Opinión

El cuento de Montecristi

Por Eduardo Carmigniani

La Constitución garantista de Montecristi trae entre sus principios básicos los de tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión. Estos luego se desarrollan en varios postulados, uno de los cuales es que los juicios deben observar el trámite «propio» de cada procedimiento (Art. 76, 3º). Eso del trámite «propio», armonizado con la seguridad jurídica (Constitución, Art. 82), significa que el trámite de los procesos solo puede ser el establecido por normas jurídicas previas: el cambio de reglas del juego no puede afectar fases procesales ya superadas o concluidas.

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Opinión

CFN y Pacífico

Por Eduardo Carmigniani
@ecarmigniani

Mediante decreto ejecutivo 941, del pasado 18 de noviembre, el presidente de la República dispuso que el Banco Central transfiera a la Corporación Financiera Nacional la totalidad de las acciones del Banco del Pacífico, el que pasará en consecuencia a ser de propiedad exclusiva de la CFN, a fin de -según expresa el decreto- «contar con la infraestructura que le permita dar mayor viabilidad a sus operaciones». A primera vista pudiera parecer que el cambio es solo cosmético, pues en definitiva el Pacífico seguirá en manos del Estado o, mejor dicho, del Ejecutivo; hay una diferencia sustancial, empero: el Banco Central no se dedica a otorgar créditos, la CFN sí, igual que el Pacífico. Los dos últimos realizan la misma actividad económica y el propósito del decreto es que la CFN use la red de su controlado.

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Opinión

¿El último accionista?

Por Eduardo Carmigniani

Suponga usted ser el gerente de una compañía local que tiene accionistas extranjeros. Según la resolución dictada por el SRI el pasado 31 de octubre, estará entonces obligado, hasta diciembre, a proporcionar a la autoridad tributaria información que acredite quiénes están detrás de cada una de las compañías extranjeras que a su vez son accionistas de la compañía local (Art. 1, 2º: «Cuando los accionistas, partícipes o socios… …sean personas jurídicas, deberá a su vez indicarse el domicilio o residencia y la identidad de los accionistas, partícipes o socios de estas; y, si tales accionistas, partícipes o socios son, a su vez, personas jurídicas, se deberá hacer lo propio, sucesivamente, hasta llegar a los datos de los que fueren personas naturales»).

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Opinión

Reformas retroactivas

Por Eduardo Carmigniani

Es loable que el Estado haga todos los esfuerzos a su alcance para cobrar a los deudores morosos de la banca cerrada. Han pasado ya casi trece años desde que empezó la crisis de finales de siglo pasado, y hasta ahora muchos de ellos siguen pavoneándose en la más pasmosa impunidad, de la cual han sido cómplices funcionarios públicos encargados de ordenar su ejecución por la vía coactiva, quienes mandados o coimeados terminaron haciéndose de la vista gorda. Incluso, para que los reales beneficiarios de los créditos impagos pasen de agache, hace poco se intentó la demagógica farsa de imputar, sin ton ni son, y sin ubicar precisas responsabilidades por fraudes en la administración de esos bancos, a la totalidad de sus directores, administradores y funcionarios, poniendo a culpables e inocentes en el mismo saco. […]

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¿Derecho a contradecirse?

Por Eduardo Carmigniani

La ley antimonopolios concentra en la nueva superintendencia de control del poder del mercado las atribuciones de regulación y control de la conducta de los operadores económicos, independientemente del sector en el que ejerzan sus actividades. Se eliminó, en esa forma, el control difuso anterior, que permitía, por ejemplo, que el superintendente de Bancos vigile los programas publicitarios de las instituciones financieras para evitar la competencia desleal (Art. 180, Ley de Instituciones Financieras). También la facultad que tenía el superintendente de Telecomunicaciones para «Controlar que el mercado de las telecomunicaciones se desarrolle en un marco de libre competencia…» (Ley de Telecomunicaciones, Art. 35, g).

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¿Fraude en España?

Por Eduardo Carmigniani

Con la cantilena de que «…los inmigrantes en España, ejerciendo el derecho a una vivienda digna han sido objeto de fraude hipotecario», pues «…los procedimientos de endeudamiento hipotecario han carecido de legalidad y legitimidad y han sido realizados bajo engaño…», el diputado Gerónimo Yantalema, de Chimborazo, presentó el pasado 13 de octubre en la Asamblea un proyecto de «Ley de Defensa de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes contra el Fraude Hipotecario cometido en España». Según el proyecto, el supuesto fraude en España -que se pretende sea declarado por una ley ecuatoriana- consistiría en la negativa de los acreedores a recibir, en pago total de los préstamos hipotecarios concedidos, a la misma vivienda adquirida con ese financiamiento, cuyo valor de mercado ha caído y no cubre el valor adeudado.

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Perdón al arrepentido

Por David Ochoa

Esta semana se conoció que la Comisión Europea multó con más de 12 millones de dólares (8,9 millones de euros) a Pacific Fruit por mantener un acuerdo de precios con Chiquita Brands International Inc. Sin embargo, Chiquita no fue sancionada. ¿Por qué? Porque confesó a la Comisión Europea su participación y pidió clemencia. Reveló información que demostró la existencia del cartel.

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El zar del mercado

Por Eduardo Carmigniani

No hay aún, mientras escribo, información oficialmente publicada pero pareciera que el proyecto de ley antimonopolios aprobado la semana anterior por la Asamblea será aceptado por el presidente de la República, pues los cambios introducidos corrigiendo algunos, no todos, de sus excesos -hay unos de terror- en realidad no alteran la esencia del texto original. Se trata de garantizar el libre acceso de cualquier competidor a los mercados y la libertad de elección de los consumidores, y el texto final va en general en esa línea. Normativa como esta, por cierto, no es para nada extraña en los países desarrollados, e incluso la hay en vecinos como Colombia y Perú, no se diga en Chile, al que tanto se cita como ejemplo de camino al desarrollo.

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¿Crimen perfecto?

Por Eduardo Carmigniani

Cuando estas líneas se publiquen estará ya aprobada -expresa o tácitamente- la disposición transitoria 25º del proyecto antimonopolios. En esta se «convalida», ascendiéndolo a categoría de norma legal, el reglamento expedido por la Junta Bancaria semanas atrás en el que, violando la Ley de Instituciones Financieras, se dispuso que los muchos bancos que son dueños de empresas de seguros, casas de valores o administradoras de fondos de inversión y fideicomisos, los vendan hasta el 13 de julio de 2012 por considerar que mantener tales negocios contraría la constitución, cuyo Art. 312 les impide ser dueños de empresas «ajenas a la actividad financiera».

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La chifladura contraataca

Por Eduardo Carmigniani

El último borrador de la ley antimonopolios, que circuló el martes 20 y que debió ser conocido el miércoles 21 por la comisión de lo económico de la Asamblea, enmienda la barbaridad -que consta en el proyecto original- de que las decisiones del superintendente de Control del Poder de Mercado no pueden ser impugnadas mediante la acción de protección -que por tener rango constitucional no puede ser eliminada por disposición de una ley. Verdad es que el nuevo texto deja una puerta abierta para que chuckyjueces hagan diabluras con la manida fórmula de que la susodicha protección no procede cuando haya vías judiciales «adecuadas o eficaces» (Art. 67), pero es público y notorio que en el paisito tales vías no existen por el colapso de los tribunales ordinarios. […]