Ecuador. sábado 16 de diciembre de 2017
  • Seguir en Facebook
  • Seguir en Twitter
  • Seguir en Google+
  • Seguir en YouTube
  • Seguir en Instagram
  • Seguir en LinkedIn

Pleno reanudará el debate del Código Integral Penal

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó para el miércoles, a las 09h30, a la continuación de la sesión para reanudar el segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó para el miércoles, a las 09h30, a la continuación de la sesión para reanudar el segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal.


Publicidad

El presidente de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto, Mauro Andino, explicó que el debate se retomará una vez que se han generado los consensos en torno a los diversos aspectos de la propuesta.

Con respecto a la mala práctica profesional, explicó que después de los análisis correspondientes se determinó que la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio práctico de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, eliminándose la disposición relativa a la inhabilitación del ejercicio de la profesión, al indicar que el proceso de rehabilitación para ejercer, luego de cumplida la pena, será determinará en el Código de Salud.

Añadió que para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se tomará en cuenta que la mera producción del resultado no configura la infracción al deber objetivo del cuidado; la inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas aplicadas a la profesión; el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas; se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas y la previsibilidad.

En otro orden, en lo referente a la incautación de bienes, informó que la normativa prevé que para la incautación de bienes provenientes del narcotráfico y lavado de activos, se procederá a aplicar con sentencia condenatoria y que la emisión de la sentencia se dé en audiencia, para evitar la discrecionalidad del operador de justicia.

*Fuente: Asamblea Nacional