Los escenarios de la Proforma resaltan la urgencia de acercarse al FMI

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19 Nov 2018

Hoy, 19 de noviembre de 2018, al momento de redactar esta columna, el precio del WTI, que es el petróleo en base al cual se determina el precio del crudo ecuatoriano, rondaba los $56 por barril, es decir, $13 menos que hace un mes. Si se toma en cuenta que en lo que va del año el “castigo” al crudo ecuatoriano –es decir, la diferencia en el precio por la menor calidad del petróleo nacional respecto al WTI– ha sido de cinco dólares por barril, entonces el precio de exportación promedio del crudo nacional estaría alrededor de $51 por barril, muy por debajo de los $58,3 contemplados en la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2019. Si bien el mercado petrolero es altamente volátil y en cuestión de semanas el escenario puede ser muy distinto, la caída en el precio del petróleo registrada en los últimos días (junto con un nivel de producción que, para alcanzar los supuestos de la Proforma, debería ser 9% mayor al registrado en lo que va de 2018) incrementa la posibilidad de que los ingresos petroleros estimados por el Gobierno para 2019 ($2.672 millones, incluyendo los $820 millones que corresponden a la amortización de ventas anticipadas de petróleo de años anteriores y que, por tanto, no generan un ingreso efectivo de recursos a la caja fiscal) estén sobrestimados.

No se trata, en realidad, del único ingreso que estaría sobrestimado en la Proforma. Lo mismo puede ocurrir con los ingresos tributarios, para los cuales el Gobierno espera un crecimiento de casi 3% si se los compara, no con el PGE codificado (que muestra varias inconsistencias), sino con el monto que efectivamente se recaudaría en 2018 ($14.840 millones, según las últimas proyecciones del Observatorio de la Política Fiscal). En esta comparación, los impuestos que más crecerían en 2019 serían el IVA, que depende principalmente del nivel de actividad, y el Impuesto a la Salida de Divisas, que está definido sobre todo por el desempeño de las importaciones. Sin embargo, para 2019, en un contexto de estrechez fiscal, dólar fuerte y un sistema bancario que deberá moderar el ritmo de entrega de créditos, es previsible un estancamiento en la actividad; a su vez, con un bajo nivel de reservas internacionales, no es descartable que las importaciones moderen sensiblemente su ritmo de crecimiento o incluso se contraigan.

La probabilidad de que los ingresos petroleros y tributarios (por no mencionar los $1.000 millones de “otras concesiones”) estén sobrestimados incrementa la presión que el Gobierno tiene para conseguir el financiamiento necesario para cubrir el déficit fiscal (que puede ser mayor a los $3.655 millones estimados en la Proforma) y las amortizaciones de la deuda. En este contexto, sin embargo, entran en juego otros factores. Por un lado, a nivel interno se ve una menor disposición de los actores públicos y privados para seguir financiando al fisco. De hecho, entre diciembre de 2017 y septiembre de este año el saldo de la deuda interna ha caído en más de $900 millones, es decir, no se han renovado obligaciones del Estado por ese monto. Por otro lado, el contexto internacional complica seriamente las opciones de financiamiento en el exterior: el aumento de tasas en EE.UU. eleva los costos para las economías emergentes, a lo que se suma un mayor riesgo país, que en los últimos días, para el caso del Ecuador, se ubicó por encima de 700 puntos básicos y podría seguir subiendo si el precio del petróleo sigue bajando.

Esto se torna aún más preocupante si se toma en cuenta que en la Proforma para 2019 el propio Gobierno ha reconocido que, de los $8.166 millones en los que estima sus necesidades de financiamiento (y que también podrían ser mayores), $4.616 millones todavía no tienen una fuente identificada.

En ese contexto, es indispensable y urgente que el Gobierno inicie un acercamiento formal al FMI para llegar a un acuerdo que permita, por un lado, obtener financiamiento de esa institución (en condiciones de tasas y plazos mucho más favorables que las que se han conseguido en los últimos años en los mercados internacionales o en los préstamos otorgados por China) y, por otro, ayude a generar una mayor confianza a nivel internacional hacia el Ecuador, lo que permitiría, en el mejor de los casos, ayudar a bajar el riesgo país y abrir nuevas opciones de financiamiento. Obviamente, un acuerdo con el FMI demanda, por parte del Gobierno, la toma de decisiones que pueden resultar políticamente costosas y que no se limitan al campo fiscal, sino que también podrían incluir correcciones estructurales para ayudar a recuperar la competitividad del sector productivo. El Gobierno, sin embargo, debe saber que, más temprano que tarde, esas medidas son necesarias para que la economía ecuatoriana pueda volver a encontrar una senda de crecimiento sostenible. Además, también debe tener claro que, con el actual contexto internacional, otros países seguramente estarán evaluando la opción de acercarse al FMI y, si no hay una decisión rápida, el Ecuador podría quedar último en la fila. Finalmente, dadas las dificultades de financiamiento señaladas en párrafos anteriores, el acercamiento al FMI puede ser la única opción que el Gobierno tenga para mantener el gradualismo (si bien éste debe ser más decidido) y evitar un ajuste de shock.

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