La bancada de la Revolución Ciudadana (RC5) expresó este miércoles, 7 de mayo, a las 09:39, mediante un comunicado oficial en las redes sociales, su rechazo a la revocatoria contra Pabel Muñoz, alcalde correísta de Quito, y dijo, sin pruebas, que con esto se busca apropiar de la Alcaldía por «ambición» y «retaliación política».
Según el correísmo, «El proceso de revocatoria contra Muñoz no busca mejorar la calidad de vida de los quiteños ni propone algo relevante para el desarrollo de la ciudad. Sino de apropiarse de la Alcaldía por ambición y por retaliación política».
«La RC5 rechaza estos intentos golpistas de quienes nunca ganan elecciones y buscan entrar por la ventana. Vamos a defender -en democracia- la Alcaldía de Quito, que está al servicio de todos quienes son parte de la Capital de la República», avisó.
Por su parte, el burgomaestre quiteño se pronunció a las 12:44 en X, pero no habló sobre el tema, sino más bien compartió una imagen, diciendo: «Antes: nada. Hoy, más de 25 mil teleconsultas de salud mental en Quito. Un servicio gratuito, humano y permanente. La ciudad renace y no se detiene».
Desde septiembre de 2024, Néstor Marroquín, director de la campaña de revocatoria, comenzó con el registro de firmas para quitarle el mandato como alcalde a Muñoz.
Marroquín enfatizó el pasado 23 de abril de este año que en el primer día recolectaron 35.000 firmas y planean entregar entre 5.000 y 10.000 al Consejo Nacional Electoral (CNE), en los próximos días para su verificación.
Esta solicitud se fundamentó en el presunto incumplimiento de funciones, específicamente por la sanción impuesta a Muñoz por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en abril de 2025, tras determinar que realizó proselitismo político en favor de la candidata correísta, Luisa González, durante las elecciones presidenciales de 2023. Por esta infracción, el TCE le impuso una multa de USD 9.000 y la obligación de ofrecer disculpas públicas.
Aunque en un inicio el Consejo Nacional Electoral (CNE) y un juez del TCE rechazaron la solicitud, el 14 de marzo de 2025, el Pleno del TCE resolvió dejar sin efecto la sentencia previa y autorizó al CNE a entregar los formularios necesarios para la recolección de firmas, con el fin de activar el proceso de revocatoria.
Muñoz ha calificado este proceso como una «persecución política» y «cálculo electoral», argumentando que ya cumplió con la sanción por la infracción electoral y que no existen nuevos elementos que justifiquen su destitución.
Nota por: David Josue Quispe Franco.