El líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, ha declarado que es público que tiene un banco en Panamá desde 2013, que se encuentra formalmente establecido y que fue debidamente autorizado por la Superintendencia de Bancos.
Aunque el nombre de Guillermo Lasso no figura en las filtraciones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, el diario oficial El Telégrafo ha informado hoy, basándose en reportajes ya publicados por el mismo diario, que Lasso y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, tienen empresas en Panamá.
Lassso ha respondido al periodista Jorge Rodríguez, de la cadena Teleamazonas, que es de público conocimiento que él no ha hecho fortuna como funcionario público. «Mi actividad privada es conocida por todos: yo he sido banquero. Hasta he sido criticado por el presidente de la República, porque según su criterio, he ganado mucho. Porque yo declaro todo lo que gano y pago impuestos acorde a lo que gano, lo que me ubica entre el primer y segundo lugar como el más grande pagador de impuestos en el Ecuador».
Y ha agregado: «Ahora, después de pagar todos los impuestos que debo pagar en el Ecuador, tengo todo el derecho a realizar con el dinero que he ganado cualquier actividad en el exterior. No lo puedo hacer en el Ecuador porque la propia ley prohíbe a una persona vinculada con un banco desarrollar actividades empresariales dentro del Ecuador. Y hay una sola empresa activa en Panamá, Banisi, que es un banco formalmente establecido en la ciudad de Panamá, debidamente autorizado por la Superintendencia de Bancos, y no hay nada oscuro ni nada que yo pueda explicar con total transparencia».
Lasso ha declarado también en un comunicado que ha difundido en redes sociales que en ese emprendimiento trabaja su hijo Juan Emilio, «quien debió renunciar a sus funciones en el Banco de Guayaquil, gracias a otra ley del correísmo que prohíbe que dos hermanos trabajen en el mismo banco».
Lasso sostiene que lo que hay que investigar si entre los Papeles de Panamá aparecen funcionarios públicos con fortunas ocultas o desconocidas. «Este episodio debe dar la oportunidad para transparentar algunas actividades de los funcionarios públicos que aparentemente tendrían vinculaciones con este tipo de empresas. A mi me parece que la Asamblea Nacional debería realizar una investigación a fondo para esclarecer hechos. Puede ser que sean actividades lícitas las que se hayan desarrollado, pero para la tranquilidad de la conciencia pública del Ecuador, la Asamblea Nacional debería ordenar una investigación».