La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas y Desarrollo Local, enviada el pasado sábado, 14 de junio, con carácter urgente en el ámbito económico por el presidente reelecto, Daniel Noboa, ha generado malestar dentro de la Asamblea Nacional, en Quito.
Aunque dicha medida no plantea explícitamente el extractivismo, este fue el eje principal del debate impulsado por los críticos de la propuesta.
Los bloques de la Revolución Ciudadana (RC5), Pachakutik18, el Partido Social Cristiano (PSC6) y algunos asambleístas independientes coincidieron ayer en que la tercera ley urgente abre la puerta a una eventual expansión del extractivismo.
La controversia se intensificó cuando la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa incluyó en la propuesta a una empresa pública que se encargaría de gestionar el 20 % del territorio nacional, correspondiente a las áreas protegidas según datos oficiales.
Críticas
Ana Belén Yela, asambleísta correísta, advirtió que una empresa pública opera bajo lógicas económicas y no con el enfoque conservacionista que tendría un organismo como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. En su opinión, esto genera sospechas de una intención velada de privatizar dichos espacios.
Alfredo Serrano, parlamentario del PSC6, afirmó que apoyan la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y reconocen que algunas zonas deben permanecer intocables, mientras que en otras puede aplicarse un desarrollo sustentable. Sin embargo, considera innecesaria la creación de una empresa pública para ello.
Durante el primer debate, el bloque correísta fue el más crítico, señalando que la ley contiene elementos ajenos a la protección ambiental. Por ejemplo, rechazaron el perdón de intereses y multas a deudores de la Corporación Financiera Nacional (CFN), y exigieron que ni funcionarios del Ejecutivo ni legisladores se beneficien de esa medida.
Para Pachakutik y los independientes, el proyecto podría abrir paso a actividades extractivas dentro de áreas protegidas, al contemplar la consulta previa a las comunidades. Este mecanismo se activa únicamente cuando se planean proyectos que pueden afectar los territorios, lo que implica que dichas actividades no estarían prohibidas de manera explícita.
«¿Estamos permitiendo que se abra la posibilidad de hacer minería en estas zonas? Con esta ley no se va a preservar la biodiversidad, sino a ponerla en riesgo», advirtió Verónica Íñiguez, otra asambleísta correísta.
Postura del Oficialismo
Desde el oficialismo se respalda la iniciativa, que contempla el fortalecimiento del cuerpo de guardaparques, el impulso a la inversión privada en turismo e infraestructura, y la creación de un fideicomiso para financiar la conservación de las áreas protegidas.
«No debemos temerle a una inversión responsable, siempre que tengamos como meta común la conservación, protección y restauración de nuestra biodiversidad», señaló Valentina Centeno, del oficialismo.
La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa analizará las observaciones surgidas en el primer debate y definirá si las incorpora en el informe para el segundo debate, que se presentará la próxima semana.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
