La Fiscalía General del Estado (FGE), en Quito, solicitó este martes, 22 de julio, prisión preventiva para el exasambleísta correísta, Santiago Díaz, por el presunto delito de violación contra una adolescente de doce años.
Así lo pidió la fiscal del caso a Carla Olalla, jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1, donde Díaz fue trasladado cerca de las 13:00 para la formulación de cargos.
Olalla aceptó la solicitud de la fiscal, quien argumentó que no existen garantías de que el acusado se presente a las etapas del proceso judicial, se apoyó en 25 elementos de convicción.
Principales indicios
- El informe de una pericia ginecológica
- La documentación enviada por la Asamblea Nacional que certifica la calidad de Díaz
- Los partes policiales de los allanamientos realizados en la residencia del acusado, donde se incautaron como indicios teléfonos móviles, credenciales y una memoria USB
- El testimonio anticipado de la joven
- Las versiones de su padre, madre y hermana
Las declaraciones de su familia coinciden con el relato de la víctima sobre los hechos investigados, presuntamente ocurridos en diciembre de 2024.
La fiscal señaló que el sospechoso estuvo prófugo 13 días, desde el pasado martes, 8 de este mes, cuando fue denunciado por el padre de la fémina como consta en los informes policiales presentados durante la audiencia.
Según la denuncia del papá, la mamá de la menor trabajaba con Díaz y junto a la tía asistieron a una fiesta, donde hubo trago, el exasambleísta correísta ebrio la llevó a su dormitorio y la violó. Pasó siete meses.
Actualmente, Díaz se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito.
Prohibición de vender o transferir bienes
La jueza también prohibió la venta o transferencia de sus bienes y concluyó que existen pruebas suficientes que vinculan al imputado con el presunto delito de abuso sexual, por lo que ordenó el inicio de la instrucción fiscal, que tendrá una duración de 60 días.
A solicitud de la Fiscalía, se concedieron medidas de protección para la víctima, conforme a lo dispuesto en el artículo 558, numerales 1, 2, 3, 4 y 9 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El Ministerio del Interior había ofrecido el pasado domingo, 13 de julio, una recompensa de 100 000 dólares a quien proporcionara información que facilitara su captura.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que la detención fue posible gracias a una acción conjunta entre el Bloque de Seguridad y la Fiscalía.
Reimberg indicó que Díaz podría brindar su colaboración a las autoridades no solo en el caso de violación, sino también respecto a sus acciones previas a su rol como asambleísta. Esta cooperación podría proporcionar datos importantes para la justicia.
Allanamientos y familia comprometida
La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron el anterior miércoles, 9 de julio, en Quito, tres intervenciones en las propiedades del acusado, donde los especialistas en Criminalística recolectaron documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés.
Se conoció que tras estos operativos, la familia de él se vio comprometida y esa fue unas de las razones por las cuales Díaz se entregó voluntariamente a las autoridades el pasado lunes, 21 del presente mes, luego de emitirse una orden de detención por este caso.
Fue localizado en Tumbaco, al este del Distrito Metropolitano de Quito. Queda pendiente la revisión de los diez celulares que fueron decomisados en sus inmuebles.
José de la Gasca, ministro de Gobierno, ya se adelantó a las pericias judiciales que deben realizarse en este tipo de procesos y dijo la información que se obtendrá de los teléfonos del exparlamentario. «Saldrán sapos y culebras de la corrupción».
Anticipó la existencia de “trafasías, atracos, planificaciones oscuras, diálogos oscuros, pactos por debajo de la mesa e incluso vínculos con grupos narcodelictivos”.
Díaz se sintió «acorralado», dice el gobierno
De la Gasca indicó que Díaz se entregó debido a que se sentía «acorralado”.
Cuestionó que individuos como él “manchen la política”, aunque resaltó que este caso evidencia la efectividad del trabajo de la policía y del sistema judicial para hacer que los culpables rindan cuentas ante la justicia.
Según el art. 171 del COIP por el delito de violación, se sancionará a la persona con pena privativa de libertad de 19 a 22 años.
Ahora el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, según el art. 112 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), deberá buscar un reemplazo a Díaz en el Legislativo y suspenderle todos sus derechos parlamentarios mientras dure la prisión preventiva, con la excepción de la inmunidad y el fuero.
El pasado viernes, 11 de este mes, el CAL rechazó el pedido de Díaz sobre una licencia sin sueldo por 30 días.
Niels Olsen, presidente oficialista del Parlamento, tendrá que solicitar a la jueza de la causa la certificación de la orden de prisión contra Díaz que será sustituido por Annie Muñoz Aroca, asambleísta alterna del correísmo.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
