La modificación del artículo 541, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en lo relacionado con el plazo de caducidad de la prisión preventiva, fue el eje principal de la intervención de autoridades de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el pasado lunes, 7 de julio, ante la comisión legislativa que trata esta reforma legal.
José Suing, presidente de la CNJ y autor de la propuesta, explicó que la reforma responde a una sentencia de la Corte Constitucional (CC) emitida en diciembre de 2024.
En ese marco, Suing recordó que la propuesta fue presentada el pasado jueves, 1 de mayo, con base en criterios técnicos y en el principio de “plazo razonable”, entre otros, con el objetivo de evitar que la prisión preventiva se convierta en una sanción anticipada.
Daniela Camacho, presidenta de la Sala Penal de la CNJ, indicó que la propuesta toma en cuenta lo establecido en el párrafo 97 de la mencionada sentencia.
Se planteó que, si el plazo de caducidad de la prisión preventiva se interrumpe, la privación de libertad no puede extenderse más allá de un tiempo razonable, para evitar que coincida o se asemeje a la pena que se imponga en una sentencia condenatoria.
«Plazo razonable»
Señaló que para definir ese “plazo razonable” deben evaluarse elementos como el tipo penal, la sanción prevista, la prescripción, la gravedad del delito, el comportamiento de las partes procesales, la actuación de los jueces, y la carga de trabajo del sistema judicial, entre otros factores.
Marco Rodríguez, representante de los jueces de la CNJ, profundizó en la propuesta y explicó que no fue posible fijar un plazo razonable único para cada tipo penal, por lo que se consideraron distintos enfoques. La presentación técnica del texto fue realizada por José Gabriel Terán, director de Asesoría Jurídica de la CNJ.
Durante el análisis, el asambleísta oficialista, Keevin Gallardo, planteó inquietudes sobre la aplicación de la reforma en delitos graves y en contextos de conflicto armado. A este debate se sumaron también los parlamentarios Eliana Correa (correísmo) y Marco Olmedo (oficialismo).
Finalmente, Rosie Torres, presidenta oficialista de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, manifestó que la propuesta requiere mayor precisión respecto al conjunto de delitos a los que se aplicaría el concepto de “plazo razonable”.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
