El Pleno de la Corte Constitucional (CC) recibió hoy, 22 de septiembre de 2022, un nuevo pedido para frenar la consulta popular propuesta por el Presidente de la República, Guillermo Lasso. Esta vez, el exasambleísta y abogado de Rafael Correa, Fausto Jarrín, presentó un amicus curiae.
Este es un recurso que permite a terceros, ajenos a un proceso, ofrezcan opiniones que consideren de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, justificando su interés en su resolución final. Con este recurso también se pueden aportar elementos para que el magistrado tome una decisión.
A los jueces de la Corte Constitucional (CC), eventualmente, el tiempo les quedaría corto para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las ocho preguntas para el referendo que el Gobierno de Guillermo Lasso envió al organismo el 12 de septiembre de 2022.
Jarrín presentó a título personal este recurso sobre las ocho preguntas «pero no necesariamente se puede decir que es contra; es para poder dar mi opinión respecto de este cuestionario que sugiere el régimen para un referendo», dijo el exasambleísta de UNES.
Existe una falla técnica
Desde el propio Gobierno, se desestimaron estas acciones. Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, tachó de una «falla técnica gravísima y de desconocimiento fatal» de lo que es un amicus curiae, porque Jarrín «al solicitar dicho recurso no pide nada a la Corte», precisó Sichel. «Simplemente (Jarrín) da una opinión técnica en derecho».
La abogada dijo que los jueces deberán evaluar estos pedidos así como todos los puntos de vista y tendrá que hacer un análisis con «estos amigos de la Corte (amicus curae) que tratan de guiarle en su decisión, tomando en cuenta que muchos de estos han sido presentados con una connotación política importante», dijo.
Sichel espera que esos «amicus» se hayan planteado con la misma responsabilidad con la cual se han presentado las enmiendas propuestas. «Además, los amicus curiae no son vinculantes», precisó.
Otros «amigos de la Corte»
El mismo recurso de amicus carae lo presentará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
David Rosero, vocal del Cpccs informó que ultima los detalles de la presentación de un amicus curiae en la Corte.
Precisó que la pregunta sobre el Consejo de Participación es restrictiva de derechos y afecta la independencia de poderes «porque se le da la atribución al presidente de la República para que designe a dedo las autoridades de control:; a quien se le debe controlar se vuelve controlador», opinó Rosero. La presentación del recurso se concretará en los próximos días.
La FGE también presentó un amicus curiae ante la pregunta ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?
Ricardo Ulcuango, y Paola Cabezas, asambleístas de UNES, también plantearon en la Corte un recurso similar al de su coideario Jarrín.
Los plazos de la Corte Constitucional, los determina el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional que da al organismo 20 días hábiles para emitir un dictamen de constitucionalidad. En este caso de las ocho preguntas del plebiscito planteado por Lasso.
Los recursos del amicus curae no altera los plazos de la Corte.