Opinión

Perdón al arrepentido

Por David Ochoa

Esta semana se conoció que la Comisión Europea multó con más de 12 millones de dólares (8,9 millones de euros) a Pacific Fruit por mantener un acuerdo de precios con Chiquita Brands International Inc. Sin embargo, Chiquita no fue sancionada. ¿Por qué? Porque confesó a la Comisión Europea su participación y pidió clemencia. Reveló información que demostró la existencia del cartel.

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Opinión

El zar del mercado

Por Eduardo Carmigniani

No hay aún, mientras escribo, información oficialmente publicada pero pareciera que el proyecto de ley antimonopolios aprobado la semana anterior por la Asamblea será aceptado por el presidente de la República, pues los cambios introducidos corrigiendo algunos, no todos, de sus excesos -hay unos de terror- en realidad no alteran la esencia del texto original. Se trata de garantizar el libre acceso de cualquier competidor a los mercados y la libertad de elección de los consumidores, y el texto final va en general en esa línea. Normativa como esta, por cierto, no es para nada extraña en los países desarrollados, e incluso la hay en vecinos como Colombia y Perú, no se diga en Chile, al que tanto se cita como ejemplo de camino al desarrollo.

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Opinión

¿Crimen perfecto?

Por Eduardo Carmigniani

Cuando estas líneas se publiquen estará ya aprobada -expresa o tácitamente- la disposición transitoria 25º del proyecto antimonopolios. En esta se «convalida», ascendiéndolo a categoría de norma legal, el reglamento expedido por la Junta Bancaria semanas atrás en el que, violando la Ley de Instituciones Financieras, se dispuso que los muchos bancos que son dueños de empresas de seguros, casas de valores o administradoras de fondos de inversión y fideicomisos, los vendan hasta el 13 de julio de 2012 por considerar que mantener tales negocios contraría la constitución, cuyo Art. 312 les impide ser dueños de empresas «ajenas a la actividad financiera».

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Opinión

La chifladura contraataca

Por Eduardo Carmigniani

El último borrador de la ley antimonopolios, que circuló el martes 20 y que debió ser conocido el miércoles 21 por la comisión de lo económico de la Asamblea, enmienda la barbaridad -que consta en el proyecto original- de que las decisiones del superintendente de Control del Poder de Mercado no pueden ser impugnadas mediante la acción de protección -que por tener rango constitucional no puede ser eliminada por disposición de una ley. Verdad es que el nuevo texto deja una puerta abierta para que chuckyjueces hagan diabluras con la manida fórmula de que la susodicha protección no procede cuando haya vías judiciales «adecuadas o eficaces» (Art. 67), pero es público y notorio que en el paisito tales vías no existen por el colapso de los tribunales ordinarios. […]

Opinión

De jueces a dedo

Por Eduardo Carmigniani

El acomodo de la Corte Suprema nombrada luego de la pichicorte dejó intacto lo hecho por esta, pese a que lo legal y apropiado era anularlo todo por tratarse de decisiones tomadas sin jurisdicción, y más aún cuando se trataba del «despacho» de apenas cuatro meses. Los nombrados a dedo como pichijueces tampoco fueron juzgados; que se conozca, no hubo proceso para determinar si incurrieron en el delito de, sin título legítimo, fingir ser funcionarios públicos y actuar como tales, que a estas alturas ya prescribió. […]

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Premiar la delación

Por Eduardo Carmigniani

Una novedad del proyecto de ley antimonopolios es premiar la delación, cuyo uso arrancó en los Estados Unidos y luego se expandió a países europeos como Alemania, Francia, Austria, y más recientemente España. Cerca nuestro el premio es usado en Colombia. Consiste en exonerar de las multas previstas en la ley, que pueden llegar hasta el 12% de las ventas del año anterior, a aquellos participantes de carteles -como los acuerdos dirigidos a fijar artificialmente precios, repartirse entre «competidores» la distribución de bienes o servicios, o restringir las fuentes de abastecimiento- que delaten a sus compinches.

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Opinión

Imponer en vez de conversar

Por Héctor Yépez Martínez
@hyepezm

Al reformar el artículo 312 de la Constitución, la pregunta 3 de la consulta popular prohibió que los dueños y directores de empresas financieras y de comunicación tengan negocios en sectores ajenos a su actividad. Sin embargo, como sucede en gran parte de la consulta, la labor de precisar las “minucias” (qué son empresas de comunicación, qué es un accionista principal, etc.) quedó en el aire. Este limbo jurídico ha sido abordado con dos métodos contradictorios. En lo mediático, la Asamblea lucha por negociar una Ley de Comunicación. En lo financiero, en vez de recurrir al debate legislativo, el Gobierno prefirió imponer una resolución de la Junta Bancaria. […]

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Chifladura sin límite

Por Eduardo Carmigniani

Que el proyecto de ley antimonopolios sea devuelto con el melindre de que en una de sus partes dice que será ley «especial» y que esa categoría es inexistente, es inadmisible. Primero, porque sí fue presentado como de ley orgánica, categoría admitida en la Constitución, lo que no impide que también sea especial. Segundo, porque si molestaba lo de «especial» -que solo consta donde dice que por ser «orgánica y especial» prevalecerá sobre otras leyes-, se lo podía borrar en los debates. Y tercero, porque siendo un proyecto urgente, el Ejecutivo puede no admitir la «devolución» y a los treinta días promulgarlo considerándolo aceptado tácitamente; esto último, por la apretada mayoría oficialista en el Legislativo, baña al tema con inocultable perfume a maniobra. […]

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Empresas «no financieras»

Por Eduardo Carmigniani

La Constitución de 2008, según el primitivo texto de su Art. 312, prohibió a los bancos ser dueños de empresas «ajenas a la actividad financiera». Igual impedimento existió siempre en la ley, que les vedaba mantener acciones en compañías fuera del sector financiero, salvo cuando las hubiese aceptado en pago, caso en el que deben venderlas en plazos más o menos cortos (Ley de Instituciones Financieras, Art. 118). La Constitución de Montecristi solo elevó a rango constitucional una prohibición ya existente en la ley.
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Fraude informático

Por Eduardo Carmigniani
Una especie de los llamados fraudes informáticos consiste en transferir en forma ilegítima dinero de las cuentas bancarias de otro, a las que se accede electrónicamente con alguna forma de suplantación de identidad, como el uso de la clave personal; siendo esta confidencial, principal punto de investigación debiera ser cómo pudo llegar a conocimiento -la clave- a las bandas mafiosas internacionales que se dedican masivamente a esos fraudes. […]