En las últimas semanas se había generado mucha expectativa sobre la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2019 que el Ejecutivo enviaría a la Asamblea Nacional y que finalmente se remitió el pasado miércoles. Se trata, a fin de cuentas, de la primera proforma elaborada por un equipo económico que ha señalado varias veces la importancia de la austeridad en el manejo de los recursos públicos y la necesidad de ir recortando gradualmente el gasto para reducir las necesidades de financiamiento. Si bien respecto al recorte en el gasto la proforma muestra algunos avances, estos son insuficientes, más aún si se considera que las proyecciones de ingresos en las que se basa la misma proforma pueden ser demasiado optimistas.

En el comunicado de prensa que acompañó a la presentación de la proforma para 2019 , el Gobierno señala que “la masa salarial en su integralidad evidencia una reducción de $70 millones” frente a 2018. De hecho, según el detalle que se incluye en el mismo comunicado, el gasto corriente en sueldos y salarios pasaría de $9.569 millones en 2018 a $9.498 millones en 2019. Al respecto, conviene señalar que el gasto en sueldos y salarios del PGE tiene un crecimiento inercial de entre 2% y 3% cada año. Es decir, aun si no se contrata a nuevos funcionarios ese gasto crece por los aumentos salariales derivados de ascensos en sectores como Policía, Defensa, Educación, etc. Por tanto, esa leve reducción de 0,7% en el gasto de sueldos y salarios sí implica un recorte en la nómina. No obstante, creemos que ese recorte debería haber sido mayor, ya que incluso si se considera el PIB nominal de $113.097 millones proyectado por el Gobierno para 2019 (y que puede estar sobrestimado), ese gasto aún representaría el 8,4% del PIB.

Respecto a los bienes y servicios de consumo, el Gobierno espera una “reducción significativa” de 14% (de $2.754 millones en 2018 a $2.379 millones en 2019). No obstante, el gasto ejecutado hasta septiembre de este año por concepto de bienes y servicios de consumo es de $1.540 millones y el Observatorio de la Política Fiscal (OPF) proyecta que podría llegar a los $2.230 millones al finalizar el año. Por tanto, los $2.379 millones presupuestados para 2019, lejos de representar una “reducción significativa”, incluso podrían significar un aumento frente al gasto real de 2018. Algo similar ocurre con el gasto por concepto del Plan Anual de Inversiones: el Gobierno planea reducirlo de $4.156 millones en 2018 a $3.315 millones en 2019. No obstante, según las proyecciones del OPF este año la inversión directamente ejecutada por el Gobierno (es decir, excluyendo las transferencias de capital a los GADs) podría rondar los $3.400 millones, muy por debajo de los $4.156 millones contemplados en el Presupuesto codificado.

Respecto a la inversión, conviene señalar otro punto. Según las proyecciones del Gobierno el gasto en personal para inversión pasaría de $440 millones en 2018 a $466 millones en 2019, lo que representa una contradicción: si, según las proyecciones oficiales, en 2019 el Gobierno ejecutaría menos inversión que en 2018, ¿por qué aumenta el gasto en personal para inversión en casi 6%?

Según la proforma, el gasto total en 2019 será de $26.017 millones, $900 millones más que en el PGE codificado de 2018. Ese aumento se explica principalmente por la reincorporación del aporte estatal del 40% para el fondo de pensiones del IESS ($1.240 millones) y, en menor medida, por la entrada en vigencia de la Ley Amazónica ($278 millones) y un aumento en las transferencias a los GADs ($540 millones). No obstante, como se ha señalado en los párrafos anteriores, el gasto que realmente se ejecute al finalizar 2018 puede ser bastante menor que el contemplado en el Presupuesto codificado (salvo en el caso del gasto en intereses, para el que el Presupuesto codificado incluye un valor claramente subestimado de $2.292 millones), por lo que el aumento del gasto total entre 2018 y 2019 podría ser mayor que los $900 millones que considera el Gobierno. Esto deja en claro la necesidad de hacer un recorte más profundo en el gasto del próximo año, puntualmente el gasto corriente.

Respecto a los ingresos, el Gobierno espera que los tributarios alcancen los $15.224 millones en 2019, es decir, 1,1% más que los $15.064 millones que espera que este año lleguen a la caja fiscal. Esa expectativa de un mayor ingreso tributario en 2019 está directamente relacionada con la proyección de crecimiento económico que el Gobierno maneja para el próximo año. Según el comunicado de prensa, la proforma 2019 contempla un crecimiento de 1,43% que, si bien es bajo, en nuestra opinión aún es optimista. De hecho, en CORDES creemos que el crecimiento económico del próximo año será menor que el de 2018 (estimado en 1,1% – 1,2% según Proforma 2019: recortes insuficientes en el gasto y optimismo en los ingresos Artículo de opinión sobre hechos coyunturales de la economía ecuatoriana las últimas declaraciones de la gerente del Banco Central). Tres motivos principales nos llevan a pensar esto: i) una previsible ralentización en la entrega de créditos por parte de los bancos (en 2018 la tasa de crecimiento de la cartera de créditos ha superado por mucho a la de los depósitos); ii) un también previsible fortalecimiento del dólar como consecuencia del aumento de las tasas de la Reserva Federal de EE.UU. (lo que afectará a la ya golpeada competitividad del sector productivo nacional y no permite proyectar un repunte en las exportaciones no petroleras medidas en volumen); y, iii) el propio ajuste en el gasto que proyecta el Gobierno y que puede ser mayor al esperado si escasean las fuentes de financiamiento, tema sobre el que haremos un breve comentario más adelante. En ese contexto, si el crecimiento económico en 2019 es menor al contemplado en la proforma, es esperable que los ingresos tributarios también sean más bajos.

En cuanto a los ingresos petroleros, la proforma se basa en un aumento en la producción de crudo (que, de hecho, explicaría en buena parte el crecimiento previsto para la economía en su conjunto) y en un precio de referencia de $58,3 por barril, muy superior al precio de $41,9 contemplado en el PGE de 2018. Respecto a la producción, cabe recordar que entre enero y agosto de 2018 respecto a igual período de 2017 la producción promedio diaria de crudo cayó en 3% y, por tanto, el primer desafío del sector, antes de incrementar la producción, es detener la caída (de hecho, entre 2016 y 2017 también se registró una disminución). Si bien se espera una mayor explotación en el ITT, también hay que considerar el posible declive en la producción en los campos maduros. Respecto al precio, el valor contemplado en la proforma no luce descabellado (entre enero y agosto de este año el precio promedio de exportación del crudo ecuatoriano fue de $61,3 por barril) pero sí hubiera sido deseable que se establezca un precio más conservador. No sólo considerando la histórica volatilidad del mercado petrolero y los riesgos que entraña una profundización de la guerra comercial entre China y EE.UU., sino también la necesidad de que el país ahorre al menos una parte de los ingresos que genera la explotación de un recurso no renovable. En ese sentido, considerar un precio del petróleo ecuatoriano de $58,3 por barril contradice la voluntad de ahorro que el mismo Gobierno mostró al haber restablecido, en la Ley de Fomento Productivo, los fondos de estabilización.

Finalmente, el Gobierno también espera recibir en 2019 $1.000 millones por concepto de “concesiones”. Al respecto no contamos con la información suficiente para hacer un análisis detallado, pero en principio, tomando en cuenta el antecedente de presupuestos de años anteriores (en los que se incluyó ingresos por posibles ventas de activos estatales que nunca se concretaron), el Gobierno podría haberse mostrado más cauto en ese rubro.

