El presidente de Ecuador, Daniel Noboa envió este sábado 17 de mayo un proyecto económico urgente ante la nueva Asamblea Nacional. Esta propuesta normativa establece medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a la desarticulación económica criminal debido a la vinculación con el actual conflicto armado interno; así como, a proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas.
El texto presidencial propone:
- Establecer la autorización del uso de la fuerza de las fuerzas gubernamentales, como régimen propio distinto a la ley del uso progresivo de la fuerza, para precautelar el respaldo al accionar inmediato y oportuno de las fuerzas del orden. Este régimen legal permitirá dejar de utilizar la figura de estado de excepción.
- Se califica a los delincuentes como combatientes, distinguiéndoles de la población civil; y permitiendo que las fuerzas de combate estatales actúen de inmediato para neutralizar a estos grupos armados organizados.
- El Presidente de la República en el conflicto armado interno podrá emitir Decretos Ejecutivos específicos en el ámbito económico y de seguridad, la declaración de zonas de seguridad que sean identificadas por el Bloque de Seguridad
- El Presidente podrá anunciar la anticipación de indulto a miembros de las fuerzas de combate estatal procesadas penalmente por hechos relacionados con el conflicto, aún cuando se encuentre en etapa de investigación, instrucción o juicio.
- Se determina la institucionalidad del Bloque de Seguridad como órgano de coordinación operativa en seguridad en un conflicto armado interno.
- Establece medidas de protección de la economía formal a través de: medidas de incentivo a la formalización, sostenibilidad fiscal en zonas críticas, recuperación de ingresos tributarios afectados por economías criminales.; y el régimen de transición de conflicto a estado de paz con apoyo complementario de fuerzas armadas.
- También incluye incrementar la rebaja del impuesto a la renta por el valor que el contribuyente done a favor de la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas.
- Como parte de la reconstrucción del tejido social por los efectos de las economías criminales en conflicto armado interno, el Presidente de la República podrá, de forma anual brindar un incentivo económico a los pequeños y medianos productores del sector agro productivo, jóvenes; y/o, los actores de la economía popular y solidaria, artesanos, emprendedores, negocios populares.
- Establece un régimen penal específico aplicable y juzgamiento diferenciado, a través de reformas al Código Orgánico Integral Penal, relativas a:
– Procedimiento de juzgamiento expedito, con jueces y fiscales especializados.
– Tipificación como delito la pertenencia a un grupo armado organizado.
– Detenciones y allanamientos autorizadas por el Bloque de Seguridad, sujetas a revisión judicial posterior.
– Determinación de prisión preventiva como regla general en delitos contra los bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno.
– Excepción para que no se dicten prisión preventiva ni arresto domiciliario a policías o militares que combaten en el conflicto armado interno.
- Además se presumen como objetivos militares los siguientes:
– Muebles e inmuebles en los que se realicen actividades ilícitas de los grupos armados organizados o vinculados a su economía criminal, tales como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, el lavado de activos, la trata de personas, entre otros; o Muebles e inmuebles que faciliten el tráfico ilícito de cualquier tipo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o vinculados a las economías criminales;
– Muebles o inmuebles donde se almacenen armas, municiones o sus competentes, obtenidas de manera ilegal; o Vehículos polarizados y sin placas que circulen por las vías del país, y que no pertenezcan a autoridades o instituciones gubernamentales;
-Los demás que determinen las Fuerzas Armadas.
Según indicó Noboa, «la ley apunta a consolidar un marco normativo que fortalezca la lucha del Estado y las Fuerzas del Orden contra el narcoterrorismo y los grupos criminales, para recuperar la paz y la seguridad de los ecuatorianos».
De su lado el presidente de la Asamblea, Niels Olsen indicó: «Sabemos lo importante que es para el país avanzar en seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales. Vamos a tratar este proyecto con toda la responsabilidad y urgencia que el momento exige», expresó.
Nuevo proyecyo genera oposición sólo del correísmo
El proyecto no fue bien recibido por parte de la bancada correísta. En redes sociales, varios de sus asambleístas cuestionaron varias de los cambios y disposiciones contenidas en el proyecto de ley del Ejecutivo.
«Alerta Ecuador: grave retroceso democrático en marcha. La ley «económica urgente» enviada por Daniel Noboa es todo, menos urgente… y mucho menos económica», publicó en su cuenta de X la asambleísta del correísmo Liliana Durán.
Entre las principales críticas de Durán está que el proyecto de ley del presidente Daniel Noboa pretende combatir al crimen organizado menoscabando derechos y garantías.
«Normaliza la impunidad en violaciones de DD.HH., confunde seguridad con derecho penal y tributario, criminaliza el clientelismo como política pública, otorga discrecionalidad tributaria sin límites, viola principios constitucionales y ni siquiera cumple criterios de urgencia económica«, cuestionó la legisladora.
Así mismo, la asambleísta correísta Paola Cabezas también expresó sus reparos al proyecto de ley enviado por el presidente Noboa, pero también adelantó que su bancada propondrá cambios que subsanen los supuestos vacíos.
«La propuesta de allanamientos sin orden judicial es especialmente alarmante: abre la puerta a abusos institucionalizados y otorga más poder a la FGE (Fiscalía General del Estado). En resumen, una legalización de la vulneración de derechos ciudadanos», expuso Cabezas a modo de ejemplo.
Cabezas también cuestionó los indultos abordados en el proyecto de ley: «Los indultos “a la carta” para miembros de la Policía y Fuerzas Armadas generan preocupación: podrían garantizar impunidad en casos de violaciones a derechos humanos. ¿Es este el camino para proteger a los asesinos de los 4 chicos de Las Malvinas?».
Cabezas acotó que la iniciativa del Ejecutivo no aborda lo importante. «Nada se dice sobre inversión en educación, salud o en el tejido social, ni de la responsabilidad de la banca como eje del lavado de dinero. Parches para distraer, no para resolver», comentó y señaló que «desde la bancada haremos esfuerzos para mejorar este texto y esperamos que exista apertura para incorporar aportes responsables».