Guayaquil, Ecuador
Pocas situaciones son más desconcertantes que estar a oscuras, no solo porque faltan las luces o la señal de datos móviles, sino por la incertidumbre absoluta de no saber si mañana será igual o peor. En Ecuador, los apagones son más que simples cortes de electricidad. Son un símbolo de la incapacidad de planificar, de prever, de proyectar el futuro.
Este caos afecta lo más básico. ¿Cómo trabajar si no puedes ni garantizar la luz de tu oficina? ¿Cómo estudiar, emprender, producir si no hay ninguna certeza sobre el suministro eléctrico?
Lastimosamente, los políticos ecuatorianos se aferran al estatismo con uñas y dientes, negándose a aceptar que ese modelo ya no funciona. La reciente Ley “No Más Apagones” es solo una muestra más de lo desconectados que están de la realidad de los ciudadanos. Es como poner una curita en una fractura expuesta. La demanda eléctrica sigue en aumento y el Estado no tiene ni los recursos ni la capacidad para sostener el sistema.
Para nadie es un secreto que el Ecuador está quebrado. No solo en términos económicos, sino en cuanto a ideas y soluciones. La inversión extranjera, que podría contribuir notablemente a resolver esta crisis, no va a llegar mientras el sector eléctrico esté atrapado en las garras de la regulación estatal.
¿Quién va a querer invertir en un país donde la corrupción y los intereses políticos bloquean el progreso? En este contexto, la única solución a corto plazo es que (literalmente) llueva y que se reduzca el consumo. Es realmente patético que en pleno siglo XXI, un país entero dependa del capricho del clima.
Es fundamental comprender que el problema de fondo radica en un modelo de desarrollo estatista que se impuso desde la dictadura militar de Rodríguez Lara en los años 70. El Plan Integral de Transformación y Desarrollo del Gobierno Nacionalista Revolucionario dictó la intervención estatal en todos los sectores de la economía, marcando el inicio de esta debacle.
Sectores como el petróleo y la electricidad fueron declarados «estratégicos» y, por ende, monopolizados por el Estado (los políticos y los funcionarios). La transición a la democracia en 1979 no cambió este esquema, y cada gobierno posterior lo ha perpetuado o incluso agravado.
Es penoso que organizaciones políticas como el Partido Social(ista) Cristiano hayan sido, en muchos casos, los principales opositores a cualquier reforma estructural en beneficio de los ciudadanos. Ejemplos sobran, como la resistencia de León Febres-Cordero a las reformas del sistema previsional propuestas durante la administración de Sixto Durán-Ballén.
Así, la supuesta derecha ecuatoriana ha frenado cualquier intento de liberar la economía del país, en alianza (durante muchas ocasiones) con la izquierda jurásica.
La única excepción real ha sido la dolarización, adoptada en el año 2000 no por visión o planificación, sino porque el país había tocado fondo. La dolarización fue un salvavidas lanzado en el último segundo, y aún hoy seguimos aferrados a él, pero sin saber nadar. Desde entonces, no se ha hecho ninguna reforma profunda para aprovechar los beneficios de la dolarización.
Este sistema ha sido administrado por marxistas y keynesianos que lo consideran un mal necesario, cuando debería ser el pilar de un modelo de crecimiento basado en la libertad económica.
El panorama es desolador. Si no fuera por la traición de Lenin Moreno al prófugo sin visa americana, ya estaríamos utilizando una «moneda electrónica» devaluada. Un camino de servidumbre al estilo venezolano. Lamentablemente, parece que el país necesita tocar fondo antes de reaccionar. Quizá, si nos quedamos sin electricidad durante meses, cuando la oscuridad sea total y la economía se detenga por completo, entonces (y solo entonces) los ecuatorianos exigirán un cambio real.
Tal vez, por la fuerza de los hechos, se deroguen las nefastas leyes estatistas que nos han condenado al fracaso.
La solución a mediano y largo plazo es simple. Necesitamos abrir el sector eléctrico a la inversión privada, eliminar las regulaciones que impiden la competencia y permitir que el mercado funcione libremente. Donde hay competencia, hay eficiencia. Donde el Estado monopoliza, hay escasez. Es urgente acabar con este modelo de desarrollo estatista y establecer un sistema basado en la libertad y la protección de los derechos de propiedad. Solo así, Ecuador podrá salir de la oscuridad, literal y figurativamente.