Con el escenario de ingresos y gastos descrito, el Gobierno espera llegar en 2019 a un déficit global de $3.655 millones y a un déficit primario (sin considerar el pago de intereses) de $290 millones. Incluso con este escenario, que podría deteriorarse si el fisco no recibe los ingresos estimados en la proforma, las necesidades de financiamiento serán de $8.166 millones, es decir, $300 millones menos que lo estimado en el Presupuesto codificado para 2018. Al respecto, conviene señalar, por un lado, la reducción que se ha registrado en el saldo de la deuda pública interna en lo que va del año y que anticipa una menor disposición de los actores locales para seguir financiando al fisco y, por otro lado, el endurecimiento del crédito para las economías emergentes en general (y para el Ecuador y algunos otros países en particular) en los mercados internacionales. En ese contexto de posible estrechez financiera, es deseable que el Gobierno se acerque al FMI para avanzar en un programa de financiamiento de mediano plazo que permita cubrir una parte importante de la brecha de 2019 y, a la vez, lleve al Ejecutivo a ser más decidido en algunas acciones en las que hasta ahora se muestra demasiado tímido (recorte del gasto, revisión de subsidios, reforma laboral, etc.).

Finalmente, más allá de las críticas a una proforma que muestra recortes insuficientes en el gasto y, a primera vista, un excesivo optimismo en los ingresos, es necesario que el esfuerzo para ordenar las cuentas públicas no recaiga únicamente sobre el Gobierno Central (que es el que está cubierto en el PGE), sino que se extienda también al resto del sector público, principalmente gobiernos seccionales y empresas públicas.


En una entrevista publicada esta mañana en diario Expreso[1], la gerente del Banco Central, Verónica Artola, dice que espera que este año la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana sea de 1,9% o 1,8%. Si bien Artola señala que no se trata de la proyección oficial (que hasta hoy, 11 de octubre, sigue sin publicarse[2]), al tratarse de una cifra mencionada por la gerente de la entidad encargada de calcular y publicar las cuentas nacionales así como de elaborar las proyecciones de crecimiento que sirven de insumo para la proforma del Presupuesto General del Estado, conviene analizarlas.

Según el último boletín de cuentas nacionales trimestrales publicado por el mismo Banco Central, en el primer semestre del año la economía ecuatoriana acumuló un crecimiento de 1,3% frente a igual período de 2017. Por lo tanto, para llegar al 1,8% o 1,9% que menciona Artola el crecimiento interanual de la segunda mitad del año debería estar entre 2,3% y 2,5%, es decir, prácticamente el doble que la tasa publicada para la primera mitad. No obstante, las propias cifras oficiales muestran una marcada desaceleración de la economía, ya que el crecimiento interanual de los dos últimos trimestres de 2017 bordeó el 3%, mientras que el del primer trimestre de este año se redujo a 1,6% y el del segundo trimestre fue de apenas 0,9%. En ese contexto, un crecimiento interanual de 2,3% o 2,5% en la segunda mitad del año (para llegar a un crecimiento de 1,8% o 1,9% en el año completo) implicaría una reactivación que otros indicadores no anticipan.

Por ejemplo, en la segunda mitad del año se espera que la entrega de créditos por parte de los bancos privados, que ha venido creciendo a una tasa mucho mayor que los depósitos, se desacelere, afectando al nivel de actividad. De hecho, entre julio y septiembre de 2018 la cartera bruta de los bancos, según información de Asobanca, registró un crecimiento interanual promedio de 14,4%, bastante menor a la tasa promedio de 20,5% observada entre enero y junio. Asimismo, el Índice de Confianza del Consumidor que calcula el propio Banco Central no anticipa un repunte en el consumo privado, ya que el índice de agosto (último disponible) es menor que el registrado al cierre del primer semestre, es decir, los consumidores estarían más proclives a moderar sus gastos. Por su parte, la contracción de la inversión pública (y la falta de compensación con una mayor inversión privada), que Artola acertadamente menciona como el principal factor para explicar la desaceleración de la economía en su conjunto, se ha mantenido en lo que va del segundo semestre. Sólo por el lado del comercio exterior en julio y agosto (última información disponible) se registra un mejor desempeño de las exportaciones, particularmente las petroleras, frente al crecimiento observado en la primera mitad del año. Sin embargo, también las importaciones (que contablemente afectan de manera negativa al PIB) registraron en el período julio-agosto de 2018 un crecimiento interanual (en volumen) ligeramente superior al observado en el primer semestre.

Cuando el periodista de Expreso le pregunta a la gerente del Banco Central en qué basa su proyección de crecimiento de 1,9% o 1,8%, ella, resaltando que se trata de “una proyección muy básica” y no de la cifra oficial, contesta: “Siempre en el último trimestre se aceleran mucho las compras, sobre todo en noviembre y diciembre”. Eso es verdad, sin embargo, se trata de un fenómeno estacional, es decir, ese aumento en las ventas se repite en los últimos meses de todos los años y, por lo tanto, si se hace una comparación interanual no sirve para explicar el repunte en la tasa de crecimiento que hace falta para llegar a una cifra cercana al 2% en el año completo, como la que Artola prevé.

Más allá de que esa previsión “personal” de crecimiento de la gerente del Banco Central luce demasiado optimista (a menos que el Banco Central, en el próximo boletín de cuentas nacionales, haga una notoria corrección al alza de las cifras del primer semestre), el problema de fondo es la falta de proyecciones oficiales a menos de tres meses de que concluya el año. En la entrevista con Expreso Artola justifica esa demora en los retrasos de otras instituciones en la entrega de información. Lo cierto es que cuando finalmente se publiquen las proyecciones oficiales para este año, estas ya van a resultar totalmente inútiles e intrascendentes para los agentes económicos. Ojalá al momento de publicar esas tardías proyecciones, el Banco Central también publique las de 2019.

 

[1] Ver: https://www.expreso.ec/economia/entrevista-veronicaartola-economia-finanzas-ecuador-BE2413517

[2] Hasta el cierre de esta edición de Cordes Opina, en la sección de Previsiones Macroeconómicas Anuales de la página web del BCE (https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/PIB/indice.htm) seguía saliendo este mensaje: “De acuerdo al calendario de publicaciones económicas del Banco Central del Ecuador, la difusión de la Previsión de crecimiento para el año 2018, estaba programada para el mes de mayo. Debido a los impactos en la economía de las propuestas de política económica planteadas mediante la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que está siendo discutida en la Asamblea Nacional, el BCE se encuentra a la espera de la aprobación de la misma para poder incluir sus impactos en las distintas variables macroeconómicas. En vista de lo anterior, informamos a la ciudadanía que la publicación de la Previsión Macroeconómica se postergará hasta contar con la aprobación de la Ley.”

Según el informe de cuentas nacionales trimestrales publicado esta mañana por el Banco Central, la economía ecuatoriana creció 0,9% en el segundo trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017. La tasa de crecimiento interanual del primer trimestre fue corregida a la baja de 1,9% a 1,6%. Es decir, si bien se trata de cifras preliminares, en la primera mitad de 2018 la economía ecuatoriana habría crecido 1,3% respecto al primer semestre de 2017. Estos resultados muestran una clara desaceleración del nivel de actividad, ya que según el mismo Banco Central en 2017 (cifras también sujetas a revisión) el crecimiento económico fue de 2,4%, habiendo alcanzado las tasas interanuales más altas justamente al final del año: 2,9% en el tercer trimestre y 2,8% en el cuarto (Gráfico 1).

