El recorte del gasto, un componente fundamental del nuevo programa económico

En: Sin categoría

27 Mar 2018

Al igual que otros analistas económicos independientes, desde Cordes hemos advertido varias veces sobre la crítica situación que enfrentan las finanzas públicas del Ecuador. Estas advertencias, lamentablemente, han sido descalificadas de manera recurrente por parte de quienes han estado al frente del área económica tanto en el anterior gobierno como en el actual. Así, a quienes hemos expuesto nuestras preocupaciones sobre el manejo económico y sobre los riesgos que implica tanto para el nivel de actividad como para el sostenimiento de la dolarización, se nos ha tildado de “analistas de oposición”. Dos mensajes publicados en la cuenta de Twitter de Carlos de la Torre cuando aún era ministro de Economía y Finanzas son un buen resumen de ese comportamiento, que tuvo en el expresidente Correa a su máximo exponente. El primero, de finales de 2017, decía: “Supuestos analistas económicos promueven, sobre fundamentos falsos, desconfianza sobre la economía ecuatoriana.” El segundo, de inicios de este año, iba un poco más allá: “No sé qué es lo que más afecta a nuestra economía, o la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar, o las expectativas negativas de las personas y empresas generadas por el temor que se alimenta de los falsos análisis económicos utilizados como herramienta política”.

Resulta irónico, por decir lo menos, que el mismo De la Torre advierta ahora, en entrevistas con distintos medios, sobre la “crítica” situación fiscal[1] e incluso sobre la posibilidad de un colapso de la dolarización[2]. También el actual secretario de la Política, Miguel Carvajal, ha reconocido que “no hay plata”, que el Gobierno enfrenta grandes dificultades para llegar a fin de mes y que el déficit fiscal es abultado[3]. En el caso de De la Torre, sus últimas declaraciones no sólo contradicen todo lo que había sostenido hasta hace pocas semanas (cuando seguía siendo ministro y destacaba los supuestos éxitos de su gestión), sino que en ellas se deslinda a sí mismo de cualquier responsabilidad por la difícil situación que atraviesa el país, pese a haber estado al frente de la economía durante nueve meses. Además, insiste en las mismas medidas con las que hasta ahora se ha postergado el ajuste fiscal: más endeudamiento, mantener impuestos que claramente afectan al nivel de actividad, como el Impuesto a la Salida de Divisas o el anticipo del Impuesto a la Renta, e incrementar aranceles sin importar los efectos de ese incremento sobre el bolsillo de los consumidores y el nivel de actividad.

A la luz de los resultados de los últimos años, esas propuestas deberían ser desechadas por el Gobierno, que está próximo a presentar un nuevo plan económico. En realidad, a diferencia del “programa” improvisado, disperso e ineficiente (tanto así que el mismo Gobierno lo tiene que reemplazar a menos de cuatro meses de haber sido aprobado) que se preparó mientras De la Torre era ministro, el nuevo debería ser integral y basarse en un diagnóstico acertado de la situación económica. Al respecto, Augusto de la Torre, miembro de la Junta Directiva de Cordes, ha publicado un bosquejo de lo que debería incluir ese plan[4]. Una de las medidas propuestas, evidentemente, es recortar el gasto público, principalmente el del Gobierno Central.

Al respecto, un reciente documento de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) pone de manifiesto el desproporcionado tamaño que adquirió el Estado en los últimos años. Según Senplades, a febrero de este año el Ejecutivo estaba conformado por 133 instituciones: Presidencia y Vicepresidencia de la República, tres secretarías nacionales (Senplades, Secom y Secretaría de Gestión de la Política), 23 ministerios, 4 secretarías (Senescyt, Secretaría del Agua, Secretaría de Gestión de Riesgos y Secretaría de Inteligencia), 12 agencias de regulación y control, 10 institutos de promoción (incluyendo el de Donación y Transplante de Órganos y el de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales), 13 institutos de investigación (entre ellos el Instituto Espacial Ecuatoriano y el Instituto Antártico Ecuatoriano), 11 servicios (incluyendo el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito), 7 secretarías técnicas (como la del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales o la de Límites Internos), dos direcciones, 3 agencias de regulación y control, 22 empresas públicas (incluyendo Yachay, Santa Bárbara y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas), cinco instituciones de la banca pública, cinco consejos nacionales para la igualdad (de Género, Intergeneracional, de Movilidad Humana, entre otros) y otras instituciones, como el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares.

