El Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, llevó a cabo este miércoles, 2 de julio, el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, enviado el pasado sábado, 14 de junio, por el Ejecutivo con carácter urgente en el ámbito económico.
Esta iniciativa busca asegurar la preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas, mejorar la infraestructura de estas zonas y enfrentar la explotación ilegal de sus recursos, considerados parte del patrimonio natural del Ecuador.
Valentina Centeno, presidenta oficialista de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, y ponente del informe, explicó que la propuesta se fundamenta en tres pilares: el fortalecimiento de la infraestructura y servicios en las áreas protegidas; la protección del trabajo de los guardaparques; y la lucha contra delitos ambientales como la tala ilegal y la minería no autorizada.
Centeno subrayó la importancia de cuidar el patrimonio natural del país, que posee una de las mayores concentraciones de biodiversidad por kilómetro cuadrado en el mundo, pero al mismo tiempo enfrenta una alta amenaza de extinción de especies.
Advirtió que, de mantenerse el ritmo actual de deterioro ambiental, para 2045 Ecuador podría perder un 25 % de sus bosques. Además, recalcó que el proyecto respeta el derecho de las comunidades y nacionalidades a ser consultadas de manera libre, previa e informada en lo relativo a la gestión ambiental.
Creación de geoparques
Durante el debate, en el que intervinieron 20 parlamentarios, se propuso incluir un capítulo sobre la creación de geoparques y se discutió si es apropiado que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas funcione como una empresa pública.
Se mencionó la posibilidad de eliminar el límite actual de 12 días al año para la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el objetivo de impulsar el turismo y el desarrollo económico local.
El proyecto contempló la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP EP) como una empresa pública, encargada de dirigir, planificar y coordinar el Sistema bajo las directrices de la autoridad ambiental.
Esta entidad también tendría la responsabilidad de emitir normativas técnicas y buscar mecanismos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
Se planteó establecer un fideicomiso público para gestionar los fondos del SNAP, alimentado por donaciones internas y externas, préstamos y los ingresos generados por proyectos impulsados por la propia entidad.
Concluido el primer debate, el presidente oficialista del Legislativo, Niels Olsen, ordenó que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa para integrar las observaciones realizadas y preparar el informe para el segundo debate.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