El 0,9% de crecimiento interanual del segundo trimestre de 2018 (la tasa más baja desde las registradas a lo largo de 2016, año en que la economía ecuatoriana se contrajo) responde fundamentalmente a una desaceleración en la demanda interna, que creció 3,3% frente al segundo trimestre de 2017, muy lejos de las tasas en torno al 6% registradas en los últimos tres trimestres de ese año y también por debajo del 3,9% observado en el primer trimestre del presente. Según el Banco Central, el consumo de los hogares creció 3,3% en el segundo trimestre, con lo que acumuló un crecimiento de 2,9% en la primera mitad del año respecto a igual período de 2017. Por su parte, la formación bruta de capital fijo (FBKF, la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo) habría crecido 2,4% en el segundo trimestre, acumulando un crecimiento interanual de 3,2% en el primer semestre, pese al desplome que muestra el gasto en inversión del Gobierno Central. En lo referente al gasto de consumo del Gobierno General (que incluye también a los gobiernos seccionales y los fondos de la seguridad social), el Banco Central registra para el segundo trimestre de 2018 un crecimiento interanual de 3,9%, muy superior al 1,2% reportado para el primer trimestre.

Las exportaciones de bienes y servicios, en tanto, muestran una sensible desaceleración, al pasar de una ya modesta tasa de crecimiento interanual de 1,3% en el primer trimestre de este año a una de apenas 0,2% en el segundo (la tasa más baja desde inicios de 2016). Por el contrario, las importaciones, si bien se muestran menos dinámicas que en 2017, registraron en el segundo trimestre de este año un crecimiento interanual de 8,6%, acumulando un aumento de 9,1% en el primer semestre.

A nivel de industrias, diez de las dieciocho que se detallan en el boletín de cuentas nacionales registraron en el segundo trimestre de este año una tasa de crecimiento interanual menor a la observada en el primero y en doce de las dieciocho el crecimiento del segundo trimestre fue menor que el registrado a lo largo de 2017. Entre estas actividades están agricultura, petróleo y minas (que acumula seis caídas interanuales consecutivas), refinación de petróleo (que se habría desplomado 36% en el segundo trimestre), manufactura, comercio, servicios financieros y alojamiento y servicios de comida. Por el contrario, entre las industrias cuyo crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2018 fue mayor que el registrado a lo largo de 2017 están construcción (que el año pasado se contrajo 4,4% y en el segundo trimestre de este año registró un modesto crecimiento de 1,1%), transporte, administración pública y “enseñanza y servicios sociales y de salud”, que habría registrado un notorio crecimiento interanual de 5,7% en el segundo trimestre.

El uso del modo condicional (que bien podría extenderse a todo el texto) no es casual, sino que responde a las dudas que, lamentablemente, siguen generando las estadísticas del Banco Central. Más allá de que la tasa de crecimiento para 2017 fue corregida (nuevamente a la baja, como ya viene siendo casi una costumbre en las estadísticas de cuentas nacionales) de 3% a 2,4% en el informe de cuentas anuales que se publicó a finales de julio, la presentación de las cuentas trimestrales (que ahora coinciden con el crecimiento anual corregido) muestra la magnitud de las revisiones que el Banco Central llevó a cabo en las estimaciones trimestrales del PIB, tanto por el enfoque del gasto como por el del valor agregado.

Así, por ejemplo, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2017 se corrigió de 2,7% a 1,7%, una corrección equivalente al 37% del valor originalmente publicado. La tasa del segundo trimestre del año pasado pasó de 3% a 2,1% y en los dos siguientes trimestres, si bien en magnitudes menores, también se registran correcciones, siempre a la baja (Gráfico 2). En algunos elementos puntuales del PIB las correcciones son incluso más pronunciadas: en el consumo de los hogares los cambios en los resultados de los dos primeros trimestres del año pasado rondan los 2 puntos porcentuales, mientras que en las importaciones (cuyo valor no debería sufrir grandes cambios), la tasa de crecimiento del último trimestre de 2017 se corrigió de 6,9% a 11,8%. Pero el elemento del PIB por el enfoque del gasto que sufrió las mayores modificaciones fue la FBKF, que hasta el boletín anterior registraba tasas de crecimiento que promediaban el -0,5% en los cuatro trimestres de 2017 y que ahora muestra, para el mismo período, crecimientos en torno al 5,3%.

Por el lado de las industrias se ve algo similar. En refinación de petróleo, por ejemplo, la tasa de crecimiento del segundo trimestre de 2017 se corrigió de -0,9% a 18,9% y en el primer trimestre de este año se dio una corrección también importante: de 3,1% (positivo) a -7,7% (negativo). En otras industrias como acuicultura, suministro de electricidad y agua, transporte, correo y comunicaciones y servicios financieros también se observan modificaciones muy notorias. Incluso en los “otros elementos del PIB”, que se refieren básicamente a impuestos sobre bienes y servicios (IVA, aranceles, entre otros) y, por tanto, deberían registrar cifras cercanas a las definitivas desde el primer momento, las correcciones son enormes: en los dos últimos trimestres de 2017 las tasas de crecimiento interanual de ese componente del PIB se corrigieron en más de 30 (TREINTA) puntos porcentuales.

La incertidumbre sobre las estadísticas ahora se extiende, además, a las de la balanza de pagos, que también han sufrido grandes modificaciones en algunos de sus elementos. Por ejemplo, según el boletín de balanza de pagos publicado a finales de junio, en el primer trimestre de este año el componente “moneda y depósitos” de la cuenta financiera registró un valor de $333 millones (positivo), pero según el nuevo boletín, publicado ayer, el valor revisado es de -$605 millones (negativo). ¿Cómo se explica una corrección de casi $940 millones?

Que la economía ecuatoriana, como consecuencia principalmente del sensible ajuste en el gasto de inversión, se está desacelerando no parece estar en duda (de hecho, otras cifras, como las recaudaciones de IVA interno o las del mercado laboral, sugieren lo mismo). En ese sentido, las estadísticas del Banco Central señalan, al menos, la tendencia correctamente. Sin embargo, la magnitud de las revisiones a las cifras previas vuelve a dejar en claro la necesidad de una revisión integral de las estadísticas de cuentas nacionales (y, al parecer, también de la balanza de pagos). Tal vez por la desconfianza en sus propias cifras es que hasta el cierre de esta edición de Cordes Opina el Banco Central seguía sin publicar las proyecciones de crecimiento para 2018.

Las reservas internacionales del Banco Central, según la información que esa entidad publicó el martes por la tarde, se redujeron en $275 millones la semana pasada hasta ubicarse en $2.311 millones. Se trata del nivel más bajo desde inicios de enero, mes en que el Gobierno concretó una nueva emisión de bonos soberanos, esa vez por $3.000 millones. Esa emisión (la tercera durante la gestión de Carlos de la Torre al frente del Ministerio de Economía y Finanzas) permitió aumentar el nivel de las reservas, que a finales de enero bordearon los $5.900 millones, y obviamente también le dio oxígeno a la cuenta del Tesoro Nacional, que había cerrado 2017 con un saldo apenas superior a los $100 millones.

