Con el respaldo de 79 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, archivó este martes, 15 de julio, el proyecto de Ley Orgánica de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones del Estado Ecuatoriano en materia de Derechos Humanos, presentado el pasado jueves, 3 del presente mes, por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Ese mismo día, dicha comisión recomendó archivar esta propuesta, argumentando que la Constitución del Ecuador, en sus artículos 11, 417, 424 y 425, ya establece claramente la obligación del Estado de cumplir con los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados, por lo que la aprobación de esta ley implicaría una redundancia normativa.
El asambleísta oficialista, Keevin Gallardo, quien elaboró el informe, señaló que el proyecto se enmarca dentro del concepto de «soft law» o derecho blando, lo que significa que solo obliga al Estado ecuatoriano sin generar consecuencias jurídicas internacionales en caso de incumplimiento, ya que este tipo de normativa no suele crear obligaciones legales vinculantes.
Discrepancias
Sin embargo, los parlamentarios correístas, César Palacios y Nuria Butiña, se manifestaron en contra del archivo y resaltaron la importancia de contar con una ley que garantice el cumplimiento de las recomendaciones y sentencias internacionales en materia de derechos humanos y atención a víctimas.
Palacios subrayó que, de las 32 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con Ecuador, solo 23 han sido parcialmente acatadas y 9 aún no se han cumplido, mencionando como ejemplo el caso de Consuelo Benavides.
Finalmente, Gallardo reafirmó que la Constitución del Ecuador garantiza el respeto a los tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente aquellos que reconocen derechos más amplios, lo cual establece un vínculo directo y obligatorio entre estos tratados y la normativa constitucional.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
