Con 125 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este viernes, 20 de junio, en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, conocida como el Código de la Democracia.
Esta normativa unifica 22 propuestas enfocadas en temas como la paridad de género, la transparencia, la asignación de escaños en elecciones pluripersonales y el fortalecimiento de la participación ciudadana, entre otros aspectos.
El Código de la Democracia es fruto de un proceso extenso, participativo y diverso que se ha desarrollado en los últimos cuatro años.
Durante este período, se recibieron importantes aportes de autoridades electorales, parlamentarios de diferentes bancadas y representantes de la sociedad civil, evidenciando un esfuerzo conjunto por consolidar la institucionalidad democrática y promover la transparencia electoral.
Rosie Torres, presidenta oficialista de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presentó las modificaciones realizadas al texto final que fue sometido a votación. Explicó que se descartaron los cambios propuestos a los artículos 93 y 267, los cuales permanecerán sin modificaciones. También indicó que se unificaron los formatos legales existentes.
Modificaciones
El proyecto considera observaciones hechas en el segundo debate, especialmente en lo relativo a garantizar la equidad de género, la paridad y la no discriminación contra las mujeres en la selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Se incorporan disposiciones que promueven la participación de jóvenes y ecuatorianos residentes en el exterior en los comicios nacionales, conforme a lo establecido en la Constitución. Se precisan aspectos relacionados con el control del gasto electoral y los límites para los aportes de candidatos y simpatizantes a las campañas políticas.
La propuesta también establece sanciones para quienes excedan los límites de financiamiento y gasto electoral, y regula los procedimientos para denunciar violencia política de género contra mujeres. Además, fija los porcentajes mínimos de votación y representación que los partidos y movimientos deben alcanzar para mantenerse legalmente registrados y evitar su disolución.
Tras su aprobación, el proyecto será enviado al Ejecutivo en un plazo de dos días hábiles para su eventual sanción o veto.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
