Guayaquil, Ecuador
Existe una importante diferencia entre los créditos privados facilitados por instituciones particulares y los que concede el gobierno.
Un prestamista privado arriesga sus propios fondos. Un banquero, ciertamente, arriesga fondos que sus depositantes le han confiado, pero si el dinero se pierde, este debe responder con su propio capital o bien desaparecer del mundo de los negocios. Por lo tanto, suelen ser cuidadosos con los préstamos que ofrecen.
El gobierno, por otro lado, opera bajo supuestos diferentes. La argumentación económica que justifica su injerencia se basa en la teoría de que facilitará préstamos a quienes no los conseguirían de los privados, lo que equivale a decir que los préstamos estatales asumirán, con dinero ajeno (de los ecuatorianos), mayores riesgos que los bancos y prestamistas privados.
Por lo tanto, las personas seleccionadas bajo los criterios del gobierno ofrecerán mayores riesgos que las que han sido seleccionadas según las normas de instituciones privadas. Por esta razón, las instituciones públicas suelen perder más dinero; tienden a tener un porcentaje mucho más elevado de insolventes, serán menos eficaces y malgastan más recursos. Incluso, a veces esta intervención estatal conduce al favoritismo, a la concesión de créditos por amistad o por cohecho.
Para confirmar mi argumento, voy a comentarles brevemente sobre las pérdidas y morosidad de instituciones públicas como BanEcuador. En el año 2022, este banco público cerró con una cifra récord en pérdidas de 110 millones de dólares y hasta febrero de ese año ya había perdido 11 millones del dinero de los ecuatorianos.
No solo que se encuentra dilapidando dinero que pudo haber sido utilizado para la educación, salud o seguridad de quienes más lo necesitan, sino que también es el banco con más créditos impagos del país. Del total de su cartera de créditos, a febrero de 2023, el 25% estaba en mora, esto es siete veces mayor al promedio de la banca privada, que se encontraba en el 3,28%.
Otro problema del banco es la condonación y reestructuración de deudas por intereses políticos y no técnicos, lo que significa menos recursos para colocar créditos. Debemos recordar que el gobierno jamás presta o da algo a los ciudadanos sin antes previamente haberlo obtenido de nosotros mismos. Por lo que sus pérdidas serán pagadas de nuestros bolsillos y, si otorga más préstamos, serán financiados haciéndonos pagar más a nosotros, lo que, en comparación con los privados, reducirá la producción en vez de aumentarla.
Desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, se ha propuesto que si el gobierno desea ayudar con más créditos al sector productivo, la solución va de la mano de menos intervención, con leyes bancarias sencillas y flexibles que incentiven la inversión de la banca extranjera en nuestro país, inyecten liquidez al sistema financiero, fomenten aún más la competencia bancaria y permitan bajar las tasas de interés, convirtiendo a nuestro país en un pequeño lago conectado a un océano de liquidez.
