Vigilar y despedir

Niels Olsen, presidente del Legislativo; Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, el pasado miércoles, 14 de mayo de 2025, en el Pleno del Parlamento. Foto tomada de la cuenta de Centeno en X.

Fernando López Milán

Quito, Ecuador

Vivimos en una sociedad opresiva y controladora, en la que hasta los actos más íntimos se convierten en asuntos públicos; y en la que cualquiera se arroga el derecho de vigilar y publicar información privada de personas que, desde su punto de vista, han infringido el código de conducta del vigilante. Este, como el cliente, siempre tiene la razón. Y puesto que hay tantos vigilantes como códigos de conducta hay en el mundo, es muy difícil que alguien sea inocente. Antes bien, todos, menos los vigilantes, somos culpables.

El vigilante, desde su torre moral, hurga en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Y más tarde o más temprano nos sorprende cometiendo una falta, por ejemplo, hacer dibujitos en un papel mientras los otros hablan de cosas importantes.

Pedir, como Valentina Centeno, que el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional sancione al asambleísta de su propio partido, Dominique Serrano, por dibujar durante el desarrollo de una sesión de la Mesa de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, es uno de los actos más ridículos que ha engendrado la política ecuatoriana reciente.

Valentina Centeno, pretendiendo dar ejemplo de celo en el cumplimiento de su deber, ha terminado por revelar sus dotes para la demagogia y su escaso sentido de la mesura. Una cualidad que, según Weber, debe poseer todo aquel que se dedica a la política.

En el “teatro de la vida”, para usar una frase trillada, hay drama, tragedia y comedia. Solo que los actores, muchas veces, confunden los géneros y representan una comedia pensando que es un drama o una tragedia; y creen ser Hamlet o Edipo en Colono cuando, en realidad, son Arlequín o Polichinela.

La comedia representada por Valentina Centeno no debería provocarnos más que risa, si no fuera porque es una señal de lo enraizado que está el prurito controlador en nuestro país. Hay, en los políticos, los activistas sociales, los burócratas, una tendencia a buscar la solución de los problemas sociales y de la administración pública en el aumento del control.

De ahí que la actuación de Centeno no debe ser vista como un hecho aislado, sino como la manifestación de una forma de política, la política del control, que se expresa, también, en la Ley de Integridad Pública.

En esta, entre otras medidas, se dispone la evaluación semestral de los servidores públicos y la destitución del empleado que por tres ocasiones seguidas haya obtenido la calificación de “satisfactorio”. Lo que equivale a decir que un funcionario que ha desempeñado su trabajo de acuerdo con los parámetros establecidos -que a eso se refiere el adjetivo “satisfactorio”- no merece quedarse en su puesto.

¿Esta medida va a mejorar el funcionamiento de las entidades públicas? De ninguna manera. La evaluación que, en lugar de ser un método para mejorar el desempeño de los empleados, se usa como amenaza, atenta contra su salud física y mental e impide, así, su óptimo rendimiento.   “Vigilar y despedir” es la nueva consigna, producto de la obsecuencia de los asambleístas de ADN.

El presidente envió a la Asamblea un proyecto de ley de diecisiete páginas, que, por lo que se sabe, no contenía las disposiciones persecutorias de la ley corregida y aumentada por los legisladores del oficialismo. Ellos, como es costumbre entre los cortesanos, quieren demostrar a su jefe que hacen bien los deberes, hasta el punto de adelantarse a sus deseos.

¿Cómo se llama eso? Servilismo. Y los serviles, cuando el jefe les da algo de poder, lo usan para complacerlo. “Vigilar y despedir”. Así han interpretado ellos el querer del presidente y este, sin decir nada, ha aceptado su tributo. Hay que amenazar. Hay que filmar y fotografiar. Hay que tener en vilo a la gente. El control es la panacea, mientras tanto, que nadie se atreva a fiscalizar los contratos del Estado con PROGEN.

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