Kevin Pepinós V.
Quito, Ecuador
Es posible que para muchos esta sea la primera vez que escuchan el término “adultización”, lo cual no resulta extraño, pues no posee una definición exacta, así como tampoco ha sido incorporado en el diccionario de la Real Academia Española. Se trata de un fenómeno contemporáneo que consiste en atribuir a los niños responsabilidades propias de los adultos, ya sea por parte de sus padres o del Estado.
Esto se evidencia en todos los ámbitos en los que se desarrollan los niños: desde la escuela, hasta el hogar, los niños están siendo expuestos a situaciones y tratos que no corresponden a su etapa de desarrollo.
Es común hoy en día ver a niños menores de 10 años con un teléfono en la mano – muchas veces con acceso irrestricto a redes sociales y a todo tipo de contenido en internet-, o con agendas tan recargadas que apenas les queda tiempo para jugar y simplemente ser niños. Diversos estudios sugieren que estamos creando una generación de personas sobreestimuladas, que no pueden disfrutar de la etapa más importante de su desarrollo: la primera infancia, período en el que el aprendizaje ocurre fundamentalmente a través de la exploración, la interacción y la observación de su entorno.
Más aún, tenemos a padres u órganos de poder que otorgan a niños responsabilidades en ámbitos fundamentales de su vida, sin considerar que los niños fisiológicamente no se encuentran capacitados para tomar decisiones para su futuro y para su desarrollo integral, lo que imposibilita una vida adulta sana.
El rol de los padres es un pilar fundamental en la vida de sus hijos: nuestra identidad se forma, en gran medida, a partir de las experiencias vividas y del ejemplo recibido durante nuestra infancia. En este sentido, la primera infancia se caracteriza por ser una etapa de imitación, en la que los padres actúan como el principal modelo del comportamiento del menor. Por esta razón, delegar en los niños la capacidad de tomar decisiones fundamentales que pueden afectar su futuro no solo es irresponsable, sino que también implica una vulneración de sus derechos fundamentales. Esto incluye a los adolescentes, pues incluso en esta etapa el pensamiento analítico aún no ha alcanzado la madurez necesaria, debido a que la corteza prefrontal -responsable de la toma de decisiones y juicios- es la última área del cerebro en desarrollarse por completo.
Los padres tienen el deber y el derecho a orientar la crianza de sus hijos, así como de transmitir los valores y creencias que consideran adecuados. Sin embargo, se observa una tendencia creciente a desdibujar su figura, e invisibilizarlos, transfiriendo a los niños más responsabilidades que no les corresponden ni están en la capacidad de asumir.
Un ejemplo claro de adultización es la sentencia 95-18-EP/24, de la Corte Constitucional. En esta sentencia la Corte emitió un pronunciamiento en el cual considera que un niño de 5 años tiene la capacidad para decidir ingresar en un proceso de reafirmación de género. ¿En verdad puede existir una comprensión suficiente sobre las implicaciones de tomar esta decisión a tan corta edad, por parte de un menor?
El National Institute of Mental Health de Estados Unidos, ha expuesto con absoluta claridad, cómo el cerebro del ser humano termina de desarrollarse y de madurar a los 25 y hasta los 30 años de edad. Sentencias como la citada, se alejan de la evidencia científica, de hecho no contiene ni una sola cita a ningún estudio científico, y representa un grave riesgo a los derechos de los niños.
Ni los padres ni los órganos del Estado deben actuar con ligereza, improvisando decisiones basadas en meras especulaciones, ideologías o creencias no fundamentadas. Mucho menos pueden atribuir a los niños la misma responsabilidad que corresponde a los adultos. Hacerlo no solo es un error pedagógico o psicológico, es una grave infracción contra su dignidad y contra los principios que rigen el interés superior del menor. La infancia requiere protección, no equiparación de roles; acompañamiento, no delegación de responsabilidades.
En un Estado de derecho, tanto la legislación como las instituciones estatales tienen la obligación de actuar con base en la evidencia científica y al interés superior de los menores, asegurando que todas las decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes respeten y garanticen sus derechos fundamentales, tal como lo establece nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Cualquier actuación contraria constituye no solo una irresponsablidad institucional, sino una vulneración directa al marco jurídico que protege a la infancia.
- Kevin Pepinós V. es parte de Dignidad y Derecho.