Quito, Ecuador
Catorce años hemos vivido con una Constitución donde al crimen lo volvió legal y las artimañas y argucias la forran como un carnero demoníaco de cuatro cuernos. Los diablos se paseaban por Montecristi para crear un bodrio capaz de volver ilegal lo legal y donde un presidente, como lo dijo en su tiempo Rafael Correa, pueda meter las manos, sin ruborizarse, en el poder Judicial, Legislativo, Electoral y de Participación Ciudadana, siendo este último el peor de todos.
Un viejo adagio reza: “De buenas intenciones está empedrado el camino al Infierno”. Efectivamente, en Montecristi se plagaron esas “buenas intenciones” pero que al final sumieron al país en un infierno.
Reglas poco claras como un viciado COIP donde los criminales son población vulnerable generó una puerta enorme para la corrupción carcelaria, la garantía de sus delitos y su cómodo hacinamiento les permita generar nuevos crímenes.
Por ejemplo, el artículo 35 es una clara muestra de este populismo legal: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.
¿Por qué el Estado ha de garantizar que los reos tengan los mismos derechos que mujeres embarazadas o niños y adolescentes, quienes de paso no pueden ser imputados por delitos siendo parte importante hoy de bandas criminales? Pues el nuevo marco legal que favorece a los narcotraficantes y delincuentes está en los artículos 305 y 307 en el Código de la Niñez que rezan: “los niños, niñas y adolescentes son penalmente inimputables; es decir, los adolescentes no podrán ser juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicará las sanciones previstas en las leyes penales”, es decir no irán presos por sicariato, extorsión u homicidio, lo que ha sido aprovechado por bandas criminales.
Otro gran problema que se colocó bajo la presidencia de Rafael Correa en la norma actual es el principio de ciudadanía universal que se encuentra consagrado en el artículo 416, numeral 6, de Montecristi que establece “la libre movilidad humana y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones entre países.
Este artículo se ubica dentro de los principios de las relaciones internacionales, no específicamente en los derechos de las personas en situación de movilidad”. Esto permitió que en 2013 el ciudadano albanés Dritan Rexhepi, líder de la Mafia Albanesa en Ecuador, consiguiera la nacionalidad ecuatoriana en 2014 y permitiera entrar a nuestro territorio y expandir los tentáculos del narcotráfico de ese temido grupo criminal en puertos y aduanas. Siendo el Gobierno de Guillermo Lasso quien impuso visado a ciudadanos de Albania debido al aumento de crímenes de personas ligadas a esta mafia.
Sin embargo, sería el mismo Correa quien acabó con su propio concepto cuando el programa de médicos cubanos traídos a Ecuador experimentó un “cambio de planes” y muchos médicos de esa nacionalidad llegaron a nuestro territorio y cuando sus comentarios “antirrevolución” llegaron a oídos del entonces canciller Guillaume Long, éste los citó en el Parque el Arbolito y deportó sin razón a muchos médicos cubanos de regreso a la isla donde el régimen de Castro los tenía puesto precio por sus cabezas. Luego, el mismo Correa pidió visado a ciudadanos de ese país para que entren a Ecuador.
Los episodios bajo esta constitución han sido miles y nefastos en su mayoría, pero el premio quizá se lo lleva el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se ha mostrado como un entre botín político en el que el “Caso Ligados” nos ha evidenciado lo obvio, desde un Edwin Jarrín cuyas credenciales para ser parte del Cpccs fue ser un exguerrillero del AVC, a un cura corrupto como José Carlos Tuárez, y terminando con un Alembert Vera todos del correísmo: ambiciosos de poder, con ganas de controlar la justicia y demás poderes del Estado, como en los “buenos tiempos” de la “Década ganada”.
Por suerte Lenín Moreno tumbó la reelección indefinida y Guillermo Lasso, la Ley de Comunicación. Daniel Noboa hizo reformas en temas de inversión, seguridad y empresa —aunque insuficientes por un marco legal podrido—. Es importante que el Estado sólo tenga tres poderes: Ejecutivo, Legislativo (de ser posible bicameral) y Judicial.
Como jóvenes, esta Constitución ha mermado la inversión privada, los modelos de negocios y la generación de nuevos empleos por las regulaciones excesivas que tiene. Matar la productividad y crear un bolcheviquismo ecuatoriano es la esencia de este último rezago del Socialismo del Siglo XXI empobrecedor que queda en Ecuador. Hoy, nuevamente hay que unirse y acabar con esa cadena dictatorial que no nos permite generar riqueza y desarrollarnos.