrededor de 550 a más de 1.000), pero en los últimos años ha sufrido la liquidación, fusión o absorción de alrededor de 300 cooperativas, dejando en evidencia la vulnerabilidad y el inadecuado control por parte de la SEPS, institución creada específicamente con ese fin.

En realidad, durante el anterior gobierno y los primeros meses del actual las autoridades encargadas de controlar a las cooperativas parecían más preocupadas por ocultar las debilidades del sector que por combatirlas. Una muestra patente (y patética) de eso fue la intención, incluida en la primera versión del proyecto de “Ley de Reactivación Económica” que se aprobó a finales de 2017, de permitir que las cooperativas de todos los segmentos no presentaran balances por dos años, lo que habría vulnerado gravemente los derechos de los socios y depositantes del sector (finalmente se aprobó esa “concesión” sólo para las cooperativas más pequeñas, para las que ya desde antes no se tiene información disponible al público).

De hecho, una buena parte de la normativa que se ha emitido en los últimos años para las cooperativas de ahorro y crédito se muestra laxa frente a la que rige a los bancos y también frente a los estándares internacionales de prudencia financiera. Por ejemplo, las cooperativas tienen un plazo más extenso que los bancos para registrar como morosa a la cartera que presenta problemas de cobro (por tanto, los indicadores de morosidad de las cooperativas no son comparables con los de los bancos). Las autoridades también han concedido a las cooperativas, especialmente a las más pequeñas, plazos imprudentemente largos para cubrir con provisiones el 100% de su cartera problemática. Además, la normativa permite que una cooperativa sana que absorbe a una con problemas provisione la cartera improductiva de esta última en un plazo de hasta diez años.

A esto se suma un seguro de depósitos que no cubre por igual a los depositantes de las cooperativas de los distintos segmentos (los depositantes de las instituciones más pequeñas están menos cubiertos), un fondo de liquidez al que sólo están aportando las cooperativas más grandes e incluso plazos más laxos para las cooperativas más pequeñas para alcanzar un nivel mínimo de solvencia patrimonial (patrimonio técnico / activos ponderados por riesgo).[1]

En este contexto, y considerando que los millones de socios y depositantes del sistema de cooperativas[2] pertenecen en su gran mayoría a sectores vulnerables, es importante que la terna que el Presidente Moreno envíe para designar al nuevo superintendente de Economía Popular y Solidaria esté compuesta por personas que entienden el sector y conocen las mejores prácticas de regulación y prudencia financiera. Su prioridad, al fin y al cabo, no debe ser seguir fomentando un crecimiento desordenado del sector, sino procurar que los problemas que puedan presentar algunas cooperativas no contaminen a las demás y conseguir, en el mediano plazo, un sistema sano y sostenible en beneficio de sus socios.

 

[1] En nuestra página web está disponible un estudio que compara las estadísticas y los indicadores de las cooperativas de los segmentos 1 y 2 (las más grandes) frente a los de los bancos y también analiza la normativa vigente para el sector cooperativo. El estudio está en este link: http://cordes.org/images/publicaciones/otras/Informe-sobre-cooperativas-de-ahorro-y-crdito-07.05.2018.pdf

[2] Seis millones de socios, según la SEPS. Ver: http://www.seps.gob.ec/noticia-medio?en-2017-se-registra-crecimiento-de-economia-popular-y-solidaria

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó ayer, después de varios meses de retraso, los boletines de deuda pública (externa, interna y total) con información hasta abril. En una entrevista en Ecuavisa, el nuevo ministro, Richard Martínez, había anunciado esta decisión como una muestra de la transparencia en las cifras que quiere promover durante su gestión. Hasta antes de ayer los últimos boletines disponibles correspondían a enero. En estos, además, la deuda total se presentaba únicamente en el formato “consolidado”, que ha sido cuestionado tanto por la Contraloría General del Estado como por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos manuales, según el gobierno anterior y también los primeros ministros de Economía y Finanzas del actual, habían servido como base para esa consolidación. Cabe recordar que el método de consolidación del gobierno anterior sirvió para disfrazar la verdadera situación de la deuda pública, omitiendo la mayor parte de las obligaciones internas del Gobierno Central, incluso aquellas con instituciones públicas que manejan recursos privados, como el IESS o el Banco Central

