La Comisión de Seguridad Integral del Legislativo, en Quito, recibió el pasado miércoles, 9 de julio, a Andrés Quishpe y Gabriela Menéndez, representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quienes expusieron su pedido de declarar en emergencia al sistema educativo del país, debido a presuntas extorsiones perpetradas por bandas criminales contra docentes.
Menéndez informó que, desde enero de 2025 se han presentado 45 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por casos de extorsión a maestros pertenecientes a la zona educativa número ocho, que abarca Guayaquil, Durán y Samborondón.
No obstante, aseguró que el Ministerio de Educación no ha realizado los traslados institucionales correspondientes.
Quishpe mencionó que la ministra de Educación, Alegría Crespo, ha reconocido oficialmente 119 casos de extorsión a nivel nacional.
Ante esto, el viceministro de Educación, Gustavo Ayala, instó a dimensionar adecuadamente el problema. Señaló que, de los 215 mil docentes que hay en el país, solo 108 casos han sido reportados, luego de que la Fiscalía desestimara varios, lo que representa apenas un 0,05% del total.
Agregó que en ninguna provincia se supera el 1% de incidencia y que el 85% de los cantones no registra ningún caso.
Discrepancias
Ayala también subrayó que el 62% de los eventos violentos relacionados con la educación suceden fuera de los planteles escolares, asegurando que “la violencia no está en la escuela”.
Expresó su desacuerdo con la declaratoria de emergencia en el sector educativo, ya que podría implicar la reducción de clases presenciales, lo que afectaría el aprendizaje y aumentaría la deserción escolar.
En representación del Ministerio del Interior, la subsecretaria de Prevención del Delito, Paola Escobar, informó que se han identificado 365 instituciones educativas con alto nivel de riesgo.
En respuesta, se ha incrementado la presencia policial en un radio de hasta un kilómetro alrededor de estos planteles y se han llevado a cabo unas 35 mil acciones de patrullaje y control en zonas con alta conflictividad.
Tras las exposiciones, los legisladores realizaron preguntas y profundizaron en datos sobre violencia extorsiva y presencia policial en instituciones educativas del país, además de revisar los programas y medidas implementadas por el Ministerio de Educación para mitigar riesgos psicosociales dentro de los centros escolares.
Finalmente, la parlamentaria oficialista, Inés Alarcón, solicitó a los miembros de la mesa que enviaran por escrito sus preguntas para que las autoridades puedan responderlas con mayor detalle y profundidad.
Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral
- Inés Alarcón (P) ADN7
- Andrés Castillo (VP) ADN7
- Camila Cueva ADN7
- Mario Zambrano ADN7
- Gema Dueñas ADN7
- Francisco Cevallos ADN7
- Mariana Yumbay PK18
- Gerardo Machado RC5
- Jhajaira Urresta RC5
- Jahiren Noriega RC5
Nota por: David Josue Quispe Franco.