En realidad, desde los últimos años del gobierno anterior, cuando la caída del precio del petróleo afectó a una de las principales fuentes de divisas para la economía ecuatoriana, el bajo nivel de las reservas internacionales –que durante varios períodos no alcanzaban para cubrir las reservas de los bancos privados en el Banco Central, como también está ocurriendo en la actualidad– fue “solventado” con la emisión de nueva deuda externa. De hecho, los picos en las reservas que se observan en el Gráfico 1 coinciden siempre con una nueva colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales, siempre en condiciones muy onerosas para el país (cabe recordar que por esas emisiones Ecuador llegó a pagar tasas cercanas al 11% cuando los bonos del Tesoro Americano a 10 años pagaban menos del 2%). Esas emisiones, y los controles a las importaciones que tuvieron un impacto negativo sobre el nivel de actividad, fueron las únicas “soluciones” que se les ocurrieron a las autoridades económicas de entonces.

Justamente una de esas autoridades, el ex ministro de Finanzas Fausto Herrera, ha comentado en su cuenta de Twitter el tema de las reservas. Dice Herrera: “Si no entran recursos esta semana las reservas internacionales 2310 mm, van en camino a ser las más bajas en 10 años, comparables a Abril y Mayo de 2016 pero la diferencia es que en esas fechas el petróleo estaba a 30 dólares, estábamos pagando a Occidental y tuvimos un terremoto”. Respecto al precio del petróleo, Herrera debería saber que el alza de los últimos meses no se ha traducido directamente en un aumento de las reservas (ni de los depósitos del Tesoro), ya que durante los años en que él estuvo a cargo de las finanzas públicas se concretaron muchas preventas de crudo que se siguen amortizando y se acumularon grandes deudas con las empresas petroleras privadas (muchas de ellas extranjeras) a las que ahora se tiene que pagar. Sobre el tema del terremoto, conviene aclarar que para que ese desastre hubiera afectado a las reservas tendría que haber provocado un aumento significativo en las importaciones o una caída de las exportaciones y que, además, esos movimientos no se hubieran visto compensados por créditos externos (porque las reservas internacionales se mueven sólo por operaciones con el exterior o, excepcionalmente, si se produce un retiro masivo de depósitos que no regresan al sistema financiero). Eso, evidentemente, no fue lo que pasó.[1]

Pero más allá del desconocimiento (o la mala fe) en el comentario de Herrera, llama la atención que una alta autoridad económica del gobierno anterior hable del bajo nivel de las reservas internacionales como si las medidas que ellos tomaron no tuvieran nada que ver en esta situación. Y lo cierto es que tienen mucho que ver.

En primer lugar, la pérdida de competitividad del Ecuador, que hace que los productos nacionales sean comparativamente más caros que los de los países con los que competimos, generando presiones sobre la balanza de pagos (y, por tanto, sobre las reservas), no se explica solamente por el fortalecimiento del dólar, sino también, y en buena parte, por medidas (tributarias, laborales, financieras) que incrementaron los costos locales.

En segundo lugar, cabe recordar que la inversión extranjera directa, que en otros países de la región constituye una fuente importante y permanente de divisas, se ubicó en los últimos años por debajo del 1% del PIB como consecuencia, sobre todo, de los constantes cambios en las reglas del juego y el mal ambiente de negocios que generó el gobierno anterior.

Pero principalmente los créditos del Banco Central a Finanzas que Herrera y las demás autoridades económicas de entonces promovieron para no reducir el gasto público en la medida necesaria y que llegaron a rondar los $6.000 millones, al constituir una inyección a la economía de dinero primario no respaldado en dólares, generaron, a través del crédito y el consumo, nuevas presiones sobre la balanza de pagos en un contexto de tipo de cambio real apreciado. Credit Suisse ha abordado este tema con detalle en sus informes sobre Ecuador.

Ahora bien, que los bajos niveles de las reservas internacionales sean en gran medida consecuencia de decisiones económicas adoptadas por las autoridades del gobierno anterior (de hecho, los intereses de las deudas contratadas en los últimos años también son un canal de salida de divisas), no exime de responsabilidad al gobierno actual. Si bien en los últimos meses se ha reducido el gasto público (puntualmente el de inversión), que también impulsa las importaciones, y por iniciativa del actual equipo económico se han cerrado las puertas para que el Banco Central siga financiando al fisco a través de una expansión de su balance, siguen pendientes las medidas que permitan devolver competitividad al sector productivo nacional y atraer inversión extranjera directa, lo que restaría presión a la balanza de pagos.[2]

En ese contexto, si bien una nueva operación de deuda externa se muestra inevitable para recomponer las reservas internacionales en el corto plazo, es importante que el Gobierno adopte las medidas (algunas de ellas políticamente costosas, como una corrección de las rigideces del mercado laboral) que permitan que en el mediano plazo las reservas ya no dependan tanto del financiamiento que se pueda seguir consiguiendo en el exterior. El Gobierno debe saber que, dadas las nuevas condiciones de los mercados internacionales -que dificultan el acceso a crédito a las economías emergentes (al respecto, la Reserva Federal acaba de subir nuevamente sus tasas) y el agresivo crecimiento de la deuda externa ecuatoriana en los últimos años, confiar en que va a haber demanda para nuevas emisiones (salvo que sea a tasas de usura) es una apuesta por demás arriesgada.

 

[1] Luego del terremoto, Ecuador recibió un crédito del FMI por $364 millones, justamente para afrontar posibles desequilibrios en la balanza de pagos. Por su parte, ni las importaciones ni las exportaciones registraron movimientos abruptos.

[2] Tampoco se avanzó en la magnitud necesaria en el recorte de los subsidios a los derivados de petróleo, lo que habría permitido reducir las importaciones de esos productos.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, ha reconocido que este año y el próximo el crecimiento económico será “complicado”. El FMI dice que la economía se está enfriando y la CEPAL proyecta que en 2018 Ecuador crecerá en torno al 1,5%, lo que implica una notoria desaceleración respecto al crecimiento de 2,4% alcanzado en 2017. En CORDES proyectamos que el crecimiento de este año será de 1,3% y, al igual que otros analistas económicos (algunos de los cuales proyectan tasas menores), no descartamos que el Ecuador entre en una recesión.

¿Por qué la actividad económica se está desacelerando frente a 2017 (cuando un agresivo y oneroso endeudamiento permitió sostener el gasto público en alrededor del 38% del PIB e inyectar a la economía recursos frescos que dinamizaron el consumo privado)? El principal motivo, en una economía que sigue siendo muy dependiente del gasto público, es la fuerte contracción que se ha dado en el gasto de capital. Según información oficial compilada por el Observatorio de la Política Fiscal, entre enero y julio de este año, el gasto de inversión ejecutado por el Gobierno Central sumó $1.230 millones, es decir, $1.383 millones menos que en el mismo período de 2017. En relación al tamaño de la economía, ese ajuste roza el 1,5% del PIB. En términos porcentuales, en los primeros siete meses del año el gasto de inversión del Gobierno Central se contrajo 53% respecto a igual período de 2017.

