Las reglas fiscales deben incorporar las lecciones del pasado reciente

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28 Jun 2018

Según una noticia publicada esta mañana en el portal de CNBC[1], Bank of America Merril Lynch prevé que para el segundo trimestre de 2019 el precio del petróleo podría alcanzar los $90 por barril, como consecuencia de las sanciones que el gobierno de Donald Trump busca imponer sobre Irán. “El martes, Estados Unidos exigió que todos los países detuvieran las importaciones de crudo iraní desde principios de noviembre. La posición de línea dura de la administración Trump es parte de un impulso más amplio para tratar de aislar aún más a Teherán tanto política como económicamente”, dice la noticia, que también señala que el crudo WTI (que sirve como referencia para determinar el precio del petróleo ecuatoriano) se negociaba esta mañana en alrededor de $72 por barril.

Sin entrar en el análisis de las causas, un eventual aumento en el precio del petróleo hasta los $90 por barril constituiría indudablemente una buena noticia para el Gobierno ecuatoriano, que contaría con mayores ingresos petroleros para el Presupuesto General del Estado (PGE), podría pagar en un plazo menor las deudas que se acumularon en los últimos años con las empresas de prestación de servicios y debería destinar menos barriles para amortizar las preventas de petróleo. No obstante, el incremento del precio del crudo también puede derivar en una actitud “pasiva” frente al necesario ajuste que se debe llevar a cabo en el gasto público. Es decir, con mayores ingresos petroleros en el Presupuesto, el Gobierno podría registrar, incluso antes de 2021 y sin demasiado esfuerzo por el lado del gasto, un equilibrio primario, según exige la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” que fue aprobada por la Asamblea y que aún puede ser vetada por el Ejecutivo.

La experiencia del decenio anterior, en el que se registró un aumento desbordado e insostenible del gasto público, y la crítica situación en que el gobierno de Rafael Correa dejó las cuentas fiscales deberían servir como experiencia para no repetir los mismos errores. Es decir, si los pronósticos de Bank of America Merril Lynch se cumplen, el Gobierno debe vencer la tentación de volver a postergar el ajuste del gasto (como ya lo hizo durante el primer año de gestión, a costa de un agresivo y oneroso endeudamiento), dándose por satisfecho con registrar un equilibrio primario en el PGE. Es por eso que las reglas que la Ley estipula para el “período de estabilización fiscal” no deben limitarse al resultado primario del Presupuesto (la diferencia entre ingresos y gastos, dejando de lado el pago de intereses), sino incorporar también un compromiso específico, creíble y verificable de recorte del gasto (por ejemplo, una meta mínima de recorte para cada año, sin importar lo que ocurra con los ingresos). De esta forma, el Gobierno, puntualmente el ministro de Economía y Finanzas, también tendría argumentos adicionales para hacer frente a las presiones –muy probablemente provenientes del mismo Gobierno– que con toda seguridad recibirá para no ajustar el gasto porque el precio del petróleo ha vuelto a estar alto.

De hecho, ahora que el mismo Gobierno ha propuesto restablecer los fondos de estabilización, es fundamental que estos ahorros empiecen a constituirse antes de que finalice el “período de estabilización fiscal”, de preferencia en 2019. La constitución de estos fondos no sólo servirá para dejar atrás el carácter procíclico que tuvo la política fiscal del anterior gobierno, sino también para enviar a los agentes económicos una señal contundente sobre el compromiso del Gobierno para encauzar a las finanzas públicas en un sendero ordenado y sostenible.

Los datos históricos muestran claramente que el precio del petróleo (y de otros commodities) es cíclico, es decir, que a los períodos de precios altos les siguen inevitablemente otros de precios bajos. El Gobierno debe tener eso presente para no conformarse con tener un equilibrio primario que puede convertirse nuevamente en un déficit (y, por tanto, demandar nuevo endeudamiento) cuando el precio del petróleo (que ya está en niveles altos) vuelva a caer por algún motivo. En ese sentido, el Gobierno debe aprovechar su capacidad de veto para mejorar las reglas macrofiscales incluidas en la ley recientemente aprobada.

[1] Ver: https://www.cnbc.com/2018/06/28/iran-sanctions-could-soon-push-oil-prices-above-90-a-barrel-boaml-sa.html

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