Los nuevos boletines no sólo vuelven a incorporar la deuda agregada ($48.848 millones a abril, equivalentes al 47% del PIB), sino que también incluyen información adicional sobre operaciones que, por sentido común, constituyen una deuda para el Estado: ventas anticipadas de petróleo, Certificados de Tesorería (CETES, que son obligaciones de Finanzas a menos de un año), atrasos de ejercicios fiscales anteriores (deuda flotante), deudas a empresas de servicios petroleros, entre otros. Esta información permite tener una idea mucho más clara sobre la verdadera magnitud de la deuda pública del Ecuador, que, como se había advertido innumerables veces, hace mucho superó el 40% del PIB que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) establece como tope máximo. De hecho, según la información publicada por Finanzas, la suma de la deuda agregada más las “otras obligaciones” ronda los $59.000 millones. En esa cifra no se incluye el saldo de los pasivos contingentes, que también está detallado en el nuevo boletín ($3.116 millones).

Más allá de la autorización que la Contraloría ha dado para que este año el Gobierno se endeude hasta el monto de financiamiento contemplado en el Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado para 2018 (es decir, $8.254 millones, de los cuales ya se han conseguido más de $3.000 millones), el Gobierno sigue enfrentando un escenario complejo. En un número anterior de Cordes Opina dijimos que es urgente que el Fisco tenga acceso a nuevo financiamiento para no provocar graves impactos en toda la economía. Para esto, sin embargo, es indispensable que el Gobierno establezca un compromiso tangible en cuanto a metas de reducción del gasto público y del déficit fiscal. Al respecto, el nuevo ministro ha señalado que en su gestión se llevará a cabo una reducción del tamaño del Estado “gradual, pero muy disciplinada”, lo que ha sido recibido de manera favorable por los agentes económicos. De hecho, el índice de riesgo país, que había venido creciendo de manera sostenida en los últimos días de la breve gestión de María Elsa Viteri, acumula ya tres días consecutivos de caída (desde 748 puntos el lunes de esta semana, cuando se anunció la designación de Martínez, hasta 661 puntos ayer).

Sin embargo, para que esta tendencia continúe es necesario que el nuevo ministro anuncie, en un plazo corto, las medidas puntuales que se tomarán para reducir el gasto público, que en los últimos años ha superado en mucho a los ingresos, ocasionando déficits fiscales en torno al 7% del PIB. Al respecto, en su entrevista en Ecuavisa Martínez hizo otra declaración importante: que, al igual que en lo referente al saldo de la deuda pública, no puede haber divergencias en cuanto al monto del déficit del PGE. Cabe recordar que desde hace varios años el Observatorio de la Política Fiscal ha denunciado una subestimación en el déficit como consecuencia de una sobrestimación de los ingresos petroleros (se han venido contabilizando como ingreso a los barriles de crudo que se exportan para amortizar ventas anticipadas de años anteriores). Se entiende, entonces, que también habrá correcciones en las cifras del Presupuesto, manipuladas en anteriores gestiones.

Martínez ha dado señales positivas en sus primeros días al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, el reto que tiene por delante es grande: definir las partidas presupuestarias donde se recortará el gasto y presentar a la Asamblea un plan de estabilización fiscal que le permita tener acceso a más financiamiento. Pero esos recursos ya no pueden ser usados, como hicieron los ministros anteriores, para postergar el ajuste, sino para financiarlo.

Al cierre de abril, según el último Boletín Monetario Semanal publicado por el Banco Central, el saldo de los depósitos en la Cuenta del Tesoro Nacional (desde la que se realizan los pagos del Presupuesto General del Estado) era de $944 millones, es decir, casi $2.500 millones menos que al cierre de enero, cuando la emisión de bonos soberanos por $3.000 millones dio un respiro a las arcas fiscales. Las fuertes oscilaciones en los depósitos de la Cuenta del Tesoro (que se observan en el gráfico) reflejan la dependencia que el gobierno anterior y el actual han desarrollado hacia la deuda: los depósitos del Tesoro suben cuando se colocan bonos soberanos (en marzo y mayo de 2015, en julio, septiembre y diciembre de 2016, en enero, mayo y octubre de 2017 y en enero de 2018) y “se consumen” en pocas semanas. De hecho, el bajo saldo registrado al cierre del mes pasado se dio pese a que cada abril el SRI recauda (y transfiere al Tesoro) el Impuesto a la Renta que pagan las empresas, es decir, se trata de un mes de altos ingresos para el fisco.

