Opinión

Drogas

Roberto Carmigniani Valencia
Guayaquil, Ecuador

Hace poco leí un artículo de un buen amigo sobre la legalización de las drogas como medida para apaliar el tráfico de las mismas. Al respecto, siempre fui de dicha postura, bajo el entendido de que dicha legalización debe ser sobre el marco en el que se pueda regular el consumo de determinadas drogas suaves, mas no las llamadas duras (debo decir, con un toque de gracia, que la idea de una funda de cocaína con registro sanitario me parece bizarra). El uso de drogas para fines médicos me parece loable, tal como sucede en California.

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Opinión

¿Encubrir a los deudores?

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Al final del proyecto de reformas a la Ley de Instituciones Financieras relacionado con las mutualistas, actualmente en trámite, se ha introducido una disposición transitoria según la cual, la Superintendencia de Bancos debe iniciar procesos coactivos para recuperar el monto de las pérdidas patrimoniales de las entidades que cerraron como consecuencia de la crisis bancaria. En el texto propuesto se hace responsables de esas pérdidas a «los accionistas que representaban el seis por ciento (6%) o más del capital accionario al momento de someterse la institución financiera al proceso de reestructuración, saneamiento o liquidación forzosa, así como contra el principal administrador y representante legal», pudiendo dictarse «medidas cautelares reales, dentro de la coactiva, sobre los bienes que de público conocimiento son de propiedad de aquellos accionistas, administradores o representante legal, en su caso».

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Opinión

Firmar sentencias ajenas

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Aunque nada sea ya para sorprenderse, cada día surgen nuevas genialidades, que opacan a las anteriores. Esta vez el turno es de la casi extinta Corte Nacional de Justicia, integrada por los suplentes de los suplentes de la antigua Corte Suprema, muchos de los cuales apenas entienden español, al punto que hay unos, incluso a punto de ser reelegidos, para quienes haber «conocido» una causa es sinónimo de haberla «resuelto».

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Opinión

¿Ley o reglamento?

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

La Constitución dice (Art. 133) que se requiere de ley orgánica para regular «la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución». Es obviedad que la Asamblea es institución creada por la Constitución, así que no debiera ser muy difícil concluir que la ley que regula su funcionamiento es de aquellas llamadas orgánicas, es decir las que requieren para su aprobación la mayoría absoluta (63) de los miembros de la Asamblea, luego de lo cual, según el Art. 137 de la Constitución, deben ser enviadas al Ejecutivo «para que las sancione u objete». Palabras más, palabras menos, lo mismo dice el Art. 126 de la propia Carta Política: «Para el cumplimiento de sus labores la Asamblea Nacional se regirá por la ley correspondiente… …Para la reforma o codificación de esta ley se requerirá la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea» (pues se trata de una ley orgánica, agrego yo).

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Opinión

El cuento de Montecristi

Por Eduardo Carmigniani

La Constitución garantista de Montecristi trae entre sus principios básicos los de tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión. Estos luego se desarrollan en varios postulados, uno de los cuales es que los juicios deben observar el trámite «propio» de cada procedimiento (Art. 76, 3º). Eso del trámite «propio», armonizado con la seguridad jurídica (Constitución, Art. 82), significa que el trámite de los procesos solo puede ser el establecido por normas jurídicas previas: el cambio de reglas del juego no puede afectar fases procesales ya superadas o concluidas.

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Opinión

CFN y Pacífico

Por Eduardo Carmigniani
@ecarmigniani

Mediante decreto ejecutivo 941, del pasado 18 de noviembre, el presidente de la República dispuso que el Banco Central transfiera a la Corporación Financiera Nacional la totalidad de las acciones del Banco del Pacífico, el que pasará en consecuencia a ser de propiedad exclusiva de la CFN, a fin de -según expresa el decreto- «contar con la infraestructura que le permita dar mayor viabilidad a sus operaciones». A primera vista pudiera parecer que el cambio es solo cosmético, pues en definitiva el Pacífico seguirá en manos del Estado o, mejor dicho, del Ejecutivo; hay una diferencia sustancial, empero: el Banco Central no se dedica a otorgar créditos, la CFN sí, igual que el Pacífico. Los dos últimos realizan la misma actividad económica y el propósito del decreto es que la CFN use la red de su controlado.

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Opinión

¿El último accionista?

Por Eduardo Carmigniani

Suponga usted ser el gerente de una compañía local que tiene accionistas extranjeros. Según la resolución dictada por el SRI el pasado 31 de octubre, estará entonces obligado, hasta diciembre, a proporcionar a la autoridad tributaria información que acredite quiénes están detrás de cada una de las compañías extranjeras que a su vez son accionistas de la compañía local (Art. 1, 2º: «Cuando los accionistas, partícipes o socios… …sean personas jurídicas, deberá a su vez indicarse el domicilio o residencia y la identidad de los accionistas, partícipes o socios de estas; y, si tales accionistas, partícipes o socios son, a su vez, personas jurídicas, se deberá hacer lo propio, sucesivamente, hasta llegar a los datos de los que fueren personas naturales»).

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Opinión

Reformas retroactivas

Por Eduardo Carmigniani

Es loable que el Estado haga todos los esfuerzos a su alcance para cobrar a los deudores morosos de la banca cerrada. Han pasado ya casi trece años desde que empezó la crisis de finales de siglo pasado, y hasta ahora muchos de ellos siguen pavoneándose en la más pasmosa impunidad, de la cual han sido cómplices funcionarios públicos encargados de ordenar su ejecución por la vía coactiva, quienes mandados o coimeados terminaron haciéndose de la vista gorda. Incluso, para que los reales beneficiarios de los créditos impagos pasen de agache, hace poco se intentó la demagógica farsa de imputar, sin ton ni son, y sin ubicar precisas responsabilidades por fraudes en la administración de esos bancos, a la totalidad de sus directores, administradores y funcionarios, poniendo a culpables e inocentes en el mismo saco. […]

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¿Derecho a contradecirse?

Por Eduardo Carmigniani

La ley antimonopolios concentra en la nueva superintendencia de control del poder del mercado las atribuciones de regulación y control de la conducta de los operadores económicos, independientemente del sector en el que ejerzan sus actividades. Se eliminó, en esa forma, el control difuso anterior, que permitía, por ejemplo, que el superintendente de Bancos vigile los programas publicitarios de las instituciones financieras para evitar la competencia desleal (Art. 180, Ley de Instituciones Financieras). También la facultad que tenía el superintendente de Telecomunicaciones para «Controlar que el mercado de las telecomunicaciones se desarrolle en un marco de libre competencia…» (Ley de Telecomunicaciones, Art. 35, g).

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¿Fraude en España?

Por Eduardo Carmigniani

Con la cantilena de que «…los inmigrantes en España, ejerciendo el derecho a una vivienda digna han sido objeto de fraude hipotecario», pues «…los procedimientos de endeudamiento hipotecario han carecido de legalidad y legitimidad y han sido realizados bajo engaño…», el diputado Gerónimo Yantalema, de Chimborazo, presentó el pasado 13 de octubre en la Asamblea un proyecto de «Ley de Defensa de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes contra el Fraude Hipotecario cometido en España». Según el proyecto, el supuesto fraude en España -que se pretende sea declarado por una ley ecuatoriana- consistiría en la negativa de los acreedores a recibir, en pago total de los préstamos hipotecarios concedidos, a la misma vivienda adquirida con ese financiamiento, cuyo valor de mercado ha caído y no cubre el valor adeudado.

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