Un gobierno de economistas que no entienden de percepciones

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11 Dic 2015

A través de la Resolución 155 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el Gobierno ha abierto la posibilidad para que los bancos destinen una parte de sus reservas de liquidez a comprar bonos de deuda pública externa. Antes de la resolución, los bancos debían destinar no menos del 2% de las captaciones sujetas a reservas mínimas de liquidez a la adquisición, en el mercado primario, de “valores de renta fija del sector no financiero de emisores nacionales públicos”. Con la nueva resolución, firmada por el presidente de la Junta y también Ministro Coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, además de abrir la posibilidad para adquirir ese tipo de papeles también “en mercados internacionales”, se amplía las opciones a “otras obligaciones o colocaciones directas efectuadas en mercados internacionales en entidades del sector público no financiero ecuatoriano, emitidas u originadas a partir del 1 de diciembre de 2015” (es decir, bonos de deuda externa) y a “valores u otras obligaciones internacionales adquiridas entre entidades del sistema financiero nacional, cuando se trate de emisores nacionales públicos no financieros”.

La resolución, por tanto, no aumenta el porcentaje de las reservas que los bancos deben destinar a la compra de papeles públicos, solamente amplía la gama de papeles en los que los bancos pueden invertir. Sin embargo, esa decisión de la Junta –tomada en un contexto en que al Gobierno, estrecho de fondos, se le acumulan varias cuentas por pagar en diciembre (sobresueldos de los funcionarios públicos, Bonos Global 2015, entre otros)– ha generado nerviosismo entre los ciudadanos, que temen que el Gobierno pueda “meter mano” en las reservas de los bancos, que actualmente suman más de $2.700 millones. Esta errónea interpretación de la resolución incluso se ha difundido a través de las redes sociales.

Debido a la caída en los depósitos que han sufrido a lo largo de este año, los bancos, con el propósito de mantener adecuados niveles de liquidez, han restringido la oferta de créditos (lo que afecta a su rentabilidad). Pese al impacto que esto provoca sobre el consumo y el nivel de actividad, el Gobierno no ha criticado esa medida, lo que parece mostrar su compromiso por resguardar la solvencia del sistema bancario. No obstante, ese mismo Gobierno, que destaca estar conformado en buena parte por economistas, parece no entender un tema básico en la economía: las expectativas de los agentes.

Como lo ha señalado el presidente de la Asociación de Bancos Privados (ABPE), César Robalino, los bonos de deuda externa, al ser papeles con plazos generalmente largos, no resultan atractivos actualmente para los bancos, que buscan tener liquidez. Por tanto, lo previsible es que, pese a las modificaciones introducidas por la Resolución 155, ese tipo de papeles no encuentren demanda entre los bancos. Sin embargo, cuando el propio Gobierno ha transparentado que acumula millonarios atrasos (el “pasivo circulante” en el presupuesto para 2016 suma $1.558 millones), es esperable que cualquier resolución que involucre a las reservas bancarias (dinero de los depositantes) genere nerviosismo entre los ciudadanos.

Meses atrás, cuando el Gobierno promovía activamente el uso del dinero electrónico y algunas personas temían que esa herramienta pudiera ser utilizada para “emitir” dólares y cubrir pagos del sector público, ocurrió otro evento que puso de manifiesto la incapacidad del Gobierno para tomar en cuenta las expectativas o percepciones de los agentes. El entonces gerente del Banco Central, Mateo Villalba, renunció a su cargo sin que mediara ninguna explicación oficial (y sin que se definiera su reemplazo en varias semanas), lo que generó una pregunta obvia: “¿qué fue lo que no quiso firmar?” Tras la salida de Villalba el BCE no ha tomado ninguna medida para profundizar el uso del dinero electrónico (de hecho, en una muestra de prudencia, se anuló la decisión que obligaba a los bancos a hacer de “macroagentes” de ese sistema), pero ciudadanos e incluso inversores externos vieron en esa renuncia una señal de alarma.

El nerviosismo de los ciudadanos ante la situación económica del país –que explica en gran parte el retiro de depósitos que han sufrido los bancos– obliga al Gobierno a ser más cuidadoso con sus decisiones y sus declaraciones para no generar una ola de pánico que pueda poner en riesgo la sostenibilidad del sistema financiero (por ejemplo, la instauración de un mecanismo de subasta de divisas como el “timbre cambiario” puede acrecentar la sensación de escasez de dólares). Medidas o simples propuestas del Gobierno también pueden afectar, a través de las expectativas de los agentes, el nivel de actividad. Los proyectos para modificar las leyes de herencia y plusvalía, por ejemplo, ya provocaron efectos perniciosos principalmente en el sector inmobiliario (importante generador de empleos) y, pese al actual contexto de caída en la actividad, el Presidente Correa ha manifestado su intención de volver a enviarlos a la Asamblea.

Para resguardar al sistema bancario y no provocar más daños en el sector productivo es importante que, a futuro, los economistas del régimen tengan en cuenta las expectativas y las percepciones de los agentes antes de tomar una medida. Y también sería deseable que el Presidente deje de insistir en las políticas que podría adoptar si, en lugar de dolarización, el Ecuador tuviera una moneda propia.

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