Seis acusados de formar parte de una trama que extorsionaba a personas en España con ayuda de funcionarios en Rusia, reconocieron este martes los hechos y llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que les ha rebajado sustancialmente las penas.
En el juicio, que comenzó hoy en Málaga, los procesados admitieron pertenecer a una organización criminal asentada en la Rusia con proyección internacional y compuesta por altos funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia de Rusia dedicada a «fabricar» causas penales para extorsionar a personas de alto poder adquisitivo en España.
Todos los acusados reconocieron ese delito y algunos, además, admitieron ser autores de delitos de extorsión, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Entre los procesados está el hombre que lideraba la organización en España y el que articulaba los mecanismos para localizar víctimas a partir de su número de teléfono.
El fiscal pidió para este acusado una pena total de ocho años de prisión por tres delitos de extorsión y pertenencia a organización criminal.
Para el resto de acusados pide penas de entre siete meses de prisión a ocho años de cárcel, así como multas que superan los cuatro millones de euros para varios de ellos.
La red implicaba falsamente a personas en procedimientos penales y les exigía grandes cantidades de dinero con la amenaza de que el proceso les podía llevar incluso a ingresar en prisión en Rusia.
Para ello abrían procedimiento penal en ese país, donde se les exigía dinero a las víctimas, a las que se advertía que iban a ser detenidas (en algún caso se materializó) y extraditadas en virtud de una orden internacional de detención (OID).
A algunas de las víctimas se les decía que, si pagaban, la causa se archivaría, según se desprende de las investigaciones.
Los investigadores comprobaron que se llegó a detener en 2018 a un ciudadano, natural de Kaunas (Lituania), en el marco de una orden internacional de detención, «causa penal abierta falazmente contra él», y debido a ello se le retuvo en España en prisión.
Para solucionar «el procedimiento penal» le exigieron un millón de euros, cantidad que posteriormente fue rebajada a 500.000 euros a cambio de «archivar» el caso.
Selección de víctimas
Los acusados seleccionaban a sus víctimas, todas ellas con perfil público, reconocida solvencia económica, incluso con posiciones privilegiadas en la Lista Forbes, y conexión con actividades de dudosa legalidad susceptibles de originar un procedimiento penal.
En la lista había una expolítica rusa miembro durante varios años de la Asamblea Legislativa de San Peterburso e hija de un amigo cercano de Vladimir Putin y también el hombre más rico de Rusia en 2013.
Entre los procesados, los principales residentes en Marbella, se encuentra la persona que supuestamente lideraba la organización en España, su esposa (de nacionalidad alemana aunque nacida en Ucrania) e hijo, así como varias personas, algunas con antecedentes penales. EFE (I)