Guayaquil, Ecuador
A mí no me lo contaron. Yo estuve ahí. La cosa prometía el año 2000 para el sector eléctrico. La constitución de 1998 abría la inversión privada para los sectores llamados “estratégicos”. Se había creado un fondo llamado “de solidaridad” para depositar en él los fondos que el sector privado -nacional o extranjero- invierta en el Ecuador.
Las empresas de generación, distribución y transmisión se habían convertido en sociedades anónimas en las cuales el estado podría vender el 51% del capital y conservar el 49%, con lo cual las sociedades tendrían capitales mixtos. El marco regulatorio era aceptable para los inversionistas y había un esquema para que la tarifa, pulverizada por la dolarización, vaya recuperándose poco a poco, gradualmente.
Había nombres que sonaban bien, como Hidropaute S.A. o Centrosur S.A. para poner los ejemplos de una generadora y una distribuidora. La adecuación de las normas constitucionales y legales había tardado dos años, pero el Congreso de la época había hecho la tarea. Tanto la hizo que dos bancos de inversión de prestigio mundial: Salomon Smith Barney y Banco de Bilbao Viscaya participaron y ganaron los concursos para valorar el sector eléctrico previo a captar la inversión privada.
BBV valoraría Emelec Inc. y SBB el resto de las empresas eléctricas. El proceso arrancó. Pero como dice una de las estelares canciones de la obra “Los Miserables” -tan apropiada de citar- “los tigres llegaron en la noche”. Muy pronto nuestra clase política y sindical empezó la oposición al proceso. No fue una oposición sensata, de propuestas. No, para nada. Fue una oposición feroz, radical, descalificadora. Aterradora para los eventuales inversionistas. “Van a regalar las empresas” era un slogan. Otro era “las áreas estratégicas no se venden”. Y un tercero: “para qué vender lo que funciona”.
¡Lo que funciona! Cuando las pérdidas llamadas “negras” de las empresas eléctricas eran millonarias. Los partidos mayoritarios expresaron su pública oposición al proceso. Como los consejos provinciales y cantonales tenían parte en el capital de las sociedades, no dieron su visto bueno a la venta de las acciones al sector privado. Y sin ello el proceso en la sierra se complicó.
En Guayaquil fue peor. Teníamos una empresa privada que debía seguir privada. Como la crisis del Banco del Progreso había contaminado Emelec se organizó un concurso internacional. Una empresa española, una argentina y otra americana compraron las bases. La valoración de la empresa fue de 130 millones de dólares. Casi 90 millones de dólares más de lo que un tribunal arbitral había fijado como justo precio de la empresa en 1992.
Sin embargo, las “fuerzas vivas” de Guayaquil y los sectores políticos preponderantes en la ciudad cuestionaron el precio y le echaron sombras al proceso. Dijeron que ellos “organizarían otro”, lo que nunca ocurrió. Emelec desapareció en la penumbra de lo público, donde no hay control ni se rinde cuentas. Naturalmente los inversionistas se retiraron. Nadie los ha vuelto a ver. Se los ve por Colombia, por Perú, por Uruguay y por Chile. No por acá.
El resto de la historia es harto conocido. En el 2007 se apagó también la constitución de 1.998, la aperturista. El Fondo de Solidaridad, que tanto habría ayudado en los terremotos de Manabí y Esmeraldas de 2016 fue reducido a la categoría de “fondito” junto al Fondo de Estabilización Petrolera que acumulaba los excedentes del petróleo.
La inversión privada en el sector eléctrico fue satanizada mientras se rendía tributo en el altar de lo público a la burocracia, los contratos jugosos y los negociados. A la diosa corrupción, en definitiva. Se había perdido una gran oportunidad de inversión que nunca se recuperaría. Como no se recuperó el sector eléctrico, que hoy vive, como diría García Márquez “una inmensa soledad” y las sociedades condenadas a la soledad “no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra”.
Ojalá se equivoque García Márquez.
