La desaceleración de la economía: una etapa ineludible que no garantiza éxito

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4 Sep 2018

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, ha reconocido que este año y el próximo el crecimiento económico será “complicado”. El FMI dice que la economía se está enfriando y la CEPAL proyecta que en 2018 Ecuador crecerá en torno al 1,5%, lo que implica una notoria desaceleración respecto al crecimiento de 2,4% alcanzado en 2017. En CORDES proyectamos que el crecimiento de este año será de 1,3% y, al igual que otros analistas económicos (algunos de los cuales proyectan tasas menores), no descartamos que el Ecuador entre en una recesión.

¿Por qué la actividad económica se está desacelerando frente a 2017 (cuando un agresivo y oneroso endeudamiento permitió sostener el gasto público en alrededor del 38% del PIB e inyectar a la economía recursos frescos que dinamizaron el consumo privado)? El principal motivo, en una economía que sigue siendo muy dependiente del gasto público, es la fuerte contracción que se ha dado en el gasto de capital. Según información oficial compilada por el Observatorio de la Política Fiscal, entre enero y julio de este año, el gasto de inversión ejecutado por el Gobierno Central sumó $1.230 millones, es decir, $1.383 millones menos que en el mismo período de 2017. En relación al tamaño de la economía, ese ajuste roza el 1,5% del PIB. En términos porcentuales, en los primeros siete meses del año el gasto de inversión del Gobierno Central se contrajo 53% respecto a igual período de 2017.

Una caída de esa magnitud necesariamente tiene que afectar al nivel de actividad, más aún en un país en el que hace pocos años el sector público, liderado por el Gobierno Central, llegó a representar más de la mitad de la inversión total. Según las proyecciones oficiales contempladas en el Plan de Prosperidad 2018-2021, el gasto de capital del Presupuesto General del Estado volverá a reducirse en casi 1% del PIB en 2019, lo que hace previsible que las bajas tasas de crecimiento se extiendan al menos hasta el próximo año.

Sin embargo, la fuerte contracción en el gasto de inversión explica también la mayor parte de la caída del déficit fiscal: de $2.364 millones en los primeros siete meses de 2017 a $757 millones en igual período de este año (en ambos casos el déficit es mayor si no se cuentan como ingresos a los barriles de petróleo que se exportan para amortizar preventas de años anteriores). Considerando el insostenible tamaño que el Estado ecuatoriano adquirió durante el correísmo (y que mantuvo en el primer año de gestión de Moreno) y el desincentivo a la inversión privada que implica tener elevados déficits fiscales (los inversionistas temen que en cualquier momento el gobierno les aumentará los impuestos para achicar ese déficit), los recortes al gasto son medidas que van en la dirección adecuada. Con las cuentas fiscales en orden, se espera que las condiciones de financiamiento para el país mejoren y que el sector privado esté más dispuesto a invertir. En ese sentido, la desaceleración de la economía ecuatoriana es, lamentablemente, un paso ineludible para poder retomar un sendero de crecimiento sostenible, es decir, basado principalmente en la inversión privada.

No obstante, el recorte del gasto que se ha llevado adelante no garantiza mejores condiciones de financiamiento (expresadas a través de la evolución del riesgo país) ni el aumento de la inversión privada. Por un lado, los agentes económicos pueden percibir que ese ajuste no es de la magnitud necesaria. De hecho, hasta ahora el recorte se ha centrado en el gasto de capital y no se ha extendido, por ejemplo, al gasto en sueldos y salarios, que continúa creciendo. Es decir, los agentes pueden percibir que el Gobierno, pese a los últimos anuncios, no está realmente dispuesto a ordenar las cuentas públicas, lo que haría que los temores sobre un eventual aumento de impuestos (o dudas sobre la capacidad del Estado de honrar sus obligaciones) se mantengan. Si bien entre ambos países hay importantes diferencias (empezando porque el Ecuador está dolarizado y, por tanto, esos temores no se reflejan en devaluaciones de la moneda), cabe tomar en cuenta el caso de Argentina, donde el exceso de gradualismo parece estar pasando factura al gobierno de Mauricio Macri.

Por otro lado, en el caso puntual del Ecuador la situación fiscal no es el único –ni el principal– freno a la inversión privada. El país enfrenta un problema de competitividad que hace que otras economías sean más atractivas para los inversionistas y que exige otras medidas tanto o más costosas (desde lo político) que el ajuste fiscal, por ejemplo, flexibilizar el mercado laboral.

Si el recorte del gasto, que debe extenderse al gasto corriente, no está acompañado por medidas que permitan recuperar la competitividad del sector productivo, la desaceleración (y eventual recesión) de la economía ecuatoriana (y su consecuencia directa: los malos indicadores laborales) puede extenderse más allá de lo que el Gobierno prevé y derivar en los conflictos sociales que el mismo Gobierno quiere evitar.

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