La Fiscalía General del Estado, en la audiencia llevada a cabo hoy, 4 de mayo de 2025 por el denominado Caso ‘Ligados’, formuló cargos contra Andrés Arauz, excandidato presidencial y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, exasambleísta de esa tienda política y Raúl González, quien el correísmo intentó nombrarlo Superintendente de Bancos. Todos fueron acusados de asociación ilícita.
Según el expediente del caso Ligados, Arauz está en México y Cuesta en Italia. Por ello, ambos tendrían que volver al país para presentarse ante la Corte Nacional de Justicia en un plazo máximo de 72 horas después del fin de la audiencia.
En caso de incumplimiento de esa medida, conforme lo que ordena el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Fiscalía podría solicitar la revisión de las medidas cautelares y que se ordene prisión preventiva.
A la acusación fiscal se unieron Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que ya son indagados por este caso y también cercanos al correísmo.
El abogado de Andrés Arauz pidió a la jueza Daniella Camacho que su cliente cumpla con las presentaciones periódicas en México.
Argumentos de la Fiscalía
El fiscal general Wilson Toainga empezó su exposición indicando los indicios recolectados para sustentar la vinculación de Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González a la instrucción fiscal por el caso Ligados. De este modo, el fiscal relató que el CPCCS, en su labor de nombrar autoridades “se convirtió en la sede de un partido político para captar espacios de poder”.
Toainga luego evidenció los mensajes encontrados en el teléfono de Verduga, que revelaron la planificación de estos actos. Sobre Arauz, el Fiscal General mostró que el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana tuvo conversaciones con Verduga sobe las designaciones en la Súper de Bancos y en el Consejo de la Judicatura.
Según mostró la Fiscalía, Arauz y Verduga buscaban demorar la designación de los nuevos vocales para que sea “el Gobierno de Luisa (González) el que envíe la terna” para designar al vocal representante de la Judicatura. Toainga, dijo que Arauz era quien estaba al frente de la gestión del CPCCS, planificaba y daba las instrucciones para captar los espacios de poder.
Sobre la exasambleísta Esther Cuesta, el Fiscal aseguró que cumplió un papel indispensable para el intento de nombrar a Raúl González como Superitendente de Bancos, ya que, «cuando asumió la Presidencia de la Asamblea (Cuesta), demoró la posesión de Roberto Romero, quien ya había sido designado para esa entidad», dijo Toainga.
Cuando Romero debía ser posesionado, Raúl González envió una carta al Legislativo solicitando que se deje de lado ese trámite, ya que esa designación supuestamente iba en contra de una sentencia de la Corte Constitucional. Con esa carta como argumento, Cuesta, ya en la presidencia del Legislativo, no convocó a la sesión del Pleno del Parlamento para posesionar a Romero, sino que elevó una nueva consulta al CPCCS si el Legislativo debía investir a Romero o a González. (I)