Una caída de esa magnitud necesariamente tiene que afectar al nivel de actividad, más aún en un país en el que hace pocos años el sector público, liderado por el Gobierno Central, llegó a representar más de la mitad de la inversión total. Según las proyecciones oficiales contempladas en el Plan de Prosperidad 2018-2021, el gasto de capital del Presupuesto General del Estado volverá a reducirse en casi 1% del PIB en 2019, lo que hace previsible que las bajas tasas de crecimiento se extiendan al menos hasta el próximo año.

Sin embargo, la fuerte contracción en el gasto de inversión explica también la mayor parte de la caída del déficit fiscal: de $2.364 millones en los primeros siete meses de 2017 a $757 millones en igual período de este año (en ambos casos el déficit es mayor si no se cuentan como ingresos a los barriles de petróleo que se exportan para amortizar preventas de años anteriores). Considerando el insostenible tamaño que el Estado ecuatoriano adquirió durante el correísmo (y que mantuvo en el primer año de gestión de Moreno) y el desincentivo a la inversión privada que implica tener elevados déficits fiscales (los inversionistas temen que en cualquier momento el gobierno les aumentará los impuestos para achicar ese déficit), los recortes al gasto son medidas que van en la dirección adecuada. Con las cuentas fiscales en orden, se espera que las condiciones de financiamiento para el país mejoren y que el sector privado esté más dispuesto a invertir. En ese sentido, la desaceleración de la economía ecuatoriana es, lamentablemente, un paso ineludible para poder retomar un sendero de crecimiento sostenible, es decir, basado principalmente en la inversión privada.

No obstante, el recorte del gasto que se ha llevado adelante no garantiza mejores condiciones de financiamiento (expresadas a través de la evolución del riesgo país) ni el aumento de la inversión privada. Por un lado, los agentes económicos pueden percibir que ese ajuste no es de la magnitud necesaria. De hecho, hasta ahora el recorte se ha centrado en el gasto de capital y no se ha extendido, por ejemplo, al gasto en sueldos y salarios, que continúa creciendo. Es decir, los agentes pueden percibir que el Gobierno, pese a los últimos anuncios, no está realmente dispuesto a ordenar las cuentas públicas, lo que haría que los temores sobre un eventual aumento de impuestos (o dudas sobre la capacidad del Estado de honrar sus obligaciones) se mantengan. Si bien entre ambos países hay importantes diferencias (empezando porque el Ecuador está dolarizado y, por tanto, esos temores no se reflejan en devaluaciones de la moneda), cabe tomar en cuenta el caso de Argentina, donde el exceso de gradualismo parece estar pasando factura al gobierno de Mauricio Macri.

Por otro lado, en el caso puntual del Ecuador la situación fiscal no es el único –ni el principal– freno a la inversión privada. El país enfrenta un problema de competitividad que hace que otras economías sean más atractivas para los inversionistas y que exige otras medidas tanto o más costosas (desde lo político) que el ajuste fiscal, por ejemplo, flexibilizar el mercado laboral.

Si el recorte del gasto, que debe extenderse al gasto corriente, no está acompañado por medidas que permitan recuperar la competitividad del sector productivo, la desaceleración (y eventual recesión) de la economía ecuatoriana (y su consecuencia directa: los malos indicadores laborales) puede extenderse más allá de lo que el Gobierno prevé y derivar en los conflictos sociales que el mismo Gobierno quiere evitar.


El Presidente Lenín Moreno y dos de sus ministros anunciaron ayer un nuevo paquete de medidas económicas con las que el Gobierno busca, según un comunicado oficial, “garantizar una prosperidad compartida fundamentada en un manejo fiscal responsable y sostenible”. Si bien entre las medidas anunciadas hay algunas que apuntan en la dirección correcta, el paquete también muestra algunas debilidades y enfrenta importantes desafíos.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas, que fue aprobada en 2016 y buscaba “equilibrar” las cuentas fiscales por el lado de los ingresos, es decir, aumentando impuestos al sector privado, esta vez el Gobierno quiere “dar el ejemplo” recortando el gasto público y achicando el tamaño del Estado. En ese sentido, se ha anunciado que algunos ministerios e instituciones que forman parte del Gobierno Central serán eliminados (Ministerio de Justicia, SECOM, Instituto Espacial, entre otros) o fusionados (por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior con el de Industrias o el SRI con la Aduana), que se reducirá el gasto en viáticos y en seguridad de los ministros (quienes, junto con otros funcionarios de alta jerarquía deberán empezar a pagar por sus líneas de telefonía celular) y que se venderán 1.000 autos de la flota de vehículos estatales.

Respecto a esta intención de achicar el gasto público y el tamaño del Estado, medida evidentemente necesaria, conviene señalar, sin embargo, que este nuevo anuncio enfrenta un importante desafío en cuanto a su credibilidad. Cabe recordar que a inicios de abril de este año, es decir, hace menos de cinco meses, el mismo Presidente Moreno (con un equipo económico distinto) anunció otro paquete de medidas que incluía reducir en $1.000 millones los presupuestos anuales de las entidades de la Función Ejecutiva, eliminar ministerios, subsecretarías, viceministerios y coordinaciones generales, reducir a la mitad el número de asesores, bajar el gasto en viáticos, recortar el gasto en arriendos y suprimir empresas públicas.[1] Antes de eso, en septiembre de 2017 se anunció otro plan de austeridad con el que se esperaba recortar el gasto en $500 millones.[2] Pese a esos anuncios, la ejecución del Presupuesto del Estado ha seguido mostrando aumentos en el gasto corriente, incluido el de sueldos y salarios. En ese contexto, para tener confianza en las medidas de austeridad anunciadas ayer los agentes (inversionistas y prestamistas) seguramente esperarán ver avances concretos a medida que se ejecute el Presupuesto o cuando se presente la Proforma para 2019.

Aun cuando las medidas del Gobierno produzcan el ahorro esperado (se habla de $1.000 millones anuales en gasto corriente, pero esa cifra podría estar sobrestimada), ese ahorro puede ser insuficiente si se toma en cuenta que a partir de 2019 el Gobierno deberá volver a pagar el aporte de 40% para el fondo de pensiones del IESS, lo que significa un gasto anual en torno a $1.400 millones. Además, algunas medidas de compensación a los sectores populares que también se anunciaron ayer, como el aumento del Bono de Desarrollo Humano, generan una presión adicional en el gasto.

También se muestra insuficiente la medida en torno al precio de los combustibles. Semanas después de haber planteado el debate sobre ese tema, finalmente el Gobierno decidió aumentar sólo el precio de la gasolina Súper a $2,98 por galón, lo que implica un alza en torno al 30%. Con esta medida el Gobierno espera lograr un ahorro entre $100 y $150 millones anuales, lo que es poco frente a un gasto anual en subsidios a los combustibles, también según cifras oficiales, de $3.000 millones. De hecho, si bien no se tiene un estudio sobre la elasticidad en el consumo de gasolinas, es esperable que, ante el nuevo precio, una parte de los consumidores de Súper la reemplacen por Extra o Ecopaís, gasolinas cuyo precio por galón ya estaba más subsidiado. Si muchas personas se cambian a las gasolinas más baratas, el impacto fiscal del aumento del precio de la Súper puede ser nulo o mínimo. Además, se estaría fomentando el consumo de un combustible que es más dañino para el medio ambiente. Si bien el Presidente anunció el inicio de un proceso de diálogo para tratar a profundidad el tema de los subsidios, no hay motivos para ser demasiado optimistas sobre la posibilidad de que la sociedad ecuatoriana en su conjunto (es decir, incluyendo a los sectores históricamente opuestos al aumento en el precio de los combustibles y con más capacidad de movilización en las calles) en algún momento esté dispuesta a focalizar adecuadamente esos subsidios, sobre cuya regresividad parece haber un consenso.

