Después de la consulta, el Gobierno debe centrar su atención en la economía

En: Sin categoría

5 Feb 2018

El día de ayer el Sí obtuvo un contundente triunfo en la consulta popular que fue convocada por el Gobierno. El hecho de que esa opción haya obtenido al menos el 63% de los votos válidos en todas las preguntas de la consulta (incluyendo la de la reelección indefinida y la del Consejo de Participación Ciudadana) y que, en el promedio de las siete preguntas, haya obtenido el 68% parece mostrar la voluntad de una amplia mayoría de los ecuatorianos por empezar a recuperar la institucionalidad que fue devastada en los diez años y medio de gobierno de Rafael Correa. Este triunfo, sin embargo, si bien puede representar un espaldarazo para el gobierno del Presidente Lenín Moreno, no debe ser interpretado, como ya lo han señalado algunos analistas y actores políticos, como un cheque en blanco. Es decir, los resultados de la consulta no deben llevar al Presidente a pensar que el Ecuador está dispuesto a volver a tolerar abusos en materia institucional como los que llevó adelante el ex Presidente Correa, quien llegó a definirse a sí mismo como el jefe de todo el Estado ecuatoriano, incluyendo Justicia y Legislativo.

En materia económica, que es lo que nos compete, los resultados de la consulta popular por sí solos están lejos de generar la tan anhelada reactivación. Si bien la eliminación de la Ley de Plusvalía puede permitir, gracias a una menor incertidumbre por parte de los agentes, levantar en algo al alicaído sector de la construcción (que, según el Banco Central, hasta el tercer trimestre de 2017 –última información disponible– acumulaba ya nueve trimestres consecutivos de caídas), es necesario tener presente que la crisis de ese sector no responde exclusivamente a esa ley. En realidad, la construcción es el ejemplo más extremo de la dependencia que varias actividades y la economía en su conjunto generaron hacia el gasto público en los últimos diez años. Es decir, la construcción, que en los años de bonanza llegó a mostrar tasas de crecimiento superiores al 10%, alcanzó esos resultados como consecuencia principalmente de la masiva inyección a la economía de los recursos que eran manejados por el Estado (principalmente el Gobierno Central). Ya sea a través de la inversión pública o de la demanda privada (espoleada también por el irresponsable crecimiento del gasto en los años de altos precios del petróleo), la construcción experimentó una bonanza que se vino abajo cuando el gobierno se vio obligado a recortar su nivel de gasto (a lo que se sumó la incertidumbre generada por la Ley de Plusvalía). En menor medida, otras actividades, principalmente las no transables (es decir, aquellas cuyos productos no se pueden comerciar con el resto del mundo y que durante el boom alcanzaron buenos desempeños como consecuencia de una demanda interna que se mostraba boyante), generaron esa misma dependencia hacia el gasto público, dependencia que el actual manejo económico está lejos de desvanecer.

En ese sentido, una vez que el amplio triunfo del Sí en la consulta popular permite que los ecuatorianos miremos el futuro del país sin el peligro para el régimen democrático que implicaba la reelección indefinida y cuando tenemos al menos la esperanza de que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana transitorio sean personas honorables e independientes (al igual que las autoridades de control que lleguen a nombrar), el Gobierno debe, sin más dilaciones, formarse un diagnóstico acertado sobre la compleja situación económica que atraviesa el país y tomar medidas que realmente permitan enfrentarla. En ese sentido, cabe resaltar una vez más que los problemas de la economía no se limitan a la crisis fiscal, sino que también se refieren a la pérdida de competitividad y a un crecimiento que, además de no generar empleo, depende en gran medida del gasto público, que a su vez se ha venido financiando con nueva deuda.

Con la convocatoria a la consulta popular, el Gobierno dio un paso importante en el largo camino por la reinstauración institucional (siempre y cuando el Presidente no quiera copar el Consejo de Participación Ciudadana –y, por tanto, los organismos de control– con personas que respondan a sus designios). En materia económica, sin embargo, el manejo sigue siendo el mismo que en el gobierno anterior, prueba de lo cual son las emisiones de bonos soberanos por $7.500 millones en apenas ocho meses de gestión para poder mantener un gasto público que tarde o temprano, y ójala de maneraordenada y gradual, deberá ajustarse. En este sentido, esperamos que las acciones que el Presidente tome en beneficio del país también incluyan las necesarias correcciones en el manejo económico que permitan alcanzar un crecimiento sostenible y que genere fuentes de empleo.

Formulario de Comentarios