El acercamiento del Gobierno al FMI: un paso fundamental

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12 Feb 2019

El Gobierno ha anunciado esta tarde a través de un comunicado de prensa que “representantes y técnicos del FMI y de los demás organismos internacionales se encuentran manteniendo reuniones de trabajo con las principales autoridades del país con la intención de profundizar el diálogo para alcanzar un apoyo financiero integral”. A su vez, la cuenta de Twitter del FMI ha reproducido declaraciones de Gerry Rice, vocero del organismo, según quien “las autoridades ecuatorianas y el FMI acordaron profundizar el diálogo con el objetivo de trabajar hacia un posible acuerdo financiero respaldado por el FMI como socio estratégico”.

Este potencial acuerdo con el FMI que el Gobierno ecuatoriano ahora está negociando formalmente es, considerando las actuales condiciones económicas del Ecuador, un paso fundamental, pero no suficiente, para evitar que el país entre en una grave situación, no sólo fiscal, sino principalmente de iliquidez. En ese sentido, los fondos que provengan de un acuerdo con el FMI no deben servir únicamente para cubrir una parte de las necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE), sino principalmente para alimentar las reservas internacionales del Banco Central, que pese a que la economía ecuatoriana está dolarizada, cumplen un rol importante.

De hecho, es necesario recalcar que el Banco Central del Ecuador es el agente de pagos al exterior no sólo del sector público, sino también del privado. Por ejemplo, el pago de una importación que hace una empresa privada pasa por el Banco Central (y consume reservas internacionales), salvo que esa empresa o su banco comercial utilicen fondos depositados en el exterior para pagar esa operación. Por lo tanto, si las reservas internacionales llegaran a estar por debajo de su mínimo operativo, el país (sector público y privado) podría entrar en cesación de pagos con el resto del mundo. Hace pocos días las reservas internacionales, que sólo aumentan cuando entra dinero del exterior, recibieron algo de “oxígeno”, pero a costa de una emisión de bonos con una tasa de interés sumamente alta (10,75% anual). Un acuerdo con el FMI, que podría venir acompañado de mayores préstamos de otros organismos multilaterales (de hecho, algunos de ellos ya han manifestado su disposición a trabajar de manera más cercana con el Gobierno), significaría un alivio de más largo plazo y en condiciones menos onerosas para las reservas internacionales.

Por otro lado, si bien en 2018 el déficit del PGE mostró una reducción importante frente a 2017, este resultado se explica por un aumento transitorio de los ingresos tributarios (en buena parte gracias a la remisión) y un recorte importante en el gasto de capital. El gasto corriente, mientras tanto, siguió creciendo y este año podría hacerlo incluso en mayor medida, ya que el Gobierno tiene que volver a pagar el aporte del 40% para el fondo de pensiones del IESS y también asumir las obligaciones derivadas de la Ley Amazónica. En ese sentido, un acuerdo con el FMI podría empujar al Gobierno a mostrarse más decidido en un ajuste fiscal, que además no debería limitarse al Gobierno Central, sino extenderse al resto del sector público (gobiernos seccionales, empresas públicas y seguridad social), donde también ha habido despilfarro. Si bien el ajuste es impopular y recesivo en un primer momento, luce ineludible: como muestra de las enormes necesidades de financiamiento del fisco: los depósitos del Tesoro en el Banco Central, que también habían aumentado gracias a la emisión de bonos, cayeron de $1.663 millones a $481 millones apenas entre el 31 de enero y el 1 de febrero.

También debe quedar claro, sin embargo, que en las actuales condiciones económicas poner las cuentas fiscales en orden (lo que, junto con un acuerdo con el FMI puede ayudar a bajar el riesgo país) no es suficiente para que la economía repunte. El desafío principal, para atraer inversión privada y restar presión a la balanza de pagos (y a las reservas), es recuperar competitividad. En ese contexto, resulta alentador que el vocero del FMI señale que el potencial acuerdo –entre otros objetivos, como “proteger a los pobres y más vulnerables, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción y fortalecer las bases de la dolarización”– buscará “impulsar la competitividad y la creación de empleo”.

Un acuerdo con el FMI es, insistimos, un paso fundamental pero no suficiente. En primer lugar, como resulta obvio, el Ecuador deberá cumplir los compromisos que asuma en ese acuerdo para tener acceso a los desembolsos (cabe recordar que el país tiene una larga historia de cartas de intención firmadas con el FMI que finalmente no se cumplieron). Ignorar los compromisos y romper el acuerdo afectaría de manera notoria la imagen del país en el exterior y complicaría aún más el acceso a financiamiento externo. Pero, sobre todo, una vez que las reservas internacionales, gracias a los desembolsos de los multilaterales, estén en una situación más holgada, es imprescindible que se tomen las medidas que permitan recuperar competitividad, para así fomentar las fuentes “sanas” de dólares a la economía (exportaciones e inversión extranjera) y, de ese modo, ir superando la perniciosa dependencia hacia el endeudamiento externo que se generó desde el gobierno anterior.

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