Finalmente, el nuevo paquete de medidas, que parece haber privilegiado lo político sobre lo económico, también se muestra débil si el Gobierno en algún momento tiene la intención de acercarse al FMI para obtener financiamiento barato y de largo plazo. Con el antecedente de las condiciones negociadas con Argentina, el organismo multilateral seguramente exigirá al Ecuador un ajuste mayor en lo fiscal y también otras reformas –por ejemplo, en el campo laboral–, que habría sido bueno que sean propuestas por iniciativa del propio Gobierno como parte del paquete anunciado ayer.

Las proyecciones oficiales que dio a conocer el ministro de Economía y Finanzas apuntan a una paulatina reducción del déficit fiscal, lo que, de concretarse, derivará en menores necesidades de financiamiento. En este punto, sin embargo, conviene recordar que uno de los argumentos de Fitch Ratings para haber bajado la calificación de la deuda ecuatoriana es la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cubrir sus necesidades de financiamiento en los dos próximos años (en 2020, de hecho, vence una emisión de bonos por $1.500 millones). Ante esa incertidumbre, que probablemente es compartida por otros actores del sistema financiero internacional, habría sido deseable que el paquete anunciado ayer, que al menos apunta en la dirección correcta en cuanto a lo fiscal, se muestre más decidido.

 

[1] Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/medidas-plan-economico-leninmoreno-ecuador.html

[2] Ver: https://www.expreso.ec/economia/economia-austeridad-plan-ecuador-leninmoreno-MA1714349

 

El 29 de marzo de este año, en un comunicado de prensa con un tono mucho más político que técnico, el Banco Central aseguraba: “Ecuador creció 3% en 2017 y confirma el dinamismo de su economía”. Ayer por la tarde, el Central publicó un nuevo comunicado de prensa, esta vez con un título bastante más parco: “El BCE actualiza la cifra de crecimiento de la economía en el 2017”. La nueva tasa es de 2,4%, lo que implica la mayor corrección de los últimos años[1].

Dado que el resultado de 2016 también fue revisado, pero al alza (de -1,6% a -1,2%), el Banco Central podría aducir que sus estimaciones sobre el tamaño de la economía en 2017 no sufrieron grandes modificaciones. Es decir, según los cálculos anteriores, en 2017 el PIB nominal del Ecuador sumó $103.057 millones y ahora se lo estima en $104.296 millones, lo que implica una variación de 1,2%. Sin embargo, si se revisan los resultados a nivel de los distintos componentes del PIB, algunas correcciones  en las tasas de crecimiento son muy llamativas.

La más notoria se registra en la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF, concepto que se refiere a la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo). Según los resultados publicados en marzo (y ratificados en el boletín de cuentas trimestrales publicado en junio), la FBKF se contrajo 0,5% en 2017, sin embargo, ahora el Banco Central dice en su comunicado de prensa que ese componente del PIB creció 11,7% el año pasado y que, gracias a ese notorio repunte, contribuyó en 2,6 puntos porcentuales al crecimiento de la economía en su conjunto. Aquí hay varios puntos que merecen ser señalados. El primero, que muestra un preocupante desliz técnico en la publicación del Central, es que se incluyó dentro de la FBKF a la variación de existencias, es decir, los inventarios que acumulan (o reducen) las empresas y que se conciben como un componente de la inversión total, pero no puntualmente de la FBKF, ya que no implican acumulación de capital para el largo plazo. De hecho, en comunicados anteriores el mismo Banco Central ha señalado: “La inversión de un país, de acuerdo a la Contabilidad Nacional, corresponde a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y la Variación de Existencias.” Si se revisan los boletines en Excel que acompañan al comunicado de prensa, se puede constatar que la mayor parte del repunte de 11,7% (y del aporte de 2,6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB) que según el Banco Central corresponde a la FBKF, en realidad se explica por un notorio aumento en los inventarios. En 2017 la FBKF creció, según las cifras del mismo Central, 5,3% y no 11,7% y su aporte al crecimiento de la economía fue de 1,2 puntos y no de 2,6. La diferencia en el aporte (1,4 puntos) corresponde a la variación de existencias, es decir, a los inventarios que los empresarios habrían acumulado en 2017 (y que no van a seguir acumulando indefinidamente). Al respecto, también conviene señalar que en mayo de este año CORDES publicó en Carta Económica una nota con dudas sobre los resultados de la variación de existencias[2] (que, pese a ser un componente marginal del PIB, fue en 2017 el segundo con el mayor aporte al crecimiento de la economía en su conjunto, detrás del consumo de los hogares) y esas dudas fueron enviadas al Banco Central, que nunca las absolvió.

Por otra parte, incluso dejando de lado el crecimiento de 11,7% en la FBKF y tomando en cuenta el de 5,3% (que es el correcto), llama la atención la magnitud de la corrección respecto al resultado que se manejaba hasta hace poco (-0,5%). Los cuestionamientos aumentan si se considera que, según el mismo Central, entre 2016 y 2017 la FBKF del sector público no financiero se contrajo 16% en términos reales y que el sector de la construcción lo hizo en 4,4%. ¿La FBKF privada creció tanto como para compensar el desplome en la pública, que en 2016 representaba el 45% de la FBKF total? ¿La inversión en maquinaria y equipo fue tan grande que compensó la caída de la construcción?

Otra corrección importante en las cifras del Central se da en el consumo de los hogares, cuyo crecimiento en 2017 pasó de 4,9% a 3,7%, es decir, el resultado del principal componente del PIB sufrió una corrección equivalente al 25% del valor original (en parte porque la caída del consumo en 2016 no habría sido tan pronunciada como se pensaba). Si se analizan los resultados a nivel de industria, también saltan a la vista algunas correcciones frente a los resultados que se manejaban hasta ahora: transporte (de 4,4% a 0,1%), correo y comunicaciones (de 6,7% a 1,1%), servicios financieros (de 10,9% a 6,3%), refinación de petróleo (de 1,6% a 9,5%), entre otras.

En el comunicado de prensa de ayer, el Banco Central dice que el nuevo crecimiento del PIB en 2017 (publicado siete meses después de que terminara ese año[3]) “se obtiene una vez que las principales fuentes públicas y privadas han enviado su información actualizada y completa con una mayor desagregación, más cobertura, reprocesos de cifras, datos de balances anuales de empresas públicas y privadas, análisis de estadísticas espejo de comercio exterior, resultados de encuestas enviados por entidades oficiales, entre otros”. Lo cierto es que más allá de esa explicación, que se lee como una justificación, la magnitud de las últimas correcciones no sólo habla mal de la forma en que el Central procesa las cuentas nacionales (desde CORDES hemos planteado nuestras dudas a los resultados a partir de 2015), sino que también resta validez a esas estadísticas como insumos para la política pública. ¿Tiene el mismo sentido fomentar la inversión si ésta se contrajo 0,5% que si ésta creció 5,3% (o 11,7% según el comunicado de prensa del Central)? Evidentemente no. ¿Y qué sectores necesitan más incentivos si los resultados cambian tanto?

