Por Eduardo Carmigniani
Las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda son entidades financieras formadas como asociaciones de ahorristas, sin fines de lucro, cuya finalidad es destinar los depósitos que captan al financiamiento de la vivienda, la construcción y «el bienestar familiar» de sus propios miembros. Por eso lo del «mutualismo», que es reciprocidad. Y por eso no tienen dueño. Como en los clubes, sus directivos son elegidos en asamblea por los asociados, que en este caso son los mismos ahorristas.
Ese esquema terminaría si resulta aprobado un proyecto de ley presentado el pasado 16 de junio en la Asamblea Nacional. Según el proyecto, las mutualistas pasarían, en adelante, a tener capital social y por ende socios, y ahí comienza lo curioso: pese a que por definición un aporte de capital presupone finalidad de lucro, se mantiene el texto del Art. 191 de la Ley de Instituciones Financieras que tajantemente establece que las mutualistas no lo tienen. Semejante híbrido tiene que ser explicado, pues más allá de lo inoficioso que resultará pedir aportes de capital que no remuneren a los inversores, lo cierto es que se estaría convirtiendo al disimulo a las mutualistas en unos banquitos con exiguo capital (menos de 800.000 dólares), que seguirían controlados por la Superintendencia de Bancos en lugar de formar parte, como corresponde según la nueva Constitución (Art. 311), del llamado «sector financiero popular y solidario».
Pero no solo eso: como las mutualistas tienen por finalidad destinar los depósitos captados al financiamiento de la vivienda, la construcción y «el bienestar familiar» de sus asociados, pueden hoy concederles préstamos a estos. Pero la introducción de capital social y de socios desbarata ese andamiaje pues según la propia Ley de Instituciones Financieras (Arts. 73 y 74, 1º) está prohibido dar créditos a quienes posean el 1% o más del capital social de una entidad financiera. Si los hoy (solo) ahorristas pasan también a ser socios -con hasta el 6% del capital, como pretende el proyecto- inmediatamente quedarán impedidos de obtener financiamiento para la vivienda, la construcción o su «bienestar familiar». Bajo ese esquema no solo que difícilmente alguien cuerdo aportará capital- no remunerado-, sino que se irá con sus ahorros a otro lado.
Otra novelería del paisito (como la de los nuevos billusos).