Quito, Ecuador
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, que tiene al ser humano como eje y centro. Considera, entre otros, a la niñez y adolescencia como grupo de atención prioritaria para reforzar su dignidad y argüir el argumento de que son el presente de la patria. La Constitución marca una línea de normas claras y de ejemplo sobre cómo llevar a las generaciones que nos sucederán. Sin embargo, una sociedad puede tener el mejor sistema de Derecho del mundo, pero nada valdrá sin un pueblo comprometido a cumplirla.
Nuestra sociedad alberga capítulos oscuros donde la niñez y la adolescencia han sido verdaderas víctimas. Estas situaciones de violencia tienen agresores directos, cuyo destino judicial puede quedar en la incertidumbre de procesos penales inconclusos o sentencias que reflejan injusticia. Sin embargo, en este momento, mi enfoque se dirige hacia otro tipo de agresores, aquellos que, paradójicamente, se indignan ante la injusticia y se erigen como defensores de la rectitud.
Me refiero a quienes se abstienen de juzgar pero opinan amparados en la libertad de expresión, siempre con un comentario listo; a los que pontifican sobre la crianza de los hijos y el deber filial, impartiendo lecciones desde una supuesta superioridad moral; a los que, desde su estrecha perspectiva, pretenden universalizar su realidad; a los que realizan obras sociales esporádicas, buscando el aplauso y la fotografía que acredite su altruismo. En resumen, a todos aquellos que observan el drama desde la distancia, sin ser la víctima, su madre, su padre o sus hijos.
Como bien dijo el filósofo George Santayana en «The Life of Reason»: «Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». Esta frase resuena con fuerza en Ecuador. Por ejemplo, en el caso de los Hermanos Restrepo, la sociedad culpó a los adolescentes, desviando la atención de los responsables directos. Se justificó lo ocurrido con argumentos como la supuesta culpabilidad de los padres, la hora en que los jóvenes estaban fuera de casa o incluso acusaciones de delincuencia. Esto revela una preocupante tendencia a aplicar los derechos de forma selectiva, según la víctima, el agresor y su origen.
Años después, la misma sociedad se conmovió e indignó con los documentales sobre «Mi corazón en Yambo», un caso que obligó al país a un vergonzoso acuerdo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Luego, parecería que como sociedad mejoramos, nos mostramos más humanos, dóciles a las realidades de nuestro país, conmovidos por los hechos del terremoto del 16 de abril del 2016; sin embargo, en plena época en que se aflora la integralidad sobre la dignidad humana y que todos tenemos los mismos derechos, surge el nefasto caso de 4 adolescentes, cuyo delito, al parecer, es haber nacido en el sector de Las Malvinas de la ciudad de Guayaquil.
En esta ocasión, el agresor directo fue otra Institución Pública, encargada, irónicamente, de salvaguardar la seguridad nacional y que ante la delincuencia que se vive realizan controles internos. Y basta con ver las noticias, las redes, escuchar lo que otros tienen que decir en cualquier lugar sobre el tema, siendo el resultado que los culpables para la sociedad ecuatoriana eran y son los niños. Con diálogos repetidos a los dados en el caso Restrepo.
Sumado a esto, gran parte de la prensa del país, que promovió el discurso de que eran niños delincuentes para con ello justificar un crimen. Que, en razón de ello no existe ni la lírica del Estado constitucional de derechos y justicia, y así nos olvidamos que son personas, que son niños y adolescentes, que son un grupo de atención prioritaria, que existe la presunción de inocencia, el debido proceso, etc.
Aquellos maestros de la moral elevaron y dan discursos de agresión a menores muertos sin el mínimo reproche sobre qué siente su madre, su padre, su familia. Una sociedad corrupta, juzgadora y decisora de quiénes tienen derechos y quiénes no. Porque parece que la palabra delincuente cabe cuando no es mi familia y dependiendo de dónde vivas. Esa construcción social no es parte de la Constitución y tampoco de lo que una sociedad debe de ser.
Con estas formas, podemos tener las mejores normas del mundo y seremos como la justicia, corrupta en sus entrañas, ciega pero no por pretensiones de juzgar a quién le corresponda sino ciega a la carta, para no mirar ciertos delitos ni a sus autores.
El estado constitucional de derechos y justicia que tenemos puede describir las más grandes poesías jurídicas y garantías, puede venir Kelsen, Bobbio y hasta el juez Marshall a redactar la constitución; pero, si como sociedad no miramos cómo actuamos y damos un cambio a nuestra cultura, y no sólo jurídica, a que sea más humana, de nada servirá ningún parágrafo sobre grupos de atención prioritaria respecto de la niñez y adolescencia y tampoco llamarles cada lunes cívico en las escuelas “el presente de la patria”, si como mínimo no les brindamos, en la praxis, las garantías más mínimas que debería un Estado de Derecho.
Recordemos que la Declaración Universal de los derechos humanos dice “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos …”, y como personas no podemos y no debemos, ser agresores indirectos ni ajenos al dolor de las personas. Que podamos cambiar no solo es cuestión de normas, sino que empecemos por nosotros mismos, para que al decir que cuidamos de nuestra niñez y adolescencia sea con el ejemplo como bandera y, ahora sí, digamos con esperanza que “son el presente de la patria”.
Todos nacemos libres e iguales en derechos. Por lo tanto, no debemos ignorar el sufrimiento de otros ni contribuir al daño. Para proteger a niños y adolescentes, más allá de las leyes, debemos cambiar nosotros mismos. Solo así podremos asegurarles un presente digno.
- Steven Vilema forma parte del colectivo Dignidad y Derecho.
