Ecuador. Domingo 25 de septiembre de 2016
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Ratifican prisión preventiva contra Alberto March

La fiscal Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos presidida por el juez Ánjgel Moya, foto difundida por la Fiscalía.

El juez de Garantías Penales del Guayas, Ángel Moya, ha ordenado prisión preventiva en contra de Alberto March y otros seis procesados, acusados por la Fiscalía del presunto delito de lavado de activos en exportación de oro. De los otros seis procesados, dos son hermanos del primero, Javier March y Jordi March Todos fueron detenidos a las 05h00 de la madrugada del viernes, en sus respectivos domicilios, algunos de ellos ubicados en Samborondón.

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La audiencia se instaló en la Unidad Judicial Penal Albán Borja, la noche del viernes 17 de junio del 2016. La Fiscalía ha presentado como pruebas un reporte de las operaciones inusuales no justificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero sobre la exportación de oro por parte de dos empresas privadas. A lo que se ha sumado un informe de la interceptación de llamadas telefónicas realizadas entre los detenidos, así como un reporte de las transacciones efectuadas en el sistema financiero entre las empresas y proveedores.

La investigación de la Fiscalía Antilavado de Activos ha empezado el 8 de junio de 2015, en base a información del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas, que identifican lo que describen como “exportaciones inusuales de oro en un corto lapso (desde diciembre de 2014)”, las cuales “no guardarían relación con su actividad comercial en las empresas Clear Process y Spartan del Ecuador“.

Entre las transferencias que detalla la Fiscalía, asegura que la empresa Spartan del Ecuador realizó trasnferencias por 850 mil dólares a Naparina Corp. S.A., cuyo accionista es Enrique Cadena Marín, y a quien el informe describe con la frase “quien se encuentra relacionado con el tema de los Panama Papers”.

Antes de concluir con la audiencia, el magistrado Moya se retiró del conocimiento del caso para pase a un juez de la provincia de Pichincha.

La Fiscalía tendrá 90 días para el término de la instrucción fiscal, etapa en la cual recopilará elementos de pruebas para continuar con el proceso judicial abierto contra los presuntos implicados.

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