Guayaquil, Ecuador
El Ecuador no debe repetir lo que hizo Correa en 2007: se pasó por alto al tribunal constitucional de entonces, violó descaradamente la Constitución entonces vigente y allanó el camino para la llamada Constitución de Montecristi que hoy nos rige. Hacer ahora algo similar –palabras más, palabras menos– con miras a adoptar una nueva constitución nos convertiría en una suerte de discípulos del correísmo –algo que es inaceptable–.
Debemos resistir los cantos de sirenas, como lo hizo Ulises, amarrándonos a los mástiles de la razón y el derecho para evitar lanzarnos al vacío. De prosperar hoy una nueva simulación constitucional, sería abrir la puerta para que esta modalidad se repita una y otra vez en los próximos años. ¿Qué impediría que a la vuelta de un tiempo con nuevos vientos políticos soplando en direcciones diferentes los ganadores de las elecciones de ese momento quieran hacer lo mismo? ¿Volveríamos entonces a refundar al Ecuador y a adoptar una nueva constitución? Y así sucesivamente.
Cualquier fórmula que se inventen para romper la actual Constitución, ya sea ignorando su texto o desacatando a la Corte Constitucional, con tal de tener una nueva constitución, pondría al Ecuador nuevamente a rodar por la pendiente de la arbitrariedad. La nueva carta magna nacería con vicios de legitimidad, lo que daría sustento a que, como he dicho, en pocos años volvamos a transitar por el mismo camino.
En 2007 Correa bien pudo introducir todos los cambios constitucionales que quería a la Constitución de 1998. Esa Constitución, con un espíritu más democrático que la actual, tenía mecanismos relativamente flexibles de reformas. Pero más pudo su deseo de querer tener una constitución a su medida, convencido de que la historia del Ecuador recién comenzaba con su elección, de que nada bueno había sucedido en el país hasta su llegada, que su juventud era sinónimo de inefabilidad, que la historia comenzaba con él, y abusando de su popularidad, él y la pandilla que lo rodeaba, rompieron la Constitución vigente, y convocaron como sea a una asamblea constituyente.
Que de paso la proclamaron de poderes ilimitados.
La actual Constitución es uno de los factores que más ha contribuido a empobrecer nuestra democracia, provocar una parálisis institucional impresionante y a sumergirnos en una crisis económica sin paralelo. Pero es la constitución que tenemos y debemos respetarla, aunque no nos guste. El único lugar donde se menciona expresamente la posibilidad de convocar a una constituyente para tener una nueva constitución está en el último de sus artículos.
No hay otra manera. La nueva constitución la deben redactar ecuatorianos elegidos democráticamente y el texto debe ser refrendado por la ciudadanía.
Hay otros caminos, ciertamente, para introducir cambios al aparato normativo –constitucional y secundario– que hemos heredado del correísmo. Caminos menos complicados y de menor costo. La Corte Constitucional, sin resignar su autoridad, y el Poder Ejecutivo podrían entrar en un diálogo de alto nivel al respecto. Después de todo, el derecho constitucional yace en la intersección de la política y el derecho. Pero si se insiste en tener una constituyente, lo que no pueden hacer es violar la vigente Constitución. No otra vez.
