Urge un buen regulador para el sector cooperativo

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5 Jun 2018

Una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha aprobado los reglamentos para seleccionar a las primeras autoridades de la Procuraduría General del Estado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), el Presidente Lenín Moreno debe enviar ternas de candidatos para cada uno de esos cargos.

En materia económica, si bien la SCPM tiene un papel importante para combatir los monopolios y fomentar la competencia (sin que eso signifique perseguir a los empresarios ni inmiscuirse en el normal desempeño de las actividades comerciales y productivas, como lo hizo cuando Pedro Páez dirigía esa institución), el rol que jugará quien encabece la SEPS será determinante para regular adecuadamente al sector de cooperativas de ahorro y crédito, que ya representa una cuarta parte del sistema financiero nacional. Este sector registró un explosivo crecimiento en el número de instituciones entre 2007 y 2012 (pasando de alrededor de 550 a más de 1.000), pero en los últimos años ha sufrido la liquidación, fusión o absorción de alrededor de 300 cooperativas, dejando en evidencia la vulnerabilidad y el inadecuado control por parte de la SEPS, institución creada específicamente con ese fin.

En realidad, durante el anterior gobierno y los primeros meses del actual las autoridades encargadas de controlar a las cooperativas parecían más preocupadas por ocultar las debilidades del sector que por combatirlas. Una muestra patente (y patética) de eso fue la intención, incluida en la primera versión del proyecto de “Ley de Reactivación Económica” que se aprobó a finales de 2017, de permitir que las cooperativas de todos los segmentos no presentaran balances por dos años, lo que habría vulnerado gravemente los derechos de los socios y depositantes del sector (finalmente se aprobó esa “concesión” sólo para las cooperativas más pequeñas, para las que ya desde antes no se tiene información disponible al público).

De hecho, una buena parte de la normativa que se ha emitido en los últimos años para las cooperativas de ahorro y crédito se muestra laxa frente a la que rige a los bancos y también frente a los estándares internacionales de prudencia financiera. Por ejemplo, las cooperativas tienen un plazo más extenso que los bancos para registrar como morosa a la cartera que presenta problemas de cobro (por tanto, los indicadores de morosidad de las cooperativas no son comparables con los de los bancos). Las autoridades también han concedido a las cooperativas, especialmente a las más pequeñas, plazos imprudentemente largos para cubrir con provisiones el 100% de su cartera problemática. Además, la normativa permite que una cooperativa sana que absorbe a una con problemas provisione la cartera improductiva de esta última en un plazo de hasta diez años.

A esto se suma un seguro de depósitos que no cubre por igual a los depositantes de las cooperativas de los distintos segmentos (los depositantes de las instituciones más pequeñas están menos cubiertos), un fondo de liquidez al que sólo están aportando las cooperativas más grandes e incluso plazos más laxos para las cooperativas más pequeñas para alcanzar un nivel mínimo de solvencia patrimonial (patrimonio técnico / activos ponderados por riesgo).[1]

En este contexto, y considerando que los millones de socios y depositantes del sistema de cooperativas[2] pertenecen en su gran mayoría a sectores vulnerables, es importante que la terna que el Presidente Moreno envíe para designar al nuevo superintendente de Economía Popular y Solidaria esté compuesta por personas que entienden el sector y conocen las mejores prácticas de regulación y prudencia financiera. Su prioridad, al fin y al cabo, no debe ser seguir fomentando un crecimiento desordenado del sector, sino procurar que los problemas que puedan presentar algunas cooperativas no contaminen a las demás y conseguir, en el mediano plazo, un sistema sano y sostenible en beneficio de sus socios.

 

[1] En nuestra página web está disponible un estudio que compara las estadísticas y los indicadores de las cooperativas de los segmentos 1 y 2 (las más grandes) frente a los de los bancos y también analiza la normativa vigente para el sector cooperativo. El estudio está en este link: http://cordes.org/images/publicaciones/otras/Informe-sobre-cooperativas-de-ahorro-y-crdito-07.05.2018.pdf

[2] Seis millones de socios, según la SEPS. Ver: http://www.seps.gob.ec/noticia-medio?en-2017-se-registra-crecimiento-de-economia-popular-y-solidaria

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