El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) junto a las clínicas privadas cuestionaron el pasado miércoles, 9 de julio, en la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, en Quito, la elaboración del texto unificado de los proyectos que reforman la Ley Orgánica de Salud.
Uno de estos proyectos busca restringir la discrecionalidad y hacer más transparentes los mecanismos de pago a los prestadores sin fines de lucro de la Red Privada Complementaria de Salud Pública, que atienden a grupos prioritarios.
El otro proyecto apunta a fortalecer el Sistema Nacional de Información en Salud y a mejorar el control de conflictos de interés.
Marco Bonifaz, delegado del Consejo Directivo del IESS, valoró de forma positiva ambos proyectos. No obstante, hizo hincapié en la necesidad de contar con una normativa que asegure la gobernabilidad del sistema de salud, respete el marco jurídico y preserve la estructura institucional y operativa.
Afirmó también que una regulación sólida y técnicamente adecuada permitirá consolidar un sistema de salud nacional más eficaz, equitativo, integrado y sostenible. Para ello, consideró esencial integrar y armonizar las normativas existentes.
Bonifaz recordó que ya existen normas que regulan la relación con prestadores externos, así como los procesos de pago.
Aclaró que la ley puede establecer criterios generales para el reconocimiento económico, pero no debe entrar en detalles operativos, ya que estos están sujetos a cambios constantes. Además, advirtió que enfocarse únicamente en prestadores sin fines de lucro podría generar una sensación de desigualdad.
Opiniones
Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE), insistió en la importancia de avanzar hacia un Código Orgánico de la Salud (COS) que unifique objetivos y criterios dentro del sector.
Señaló que el COS debería centralizar en una sola normativa las directrices esenciales que aseguren coherencia en la normativa secundaria.
Delgado mencionó que el proyecto de ley contempla priorizar a los prestadores sin fines de lucro que ofrecen servicios de tercer nivel y atención a enfermedades catastróficas, quienes deberán ser auditados en un máximo de 45 días.
Recordó que este requisito ya está incluido en el Reglamento de Relacionamiento vigente para todos los prestadores de la Red Complementaria.
Cuestionó por qué se da prioridad exclusivamente a los prestadores sin fines de lucro, cuando los que tienen fines de lucro también brindan servicios de tercer nivel. Destacó que la mayoría de los centros de diálisis que atienden a pacientes con enfermedad renal crónica pertenecen al sector privado.
Para concluir, el presidente oficialista de dicha comisión, Juan José Reyes, agradeció los aportes recibidos y aseguró que serán evaluados técnicamente mediante una matriz durante la redacción del informe correspondiente.
Comisión del Derecho a la Salud y Deporte
- Juan José Reyes (P) ADN7
- Diana Blacio (VP) ADN7
- Annabella Azín ADN7
- Andrés Guschmer ADN7
- Anthony Becerra ADN7
- Fabricio Tamayo ADN7
- Victoria Desintonio RC5
- Santiago Díaz RC5
- Andrés Campos RC5
- Cristina Jácome RC5
Nota por: David Josue Quispe Franco.
