Acuerdo legislativo: un paso importante con varias pruebas por superar

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20 May 2019

La semana pasada cuatro bloques legislativos (Alianza País – Aliados, CREO, Bancada de Integración Nacional (BIN) y Bancada Acción Democrática Independiente) llegaron a un acuerdo que, en primera instancia, permitió designar a las nuevas autoridades en la Asamblea. Pero el acuerdo, si bien no es un compromiso formal de los bloques, también incluye al menos tres puntos que son muy relevantes para el desempeño de la economía ecuatoriana en el largo plazo: i) un pronunciamiento sobre la necesidad de llevar adelante una reforma laboral; ii) otro sobre la importancia de la institucionalidad en el manejo de la economía; y, iii) uno sobre la disposición de esos bloques para buscar alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Respecto a la reforma laboral, el pronunciamiento de los bloques que conforman el acuerdo coincidió con la carta pública al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional, suscrita por economistas e intelectuales de otras áreas, en la que se resalta la urgencia de una reforma de ese tipo para ayudar a millones de ecuatorianos que actualmente tienen empleos precarios a vincularse con el sector formal. Este mismo objetivo dicen perseguir los bloques legislativos. Sobre este punto, sin embargo, los asambleístas del acuerdo deben estar conscientes de que una reforma bien trabajada, es decir, que sea equitativa en lo social y eficiente en lo económico, como sugiere la carta abierta, generará voces de rechazo de sectores políticos y sindicatos que, representando sólo a un porcentaje minoritario de los trabajadores, se escudarán en el discurso de la “precarización del empleo” y un supuesto menoscabo a los derechos laborales. Es decir, una reforma que permita incentivar la contratación seguramente acarreará costos políticos que los bloques legislativos deben estar dispuestos a afrontar.

Lo mismo puede ocurrir con las necesarias reformas a la seguridad social. El IESS, según muestran las preocupantes cifras levantadas por la Mesa de Seguridad Social, atraviesa una situación crítica. El fondo de pensiones, en gran parte como consecuencia de medidas adoptadas en el anterior gobierno (eliminación del aporte estatal del 40% y reducción de los aportes al fondo de pensiones para atender las necesidades del fondo de salud) está disminuyendo año a año y, de continuar en esa tendencia, el pago de pensiones se ve seriamente amenazado. También el fondo de salud ha sufrido una importante afectación desde que se decidió ampliar la cobertura de los servicios a personas que no aportan al sistema. En ese contexto, las medidas que se tomen para que el IESS sea sostenible en el tiempo (que pueden ser, por ejemplo, aumentar paulatinamente la edad de jubilación o restringir la cobertura de los servicios de salud) también serán rechazadas por grupos (los mismos que se oponen a la reforma laboral) que no saben ver más allá del corto plazo y no piensan en las futuras generaciones o en el enorme costo fiscal y social que una quiebra del IESS implicaría.

Respecto a la institucionalidad necesaria para un manejo prudente y sostenible de la economía, el acuerdo entre los bloques, si llega a traducirse en un apoyo cierto a los cambios legales que se requieren para sentar las bases de esa institucionalidad, estaría reflejando una actitud patriótica y desprendida. Esto porque propiciar la existencia, por ejemplo, de un Banco Central independiente o de reglas macrofiscales que limiten el crecimiento del gasto público y el endeudamiento, implica que esos bloques no están considerando, por ejemplo, manipular las cifras de crecimiento que calcula el Banco Central o expandir irresponsablemente el gasto si se llega a dar una nueva situación de holgura en las cuentas fiscales. Considerando que entre los bloques o los asambleístas que se han adherido al acuerdo hay algunos con intención de llegar a la Presidencia, promover la existencia de instituciones económica sólidas es algo que merece destacarse.

En resumen, el acuerdo al que han llegado estos bloques legislativos es una noticia relevante para la economía (incluso otros temas que lucen más lejanos, como limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, pueden favorecer al desempeño económico, porque reducirían la incertidumbre sobre los nombramientos de las autoridades de control), más aún en el marco de un acuerdo con el FMI que demanda algunos cambios legales (también se espera una reforma tributaria). Sin embargo, el verdadero impacto de ese acuerdo se verá sólo cuando los bloques que forman parte de él apoyen en la Asamblea, dejando atrás los costos políticos o las voces de rechazo, cambios legales que son indispensables para mejorar el desempeño de la economía o evitar una crisis en la seguridad social. De ser así, estaremos presenciando un acuerdo legislativo que realmente tiene al futuro del país como su objetivo principal.

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