La Defensoría del Pueblo del Ecuador llamó hoy a las autoridades a entablar un diálogo previo a toda intervención policial para lidiar con las protestas contra explotaciones mineras, y a no utilizar el sistema penal como mecanismo para impedir este tipo acciones.
En un comunicado emitido hoy a propósito de los violentos disturbios que se registraron recientemente en la comunidad de Río Blanco, en la provincia de Azuay, en el sur del país, la Defensoría indica que antes de cualquier intervención policial debe haber un diálogo previo y que la detención de dirigentes de las comunidades «debería ser una medida profundamente meditada y extraordinaria».
«Se deben realizar procesos de diálogo adecuados entre todas las Instituciones competentes y las comunidades involucradas en el conflicto socio-ambiental», reza el documento.
En las protestas las autoridades arrestaron a ocho personas contra las que se iniciaron procesos penales de investigación por sabotaje, ataque y terrorismo.
En este sentido, la Institución sostiene que «recurrir a acciones penales sin antes trabajar en un diálogo con las comunidades elevan los niveles de conflictividad social».
Según Gloria Chicaiza, representante de la ONG Acción Ecológica, reprimir a las comunidades sólo fomenta que respondan de manera contundente.
«La gente siente que no hay ley que valga, por eso ejercen justicia propia, se cansan de no ser tomados en cuenta y empiezan con medidas de hecho», agregó.
La Defensoría ha iniciado una investigación y vigilancia procesal ante el operativo efectuado, en el que intervinieron dos centenares de efectivos policiales, con la finalidad de exigir la garantía y respeto de derechos humanos en la localidad afectada por el proyecto minero.
También hizo un llamamiento al Gobierno y a las carteras correspondientes para que investiguen las denuncias que las comunidades en la zona han elevado en los dos últimos años. EFE