La oposición del socialista Pedro Sánchez, acorrala el presidente de España en la Cámara de Diputados usando palabras cada vez más frecuentes tales como prostíbulos, escorts y saunas, las cuales han replicado tribunales, periódicos y los canales de televisión españoles para hablar de política. Pues la sombra de casos de explotación sexual se ensancha a los pies de Sánchez y su suegro es ahora un nuevo problema en su gestión.
Alberto Núñez Feijoó líder del Partido Popular y radical opositor al sanchismo gritó hoy en el congreso: “¿De qué prostíbulos ha vivido usted? ¡Es partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución!”, exclamó Feijoó.
De este modo, la derecha española, inauguró el miércoles una nueva etapa de acusaciones para desgastar a Sánchez, ahora centrada en su suegro, Saturnino Gómez, acusado de haber regenteado saunas donde se ejercía la prostitución.
Sin embargo, las sospechas que recaen sobre Gómez, ya fallecido, no son nuevas. De hecho, se remontan al 2014, cuando Sánchez recién empezaba a asomar como un posible líder del PSOE. Los actos de Gómez se supieron luego de que el comisario José Manuel Villarejo filtrara la información, por supuesta orden de espiar a opositores del PP, por el entonces presidente Mariano Rajoy, cuyo caso se conoció como «policía patriótica».
Sin alusión al caso de Rajoy, el PP pidió que el gobierno socialista responda si entre las propiedades alquiladas por la familia política de Sánchez había algún inmueble del Estado y pidieron que ministro de Función Pública, Óscar López, comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre este tema.
Caso Koldo, Cerdán y Ábalos enroscan a Sánchez una trama de trama corrupción «sin precedentes»
El jefe el Ejecutivo reconoció en el Congreso que pensó dimitir y convocar elecciones debido al escándalo de presunta corrupción que salpica a su partido (PSOE), concretamente a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos, sospechosos de repartirse comisiones ilegales por adjudicaciones irregulares de obras públicas.
Como respuesta desde el Ejecutivo, explicó Sánchez un amplio plan elaborado con la OCDE y con sugerencias y propuestas de otros partidos minoritarios que suelen apoyarle, como el movimiento izquierdista Sumar, miembro de la actual coalición de gobierno con los socialistas.
Como medidas más importantes, la creación de una agencia independiente anticorrupción, la obligación de someter a auditorías externas a los partidos, la protección de los denunciantes, la agilización de la respuesta judicial a las prácticas corruptas, la incautación de bienes robados y también un cerco para perseguir con mayor firmeza a las empresas corruptoras.