Esta enorme maraña institucional da lugar a la existencia simultánea, por ejemplo, del Servicio de Contratación de Obras Públicas (SECOB) y el Servicio de Contratación Pública (SERCOP), que no son lo mismo y en 2017 en conjunto gastaron más de $600 millones. En el sector eléctrico ocurre algo parecido: además del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, están otras instituciones adscritas o dependientes del mismo: la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, el Operador Nacional de Electricidad, la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). Difícil pensar que entre estas instituciones no haya una superposición de roles (lo mismo que en el sector del agua, que tiene una secretaría, una agencia de regulación y control y una empresa pública). Además, cada institución implica un gasto permanente en oficinas, servicios básicos, vehículos y, obviamente, personal. Por ejemplo, el Instituto Espacial Ecuatoriano, a febrero de este año, tenía 127 funcionarios, entre ellos decenas de “especialistas geomáticos” y nueve choferes. A la misma fecha Senplades tenía 757 funcionarios, entre ellos más de 50 choferes.

La necesidad de recortar el gasto no responde sólo a las dificultades que el Gobierno enfrenta para llegar a fin de mes, como ha reconocido Carvajal, sino también al hecho de que un principio básico de buen gobierno es administrar con eficiencia los dineros públicos. En ese contexto, la utilidad de muchas de las entidades que componen la Función Ejecutiva es al menos cuestionable. Si el Ejecutivo avanza en una optimización de su estructura, ese proceso no debe limitarse, como ya sucedió con los desaparecidos ministerios coordinadores o puede ocurrir con la SENAIN, a la eliminación meramente formal de algunas instituciones inútiles, mientras sus funcionarios son absorbidos por otra entidad. El Presidente y su equipo deben saber que el recorte del gasto no es un capricho de “la derecha” o de los “neoliberales”, sino un requisito a estas alturas ya ineludible para empezar a corregir el abultado déficit, que puede derivar en una crisis fiscal de proporciones (con un costo social mucho mayor que el de un ajuste ordenado) y, adicionalmente, genera nerviosismo entre los inversionistas privados que temen que en cualquier momento ese déficit pueda derivar en una moratoria del pago de la deuda o un incremento impositivo (en el sentido de una mayor presión tributaria, no en el de una corrección de la estructura tributaria actual, como propone Augusto de la Torre, compensando la eliminación de los impuestos más distorsivos por el aumento de otros que lo son menos).

Evidentemente, el nuevo programa económico no puede limitarse al recorte del gasto fiscal sin enfrentar otros problemas como el de la pérdida de competitividad o la dependencia de la economía en su conjunto hacia el sector público, pero la necesidad de ese recorte tampoco puede seguir siendo soslayada. En este sentido, es importante que la ministra María Elsa Viteri, quien no se ha mostrado muy convencida sobre la necesidad de reducir el gasto, esté al tanto de la enorme cantidad de instituciones que componen actualmente la Función Ejecutiva (y del espacio que, por tanto, tiene para hacer un primer recorte) y que, contrario a lo que hizo su antecesor, que contrató $8.000 millones de deuda externa en nueve meses de gestión, lleve adelante las medidas que se esperan de un ministro de Economía y Finanzas y no busque postergar el ajuste endeudando cada vez más al país.

 

[1] Ver: http://www.expreso.ec/economia/economia-finanzas-entrevistas-deudas-gobierno-MX2088358

[2]  Ver: https://lahora.com.ec/noticia/1102145050/la-caja-fiscal-esta-en-niveles-mas-bajos-de-lo-que-deberia-el-exministro-de-la-torre-da-sus-razones-de-su-salida

[3]  Ver: http://www.teleamazonas.com/2018/03/miguel-carvajal-senalo-que-la-situacion-economica-del-pais-es-grave/

[4]  Ver: http://www.mediato.com.ec/opinion/adelatorre-programa-economico/

Formulario de Comentarios