En vista de esta situación, esperamos que el nuevo equipo económico, que se ha mostrado comprometido con la transparencia, solicite una auditoría internacional a las estadísticas de cuentas nacionales, para que los empresarios, los hacedores de política pública y la ciudadanía en general sepamos con certeza cuál ha sido el desempeño de la economía en los últimos años.

 

[1] Entre el primer resultado anual publicado en base a las cuentas nacionales trimestrales y el primero proveniente de las cuentas anuales (este resultado puede volver a revisarse hasta tener una cifra definitiva, recién después de dos años).

[2] Ver: http://cordes.org/images/publicaciones/otras/Nota-VDE.pdf

[3] El 27 de julio los agentes económicos en EE.UU. ya conocían la tasa oficial de crecimiento de la economía para el segundo trimestre de este año.

 

El 22 de octubre de 2016, durante uno de sus “enlaces ciudadanos”, el entonces presidente Rafael Correa dedicó varios minutos a comentar las estadísticas del mercado laboral que el INEC había publicado esa semana. Más allá de la falaz interpretación que dio a las cifras (asegurando que la economía había “creado empleos”, cuando se trataba en su totalidad de trabajos no adecuados), Correa también reprendió públicamente a los funcionarios del INEC. Dijo: “Esta semana salieron las cifras de desempleo. En verdad hay buenas noticias, pero la prensa sacó unos titulares para deprimirnos, tengo que reconocer que con el entusiasta apoyo de los propios tecnócratas del INEC, porque ¡qué manera de presentar las cifras! La respuesta es que ‘este es el formato’. ¡Qué formato, señores! Esto no traduce la realidad.” Y más adelante insistió: “Los medios de comunicación, con ayuda de los tecnócratas del INEC, nos ponen todo lo negativo”.

En los últimos días se ha dado una situación similar: la semana pasada el INEC, que ha tenido cuatro directores en los últimos dos años, publicó las cifras del mercado laboral correspondientes a junio de 2018 (que muestran un escenario muy poco alentador) y desde el Gobierno, principalmente el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, salieron a cuestionarlas. Según Ledesma, las cifras del INEC no tienen relación con las datos que maneja su Ministerio ni con el número de afiliados al IESS. “Nos causa extrañeza –dijo Ledesma–. Hemos pedido las explicaciones. Nos han dicho (…) que estadísticamente no es lo que se ha interpretado. Yo como todos los ecuatorianos interpreté como a simple lectura señala esa estadística y se han perdido empleos, lo cual sí suena extraño”[1].

Según el último reporte del INEC, la tasa de empleo adecuado de junio de este año se ubicó en 38,9% de la PEA frente al 40,1% registrado en igual mes de 2017. En base a esta variación se publicaron notas de prensa y análisis que aseguran que en los últimos meses se han destruido decenas de miles de puestos de empleo. Esos análisis no consideran que, según el INEC, la caída en la tasa de empleo adecuado no es estadísticamente significativa, es decir, que se trata de una variación que se ubica dentro de los márgenes de error de la encuesta. Para que esto quede más claro conviene detallar los “intervalos de confianza” que se publican junto al reporte con los principales resultados. Así, para junio de 2017 la tasa de empleo adecuado publicada fue de 40,1%, pero los intervalos de confianza, es decir, los límites dentro de los cuales se podría ubicar la tasa (ninguna encuesta es 100% exacta), iban de 38,8% a 41,4%. Del mismo modo, la tasa de empleo adecuado de junio de este año (38,9%) podría ubicarse entre un límite inferior de 37,9% y un máximo de 40%. Dado que entre 38,8% (el límite mínimo de junio de 2017) y 40% (el límite máximo de junio de este año) los intervalos de confianza de ambos meses tienen puntos de coincidencia, no se puede asegurar que el empleo adecuado se deterioró. A eso se refiere el INEC al decir que la caída no es estadísticamente significativa.

Obviamente, esto está lejos de ser una buena noticia. Aun asumiendo que el empleo adecuado no se deterioró sino que se mantuvo estable, una tasa en torno al 40% de la PEA muestra claramente las dificultades que los ecuatorianos enfrentan para conseguir un empleo con condiciones mínimas de ingresos y horas trabajadas. Pero una autoridad oficial, mucho más si se trata del ministro de Trabajo, debería saber interpretar correctamente las cifras oficiales antes de salir a cuestionarlas, lo que de por sí implica una reprimenda a los funcionarios del INEC. Y hay un agravante: usuarios de redes sociales, e incluso asambleístas y algunos medios de comunicación aseguran que tras los cuestionamientos a las cifras del INEC se habría separado a su director, lo que, de confirmarse, significaría un nuevo golpe a la independencia de esa institución e incluso a la credibilidad de sus futuras publicaciones. Suponiendo que el próximo reporte muestre una mejora en las estadísticas (lo que es difícil de prever, considerando la desaceleración que necesariamente sufrirá la economía como consecuencia del impostergable ajuste en el gasto fiscal), ¿qué confianza podrían tener los agentes en esos resultados si el reporte anterior no sólo generó críticas de las autoridades sino que también habría provocado la salida del director del INEC?

Uno de los pasos importantes que ha dado el Gobierno a raíz del último cambio en el equipo económico, y así lo ha destacado incluso el FMI, ha sido su disposición a transparentar la verdadera situación de la economía, particularmente las cuentas fiscales (deuda, déficit, etc.). En ese contexto, las críticas a las cifras del INEC o, mucho peor, la eventual salida de su director como motivo de esas críticas, envían una muy mala señal sobre el verdadero compromiso del Gobierno con la transparencia. La difícil situación del mercado laboral no se soluciona cuestionando las cifras que dejan en evidencia esa realidad, sino tomando medidas (algunas políticamente costosas, como la flexibilización laboral) que generen los incentivos para que las empresas empiecen a crear, en cantidades importantes, los empleos que a todas luces están faltando.

 

[1] Ver: http://www.expreso.ec/economia/cifras-empleo-ecuador-iess-inec-IA2288785

Las estadísticas de mercado laboral que el INEC publicó esta mañana muestran que crear las condiciones adecuadas para la generación sostenible de nuevos puestos de empleo es el principal desafío que enfrenta el equipo económico.

Según el INEC, en junio de 2018 apenas el 38,9% de la Población Económicamente Activa (PEA, es decir, las personas que tienen un trabajo y aquellas que están dispuestas a trabajar) tenía un empleo adecuado. La tasa es 1,2 puntos menor que la registrada en junio del año pasado, si bien el INEC aclara que esa variación no es estadísticamente significativa (es decir, está dentro del margen de error de la encuesta). A la par, se registra un aumento (este sí estadísticamente significativo) en la tasa de “otro empleo no pleno”, que pasa de 24,3% en junio de 2017 a 26,5% en el mismo mes de este año. Según el INEC, en esta categoría están aquellas “personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales”. El subempleo (personas que trabajan menos que la jornada legal y/o reciben ingresos menores al salario mínimo pero están disponibles para trabajar más) se mostró relativamente estable (registró una variación no significativa en términos estadísticos de 20,5% a 19,4%) y finalmente el desempleo se mantuvo alrededor del 4%. Sin embargo, como hemos resaltado en informes anteriores, en el caso del Ecuador la tasa de desempleo no es un indicador relevante, ya que se refiere a las personas que están haciendo gestiones concretas para conseguir un trabajo pero, a la par, no generan ningún tipo de ingreso laboral (es decir, una persona que está buscando un trabajo y simultáneamente vende sánduches o jugos en la calle no es un desempleado sino un empleado inadecuado).