Sin tomar en cuenta las amortizaciones de la deuda pública, es decir, considerando sólo lo que se conoce como gastos “sobre la línea”, el Presupuesto General del Estado aprobado para 2018 contempla gastos por $26.000 millones[1]. En otras palabras, el gasto mensual promedio del Presupuesto ronda los $2.200 millones (obviamente hay meses con gastos mayores, como diciembre, por el pago del décimo tercero), a lo que habría que sumar las amortizaciones programadas para este año (como referencia, en 2017 las amortizaciones de deuda externa, sin considerar preventas de petróleo, sumaron $2.400 millones; las amortizaciones de deuda interna sumaron $4.600, pero estas operaciones se suelen renovar). El saldo de $944 millones en la Cuenta del Tesoro es, entonces, a todas luces insuficiente para afrontar los gastos del Presupuesto. De hecho, sólo el gasto corriente ronda los $1.500 millones mensuales.

En este contexto, el informe de Contraloría según el cual la relación deuda / PIB ya superó el tope legal del 40% abre un escenario muy complejo no sólo para el Gobierno, sino para la economía en general. Cabe recordar que, como consecuencia del manejo económico que se ha llevado adelante en los últimos once años, la economía en su conjunto desarrolló una dependencia hacia el gasto público, que en 2017 representó poco menos del 40% del PIB. Si se corta en seco el acceso a nueva deuda pública, no sólo el Gobierno sufrirá las consecuencias, sino también todas aquellas empresas que le proporcionan bienes o servicios e incluso quienes sean proveedores de esas empresas. Es decir, esto provocaría problemas en la cadena de pagos que podrían también afectar al sector financiero (cabe recordar que en 2015, cuando el Gobierno acumuló atrasos por más de $2.000 millones, los depósitos en los bancos cayeron 13%).

Es importante, por lo tanto, que el Gobierno pueda acceder a nuevo financiamiento en un plazo relativamente corto. Esto no significa, y aquí queremos ser enfáticos, que en CORDES defendamos el dispendioso manejo económico que ha mantenido la actual administración (prácticamente igual al de la administración anterior), ni que consideremos que el Gobierno debe mantener el actual ritmo de gasto. Creemos, y así lo hemos dicho muchas veces, que para tener finanzas públicas sostenibles es imprescindible recortar el gasto a un ritmo mayor que el que se ha anunciado en el último programa económico. La consecuencia de no hacerlo puede ser un ajuste desordenado con costos sociales y económicos mucho mayores. En ese sentido, para aprobar el acceso a más financiamiento (ya sea elevando el techo legal o aprobando operaciones puntuales), la Asamblea debe exigir al Gobierno compromisos claros y estrictos de recorte del gasto público, a fin de que los recursos procedentes de esa nueva deuda (que no se pueden destinar a gasto corriente) no “se consuman” en cuestión de semanas, como hemos visto en los últimos años. El Gobierno debe tener claro que la mayor parte del ordenamiento de las cuentas fiscales debe venir por una reducción de los egresos y no por un aumento de los ingresos a través de veladas alzas impositivas al sector privado (aunque éste también deberá poner de parte). Pero debemos estar conscientes de que “asfixiar” al Gobierno cortándole el acceso a nuevo financiamiento puede traer graves consecuencias para la sociedad en su conjunto.

 

[1]  Tampoco se toman en cuenta los gastos para la importación de derivados de petróleo, contemplados en la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD).

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo que presentó esta mañana el INEC muestran una recuperación en los principales indicadores del mercado laboral: la tasa de empleo adecuado pasó de 38,5% en marzo de 2017 a 41,1% en marzo de 2018 y la tasa de subempleo se redujo de 21,4% a 18,3% en el mismo período[1]. En ambos casos la variación es estadísticamente significativa. Si bien esta mejora es, sin dudas, una noticia positiva, creemos que para ponderarla adecuadamente hay que tomar en cuenta tres factores que la explican, al menos en parte.

