Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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Se estanca diálogo entre el gobierno y estudiantes en Chile

El intento de diálogo entre el gobierno y los estudiantes chilenos, movilizados desde hace cinco meses, quedó estancado por las profundas discrepancias entre las partes, en torno a la gratuidad en la enseñanza secundaria y universitaria.


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Camila Vallejo, vocera de los dirigentes de las 25 universidades estatales chilenas, afirmó después de un encuentro de cinco horas que no había “disposición real a construir una educación pública gratuita, de calidad y democrática para todos”.

Los secundarios habían abandonado la reunión cuando transcurrían cuatro horas, porque el gobierno “no quiere ceder respecto a la postura de la educación gratuita”.

Alfredo Vielma, dirigente de los secundarios, señaló que “nos parece importante bajarnos de esta mesa y transferir a la ciudadanía la responsabilidad de poder solucionar este conflicto”.

El ministro de Educación, Felipe Bulnes, señaló que “no hemos logrado mayores progresos” por las discrepancias en torno a la gratuidad, y anunció que el gobierno formará una comisión de expertos para que analicen el tema.

El gobierno plantea otorgar enseñanza gratuita sólo a los sectores más vulnerables, a través de becas y otros sistemas combinados de becas y préstamos.

“Darle gratuidad a los más ricos no corresponde”, afirmó Bulnes.

Vallejo corroboró la discrepancia al señalar que “se quiere reducir la gratuidad a sólo cierto sector de la población —la pobreza estadística— pero subsidiando en el fondo a las instituciones privadas, a la banca privada”.

“Bajo estas condiciones es imposible darle continuidad a esta mesa de trabajo”, decisión que debe ser corroborada por una asamblea de 36 dirigentes universitarios que se realizará el sábado, añadió la vocera.

Aclaró que “aquí no se trata de que nosotros queremos el todo o el nada”, pero “no hay un cambio de paradigma”.

Vielma dijo que “ahora queda en manos de la gente salir a protestar y marchar”, en alusión a una nueva manifestación, la número 37, convocada para mañana, pese a que la Intendencia (gobernación) regional negó el permiso, lo que anticipa una fuerte represión policial.

Aun antes del inicio del encuentro el ambiente era tenso porque el presidente Sebastián Piñera envió al congreso un proyecto de ley para criminalizar las movilizaciones y la ocupación violenta de escuelas y campus universitarios, la interrupción del tránsito y los ataques de encapuchados a la policía.

La demanda de gratuidad es una de las más importantes del movimiento estudiantil, que cumplió cinco meses movilizado en demanda de cambios estructurales en el modelo de enseñanza.

En Chile el acceso a una educación de calidad depende de los ingresos familiares, con escuelas para ricos y pobres, y con aranceles universitarios considerados entre los más caros después de los de Estados Unidos.

Las familias deben aportar el 85% de los gastos universitarios, mientras el Estado aporta el 15% restante.

El gobierno, en un documento publicitado en los inicios de la crisis, propuso reestructurar el sistema de becas, aumentar su número y rebajar de un 6 a un 2% los créditos de la banca privada con aval del Estado y reprogramar a 110.000 estudiantes universitarios morosos.

La fracasada cita fue acordada hace una semana, en un encuentro similar después de que el Ejecutivo accedió a demandas preliminares de los estudiantes. A diferencia del encuentro anterior y por exigencia de los alumnos, en este hubo dos actuarios que apuntaron todo lo dicho por los participantes en la mesa de diálogo.

El fuerte movimiento estudiantil exige una educación gratuita, de calidad, el fin del lucro en las entidades educacionales privadas que reciben aportes estatales y el cambio en la administración de los colegios, de las municipalidades al Estado.

Los estudiantes marchan todos los jueves para demostrar su fuerza al gobierno de Piñera, cuya popularidad bajó a un 22% desde el inicio de las protestas, al contrario de las demandas de los jóvenes, apoyadas por un 89% de la población, según coincidentes encuestas.

Las 36 marchas entre fines de abril y septiembre han sido pacíficas, pero después que concluyen con un acto musical, son enturbiadas por encapuchados que se enfrentan con violencia a la policía antimotines, ocasionan destrozos en edificios públicos y privados e incluso han llegado a quemar unos pocos automóviles. AP

 

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