Otro dato relevante de la última publicación del INEC es el incremento de la informalidad (entendida como el porcentaje de empleados que trabajan en una empresa o un emprendimiento personal que no tiene RUC). Entre junio de 2017 e igual mes de este año el empleo en el sector informal trepó de 45% a 47,5%, la tasa más alta desde que se tiene información comparable (2007). Simultáneamente, el porcentaje de empleados que no tienen cobertura de seguro de ningún tipo subió de 56,6% a 58,2%.

El reporte del INEC también muestra que, contrario a lo que había ocurrido en los últimos años, cuando muchas personas que estaban en la inactividad (estudiantes, amas de casa, jubilados) pasaron a formar parte del mercado laboral (es decir, empezaron a trabajar o a buscar trabajo) para compensar la pérdida de empleo de otros miembros del hogar, entre junio de 2017 e igual mes de 2018 la PEA se redujo, pese a que en el mismo período siguió creciendo la población en edad de trabajar (personas de 15 años o más). Esto provocó una caída en las tasas de participación bruta (PEA/Población total) y global (PEA/Población en edad de trabajar). Esto podría estar reflejando un “efecto desaliento”, es decir, que algunas personas se cansaron de buscar trabajo y optaron por dejar de hacerlo. De hecho, entre junio de 2017 y junio de 2018 el porcentaje de los desempleados que llevaba buscando trabajo durante tres meses o más subió de 46,7% a 49,4%.

A nivel de ciudades, la que muestra los peores resultados es Quito, donde el empleo adecuado cayó de 63,1% a 59,1% (caída estadísticamente significativa). Simultáneamente, según el reporte de pobreza que el INEC publicó también esta mañana, en Quito la tasa de pobreza creció de 7,8% a 12,8% y la de pobreza extrema de 1,9% a 4,6%. Lo contrario ocurrió en Cuenca, donde el empleo adecuado mejoró y la pobreza se redujo. A nivel nacional la tasa de pobreza en junio de este año se ubicó en 24,5% y la de pobreza extrema en 9%. En ambos casos esas cifras representan incrementos en torno a un punto frente a junio del año pasado.

Las cifras del INEC muestran que el manejo económico de los últimos doce meses no ha sabido generar las condiciones para mejorar las pobres estadísticas del mercado laboral que el país arrastra desde el final de la bonanza petrolera. El ajuste en el gasto fiscal que se llevó a cabo en el primer semestre de este año (respecto a la primera mitad de 2017) puede estar explicando en parte los resultados de la última encuesta y, dado que aún hace falta ordenar las cuentas públicas, es probable que en los próximos meses se observe un mayor deterioro (de la mano con una desaceleración, ojalá corta, en la tasa de crecimiento de la economía). En ese contexto, toman más importancia las señales que el equipo económico envíe sobre su compromiso por lograr un crecimiento sostenible (ya no basado en el endeudamiento y el gasto público) y las medidas que se adopten para restar rigidez al mercado laboral (algo que el FMI también recomienda). Sólo así se puede esperar que la iniciativa privada compense la pérdida de empleos que se derivará del impostergable ajuste fiscal.

Según una noticia publicada esta mañana en el portal de CNBC[1], Bank of America Merril Lynch prevé que para el segundo trimestre de 2019 el precio del petróleo podría alcanzar los $90 por barril, como consecuencia de las sanciones que el gobierno de Donald Trump busca imponer sobre Irán. “El martes, Estados Unidos exigió que todos los países detuvieran las importaciones de crudo iraní desde principios de noviembre. La posición de línea dura de la administración Trump es parte de un impulso más amplio para tratar de aislar aún más a Teherán tanto política como económicamente”, dice la noticia, que también señala que el crudo WTI (que sirve como referencia para determinar el precio del petróleo ecuatoriano) se negociaba esta mañana en alrededor de $72 por barril.

Sin entrar en el análisis de las causas, un eventual aumento en el precio del petróleo hasta los $90 por barril constituiría indudablemente una buena noticia para el Gobierno ecuatoriano, que contaría con mayores ingresos petroleros para el Presupuesto General del Estado (PGE), podría pagar en un plazo menor las deudas que se acumularon en los últimos años con las empresas de prestación de servicios y debería destinar menos barriles para amortizar las preventas de petróleo. No obstante, el incremento del precio del crudo también puede derivar en una actitud “pasiva” frente al necesario ajuste que se debe llevar a cabo en el gasto público. Es decir, con mayores ingresos petroleros en el Presupuesto, el Gobierno podría registrar, incluso antes de 2021 y sin demasiado esfuerzo por el lado del gasto, un equilibrio primario, según exige la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” que fue aprobada por la Asamblea y que aún puede ser vetada por el Ejecutivo.

La experiencia del decenio anterior, en el que se registró un aumento desbordado e insostenible del gasto público, y la crítica situación en que el gobierno de Rafael Correa dejó las cuentas fiscales deberían servir como experiencia para no repetir los mismos errores. Es decir, si los pronósticos de Bank of America Merril Lynch se cumplen, el Gobierno debe vencer la tentación de volver a postergar el ajuste del gasto (como ya lo hizo durante el primer año de gestión, a costa de un agresivo y oneroso endeudamiento), dándose por satisfecho con registrar un equilibrio primario en el PGE. Es por eso que las reglas que la Ley estipula para el “período de estabilización fiscal” no deben limitarse al resultado primario del Presupuesto (la diferencia entre ingresos y gastos, dejando de lado el pago de intereses), sino incorporar también un compromiso específico, creíble y verificable de recorte del gasto (por ejemplo, una meta mínima de recorte para cada año, sin importar lo que ocurra con los ingresos). De esta forma, el Gobierno, puntualmente el ministro de Economía y Finanzas, también tendría argumentos adicionales para hacer frente a las presiones –muy probablemente provenientes del mismo Gobierno– que con toda seguridad recibirá para no ajustar el gasto porque el precio del petróleo ha vuelto a estar alto.

De hecho, ahora que el mismo Gobierno ha propuesto restablecer los fondos de estabilización, es fundamental que estos ahorros empiecen a constituirse antes de que finalice el “período de estabilización fiscal”, de preferencia en 2019. La constitución de estos fondos no sólo servirá para dejar atrás el carácter procíclico que tuvo la política fiscal del anterior gobierno, sino también para enviar a los agentes económicos una señal contundente sobre el compromiso del Gobierno para encauzar a las finanzas públicas en un sendero ordenado y sostenible.

Los datos históricos muestran claramente que el precio del petróleo (y de otros commodities) es cíclico, es decir, que a los períodos de precios altos les siguen inevitablemente otros de precios bajos. El Gobierno debe tener eso presente para no conformarse con tener un equilibrio primario que puede convertirse nuevamente en un déficit (y, por tanto, demandar nuevo endeudamiento) cuando el precio del petróleo (que ya está en niveles altos) vuelva a caer por algún motivo. En ese sentido, el Gobierno debe aprovechar su capacidad de veto para mejorar las reglas macrofiscales incluidas en la ley recientemente aprobada.

[1] Ver: https://www.cnbc.com/2018/06/28/iran-sanctions-could-soon-push-oil-prices-above-90-a-barrel-boaml-sa.html

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