La urgencia de que el Gobierno tenga acceso a más financiamiento

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3 May 2018

Al cierre de abril, según el último Boletín Monetario Semanal publicado por el Banco Central, el saldo de los depósitos en la Cuenta del Tesoro Nacional (desde la que se realizan los pagos del Presupuesto General del Estado) era de $944 millones, es decir, casi $2.500 millones menos que al cierre de enero, cuando la emisión de bonos soberanos por $3.000 millones dio un respiro a las arcas fiscales. Las fuertes oscilaciones en los depósitos de la Cuenta del Tesoro (que se observan en el gráfico) reflejan la dependencia que el gobierno anterior y el actual han desarrollado hacia la deuda: los depósitos del Tesoro suben cuando se colocan bonos soberanos (en marzo y mayo de 2015, en julio, septiembre y diciembre de 2016, en enero, mayo y octubre de 2017 y en enero de 2018) y “se consumen” en pocas semanas. De hecho, el bajo saldo registrado al cierre del mes pasado se dio pese a que cada abril el SRI recauda (y transfiere al Tesoro) el Impuesto a la Renta que pagan las empresas, es decir, se trata de un mes de altos ingresos para el fisco.

Sin tomar en cuenta las amortizaciones de la deuda pública, es decir, considerando sólo lo que se conoce como gastos “sobre la línea”, el Presupuesto General del Estado aprobado para 2018 contempla gastos por $26.000 millones[1]. En otras palabras, el gasto mensual promedio del Presupuesto ronda los $2.200 millones (obviamente hay meses con gastos mayores, como diciembre, por el pago del décimo tercero), a lo que habría que sumar las amortizaciones programadas para este año (como referencia, en 2017 las amortizaciones de deuda externa, sin considerar preventas de petróleo, sumaron $2.400 millones; las amortizaciones de deuda interna sumaron $4.600, pero estas operaciones se suelen renovar). El saldo de $944 millones en la Cuenta del Tesoro es, entonces, a todas luces insuficiente para afrontar los gastos del Presupuesto. De hecho, sólo el gasto corriente ronda los $1.500 millones mensuales.

En este contexto, el informe de Contraloría según el cual la relación deuda / PIB ya superó el tope legal del 40% abre un escenario muy complejo no sólo para el Gobierno, sino para la economía en general. Cabe recordar que, como consecuencia del manejo económico que se ha llevado adelante en los últimos once años, la economía en su conjunto desarrolló una dependencia hacia el gasto público, que en 2017 representó poco menos del 40% del PIB. Si se corta en seco el acceso a nueva deuda pública, no sólo el Gobierno sufrirá las consecuencias, sino también todas aquellas empresas que le proporcionan bienes o servicios e incluso quienes sean proveedores de esas empresas. Es decir, esto provocaría problemas en la cadena de pagos que podrían también afectar al sector financiero (cabe recordar que en 2015, cuando el Gobierno acumuló atrasos por más de $2.000 millones, los depósitos en los bancos cayeron 13%).

Es importante, por lo tanto, que el Gobierno pueda acceder a nuevo financiamiento en un plazo relativamente corto. Esto no significa, y aquí queremos ser enfáticos, que en CORDES defendamos el dispendioso manejo económico que ha mantenido la actual administración (prácticamente igual al de la administración anterior), ni que consideremos que el Gobierno debe mantener el actual ritmo de gasto. Creemos, y así lo hemos dicho muchas veces, que para tener finanzas públicas sostenibles es imprescindible recortar el gasto a un ritmo mayor que el que se ha anunciado en el último programa económico. La consecuencia de no hacerlo puede ser un ajuste desordenado con costos sociales y económicos mucho mayores. En ese sentido, para aprobar el acceso a más financiamiento (ya sea elevando el techo legal o aprobando operaciones puntuales), la Asamblea debe exigir al Gobierno compromisos claros y estrictos de recorte del gasto público, a fin de que los recursos procedentes de esa nueva deuda (que no se pueden destinar a gasto corriente) no “se consuman” en cuestión de semanas, como hemos visto en los últimos años. El Gobierno debe tener claro que la mayor parte del ordenamiento de las cuentas fiscales debe venir por una reducción de los egresos y no por un aumento de los ingresos a través de veladas alzas impositivas al sector privado (aunque éste también deberá poner de parte). Pero debemos estar conscientes de que “asfixiar” al Gobierno cortándole el acceso a nuevo financiamiento puede traer graves consecuencias para la sociedad en su conjunto.

 

[1]  Tampoco se toman en cuenta los gastos para la importación de derivados de petróleo, contemplados en la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD).

 

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