Las malas cifras de empleo resaltan la urgencia de reformas laborales

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15 Abr 2019

Según las cifras que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre marzo de 2018 e igual mes de este año la tasa de empleo adecuado (que corresponde a las personas que trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana y tienen ingresos no menores al salario mínimo o que, cumpliendo con la condición de los ingresos, trabajan menos de 40 horas porque no quieren trabajar más) pasó de 41,1% a 37,9% de la población económicamente activa (PEA) a nivel nacional. En valores absolutos esa reducción significó una destrucción de 260.000 empleos adecuados en un año. Esa dinámica, que va de la mano con la desaceleración económica derivada de la corrección fiscal y el desequilibrio externo (la pérdida de competitividad que hace que las importaciones de bienes y servicios crezcan mucho más que las exportaciones) se dio tanto en las zonas urbanas del país como en las rurales. En las primeras la tasa de empleo adecuado cayó de 50,1% a 47%, mientras que a nivel rural la tasa pasó de 23,1% a 20,2%, siempre entre marzo de 2018 e igual mes de 2019.

A nivel nacional, la caída del empleo adecuado tuvo como contracara al aumento del empleo inadecuado, que en marzo de 2019 representó ya el 56,9% de la PEA. Puntualmente el crecimiento del empleo inadecuado se explica por un aumento en el “otro empleo no pleno” (es decir, personas que ganan menos que el salario mínimo y trabajan menos que la jornada legal pero no tienen deseos o disponibilidad de trabajar más), mientras que el subempleo y el empleo no remunerado no mostraron variaciones estadísticamente significativas. Tampoco la informalidad (entendida como el porcentaje de las personas con empleo que trabajan en una empresa o emprendimiento personal que no tiene RUC) mostró una variación estadísticamente significativa (es decir, se mantuvo relativamente estable entre marzo de 2018 y marzo de 2019). Pero esto está lejos de ser una buena noticia, ya que ese indicador, que pone en evidencia la dificultad de muchos trabajadores para vincularse con el sector formal, se mantiene en niveles apenas inferiores al 50% del total de las personas con algún tipo de empleo.

En el mismo sentido, el mes pasado apenas el 29,2% de las personas con empleo estaban afiliadas al IESS, a las que se podría sumar el 12,2% con otros seguros (seguro campesino, ISSFA, ISSPOL, seguros privados, entre otros). Eso implica que el 58,6% de los empleados no están cubiertos por ningún tipo de seguro, lo que los deja en una situación muy vulnerable ante la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad grave. Al igual que la elevada informalidad (que en la definición del INEC no incluye a todos los trabajadores informales, ya que también puede haber casos de personas que trabajan en empresas con RUC pero que no están registrados en la nómina), el bajo porcentaje de trabajadores con cobertura de la seguridad social deja en evidencia la necesidad de revisar la normativa laboral, a fin de facilitar la vinculación de los trabajadores a empresas formales. Más aun en un contexto, como el actual, en el que la corrección de la situación fiscal demanda el recorte de puestos de trabajo en el sector público.

Esa reducción en la nómina pública, que ha sido señalada por autoridades oficiales y se registra también en las cifras de ejecución del Presupuesto General del Estado, puede ser un motivo para explicar el incremento del desempleo en Quito, que pasa de 7,1% a 9,7% de la PEA de la ciudad. Las otras cuatro ciudades para las cuales el INEC presenta información detallada (Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato) no muestran un aumento en el desempleo, que a nivel nacional (urbano y rural) se mantiene en torno al 4,5% de la PEA.

Finalmente, el reporte del INEC muestra que el ingreso promedio de los trabajadores (expresado en dólares de diciembre de 2007) cayó en más del 6% entre marzo de 2018 e igual mes de este año. Tomando en cuenta que la tasa de inflación anual de marzo fue de -0,1%, ese deterioro en el poder adquisitivo de los salarios no se puede adjudicar a un aumento en los precios al consumidor. La explicación, entonces, parece estar en la disposición de los trabajadores para aceptar un sueldo más bajo, ante la evidente dificultad para encontrar empleo. Si bien una reducción en el salario promedio puede ayudar a que el país vaya recuperando algo de la competitividad perdida (siempre y cuando los empresarios no quieran “apropiarse” de ese margen aumentando sus ganancias), ese proceso debería estar acompañado por una flexibilización de la normativa laboral que permita que los trabajadores (algunos de ellos con jornadas parciales o contratos a plazo fijo, por ejemplo) puedan asegurar derechos mínimos (afiliación al IESS o salario mínimo por hora) vinculándose a empresas del sector formal.

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