El primer aspecto se refiere al período con el que nos estamos comparando. En marzo de 2017 los indicadores laborales presentaban resultados críticos. En ese mes la tasa de empleo adecuado (38,5%) fue la más baja para un mes de marzo desde que se tiene información comparable. Si, en cambio, tomamos en cuenta la tasa de empleo adecuado de marzo de 2014 (45,5%), la de marzo de este año es casi cuatro puntos y medio menor. Lo contrario sucedió con el subempleo: en marzo de 2017 la tasa alcanzó un nivel récord de 21,4% y la tasa actual (18,3%) sigue siendo significativamente mayor que la registrada antes del inicio de la recesión económica (12,6% en marzo de 2014). Cabe recordar que el empleo adecuado se refiere a las personas que trabajan la jornada legal de 40 horas semanales y perciben ingresos no menores al salario básico unificado (SBU) o que, teniendo ingresos no menores al SBU trabajan menos que la jornada legal pero no quieren o no están disponibles para trabajar más. El subempleo, en tanto, se refiere a las personas que perciben ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajan menos de la jornada legal y tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar más.

Otro factor que hay que tomar en cuenta es qué actividades impulsaron la recuperación del empleo adecuado. Según el INEC, la cantidad de personas con un empleo adecuado aumentó en alrededor de 240.000 entre marzo de 2017 e igual mes de 2018. Los sectores que más contribuyeron a ese crecimiento fueron la industria manufacturera (con 90.000 empleos adecuados nuevos, según las cifras oficiales) y el comercio (con casi 60.000 empleos adecuados nuevos). Al analizar el desempeño de ambas actividades en base a la información de cuentas nacionales que publica el Banco Central, se encuentra que ambas están muy estrechamente correlacionadas con el consumo privado[2]. Es decir, su dinamismo se explica en buena parte por la recuperación del consumo de los hogares. Ahora bien: ¿qué tan sostenible es esa recuperación? Las cifras de 2017 parecen mostrar que el consumo privado se recuperó gracias a la inyección a la economía de recursos procedentes del agresivo endeudamiento público. Cabe recordar que entre marzo de 2017 e igual mes de 2018 el Gobierno consiguió más de $8.000 millones por concepto de nueva deuda externa. Si ese fue el factor predominante en el repunte del consumo (y, por tanto, en la demanda laboral de las empresas comerciales y manufactureras), entonces el aumento en el número de empleos adecuados podría detenerse o incluso revertirse si ese financiamiento se corta[3].

Finalmente, si bien es destacable que, según las cifras oficiales, el crecimiento del empleo adecuado en el último año responde enteramente a la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado (por el contrario, el número de empleos adecuados en el sector público habría caído), también hay que tomar en cuenta que casi una tercera parte del crecimiento en el número total de empleados adecuados se explica por un aumento en el empleo adecuado informal (es decir, personas que trabajan 40 horas a la semana y ganan más que el SBU, pero trabajan en una empresa o en un emprendimiento personal que no tiene RUC). De hecho, la participación de los informales en el total de empleados adecuados pasó de 14,5% en marzo de 2017 a 15,4% en igual mes de 2018. Esto va de la mano con el aumento en el porcentaje de empleados adecuados que no tienen un seguro (ni del IESS ni privado).

En conclusión, si bien la recuperación de los principales indicadores del mercado laboral en el último año es un hecho positivo, todavía no se puede asegurar que el repunte del empleo adecuado y la caída del subempleo se vayan a mantener en los próximos meses. Ese es justamente el principal desafío del nuevo programa económico: asegurar un flujo permanente de inversión privada que permita sostener la creación de nuevos empleos.

 

[1] La tasa de desempleo se mantuvo en 4,4%, aunque, como hemos sostenido en anteriores columnas sobre este tema, en el caso del Ecuador la tasa de desempleo (que no incluye a quienes hacen trabajos de subsistencia mientras encuentran algo mejor) no es relevante.

[2] En ambos casos, usando datos trimestrales de crecimiento, la correlación con el consumo privado es alta y estadísticamente significativa. Un tercer sector que aportó mucho al aumento en el número de empleos adecuados fue el de hoteles y restaurantes, que, por intuición, también parecería depender en gran medida del consumo privado, pero en este caso la correlación es baja.

[3] En su última columna, Abelardo Pachano explica las posibles consecuencias del informe de Contraloría sobre la deuda pública. Ver: http://www.elcomercio.com/opinion/columnista-abelardopachano-inquietudes-nacionales-deudapublica.html