Los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, y de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, Washington Tiwi, manifestaron el pasado martes, 8 de julio, durante una sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, en Quito, su apoyo al Proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado.
Iza argumentó que este proyecto busca establecer un mecanismo de reparación histórica. Enfatizó que no se trata de una simple formalidad, sino de un derecho legítimo, reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
“Más allá de ser un documento legal, este proyecto refleja una demanda histórica y legítima de los pueblos indígenas, afros y montubios. Representa una obligación institucional y constitucional, así como un acto de justicia pendiente con las nacionalidades originarias del país”, señaló.
Agregó que esta ley es clave para asegurar derechos y construir una legislación inclusiva y libre de irregularidades, subrayando el papel esencial de estas comunidades en la protección del territorio, los recursos naturales y la agricultura.
“El proyecto no es solo un marco legal, sino también una muestra de respeto, reconocimiento y auténtica construcción democrática”, concluyó.
Tiwi también expresó su respaldo, resaltando los avances logrados en derechos colectivos por pueblos y nacionalidades. Hizo un llamado a descolonizar el pensamiento y a que la ley se construya con participación directa de las comunidades, incluyendo sus perspectivas.
Argumentos
Propuso que el texto legal sea más coherente y adaptado a la realidad de un Estado plurinacional, e incluya disposiciones sobre reparación y remediación.
“La ley ayudará a destrabar muchas de las dificultades que enfrentamos a diario”, indicó, mostrando su preocupación por el hecho de que más del 68 % del territorio de Zamora Chinchipe está comprometido con concesiones mineras, lo que evidencia una falta de control frente a la minería ilegal.
Durante la sesión, los asambleístas correístas participaron activamente, planteando inquietudes sobre cómo garantizar una participación efectiva tanto del Estado como de las comunidades en los procesos de consulta, evitando que estos queden en papel. También se cuestionó cómo denunciar adecuadamente la política extractiva en el país.
Entre otras preguntas abordadas estuvieron: ¿quiénes deben ser los consultados?, ¿cuál es la visión de desarrollo desde los territorios?, ¿cómo incluir a otros sectores no indígenas, afros o montubios?, y ¿qué actividades deben ser objeto de consulta?
El parlamentario correísta, Fernando Cedeño, subrayó la importancia de respetar el marco legal nacional y los estándares internacionales para que la ley logre una armonización efectiva.
En suma, esta propuesta legal no solo constituye un instrumento jurídico, sino que representa un paso fundamental hacia la reparación histórica y la construcción de un verdadero Estado plurinacional, en el que la participación de las comunidades sea un pilar real de la democracia y la justicia social, no una mera formalidad.
Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad
- Roque Ordóñez RC5
- Comps Córdova RC5
- Jaime Estrada RC5
- Fernando Cedeño RC5
- Héctor Valladares RC5
- Héctor Rodríguez RC5
- Verónica Iñiguez RC5
- Gustavo Mateus RC5
- Lenin Barreto RC5
- Segundo Toala RC5
Nota por: David Josue Quispe Franco.
