La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, será llamada a juicio político en los próximos cinco días, una vez que la Asamblea Nacional rechazó el informe de mayoría de la Comisión de Fiscalización que recomendó el archivo, por no existir suficiente motivación y las pruebas.
La moción para que no se acepte el informe de archivo y se llame a la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos a juicio político la presentó el legislador interpelante, Darwin Pereira, de la bancada Pachakutik.
La moción recibió 91 votos que provinieron de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik, Izquierda Democrática (ID) y algunos independientes. Con ello, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, tiene un plazo máximo de cinco días para incorporar el tema en el orden del día del pleno.
En tanto que la moción presentada por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, para que se acepte la recomendación de archivo, recibió 35 votos.
Villavicencio advirtió que el trámite de este juicio acabará en una disyuntiva, en los que están con la banca y quienes están con el pueblo, pues dijo que este juicio no es contra la banca ni contra del sistema financiero, sino que trata de determinar responsabilidades por incumplimiento de funciones de la superintendenta.
Que venga al pleno será la mejor tribuna para que la funcionaria replique las acusaciones en su contra, manifestó Villavicencio tras defender el informe elaborado por la comisión que preside, y sentenció: “Pueden tener los votos, es fácil y hasta se compran, pero jamás tendrán el decoro”.
Dirigiéndose al pleno, manifestó: “Nosotros no visitamos la Superintendencia de Bancos, en las bitácoras y los videos están quiénes visitaron a la superintendenta de Bancos”.
La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (CREO), destacó que se recomendó el archivo de la solicitud de juicio político por no lograr comprobar con evidencias los potenciales incumplimientos de funciones en los que habría incurrido la funcionaria.
Darwin Pereira, del bloque Pachakutik, proponente de la interpelación ante el pleno, mocionó no acoger el informe de la Comisión de Fiscalización, sobre la sustanciación de juicio político contra Ruth Arregui Solano, superintendenta de Bancos, que recomienda su archivo; y, por el contrario, llamar a juicio político a la funcionaria.
Sostuvo que detrás de este juicio están miles de familias ecuatorianas que han sufrido el dolor de los abusos de la banca y que a través de una investigación iniciada en junio de 2021 se han descubierto historias dolorosas, familias enteras que se quedaron en la calle, que les cobraron intereses sobre intereses, que cobraron valores no permitidos por la ley. Además, se descubrió que se dilapidaron fondos de la Superintendencia de Bancos y se pagaron sin pasar por el sistema de contratación pública.
Son ocho las acusaciones que presentó Pereira para este proceso y se refieren a irregularidades en la designación de defensores del cliente en las instituciones financieras, pagos debitados en bancos privados, falta de control y vigilancia de las actividades del sistema financiero, fraude informático, falta de control en la captación ilegal de dinero como el caso de Big Money, renegociación de deuda entre usuarios y la banca privada, entre otras.
María Gabriela Molina (UNES) cuestionó el informe aprobado por una mayoría de la Comisión de Fiscalización para que se archive el juicio y dijo que es la segunda ocasión que no se considera en los informes el criterio de su bancada.
El archivo es contrario al sentimiento de los ecuatorianos que día a día reciben el abuso de la banca, y frente a ello, la Superintendencia de Bancos no ejerce el control en casos de fraudes informáticos que aún no devuelven los dineros sustraídos, los debidos por gestiones de cobranza determinados por acciones de cobranza, anotó.
El representante de Pachakutik Ricardo Vanegas hizo una exposición en el pleno y habló de la existencia de agravantes de las actuaciones de la funcionaria y se refirió a la falta de control en el caso Isspol, que originó el desfalco de $ 900 millones. Además, responsabilizó a la funcionaria de que el Ecuador no conozca que existen $ 600 millones en cartera vencida, de los cuales $ 418 millones son de la Corporación Financiera Nacional, $ 41 millones del Banco del Pacífico y $ 141 millones de BAN Ecuador. ¿Cuál es la gestión de cobro preventivo o la negociación del cobro?, preguntó el legislador. Anunció que en el proceso expondrá otras irregularidades detectadas en la administración de Arregui Solano. (I)
- Con informes de Diario El Universo